El extractivismo descontrolado que se observa constantemente en la zona del Arco Minero del Orinoco, que abarca los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, mantiene sometida a la humillación y esclavitud a la población más vulnerable, según afirma el más reciente informe de ambiente presentado por FundaRedes.
La investigación titulada“Niños y adolescentes vulnerables por acción de Grupos armados irregulares“ señala que tanto hombres, mujeres y niños son víctimas del abuso desmedido de grupos armados irregulares, bandas y sindicatos, los cuales ejercen el poder en la minería ilegal, explotando a las comunidades más vulnerables.
“La explotación minera ha sido tan irracional y desordenada que ha traído como consecuencia: muerte, violencia, abusos, esclavitud; así como la destrucción del ecosistema de una de las zonas con mayores recursos en el país, todo ante la complacencia u opacidad del Estado venezolano al no frenar este tipo de actividades que han atentado contra nuestro hábitat, dejando innumerables consecuencias negativas para las poblaciones ancestrales de la zona”, destaca el documento.
De acuerdo a los testimonios y datos recopilados por la organización defensora de DDHH, la discriminación de las comunidades ancestrales comienza en la infancia, cuando miles de niños y niñas indígenas ven vulnerado su derecho a un nombre y a una nacionalidad, al acceso a la salud, a educación de calidad, a un ambiente sano, al agua potable, a la vida y la recreación.
Aunado a esta situación de desatención, “la existencia de grupos armados irregulares como el ELN, FARC, que controlan la zona, hace que aumente la vulnerabilidad de estas comunidades frágiles, sin que el Estado venezolano de respuesta a garantizar los derechos humanos”.
Alejandro Lanz, director general del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela, consultado por FundaRedes, afirmó que los grupos armados irregulares y la minería ilegal hicieron que las comunidades indígenas, y en especial las mujeres, fueran usadas por los mineros para satisfacer sus necesidades sexuales.
“Poniéndolas además a trabajar por un pago miserable, llevándolas a una esclavitud casi inducida y permitida por los padres y las comunidades que muchas veces entregan a los hijos, ya que no tienen como mantenerlos, siendo una situación lamentable pero real”, aseveró.
Hay un grupo de capitanes – continuó Lanz- que se dan la gran vida recibiendo oro de los balseros y de los que trabajan en las tierras y los que producen diamantes y coltán. Los niños no cuentan con colegio, tampoco tienen profesores, ni útiles escolares, mucho menos una buena alimentación. Además de la falta de medicinas y centros de salud, “y el Estado venezolano no ha sido capaz de proveer a esos niños, de medicina, de comida ni ropa”.
Para FundaRedes, la minería ilegal ha llevado al crecimiento de las bandas y grupos armados irregulares que hacen vida en esta zona de la amazonia, rica en minerales. Su implantación ha impactado en daños ambientales, entre ellos, la contaminación del agua en los ríos Caroní, Ikabarú y sus cuencas; provocando daños en los parques nacionales Caura y Canaima, así como en los territorios de las comunidades indígenas Pemón, Yekuana, Akawayo y Yanomami, entre otras; además de la deforestación y la destrucción de suelos fértiles que no solo conlleva a una catástrofe ecológica, sino también afectaciones sociales. (Prensa FundaRedes)