Los acercamientos entre la guerrilla de origen colombiano y quienes ostentan el poder en Venezuela se inició en el año 1998 cuando Hugo Rafael Chávez Frías se presentaba como candidato a la Presidencia de la REPÚBLICA. En esa época, aprovechando la plataforma política internacional del Foro de Sao Paulo, la guerrilla inyectó recursos económicos en los estados fronterizos donde ya mantenía alguna presencia.
Una vez posicionado Chávez Frías en la Presidencia, gobierno y guerrilla comenzaron a ser uno y la alianza política consolidada a través del Foro de Sao Paulo lograba mayor articulación y apoyo. Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013 la guerrilla se visibilizó como el brazo armado de la revolución bolivariana.
Si bien es cierto que en las relaciones gobierno-guerrilla el Palacio de Miraflores siempre tuvo mayor cercanía con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el proceso de paz desarrollado en Colombia estrechó AÚN más los lazos con JESÚS Santrich e Iván Márquez quienes a pesar de ser las cabezas visibles de las negociaciones con el gobierno colombiano a su vez lideraban parte de las facciones disidentes que se negaron a entregar las armas y se refugiaron en Venezuela.
Todo ello con la anuencia de las autoridades venezolanas que violaron lo dispuesto en los artículos 13 y 15 de la Constitución de la REPÚBLICA Bolivariana de Venezuela que imponen a los agentes del Estado la responsabilidad de preservar la soberanía, seguridad y defensa del territorio y garantizar que este sea espacio de paz.
Lo ocurrido en Apure en marzo de 2021 demuestra cómo tras la profundización de las diferencias entre facciones disidentes de la guerrilla de las FARC a raíz de la firma del acuerdo de La Habana, Venezuela se convirtió en territorio codiciado para la instalación de estos grupos que son perseguidos en su país.
“Condenamos la alianza que generó esta confrontación en obediencia a intereses ajenos al carácter revolucionario”, dijo alias Jonnier, uno de los cabecillas del grupo de Gentil Duarte, en un video divulgado desde Apure el 17 de abril pasado en el que hace referencia a la participación del Ejército venezolano como parte actuante en el conflicto interno de las FARC. Los irregulares aseguraban en un comunicado que desde el Frente Décimo Martin Villa de las FARC-EP (FARC Ejército del Pueblo) –como se hacen llamar las facciones rebeldes al liderazgo de Márquez y Santrich–, estaban
dispuestos “a defender el territorio” y ofrecieron sus vidas “para defender los legados, pensamientos e ideales de nuestro libertador Simón Bolívar y nuestro presidente Chávez”. La inacción del Estado venezolano para recuperar a
tiempo los cadáveres de los soldados muertos en los combates en Apure constituye más que negligencia, un absoluto incumplimiento de los deberes de las autoridades militares
La actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este conflicto confirma las denuncias que desde el año 2002 ha hecho FundaRedes sobre la presencia y actuación de grupos armados irregulares de origen colombiano en territorio venezolano, los cuales ejercen control territorial y sometimiento de la población en varios estados, lesionando la soberanía nacional ante la inacción del Estado venezolano que por mandato del artículo 55 de la Constitución de la REPÚBLICA Bolivariana de Venezuela debe brindar protección a todas las personas a través de los órganos de seguridad ciudadana.
FundaRedes tiene indicios sobre la presencia de diferentes frentes de las FARC y del ELN en al menos 21 estados del país. En Apure, desde el 21 de marzo de 2021, el Ejército venezolano ha enfrentado al Frente Décimo de las FARC-EP,
bajo el mando del disidente alias Ferley González, mientras desde Amazonas tropas pertenecientes al Frente 28 han reforzado su presencia
LOS GRUPOS ARMADOS COMO AUTORIDAD
Un informe presentado por Human Rights Watch (HRW) el 22 de enero de 2020 titulado “Los guerrilleros son la policía: control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure”, documenta crímenes cometidos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y el Frente Décimo Martín Villa. Agrega que, como parte de su estrategia para controlar la vida social, política y económica de Arauca y Apure, estos grupos armados a menudo cometen abusos que incluyen homicidios, trabajo forzoso, reclutamiento de menores y violaciones sexuales, los cuales casi siempre quedan en la impunidad.
La población de La Victoria, convertida desde hace siete meses en epicentro del conflicto por el poder y el control territorial y económico entre facciones enfrentadas de las FARC (las disidencias y el nuevo bloque denominado Segunda Marquetalia liderado por la dupla Sántrich-Márquez hasta la muerte reciente del primero de ellos) y el Ejército venezolano, es una zona históricamente controlada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y por donde en los ÚLTIMOS meses tres comandantes de las FARC que se hacen llamar por los alias Ferley, Arturo y Gentil Duarte se han desplazado para desarrollar actividades vinculadas al narcotráfico y la extorsión contra ciudadanos colombianos que
secuestrados en el Departamento de Arauca (Colombia) y posteriormente llevados a territorio venezolano. En este conflicto se unen fuerzas irregulares, desinformación a través de ejércitos de boots en las redes sociales, y una ostentosa presencia militar.
El domingo 21 de marzo de 2021, en el marco de la operación “Escudo Bolivariano 2021”, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana CEOFANB inició acciones contra algunos de los grupos armados irregulares de origen colombiano en el estado Apure, pero protegiendo el bloque de la Segunda Marquetalia. De acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio de la Defensa el 27 de marzo de 2021, hasta esa fecha el Estado venezolano reportó como “seis terroristas neutralizados, veintisiete sospechosos puestos a orden del Tribunal Militar 14 de Control, otros doce detenidos y el decomiso de armamentos, granadas, municiones, explosivos, prendas militares, vehículos, drogas y equipos tecnológicos con información relativa a sus actividades”.
Más allá del parte de guerra emitido por el Ministerio de la Defensa, el conflicto armado en Apure ha dejado consecuencias en la población civil que ha sido víctima, primero, de la violenta acción militar de alta intensidad y, posteriormente, de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales, amenazas, hostigamientos y destrucción de viviendas perpetrados por la FANB y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que se sumaron al Ejército Nacional, todo en abierta violación a la Constitución y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Entre las víctimas destacan cuatro integrantes de una misma familia, cuyos parientes señalaron a FundaRedes que la FANB y las FAES crearon un falso positivo para justificar su desmesurada acción en la zona y los señalaron de guerrilleros. Los allegados aseguraron que estas personas no eran terroristas como afirmaron los organismos de seguridad que argumentaron que el procedimiento formó parte de las acciones desarrolladas en la operación Escudo Bolivariano Lanceros de Apure.
De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona recabados por activistas de nuestra organización, militares venezolanos llegaron a las casas, sacaron a las familias, registraron y se apoderaron de sus pertenencias. Cuando los residentes regresaron a sus propiedades las encontraron
destruidas y las bodegas o pequeños negocios saqueados. Por otra parte, familias denunciaron que sus viviendas fueron quemadas por grupos armados irregulares de origen colombiano. El defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo afirmó que “algunas familias dejaron su sitio de habitación, pues incineraron sus casas”.
La situación en el estado Apure evidencia la usurpación de las funciones que la Constitución le atribuye a las Fuerzas Armadas, de cuyas manos escapó la soberanía nacional. Debido a ello el 24 de marzo de 2021 FundaRedes presentó un escrito ante la Fiscalía General de la REPÚBLICA y ante el Ministerio PÚBLICO con sede en el estado Apure para solicitar una investigación del trasfondo de los enfrentamientos en ese territorio e instar a los organismos correspondientes a cumplir con la misión encomendada en la Constitución venezolana referente al resguardo de la integridad territorial y la seguridad de la nación.
Luego, el 31 de marzo de 2021 la organización acudió ante la Fiscalía Superior del Ministerio PÚBLICO en el estado Apure para solicitar una investigación de las violaciones de derechos humanos ocurridas en medio de los enfrentamientos de carácter bélico entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un sector disidente de la FARC, así como de la masacre de una familia expuesta PÚBLICAMENTE como guerrillera, aunque todo indica que se trató de un falso positivo. Además, pidió que les exija a los agentes de los organismos de seguridad presentes en la zona que sus actuaciones se correspondan con los preceptos y garantías constitucionales para mantener la estabilidad y seguridad ciudadana.
Horas más tarde de ese mismo 31 de marzo de 2021, los activistas de FundaRedes Juan Carlos Salazar y Diógenes Tirado, junto a los periodistas del canal de noticias NTN24 Luis Gonzalo Pérez y Juan Carlos Salazar, fueron víctimas de detención arbitraria y robo de sus pertenencias, incluido material de trabajo (equipos fotográficos, de video y teléfonos celulares) por documentar la situación en Apure. Fueron privados de libertad en la población de La Victoria y luego trasladados a Guasdualito, razón por la cual se hicieron alertas PÚBLICAS ante la preocupación de que estuviese en riesgo la vida e integridad de estas personas que cumplían con su labor, pues estuvieron en condición de desaparecidos durante 25 horas.
Este hecho fue denunciado por defensores de derechos humanos, activistas, dirigentes políticos, organizaciones internacionales y sociedad civil en general, y además se emitieron alertas comunicacionales. Todo eso forzó la liberación de los activistas y periodistas, aunque no les fueron devueltas sus pertenencias. FundaRedes acudió el 13 de abril de 2021 ante la Fiscalía Superior con sede en Apure para solicitar una investigación por la detención arbitraria de los dos activistas y los dos comunicadores, así como la identificación de los autores de esa acción, al tiempo que exigió la devolución de los objetos que les fueron sustraídos. Hasta la fecha no se ha obtenido respuesta.
El Estado venezolano lejos de desarticular la presencia de los grupos armados de origen colombiano que desarrollan actividades bélicas y criminales en el país ha promovido su presencia y recientemente favoreciendo a una de las partes en conflicto alineada con sus intereses. Nicolás Maduro dijo en julio de 2019: “Iván Márquez y JESÚS Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir, son los dos líderes de paz, y Timochenko y Catatumbo y las FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir porque son líderes de paz”.
Debido a los ataques armados de la guerrilla de origen colombiano como de las fuerzas armadas y policiales en poblaciones de Apure la población civil se vio obligada a desplazarse de manera forzada, desesperada y masiva hacia Arauca y Arauquita, en Colombia, para resguardarse, pues casas, negocios y hasta escuelas fueron saqueados, quemados y bombardeados. Se calcula que más de 6.000 personas, entre niños, jóvenes, hombres, mujeres y adultos mayores se desplazaron. Fueron instalados en campamentos donde se le ofreció los servicios básicos y atención primaria de alimentación y salud. Por más de un mes permanecieron allí ante la imposibilidad de retornar a sus hogares por los constantes combates, incluso bombardeos aéreos, y las amenazas recibidas de los
grupos armados irregulares.
El 22 de abril de 2021 FundaRedes solicitó a la Organización de Naciones Unidas nombrar una misión especial que atienda el conflicto armado interno que se desarrolla en el estado Apure para superar la opacidad informativa en la zona y dar respuesta a las decenas de víctimas de violación de derechos humanos; además exigió ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía venezolana que se garantice la justicia y que no haya impunidad frente a estos hechos.
Un hecho de extrema gravedad que convirtió en víctimas a miembros de las fuerzas castrenses ocurrió el 23 de abril cuando dos helicópteros de las FANB trasladaron a 36 militares a la zona del conflicto en La Victoria. Allí fueron atacados por los irregulares que mataron a por lo menos nueve uniformados, algunos de los cadáveres fueron entregados a representantes de iglesia, de acuerdo con información obtenida por nuestra organización. Finalmente, los cadáveres fueron enviados a un miembro de la iglesia católica y de allí a la morgue del hospital José Antonio Páez de allí a la morgue del hospital José Antonio Páez de Guasdualito donde fueron identificados un oficial y siete efectivos de tropa muertos en el ataque guerrillero. Otros tres funcionarios militares resultaron heridos, llegaron tres días después del ataque al punto de control en La Charca. Medios de comunicación colombianos reportaron 12 funcionarios castrenses muertos y 26 heridos.
El Ministerio de la Defensa reconoció en un comunicado el 26 de abril que “se libraron cruentos combates” en los que hubo bajas de militares venezolanos, pero no precisó el NÚMERO de muertos ni expresó mayor repudio ni ha emprendido acciones que pongan fin a la acción de estos grupos guerrilleros en territorio venezolano. En general, el Estado venezolano no ha respondido con contundencia a estos hechos ni ha ofrecido ALGÚN tipo de respuesta ni respaldo a las familias de las víctimas que forman parte de sus propias fuerzas armadas. No ha habido una condena de la acción criminal de la guerrilla contra los soldados venezolanos.
“Aquí todos estamos con el corazón partido del dolor que da cómo cayeron los muchachos… los metieron en una zona rodeados de campamentos y ellos no sabían. Les dieron unas coordenadas, cayó el helicóptero y los emboscaron como 300 tipos, intentaron mantener el fuego y mantener las posiciones, pero era mucha gente. Se replegaron pero no hubo manera, cayeron los muchachos, cayeron armas, cada quien se fue por su lado… Hubo cadáveres que las FARC mandó a Guasdualito torturados… ¡Hasta cuándo van a seguir matando los comandos, hubo mala planificación”. Fue el testimonio de un militar venezolano que fue enviado a la zona de combate al que tuvo acceso FundaRedes y que está bajo resguardo de la organización.
En un video que trascendió el 27 de abril se observan los cadáveres de algunos militares muertos en sector La Capilla rescatados por miembros de la iglesia católica. Estos militares muertos y los heridos fueron enviados al combate con el Frente Décimo de las FARC desprovistos de suficiente armamento, sin alimentos y sin los elementos necesarios de primeros auxilios. Desde el inicio del conflicto altos funcionarios del Estado venezolano han ocultado información y han intentado esconder la cantidad de asesinados y heridos producto de los enfrentamientos, así como los desplazamientos forzados de la población civil y ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, las familias de las víctimas y de otros militares que están desaparecidos han acudido a FundaRedes en medio de su desespero al no tener comunicación ni información.
Recientemente, el 10 de mayo el Décimo Frente Martín Villa de las FARC-EP reconoció a través de un comunicado PÚBLICO que tiene a ocho militares como “prisioneros de guerra” desde el 23 de abril cuando llegaron los refuerzos de las FANB a la zona. En la lista señaló los identificó como el teniente coronel (E) Jhan Carlos Beomont; el primer teniente Jhony Jaguay; el teniente de fragata Junior Flores Berroteran; el sargento mayor de tercera José Antonio Ramos Dávila; el sargento segundo Estebán José Aular; el teniente de fragata Luis José Cova Barrios; el sargento mayor de tercera Paul Hernández, y el teniente de fragata José Emilio Torres Pérez.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recibió un mensaje de las disidencias de las FARC en el que reclaman su mediación para liberar a los militares secuestrados, confirmaron a la agencia internacional de noticias Efe fuentes de la organización humanitaria. Los voceros de la CICR aclararon que el mensaje lo recibieron “directamente” del grupo armado.
Sin embargo, a través de testimonios y denuncias que hemos recibido hay registro de otros militares desaparecidos, entre ellos el sargento mayor de tercera Dany Vásquez y el sargento primero Abraham D’ JESÚS Belisario Bastidas.
En el conflicto armado en el estado Apure se han violentado flagrantemente derechos humanos como la vida, la libertad y la propiedad, además de la conculcación de disposiciones del Derecho Internacional Humanitario. Existiendo prisioneros de guerra, calificados así por el Frente Décimo de las FARC-EP, se debe evitar que se incumpla lo dispuesto en el artículo 3 COMÚN a los cuatro convenios de Ginebra, donde se incluye el trato que deben recibir los prisioneros de guerra: prohíbe los atentados contra la vida, las mutilaciones, la toma de rehenes, la tortura, los tratos humillantes, crueles y degradantes, razón por la cual con celeridad se debe tramitar su entrega a la Cruz Roja
Internacional.
Además, el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 establece la obligación de que
una vez las circunstancias lo permitan se tomen sin demora todas las medidas posibles para buscar y rescatar a los heridos y enfermos a fin de protegerlos contra los malos tratos y asegurarles la asistencia necesaria, así como buscar a quienes han fallecido para impedir que sean despojados y dar destino decoroso a sus cuerpos para de esta manera dar respuesta a los familiares.
La inacción del Estado venezolano para recuperar a tiempo los cadáveres de los soldados muertos en los combates en Apure constituye más que negligencia, un absoluto incumplimiento de los deberes de las autoridades militares para con sus subordinados.
Pero además, constituye un incumplimiento de sus obligaciones obstaculizar o negarse a investigar las irregularidades ocurridas. El pasado 18 de mayo el coordinador de FundaRedes en Apure, Juan Francisco García, denunció la denegación de justicia por parte del Ministerio PÚBLICO de San Fernando de Apure a una solicitud de liberación de dos jóvenes -uno con una discapacidad cognitiva- que fueron detenidos de manera arbitraria y señalados de rebelión y traición a la patria; así como la investigación de otras vulneraciones a los derechos humanos tanto a la población civil como militar ocurridos durante los días del conflicto armado en ese estado.
UN ESTADO FRAGMENTADO
Apure en especial, y en general toda la frontera venezolana, evidencia la existencia de un Estado fragmentado que ha cedido el control de su soberanía a agentes externos, pues lejos de resguardar la integridad del territorio venezolano, las Fuerzas Armadas venezolanas se han convertido en una amenaza para la seguridad nacional al 
verse involucradas en violaciones de derechos humanos y actuar en alianza con grupos armados irregulares, utilizando el hostigamiento, las armas, la persecución y la muerte para hacerse con el control de espacios estratégicos que son utilizados para el desarrollo de actividades ilegales. Pero, por otro lado, el Estado en sus intentos por beneficiar a una de las fuerzas extranjeras atendiendo en conflicto a sus intereses envía comandos que no están equipados ni entrenados para enfrentar el alto poder de fuego de los irregulares.
Los compromisos políticos propiciados desde las altas esferas del poder para convertir a las guerrillas de origen colombiano y otros grupos irregulares en el brazo armado de la revolución bolivariana –como algunos de ellos se han autodefinido– y en la principal fuerza de choque ante una hipotética intervención de la coalición internacional ha convertido los territorios fronterizos, y especialmente la franja AraucaApure-Bolívar, en escenarios de una guerra de poder y dinero.
La sistemática ocupación por parte de la guerrilla de fincas productivas con grandes extensiones de terreno llano donde han instalado gran cantidad de pistas clandestinas en los ÚLTIMOS años y la asociación con grandes cárteles internacionales del narcotráfico hacen de Apure un territorio estratégico desde el punto de vista económico, pues sirve de puente aéreo para los cargamentos de droga que son enviados a las islas del Caribe, Centroamérica y Europa, de acuerdo con investigaciones policiales colombianas y testimonios obtenidos por FundaRedes.
Mientras tanto, el dominio territorial sobre los llanos colombo-venezolanos permite el control de la vía más expedita de acceso aéreo o terrestre desde Colombia hacia la capital venezolana y entidades estratégicamente productivas como Portuguesa, Carabobo y Aragua, capitales agrícola, industrial y
militar de Venezuela, respectivamente.
FundaRedes reitera que el Estado venezolano tiene la responsabilidad de establecer una política integral en los espacios fronterizos con el fin de preservar la integridad territorial, la soberanía, la seguridad y la defensa de la nación. Sin embargo, gran parte de las zonas limítrofes con Colombia han sido tomadas por grupos al margen de la ley que realizan actividades insurgentes en el territorio nacional, y la pugna entre estos grupos y facciones internas amenaza con extenderse a otros estados. Tal fue el caso en la serranía de Machiques, estado Zulia, en frontera con Perijá (Colombia) donde alias JESÚS Santrich -uno de los cabecillas de la Segunda Marquetalia- fue abatido el lunes 17 de mayo de 2021. Desde allí coordinaba la resurrección del Frente Martín Caballero, integrado por los frentes 59, 19 y 41 de las extintas FARC.
Trackbacks/Pingbacks