La presencia de grupos armados irregulares en el corredor fronterizo Apure-Arauca no es nueva, pero las pugnas internas, los cambios en las estructuras de mando posteriores al llamado Proceso de Paz en Colombia y las realidades propias de los negocios ilícitos que se dan en esta región de la frontera colombo-venezolana causaron una primera ola de confrontaciones en 2021. Sin embargo, los combates continúan pese a que el Estado venezolano desplegó sus Fuerzas Armadas en la zona y actualmente dejan en evidencia una nueva correlación de los grupos irregulares.
Como se recordará, la violencia desatada en Apure entre marzo y mayo de 2021 fue causada por la pugna entre dos ramas de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): el Décimo Frente, liderado por Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, y la llamada Segunda Marquetalia, entonces bajo las órdenes de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez y Seuxis Pausías Hernández Solarte, alias Jesús Santrich. El Ejército venezolano participó en ataques contra las fuerzas de Gentil Duarte, se contabilizaron 16 enfrentamientos armados en dos meses que dejaron como saldo más de 20 personas muertas, 37 heridas, 8 secuestradas y al menos 3 desaparecidas, así como más de 7.000 desplazados, afectaciones a la propiedad y un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos, incluida la ejecución extrajudicial de cinco personas en El Ripial (Apure) por parte de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
En ese entonces, tras un par de incursiones fallidas y la captura de un grupo de militares por parte de los irregulares, el Ejército venezolano se vio obligado a retirarse de la zona que quedó en manos del Décimo Frente de las disidencias de las FARC. Ahora, menos de un año después y tras una serie de asesinatos de líderes y colaboradores guerrilleros vuelven los enfrentamientos, pero con otros actores.
En noviembre de 2021 se comenzó a fracturar un pacto de no agresión establecido en la zona entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC cuando ‘Antonio Medina’, jefe del Frente 28 retuvo por una semana a un integrante del ELN conocido con el alias de “Patón” en los caseríos de El Progreso y Cañitos (Venezuela), indica un informe de inteligencia citado por el diario colombiano El Tiempo. Luego, al romperse la antigua alianza entre el ELN y las disidencias del Frente Décimo de las FARC se produjo una nueva forma de cooperación que redistribuyó la correlación de fuerzas criminales en el corredor Apure-Arauca: Segunda Marquetalia con Iván Márquez a la cabeza junto al ELN y el Ejército venezolano contra Gentil Duarte (Frente Décimo) y alias Antonio Medina (Frente 28). Un informe de inteligencia de Colombia divulgado el 15 de febrero de 2022 da cuenta de la presencia en territorio venezolano de más de 1.600 integrantes de las disidencias de las FARC y el ELN. FundaRedes calcula que ese número puede ser mayor debido a la situación pendular de algunos de los núcleos de combate de estas organizaciones guerrilleras.
NUEVOS COMBATES EN APURE
La segunda fase de enfrentamientos en territorio venezolano comenzó el 30 de diciembre de 2021 con el asesinato de José Noel Ortega Fandiño alias “Cherry”, vinculado con las disidencias de las FARC y el manejo del contrabando de gasolina y tráfico de drogas, quien residía en la población de El Nula, en Apure. Su muerte disparó una serie de ejecuciones selectivas entre las FARC y el ELN, situación que alcanzó a varias comunidades de los municipios fronterizos Páez, Muñoz y Rómulo Gallegos, como La Victoria, Tres Esquinas, El Nula, Mantecal, El Ripial, La Osa; y sus contrapartes colombianas en el Departamento de Arauca.
El domingo 2 de enero se reportó el hallazgo de un hombre muerto en un basurero de la población de El Nula, parroquia San Camilo del municipio Páez de Apure. Posteriormente también se informó la aparición de otros dos cadáveres entre los sectores Fortul y La Esmeralda, municipio Tame, abandonados en plena vía pública, una de las víctimas era mujer. Medios regionales del Departamento de Arauca en Colombia habían informado ese día sobre el hallazgo casi simultáneo de varios cadáveres en diversas zonas del corredor fronterizo colombovenezolano.
El día 3 de enero, guerrilleros impidieron el paso de lanchas por el río Arauca para evitar el desplazamiento de venezolanos hacia Colombia, pues más de 2.000 personas huían de la zona debido al conflicto. En el contexto de los choques entre las disidencias de las FARC y el ELN del lado venezolano de la frontera ocurrió una fuerte explosión, además un hombre fue asesinado en la población de El Amparo y otro en Vara de María, ambas comunidades del municipio Páez. Las víctimas no fueron identificadas por las autoridades, que se abstuvieron de ofrecer información oficial.
El 7 de febrero se reportó un fuerte tiroteo, con ráfagas de ametralladora, que se extendió por aproximadamente media hora en pleno centro de la población de La Victoria.
El asesinato del comunicador social y coordinador municipal del Partido Comunista de Venezuela (PCV), José Urbina, el 10 de enero a manos del frente Vásquez Castaño del ELN causó alarma en la población. Al día siguiente, se produjo otro ataque por parte del ELN, esta vez en la comunidad El Burro, de mayoría indígena.
En medio de allanamientos realizados el 13 de enero fueron detenidos en el hotel Flamenco, en La Victoria, parroquia Urdaneta del municipio Páez (Apure), seis personas señaladas de ser integrantes y colaboradores del Frente Décimo de las FARC. Entre los apresados estaban dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PBN-Apure), José Ezequiel Acosta Porras, alias “Saqueo” y Carlos Rafael Gallardo Rondón. El primero de ellos es señalado en el parte oficial de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de haber realizado un “curso de milicia” con esa fracción irregular en febrero de 2021 junto a otros 100 guerrilleros.
Se calcula que en esta confrontación el ELN cuenta con un pie de fuerza de unos 300 hombres armados y tecnología de última generación. “Una columna del Ejército de Liberación Nacional viene avanzando en sectores como Puerto Páez, La Capilla, Tres Esquinas y El Ripial, del estado Apure, combatiendo a las disidencias de las FARC, ocupando las fincas, asesinando a pobladores, imponiendo toques de queda, amenazando, instalando alcabalas, imponiendo un impuesto de guerra, mientras las FANB oculta los hechos”, relató el propietario de la finca El Diamante, en Apure, en una investigación periodística.
El viernes 14 de enero, el ELN tomó el sector La Gabarra, en la capital del municipio Páez, territorio que desde hace varios años es controlado por las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, también conocidas como Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FBL/FPLN), con quienes mantienen una vieja disputa por el control de estos territorios que sirven a los irregulares como corredor para las rutas del contrabando de drogas y mercancías, paso de migrantes, así como de “zonas seguras” para resguardarse de los ataques del Ejército colombiano. Un hombre que los habitantes de la zona identifican como Braulio Márquez y a quien reconocen como jefe de las FBL leyó un comunicado del denominado “autogobierno de la ciudad comunal Simón Bolívar”.
En respuesta, el comandante general del Ejército venezolano anunció una ofensiva contra los grupos irregulares. La movilización se produjo tras quince días de iniciados los combates en la zona. Para la fecha, los asesinatos selectivos sumaban 60 víctimas. Según las autoridades, la mayoría atribuidos al ELN. Veintitrés personas eran venezolanos; 19 murieron baleados en el lado venezolano de la frontera y cuatro en territorio colombiano.
El gobernador de Apure, Eduardo Piñate, dijo al respecto que la militarización en las poblaciones de El Amparo, La Victoria y La Gabarra, en la frontera del municipio Páez (Venezuela), con Arauca (Colombia), no es parte de una respuesta bélica sino «de un tratamiento político que involucra acciones militares: “La guerra que protagonizan en la frontera Apure-Arauca y Apure-Vichada, el ELN y los frentes Décimo y 28 de las disidencias las FARC, es política y requiere una respuesta política”, insistió el gobernador apureño. El Décimo Frente de las FARC asegura que tiene unos 750 hombres en el paso de Arauca hacia el municipio Pedro Camejo, cuya capital es San Juan de Payara.
FundaRedes recibió denuncias anónimas sobre casos de ocupación de fincas en La Gabarra por parte de irregulares en esta zona que ponen en riesgo la vida y los bienes de civiles.
El 21 de enero, del lado colombiano de la frontera, el Frente 28 de las disidencias de las FARC declaró la guerra “sin descanso y sin cuartel” al ELN tras una serie de combates y atentados en el Departamento de Arauca. No tardaron las denuncias de que militares venezolanos actuaban en la zona en evidente apoyo al ELN. Un comunicado de las FARC asegura que “el día 6 de enero de 2022 fueron trasladados un grupo de contrarrevolucionarios del ELN del Frente de Guerra Manuel Vázquez Castaño por la Guardia Nacional del Puesto Fluvial El Burro, Puerto Nuevo, en sus embarcaciones fluviales pirañas con destino a San Carlos del Meta, lugar conocido como Paraguito”. Habitantes de la frontera apureña aseguraron a activistas de FundaRedes que ese respaldo es evidente. “Apoyo logístico, de alimentos e incluso en vehículos del Ejército venezolano se ven en los montes”, relató un habitante del municipio Pedro Camejo dedicado a la economía informal.
El 24 de enero, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofan), general en jefe Domingo Hernández Lárez, informó sobre la realización de operaciones aerotransportadas de lanzamiento de cargas y abastecimientos sobre los diferentes puestos avanzados de combate en el eje transfronterizo del estado Apure. Al día siguiente hubo enfrentamientos entre las FARC, el ELN y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en territorio apureño. El medio La Voz del Río Arauca precisó que desde las 7:30 de la mañana los habitantes de Arauquita reportaron continuos intercambios de disparos en La Victoria, especialmente en Los Arenales, La Osa y El Ripial. “Los enfrentamientos armados entre las partes se han intensificado en los últimos días. De esta manera, tanto en las horas de la noche como durante el día se registran estas acciones de grupos violentos colombianos en territorio venezolano”, aseguró el medio radial.
La DGCIM detuvo el 26 de enero a Iris del Carmen Ratia, jefa de la Policía Municipal Páez del estado Apure, acusada de estar relacionada con las FARC.
Cuando se iniciaron los enfrentamientos en Apure este 2022, la FANB no formó parte de la ecuación; pues la entrada del Ejército venezolano a los escenarios de conflicto se produjo de forma tardía, las autoridades no cumplen lo que exige la Constitución en relación a garantizar la protección a la vida y la paz de los habitantes del país, también de sus bienes, así como el resguardo del territorio nacional. En esos días estaban concentrados en el imponente despliegue militar a razón de la repetición de las elecciones regionales del estado Barinas, celebradas el 9 de enero.
Sin embargo, en esta oportunidad el escenario de confrontación se extiende entre Apure y Arauca, lo que motiva desplazamientos de población que van de un lado a otro y vuelven a sus lugares de origen de acuerdo al lugar dónde se esté desarrollando el conflicto, todo lo cual hace aún más vulnerables a los habitantes de esa frontera
EL TERROR IMPONE SILENCIO
Vecinos de sectores afectados por la confrontación armada entre irregulares calificaron la situación como “una carnicería”, pero no se atrevieron a dar detalles por temor a represalias por parte de cualquiera de los grupos en pugna. “Ellos saben quién es de por aquí porque aquí todos nos conocemos y si saben que uno habla con gente de afuera pueden hacer cualquier cosa; aquí la gente desaparece y después
aparece tirada por ahí en un matorral y lleno de moscas”, afirmó un campesino de La Victoria, desplazado a Colombia en medio de los combates en Apure.
Más de 2.000 personas se han desplazado entre La Victoria, Arauquita y sus zonas vecinas, lo que implica el abandono de sus casas, de sus unidades productivas y sus animales de cría que constituyen el patrimonio de estas familias logrado tras años de esfuerzo y trabajo. Según el alcalde de Arauquita, Etelivar Torres Vargas, por lo menos 20% de la población de la parroquia Codazzi, del municipio Pedro Camejo, se movilizó en una nueva oleada desde la madrugada del lunes 10 de enero a la capital de Vichada. Conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda persona tiene derecho de protección por parte del Estado frente a la vulnerabilidad de su integridad y derechos (art.55), pero estas comunidades no han recibido ningún tipo de atención de las autoridades venezolanas.
Debido a la violencia, familias completas, en su mayoría indígenas, huyen de Puerto Páez y comunidades adyacentes al municipio Pedro Camejo; cruzan el río Meta que separa al estado Apure, Venezuela, del Departamento del Vichada, Colombia, y llegan hasta Puerto Carreño y algunas zonas vecinas donde duermen a la intemperie en hamacas, padeciendo frío y hambre.
Un desplazado que llegó a Puerto Carreño dijo a activistas de FundaRedes que se vio obligado a huir junto a su esposa y sus dos hijos pequeños sin poder llevarse nada. “Allá la gente está pasando hambre, está sufriendo atropellos”, dijo y añadió que se sienten vulnerables ante el conflicto: “¿Cómo se puede evitar que llegue a la casa o al fundo alguna organización guerrillera?… “La DGCIM en vez de apoyar al pueblo lo que hace es maltratarlo, a cualquiera lo quieren catalogar como colaborador de la guerrilla, se los llevan, los meten en los calabozos, a veces a personas inocentes que no tienen nada que ver, y ¿por qué no se meten a los montes y buscan a los que tienen que buscar?”, se preguntó.
Debido a la ubicación geográfica de Puerto Páez, situado a poco más de 100 kilómetros del estado Amazonas, los equipos de activistas de FundaRedes en ambos estados unieron esfuerzos para el trabajo de documentación de lo que allí ocurre. Además, se movilizaron hasta Puerto Carreño, en El Vichada colombiano, para conversar con las víctimas de desplazamiento forzado.
Entre los desplazados hay un numeroso grupo de indígenas, así como población general, especialmente mujeres y niños, quienes en voz muy baja denuncian que escaparon de las amenazas de reclutamiento de las guerrillas en conflicto. “Hasta a los niños de 5 años se los quieren llevar”, dijo una madre angustiada. Sin embargo, el pánico a las represalias les impide dar detalles a los activistas.
El equipo de FundaRedes en Apure recibió denuncias de acoso sexual y violaciones contra mujeres indígenas de las etnias asentadas en San José de Capanaparo, Piedra Azul, Guachara (municipio Achaguas), La Macanilla y Sinaruco (municipio Pedro Camejo). Activistas se reunieron con autoridades locales colombianas, se trasladaron a los asentamientos de refugiados para conocer la situación de cerca y se reunieron con representantes de la Defensoría del Pueblo y la alcaldía para revisar las estadísticas e intentar atender las situaciones más urgentes. “Hay muchas necesidades, desde agua potable hasta ropa y alimentos”, explicó Yesenia Contreras, directora de Desarrollo Social de la Alcaldía de Puerto Carreño, quien afirmó que la ayuda de los organismos gubernamentales e internacionales se hace insuficiente.
Hasta el 28 de enero –fecha de la documentación in situ realizada por FundaRedes– el número de desplazados entre indígenas y campesinos desde el municipio Pedro Camejo (Venezuela) hacia el casco urbano de Puerto Carreño de Vichada (Colombia) a consecuencia de los enfrentamientos entre disidencias de las FARC y ELN era de 277 familias, 936 personas aproximadamente, de las cuales 90% son venezolanos, en su mayoría indígenas. En todo el municipio hay 386 familias que suman aproximadamente 1.347 personas, ubicadas en Piedra Esperanza, Cerro Vita y zonas turísticas.
“Hambre, abandono y miedo es lo que encontré durante mi visita a Puerto Carreño por cuenta del desplazamiento forzado de varias comunidades de campesinos, de pescadores, de indígenas y de migrantes que han tenido que abandonar su territorio por las acciones de los grupos armados ilegales. Es una situación humanitaria con dimensiones tan graves como las que hemos venido atendiendo en Arauca”, dijo el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, al cabo de una visita realizada a Puerto Carreño. Para la misma fecha, la cifra oficial de muertos por este conflicto, suministrada por las autoridades colombianas, ascendía a 30 personas, a las que se sumaba un número indeterminado de heridos.
Esta zona de la frontera es una de las más pobres, tanto en Colombia como en Venezuela, y las autoridades locales colombianas no cuentan con los recursos económicos necesarios para afrontar la avalancha de desplazados a la par del abundante flujo de migrantes que cruza desde Venezuela. “A los que huían del hambre se suman ahora los que huyen del terror; les han amenazado de muerte, han intentado reclutar a sus hijos para sumarlos a las filas de combate”, explicó el coordinador de FundaRedes Amazonas a partir de los testimonios recabados en el lugar. El miércoles 2 de febrero fue reportado un ataque por parte del Frente Décimo de las FARC contra un campamento de desplazados en Puerto Carreño, luego que algunos medios de comunicación colombianos visitaran la zona.
El desplazamiento forzado de las comunidades indígenas del municipio Pedro Camejo también se ha producido, aunque en menor proporción, hacia Guasdualito, capital del municipio Páez también del estado Apure, donde 23 familias, 79 indígenas entre adultos y niños, pertenecientes a la comunidad San Isidro de la etnia Jivi, se desplazaron inicialmente hacia San Fernando, capital del estado, luego durmieron a orillas del río Matiyure, en el municipio Achaguas, y en la actualidad duermen en chinchorros colgados a los árboles de la plaza Boyacá en Guasdualito. Pero sólo están de paso, pues según el Cacique Ramón Sánchez, su destino es la población de Barranco Yopal en Colombia. Comentaron que el ELN los obligó a abandonar las poblaciones de Puerto Páez y La Macanilla.
“Estamos huyendo porque la guerrilla está matando gente. Nuestra comunidad ha perdido mucha gente. Abandonamos nuestras casas solo con la ropa que cargamos puesta… Los elenos invadieron nuestro territorio, nos sacaron de nuestras viviendas”, aseguró un profesor del pueblo jivi.
De acuerdo con las investigaciones y seguimiento de casos realizado por FundaRedes, las poblaciones fronterizas que desarrollan sus actividades en el corredor Apure-Arauca y residen del lado venezolano están en total indefensión antes y durante el conflicto, y se prevé que continuarán así aunque cesen los enfrentamientos pese a los esfuerzos de la comunidad internacional y las organizaciones locales de defensa de los derechos humanos. Ante esa situación, el 20 de enero de 2022 FundaRedes solicitó la intervención de la Cruz Roja Internacional para atender a esta población vulnerable.
Lo sucedido en Apure y sus efectos en la población civil se enmarca en el conflicto armado de baja intensidad entre grupos armados irregulares organizados que se desarrolla en los últimos años en la frontera colombo-venezolana, cuyos actores principales son los líderes de diferentes frentes de las FARC y el ELN con presencia en el corredor fronterizo que se extiende a Arauca. Lo que allí está en pugna es una redistribución de fuerzas que les permita hacerse con el control definitivo de estos territorios convertidos en corredores para el tráfico de drogas, mercancías y personas, bien por tierra o mediante pistas clandestinas que conectan con grandes cárteles internacionales del narcotráfico. Así lo advirtió FundaRedes a la Fiscalía General de la República el 19 de enero de 2022.
Estas situaciones han sido denunciadas por FundaRedes desde hace años. El 11 de julio de 2018 se envió una comunicación al Comité Internacional de la Cruz Roja advirtiendo sobre el conflicto armado de carácter no internacional que permanentemente ocurre en los territorios fronterizos colombovenezolanos. El 22 de abril de 2021 se le solicitó a la Organización de Naciones Unidas que nombrara una misión especial para atender el conflicto armado en el estado Apure a fin de dar respuesta a las decenas de víctimas de violación de derechos humanos y contribuir a superar la opacidad informativa.
Igualmente, FundaRedes en sus boletines número 25 y 31 ha visibilizado la presencia y accionar de los grupos armados irregulares que se expanden a todo el país mediante el uso de la violencia y las armas. Asimismo, en su Boletín 32 referido a la profundización de las diferencias entre las facciones de las disidencias de las FARC y cómo afecta a la población venezolana.
Cuando ocurren los conflictos armados, los actores y el Estado donde se desarrolla el conflicto deben proteger a la población civil que no participa de las acciones bélicas. En Apure, sin embargo, tanto en 2021 como en las actuales confrontaciones de 2022 son reiteradas las denuncias de asesinatos, desapariciones, detenciones arbitrarias, torturas y “falsos positivos” en los que muestran como trofeos a ciudadanos detenidos, haciéndoles pasar como guerrilleros sin respetar el debido proceso.
En un testimonio documentado por FundaRedes, Anyelis Rodríguez, esposa de Daniel Jesús Marcano, y María Ester Calderón, madre de Yeferson Esneider Calderón, denunciaron que sus familiares fueron víctimas de detención arbitraria en Apure y trasladados a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas. Nuestra organización recibió denuncias de más de 95 detenciones arbitrarias similares en las comunidades fronterizas de Apure en menos de una semana.
Corresponde al Estado venezolano una política integral en la frontera que permita preservar la integridad territorial, la soberanía y la seguridad (art.15 CRBV), pues sólo el Estado es el responsable de la seguridad de la nación (art.322) y posee el monopolio sobre la posesión y uso de armas de guerra (art. 324) como medio para garantizar la seguridad de las personas y sus derechos, pues de continuar la actual situación en unos pocos años los territorios fronterizos y sus pobladores estarán bajo el dominio pleno de los grupos armados irregulares
