La frontera venezolana está cada vez más controlada por grupos armados irregulares de origen colombiano que se apropian de los territorios limítrofes con Colombia y Brasil para desarrollar operaciones de cultivo, procesamiento y tráfico de estupefacientes que, en alianza con grandes carteles trasnacionales, han convertido a Venezuela en un gran aeropuerto de ilegalidad, pues a lo largo de 15 entidades federales del país se desarrollan diversas operaciones de narcotráfico.

En la labor de monitoreo, documentación y visibilización de las constantes violaciones de derechos humanos efectuada por FundaRedes en los estados Táchira, Zulia, Apure, Falcón, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Anzoátegui y Nueva Esparta hemos recibido alertas de ciudadanos que han observado la existencia de pistas clandestinas empleadas para el tráfico de drogas y minerales.

El proceso de ocupación y apropiación de fincas ha permitido a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional hacerse de grandes extensiones de terreno en las que proliferan plantaciones de cocaína y marihuana, laboratorios de procesamiento de estupefacientes y pistas clandestinas, convirtiendo la frontera en un gran espacio de llegada y salida de vuelos ilegales que movilizan toneladas de drogas hacia Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos y Europa.

En su informe anual difundido en Viena, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), aseguró que se identificaron aproximadamente 400 pistas de despegue ilegales en el estado Zulia, presuntamente vinculadas al narcotráfico del Cartel de Sinaloa en alianza con el ELN de Colombia. “Hay indicios de que en la REPÚBLICA Bolivariana de Venezuela los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y han creado una red informal conocida como el Cartel de los Soles para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales”, señaló este órgano el pasado año.

Investigaciones de FundaRedes han permitido constatar que existen por lo menos 13 pistas clandestinas en el municipio Pedro Camejo, 9 en Achaguas y 9 en Rómulo Gallegos, en el estado Apure; 4 en la zona norte del Táchira (frontera con Mérida y Zulia), 6 en los municipios Catatumbo y JESÚS María SEMPRÚN del estado Zulia, y 4 en el estado Falcón. En total, nuestra organización tiene identificadas por lo menos 70 pistas clandestinas que operan en 15 entidades del país para la actividad del narcotráfico ante la mirada cómplice, y en algunos casos con participación de funcionarios del Estado.

La organización ha denunciado públicamente el control de los grupos armados irregulares sobre estas pistas en territorio venezolano y que constituyen una pieza fundamental en la estructura de financiamiento que pasa por la asociación con grandes cárteles internacionales del narcotráfico, los cuales a través de esas pistas trasladan las drogas producidas en los laboratorios de la guerrilla colombiana y las comercializan en diversas partes del mundo.

Si bien durante 2019 fueron descubiertas por el Estado venezolano 36 pistas clandestinas y 23 aeronaves involucradas en narcotráfico en territorio venezolano, así como otras 28 pistas y 16 avionetas en 2020 y 9 pistas más en el primer trimestre de 2021, eso constituye una demostración fehaciente de que las pistas existen, operan, están bajo el control de los grupos armados irregulares y son utilizadas por los grandes cárteles del narcotráfico internacional.

La construcción de pistas clandestinas por parte de grupos armados irregulares de origen colombiano con presencia en Venezuela configura una serie de violaciones a los derechos humanos de los habitantes de las zonas fronterizas, que incluyen el derecho a la libertad personal (artículo 44 de la Constitución de la REPÚBLICA Bolivariana de Venezuela); el derecho al libre tránsito (art. 50); el derecho a la libertad de reunión (art. 53); el derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley (art. 55); los derechos originarios de las poblaciones indígenas sobre las tierras ancestralmente ocupadas (artículos 119, 120 y 121); el derecho a la propiedad privada (art 115) y los derechos ambientales (art. 127).

TESTIGO EN PRIMERA FILA

FundaRedes tuvo acceso a un ex combatiente del ELN, quien ofreció detalles sobre la operatividad de estas pistas clandestinas en Venezuela. Su testimonio permanece bajo resguardo de la organización. De acuerdo con su explicación, en la zona sur del lago de Maracaibo hay dos pistas que operan a diario y en cada una de ellas aterrizan aproximadamente cuatro avionetas. Se calcula que cada avioneta transporta una tonelada de droga, lo que indica que sólo dos pistas en el estado Zulia movilizan 8 toneladas diarias de estupefacientes. En esta zona operan aproximadamente 45 integrantes del ELN que utilizan armas largas AK-47 y pistolas 9mm para cometer homicidios, extorsiones, tráfico y microtráfico de sustancias ilícitas

En el municipio El Rosario de Perijá, en las poblaciones adyacentes a la represa El Diluvio; en el sector El Laberinto del municipio JESÚS Enrique Lossada; en los sectores Jalisco, Arimpia, Puentecito, en la parroquia Sixto Zambrano, sector Guadalajara, km 101, hacienda El Mango, Corozo, El Placer, todas zonas de extensa montaña, hay cultivos de droga y a su vez operan pistas clandestinas. Allí no solo se estaría recibiendo droga del lado colombiano, sino también cultivando del lado venezolano.

En el municipio Machiques de Perijá del estado Zulia hay actividad permanente de cultivo de droga por parte del ELN; los frentes 33 y 59 de las disidencias de las FARC en los sectores Tinacoa, Aroy, Sirapta, Ayapaina, Chaptaka y Guamo donde estas organizaciones armadas operan libre y abiertamente.

En el municipio Rosario de Perijá, en las parroquias Donaldo García, Barranquitas y en el sector La Curva, vía al municipio La Cañada de Urdaneta, en Zulia, también hay operaciones de estos grupos irregulares, el ELN y las disidencias de las FARC controlan no sólo el tráfico de estupefacientes, sino la tala de árboles y la comercialización de madera extraída de los terrenos que acondicionan para la construcción de pistas y zonas de cultivo; así como la
extorsión y el contrabando, actividades que sería imposible realizar sin la cooperación de algunos funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano.

El Frente 59 de las disidencias de las FARC está presente en Perijáy se está movilizando de manera permanente en esta zona. Hay por lo menos 6 batallones que operan en este territorio donde funcionan al menos tres de las rutas principales del narcotráfico: una en el sector Laberinto y la represa El Diluvio, en frontera con Colombia; otra en el sector Guadalajara, km 101, hacienda El Mango, también fronteriza con Colombia, y la tercera en Barranquitas, en el lago de Maracaibo.

Mediante información recabada por sus coordinadores y activistas, FundaRedes ha logrado precisar que en el estado Apure, en los municipios Achaguas, Rómulo Gallegos (Elorza) y Pedro Camejo se ha observado maquinaria pesada y agrícola que los grupos armados irregulares emplean en la construcción de pistas clandestinas.

En las cercanías a San Fernando, en el estado Apure, las pistas clandestinas están bajo la dirección de alias “el Chama”, quien forma parte de las disidencias de las FARC y coordina el aterrizaje y despegue de aviones clandestinos, mientras que alias John 40 y Gentil Duarte han tenido como centro de operaciones la población de Elorza, en el mismo estado. Hacia las cercanías del Arauca las operaciones están controladas por el ELN, alias Pablito lidera el Frente Domingo Lain que controla la reserva forestal del río Caparo.

En Táchira se encuentran hacia la zona norte del estado que ofrece la posibilidad de vuelos cortos hacia el Departamento del Catatumbo, en Colombia, desde la zona panamericana del estado se registran vuelos ilegales permanentemente. Amazonas, Bolívar y Falcón son estados que tienen una posición geoestratégica para alimentar las redes de comercialización del narcotráfico y donde recientemente han proliferado las pistas clandestinas.

ALIANZAS TRASNACIONALES

Otro informante al cual tuvo acceso FundaRedes y cuyo testimonio también está bajo resguardo de la organización, afirmó que al sur del estado Guárico hay presencia del ELN desde hace aproximadamente tres años y tiene operativas pistas clandestinas que funcionan como “un corredor de drogas”, pues desde allí salen constantemente avionetas con cargamentos de narcóticos en alianza con el Cartel de Sinaloa. “Las avionetas caen exactamente en el Parque Nacional Aguaro Guariquito, han caído varias avionetas, se estrellan y las entierran, se pierde todo, pero el otro día cayó una avioneta, le sacaron la droga, la montaron a unos maletines y se fueron; después llegaron las FAES y los agarraron, pero enseguida tuvieron que dejarlos y se fueron tranquilamente porque son del Cartel de Sinaloa, luego cayeron otros presos y también los pusieron en libertad… En la zona de Guayabal hay toque de queda de noche. Los guerrilleros andan en grupos con sus pistolas como si fueran turistas, pero son guerrilleros. Ellos llegaron donde una persona y le quitaron 30 litros de gasolina para seguir rodando… El liderazgo del ELN en Guárico está dividido por zonas, pero quien maneja todo el movimiento es (Ramón) Rodríguez Chacín, que tiene su hacienda en Guayabal, cerca de la escuela, ahí hay muchas pistas de avionetas que normalmente vuelan a media altura y caen hasta sin luces en las pistas. La otra vez se cayó y se incendió una avioneta que, SEGÚN,TENÍA mucho dinero, lo ÚNICO que consiguieron fueron los cadáveres de los pilotos, más nada”. Afirmó que además en esa zona no solo hay tráfico, sino sembradíos de drogas.

Las pistas clandestinas en Venezuela funcionan pese a la capacidad del Estado de rastrear las aeronaves que sobrevuelan el espacio aéreo nacional y de tener conocimiento de todos los vuelos comerciales, privados y así como los ilegales que ingresan al territorio venezolano.
En las fronteras de Zulia, Táchira y Apure, la guerrilla del ELN no ACTÚA sola, cuenta con el apoyo de un dispositivo terrestre del Ejército venezolano conformado por seis brigadas, entre ellas la de Infantería, Caribes, Infantería Blindada, Ingenieros y Caballería Blindada, SEGÚN se desprende de un informe publicado por la revista colombiana Semana.
Estas pistas son un eje fundamental de las operaciones de los grupos armados irregulares en territorio venezolano, pues a diferencia de los objetivos políticos que incluyen el acceso al
poder en países como Colombia, la permanencia de la guerrilla en Venezuela es compartir el poder para el desarrollo de operaciones ilícitas que financian la actuación,

 

 

 

los proyectos políticos y la internacionalización de estas organizaciones armadas.

En Bolívar y Amazonas el interés del Estado venezolano ha migrado de las explotaciones petroleras a promover actividades vinculadas a la explotación de oro, diamante y coltán en asociación con grupos armados irregulares. Allí, las disidencias de las FARC y el ELN se enfrentan por el control de las minas, lo cual se ha convertido en un importante sustento económico para estas organizaciones y evidencia la inactividad del Estado en la preservación de la integridad territorial, la soberanía, la seguridad y defensa, con lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo
15 de la Constitución de la REPÚBLICA Bolivariana de Venezuela que asigna al Estado la responsabilidad de establecer una política integral en los espacios fronterizos con el fin de preservar la integridad territorial, la soberanía, la seguridad y la defensa.

En consecuencia, las pistas de la región amazónica están más orientadas hacia la movilización del oro que se comercia de manera ilegal en las islas del Caribe. En poblaciones como El Callao, Tumeremo o Guasipati, los grupos armados irregulares se han apoderado de la explotación de las minas.

Junto a esta amplia operatividad de pistas clandestinas hay una pugna por el territorio por parte de las disidencias de las FARC, lo cual quedó en evidencia con el homicidio de uno de sus jefes, Iván Merchán, alias “el Loco Iván”, comandante de uno de los frentes disidentes de las FARC, asesinado en noviembre del año 2020 en la finca La Paturra, en el sector La Cochinera del municipio Angostura del Orinoco, en el estado Bolívar, donde había una pista clandestina y opera uno de los campamentos de las disidencias de las FARC, a las que el Estado venezolano les declaró la guerra recientemente tras el reagrupamiento de las fuerzas lideradas por Iván Márquez y Jesús Santrich.

 

 

 

 

 

Organizaciones como S.O.S Orinoco denunciaron en 2020 la explotación ambiental que está arrasando el Parque Nacional Yapacana, utilizado por los grupos armados irregulares para la producción y comercialización de drogas, donde hay pistas clandestinas en las que aterrizan aeronaves permanentemente.

 

“Con la expansión de la minería en Yapacana se fortalecen las estructuras delictivas de la supuesta “disidencia” de la FARC y del ELN, los cuales son gobierno en el PNY desde al menos el año 2007… teniendo el Frente AM (de las FARC) una responsabilidad grande desde el punto de vista económico, con una escuela de entrenamiento dentro del Parque Nacional Yapacana y manejando las alianzas de tráfico de drogas hacia o desde Brasil junto a otras mafias: Familia del Norte, Comando Vermelho y Primer Comando de la Capital”, refiere un informe actualizado a 2020, en el que enfatiza que el fin ÚLTIMO es “lavar dinero del narcotráfico vía comercio ilegal del oro y de otros minerales como el coltán, y aprovechar nuestro espacio terrestre, fluvial y aéreo para el tráfico de drogas”.

Entre 5.000 y 10.000 venezolanos operan en las minas del Parque Nacional Yapacana, y algunos de ellos controlan alcabalas fluviales en los ríos de la zona utilizados como vías para la extracción ilegal de minerales y para la movilización de droga.

El artículo 156 de la Constitución establece como competencia del Poder PÚBLICO Nacional el manejo de la política de fronteras con una visión integral del país que permita la presencia de la venezolanidad, el mantenimiento territorial y la soberanía en esos espacios. Además, la seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado que debe garantizar prioritariamente la atención de las fronteras, así como velar por el cumplimiento y aplicación de los principios de seguridad nacional conforme a lo previsto en los artículos 322 y 327 del texto constitucional. Sin embargo, lejos de cumplir con este mandato, el Estado venezolano permite -por acción u omisión- la penetración de organizaciones irregulares con alto poder de fuego que con su actuación vulneran la soberanía nacional y ponen en riesgo la vida e integridad de la población, sometida a diversas formas de violación a sus derechos humanos.

Por ende, FundaRedes recuerda al Estado venezolano que el artículo 55 de la Constitución prevé que toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para su integridad física y sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes (art. 55)

Desde el año 2003, FundaRedes ha denunciado ante la Fiscalía General de la REPÚBLICA y la

 

Defensoría del Pueblo las constantes violaciones a los derechos humanos derivadas de la actuación de los grupos armados irregulares en territorio venezolano y ha consignado información sobre el creciente desplazamiento de las FARC y el ELN en territorio venezolano.

El 30 de noviembre de 2020 acudi a la Fiscalía General de la REPÚBLICA para solicitar el inicio de una investigación sobre las 45 pistas clandestinas localizadas en los estados fronterizos de Venezuela y sobre las cuales proveyó información basada en testimonios e investigaciones realizadas por la organización en las cuales se evidencia que al menos en 15 estados de Venezuela existe este tipo de infraestructuras para el narcotráfico.

También, debido a los riesgos que representa para propietarios, administradores y trabajadores de las fincas en los estados fronterizoso cupadas parcial o totalmente por grupos armados irregulares, FundaRedes acudió el 8 de diciembre de 2020 a la Fiscalía del Ministerio PÚBLICO del estado Táchira y a la Fiscalía General de la REPÚBLICA para denunciar la vulneración del derecho a la propiedad privada consagrado como precepto constitucional, el cual es menoscabado por grupos armados irregulares de origen colombiano en varios estados del país ante la inacción del Estado venezolano para proteger a los legítimos propietarios de terrenos.