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La frontera que a lo largo de 2.219 kilómetros comparten Colombia y Venezuela es, desde hace años, escenario de constantes combates por el control de territorio entre grupos guerrilleros de origen colombiano (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército de Liberación Nacional, Ejército Popular de Liberación), así como de origen venezolano (Fuerzas Bolivarianas de Liberación), bandas delincuenciales con alto poder de fuego, contrabandistas, narcotraficantes y los cuerpos de seguridad del Estado venezolano.

El sábado 19 de septiembre de 2020 ocurrió uno de los enfrentamientos más cruentos que dejan en evidencia esta situación. Tras varios días de combates armados entre el ELN y la disidencia de las FARC en el estado Apure (Venezuela) se produjo un choque con el Ejército venezolano que dejó cuatro militares muertos. Los primeros reportes oficiales emanados de la Región de Defensa Integral (REDI) Apure, señalan que “se realizó una operación militar en la parroquia Urdaneta, municipio Páez del estado Apure, al mando del general de división Armando Vera Cumare, con la participación del Grupo de Acciones Especiales de Comando (…) con la finalidad de dar captura a alias ‘Ferley González’, jefe de finanzas del Frente 10 de las FARC”.

Luego, en un reporte sobre el mismo hecho realizado por la REDI Táchira, entidad a la que fueron trasladadas las víctimas junto a otros dos oficiales heridos, se admite que el enfrentamiento armado se suscitó “entre los diferentes cuerpos castrenses y grupos subversivos que hacen vida en dicho sector”, de acuerdo con relato de la mayor del Ejército Yohana Cabrejo.

Hay evidencia de que los grupos armados irregulares han ido extendiendo sus operaciones hacia zonas cada vez más alejadas del corredor fronterizo para apoderarse del control de nuevos territorios a través de las armas. Por medio de la intimidación y coacción pretenden el control social, e incluso han aplicado castigos a lugareños que van desde multas o trabajos forzados hasta la muerte.

 

Durante el último mes los activistas de FundaRedes han registrado presencia de nuevos asentamientos de grupos armados irregulares en municipios de los estados Amazonas, Apure, Zulia, Mérida, Barinas, Táchira, Bolívar y Falcón, en este último se han documentado pistas clandestinas.

Se ha constatado que esos asentamientos funcionan como puntos estratégicos para actividades ilegales como el contrabando, el narcotráfico y el microtráfico, para cuyo desempeño vulneran el derecho a la propiedad privada, ocupan instituciones educativas, reclutan, secuestran, extorsionan y amenazan a los pobladores de las comunidades de la zona.

Se han identificado 10 frentes del ELN que operan en territorio venezolano, de acuerdo con investigaciones de FundaRedes, entre los cuales se cuentan: Frente Juan Velasco Porras, Frente de Guerra Nororiental, Frente Luis Enrique León Guerra, Frente Gustavo Villamizar, Frente Parmenio Cuéllar, Frente Alirio Buitriago, Frente Camilo Cienfuegos, Frente Domingo Lain Sáenz y el Frente Camilo Torres, que es el más grande e importante en este momento debido a que mantiene presencia en 18 estados de Venezuela (Táchira, Apure, Zulia, Mérida, Trujillo, Barinas, Lara, Falcón, Carabobo, Portuguesa, Aragua, Guárico, Bolívar, Monagas, Anzoátegui, Delta Amacuro, Caracas y Yaracuy, este último como centro de adiestramiento nacional) donde han establecido el control de algunos centros urbanos y de una parte de la actividad ciudadana.

Asimismo, los hallazgos realizados por la organización indican que están activos al menos 9 frentes de las FARC, identificados por números: 1°, 2°, 3°, 7°, 10°, 12, 21, 33 y el 59, distribuidos en 13 estados del país. Además, operan los grupos paramilitares Las Águilas Negras, Los Rastrojos, Los Urabeños, así como los llamados colectivos que suman más de una decena.

Un informe de 69 páginas presentado por la organización Human Rights Watch (HRW) el 22 de enero de 2020 titulado “Los guerrilleros son la policía: control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure”, documenta crímenes cometidos por el ELN, las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y el Frente Décimo Martín Villa, un grupo que se formó a partir de la desmovilización de las FARC. Agrega que como parte de su estrategia para controlar la vida social, política y económica de Arauca y Apure, estos grupos armados a menudo cometen abusos que incluyen homicidios, trabajo forzado, reclutamiento de menores y abusos sexuales, los cuales casi siempre quedan en la impunidad.

Un reporte de prensa da cuenta de que el 12 de mayo 2019 una comisión mixta de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvo en el Kilómetro 7 del municipio Jesús María Semprúm del estado Zulia a cuatro individuos que serían
integrantes del ELN, quienes se desplazaban en una camioneta Toyota Fortuner y llevaban consigo dos granadas fragmentarias y tres armas de fuego: dos Pietro Beretta y una Fredericksburg; dos cargadores y 43 municiones. Habitantes de la zona dijeron en entrevista con activistas de FundaRedes en agosto de 2020 que la guerrilla del ELN actúa con impunidad en la franja que va desde los municipios de Zulia fronterizos con Colombia (Jesús María Semprún, Catatumbo, Colón, Francisco Javier Pulgar y Sucre) hasta los municipios Alberto Adriani, Obispo Ramos de Lora y la población de Palmarito del estado Mérida, los cuales integran la denominada zona sur del Lago de Maracaibo. “En un principio eran los paracos, ahora la guerrilla, esto está minado, no hay lugar adonde ellos no lleguen”, señaló un testigo.

También en el estado Mérida habitantes de la población de Bailadores (zona agrícola), reportaron al equipo de FundaRedes la presencia de hombres pertenecientes a la guerrilla del ELN que se han apostado en los alrededores de grandes unidades de producción donde ofrecen “seguridad” a los propietarios a cambio del acatamiento de una serie de normas y el pago de extorsiones que ellos llaman “colaboración”. También en el municipio Guaraque de la misma entidad andina hombres armados establecen contacto con comerciantes y productores para trasmitirles las
nuevas normas de convivencia y cobrarles cuotas a cambio de protección.

En el estado Táchira, el sábado 29 de agosto de 2020 a las 9:36 p. m. un grupo de hombres fuertemente armados que se identificaron como integrantes del ELN se presentaron en la plaza central de San José de Bolívar, capital del municipio Francisco de Miranda, un poblado ubicado en pleno macizo montañoso, y amenazaron a quienes allí se encontraban mientras informaban sobre la imposición de horarios y normas para la convivencia, proclamándose como nuevas autoridades de esa comunidad.

“Eran aproximadamente 15 personas entre hombres y mujeres con armas largas, comandados por una mujer, se transportan en un Jeep de color negro, una camioneta azul y tres motos, todos andan fuertemente armados. Vinieron y pusieron aquí una especie de toque de queda. Incluso en una aldea del municipio construyeron un campamento y estaban como ocho personas tratando desde allí avanzar en más territorio”, dijo un habitante de la zona que pidió no ser identificado por temor a represalias.

En sus 137 años de historia es la primera vez que a San José de Bolívar llega la guerrilla. “Jamás los había visto en mi pueblo, ¿cómo es posible que lleguen y nos manden a dormir?, nunca pensé

 

 

que esto nos iba a pasar a nosotros”, dijo un vecino de esa localidad a nuestro equipo de activistas.

FundaRedes ha confirmado la presencia de células de la guerrilla del ELN en otras localidades agrícolas del estado Táchira como Capacho Viejo, Capacho Nuevo y la aldea La Cristalina, del municipio Lobatera, donde una célula del ELN perteneciente al Frente Gustavo Villamizar, bajo las órdenes de una mujer que se hace llamar “comandante Selva”, extorsiona y amenaza a la población.

Información obtenida por activistas de la organización ratifica que la guerrilla del ELN también está en la población de Socopó donde conformaron una unidad de acción denominada Frente Ticoporo, que ha tomado el control de la reserva forestal venezolana en el estado Barinas.

INCURSIÓN FLUVIAL

En estados donde no era habitual la presencia de grupos armados irregulares existe evidencia reciente de su llegada y operatividad. El 17 de febrero de 2020, funcionarios del Comando Fluvial Fronterizo N° 51, con sede en el estado Anzoátegui, capturaron en aguas del río Orinoco a cuatro hombres pertenecientes a las FARC, dos de nacionalidad colombiana y dos venezolanos, quienes reconocieron que tenían un campamento en la población de Mapire, ubicada a orillas del río Orinoco, a unos 150 kilómetros de Ciudad Bolívar, capital del estado Bolívar.

Las explotaciones en el Arco Minero del Orinoco, una rica franja de tierra de 111.800 kilómetros cuadrados que ocupa zonas de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, han captado la atención de los grupos armados irregulares que actuando en conjunto con funcionarios del Estado venezolano, de acuerdo con testimonios y denuncias, controlan la extracción de minerales de alto valor comercial. Lo que inicialmente comenzó como incursiones de miembros del ELN y las disidencias de las FARC hacia la zona fronteriza venezolana de los estados Amazonas y Bolívar ha ido extendiéndose hasta permitirles controlar vastas áreas a lo largo del río Orinoco y sus importantes afluentes que aportan el agua necesaria para la extracción de oro. La actividad extractivista ilegal y sin control ha causado graves daños ambientales, económicos, sociales y culturales a las etnias indígenas que ancestralmente ocupaban estos espacios, las cuales se han visto forzadas a desplazarse, incluso cruzando las fronteras hacia Brasil.

La inacción del Estado venezolano en el ejercicio pleno de la soberanía en espacios vitales del territorio constituye el incumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referido al ejercicio de la soberanía por aire, mar y tierra, permitiendo además que se convierta en letra
muerta el mandato del artículo 13 constitucional, según el cual el espacio geográfico venezolano es una zona de paz.

 

 

Por ende, la garantía de paz en nuestro espacio territorial solo la puede brindar el ejercicio pleno de la soberanía a cargo de los órganos del Estado, y nunca cediendo ese control territorial a grupos armados irregulares, cualquiera sea su procedencia.

Esta pasividad agravada del Estado Venezolano compromete el ejercicio de derechos constitucionales de personas o grupos de personas que habitan en estos territorios fronterizos, ocupados por “autoridades” ilegítimas. Los habitantes de las zonas fronterizas donde actúan las organizaciones armadas irregulares ven vulnerado su derecho a la libertad personal (artículo 44 de la Constitución); el derecho al libre tránsito (artículo 50); el derecho a la libertad de reunión (artículo 53); derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley (artículo 55); el derecho a la libertad de expresión (artículo 57); los derechos originarios de las poblaciones indígenas sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente han ocupado (artículos 119, 120 y 121); y el derecho a un ambiente sano (artículo 127).

Desde el año 2003, FundaRedes ha denunciado las constantes violaciones a los derechos humanos derivadas de la actuación de los grupos armados irregulares en territorio venezolano. Para ello ha acudido a la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, las cuales tienen en su poder información entregada por la organización que recoge el desplazamiento de las FARC y el ELN, así como su presencia en territorio venezolano.

Durante la vigencia de la cuarentena por la pandemia del COVID-19, el 31 de agosto de 2020 FundaRedes denunció ante la Defensoría del Pueblo del estado Táchira la presencia y actuación de los grupos armados irregulares ELN, EPL, FBL, disidencia de las FARC y organizaciones paramilitares en territorio venezolano y solicitó activar mecanismos inmediatos de protección para los habitantes de las comunidades afectadas, ubicadas principalmente en Táchira, Amazonas, Bolívar, Zulia, Delta Amacuro y en estados de los llanos centrales.

El 11 de septiembre de 2020, la organización solicitó al Ministerio Público investigar la existencia de un acuerdo entre las FARC y el ELN para avanzar en el control de territorio venezolano donde se reparten las actividades ilícitas y expanden sus operaciones en los estados Táchira, Apure y Zulia, bajo la inacción y complicidad del Estado venezolano para detener este tipo de operaciones.

De ninguna de estas denuncias FundaRedes ha recibido respuesta, tampoco los órganos del Estado venezolano han tomado acciones para contener la presencia de estos grupos, por lo contrario, ante su inacción la expansión de las organizaciones armadas es hoy una realidad en 18 estados del país. Solo su director, Javier Tarazona, fue citado en dos ocasiones por el fiscal superior del estado Táchira, Alejandro Celis, en agosto de 2020 para que aportara información en torno a sus constantes denuncias, aunque de todas ellas ha sido entregada abundante documentación al momento de solicitar investigaciones en cada instancia.