
INTRODUCCIÓN
El Observatorio de Ambiente Proyecto Epa de FundaRedes presenta el siguiente Informe correspondiente al monitoreo y documentación de la red de activistas y voluntarios, dedicados al proceso de observación, registro e incidencia de los eventos que vulneran los derechos humanos, entre ellos los derechos ambientales, de los venezolanos.
Los incidentes expuestos en este informe reseñan las vulneraciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas, principalmente de los niños, niñas y adolescentes, quienes son víctimas de tratos crueles e infamantes por parte de los grupos armados irregulares que hacen vida al sur de Venezuela, específicamente en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, donde estos grupos ejercen la minería ilegal, en el denominado Arco Minero del Orinoco.
Luego de que el Gobierno Bolivariano de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, creara la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), mediante decreto presidencial Nro. 2248 del 24 de febrero de 2016; la regularización jurídica de la explotación minera, lejos de facilitar un desarrollo armónico, más bien ha conducido a la extracción ilícita de minerales y metales como el hierro, oro, magnesio, caolín, cuarzo, diamante, bauxita, mármol, carbonáticos y cloríticos, uranio, coltán, entre otros.
La explotación minera ha sido tan irracional y desordenada que ha traído como consecuencia: muerte, violencia, abusos, esclavitud; así como la destrucción del ecosistema de una de las zonas con mayores recursos en el país, todo ante la complacencia u opacidad del Estado venezolano al no frenar este tipo de actividades que han atentado contra nuestro hábitat, dejando innumerables consecuencias negativas para las poblaciones ancestrales de la zona.

ARCO MINERO DEL ORINOCO
En el AMO la violación del derecho a un ambiente sano es constante, además de otros derechos humanos que se ven violentados en una zona rica en biodiversidad. En este contexto se ve reflejado como las etnias ancestrales son afectadas, vulnerando el derecho a la salud con enfermedades como la malaria y la tuberculosis, a consecuencia del uso de sustancias altamente contaminantes, como mercurio, usado en la extracción ilícita de minerales de alto valor por parte importante de la población local.
Por otra parte, el crecimiento de áreas deforestadas pone en evidencia la violación del derecho humano a la conservación y al uso sostenible de la diversidad geológica así como la degradación de cuencas y el derecho al agua potable, violando así los derechos de los habitantes aledaños y mineros de la zona. En un escenario de profunda emergencia, el Estado venezolano intenta diversificar sus políticas extractivistas, en la expectativa de recibir altos ingresos económicos a corto plazo, sin importar la destrucción ambiental, y vulneración de los derechos humanos de las comunidades indígenas.

EXTRATIVISMO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL
En el extractivismo observamos la supuesta lógica del poder patriarcal que somete a humillación y esclavitud a los más vulnerables. Hombres, mujeres y niños son víctimas del abuso desmedido de grupos armados irregulares, bandas y sindicatos, quienes ejercen el poder en la minería ilegal, explotando a las comunidades más vulnerables, violentando los derechos humanos.
Las redes de actores ilícitos que practican el extractivismo forman parte del despojo de la dignidad humana y de las zonas geográficas para convertirse en los dueños y tener el manejo de la economía en el AMO. Muchos de los niños, niñas y adolescentes que viven en la zona sur del país son víctimas de la trata de menores así como de la explotación laboral y social; muchos de ellos desde antes de nacer sufren de abusos y de la violencia desmedida desde la concepción, quienes son productos de violación sexual a su progenitora, y que pasan a tener una infancia cruel, violenta, en manos de sus agresores.
Uno de los testimonios que recopiló en Venezuela la Comisión de la Verdad de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2022 sobre la explotación sexual al sur del país, evidencio la existencia de niñas entre 11 a 13 años obligadas a ejercer la prostitución por medio de engaños y violencia.
Miguel Pizarro, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela electa el año 2015 ha condenado el sufrimiento de los pueblos indígenas de Venezuela, quienes son abandonados por el Estado, señalando que el AMO promueve la prostitución, el trabajo infantil, y fundamenta la desestructuración social de los pueblos indígenas; la negligencia del Estado para proteger a la mujer, a las adolescentes y a las niñas de los pueblos ancestrales, que son uno de los grupos de mayor vulnerabilidad ante la minería ilegal y los grupos irregulares que allí operan. Advirtió que “En las minas a cielo abierto también se encuentran mujeres subiendo y bajando personas en el hoyo de extracción, cargando sacos de materiales de 45 kilos en adelante, expuestas a los gases de la extracción y a las aguas contaminadas con el mercurio”

DERECHOS VULNERADOS
El observatorio de ambiente de FundaRedes ha documentado y visibilizado la vulneración de derechos humanos de las comunidades indígenas, en su informe “Afectación de la comunidad indígena por la explotación del Arco Minero del Orinoco” señala cómo las etnias están siendo sometidas a graves abusos de violencia, por parte de grupos armados irregulares y bandas criminales, donde se evidencia la vulneración a sus derechos humanos, mientras el Estado no actúa para dar un alto a tal situación.
El Estado venezolano reconoce a sus poblaciones indígenas, pero sus derechos son lesionados. En las minas del Arco Minero del Orinoco los hombres trabajan en las explotaciones de oro, coltán y diamante, las mujeres indígenas también entran a las minas, pero además se les ve preparando y vendiendo comida, limpiando alojamientos o trabajando en redes de prostitución.
Además según datos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB), en el estado Bolívar el trabajo forzoso, deserción escolar, desnutrición, trata de personas y embarazos adolescentes y no planificados son las dinámicas sociales a las que están expuestos los niños, niñas y adolescentes (NNA).
Según una investigación de la UCAB que abarcó desde el segundo semestre del año 2022 hasta el primer trimestre del 2023 «registró más de 1.300 niños que residen en los campamentos mineros, dedicados a actividades mineras o conexas, como la extracción de material aurífero en minas subterráneas o limpieza de arena y grava para extraer oro en aluviones».
Asimismo con relación a la explotación sexual, la universidad proyectó que el 35% de las niñas y adolescentes son víctimas de la prostitución. La edad promedio es entre los 7 y 10 años. También documentaron situaciones en las que el intercambio sexual era transado a cambio de alimentos, e incluso dulces o cigarrillos. Hay incremento en las uniones o matrimonios tempranos, según el documento, agregando que la edad de las víctimas en ese contexto es de los diez años en adelante.
La discriminación de las comunidades ancestrales comienza en la infancia, cuando miles de niños y niñas indígenas ven vulnerado su derecho a un nombre y a una nacionalidad, al acceso a la salud, a educación de calidad, a un ambiente sano, al agua potable, a la vida y la recreación. Además, la existencia de grupos armados irregulares como el ELN, FARC, que controlan la zona, hace que aumente la vulnerabilidad de estas comunidades frágiles, sin que el Estado venezolano de respuesta a garantizar los derechos humanos.
DERECHO A LA SALUD: La salud en Venezuela padece una terrible crisis desde hace varios años, pero las condiciones sanitarias y de vulnerabilidad en los estados que conforman el Arco Minero del Orinoco (AMO) son cada vez más que precarias debido a la ausencia total de servicios básicos (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento), aunado a la dificultad para el acceso a los alimentos, la alta incidencia de enfermedades endémicas y la inexistencia de políticas públicas eficientes por parte del Estado en materia de salud. En El AMO confluye una gran cantidad de problemas, comenzando por la falta de información confiable y/u oficial que permita dar una mirada con datos concretos a la situación de salud en la zona, las condiciones de vulnerabilidad en estas regiones están relacionadas principalmente con la actividad minera que genera grandes impactos ambientales importantes en los afluentes hídricos que comprometen el derecho al agua potable en todas las zonas mineras, pues generalmente el agua que se consume no es potable, la mayoría de las veces no hay acceso al vital líquido para poder cocinar, lavar o practicar el aseo personal, el agua que está disponible es agua contaminada por mercurio u otras sustancias toxicas.
La Organización Mundial de la Salud define el derecho a la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social” y no meramente la ausencia de enfermedad o dolencia. Los Estados deben asegurar ambas libertades y derechos. Lo anterior incluye el derecho al control de la salud y el cuerpo de cada uno, incluyendo la libertad sexual y reproductiva. Además los grupos Armados irregulares condicionan el derecho a la salud, las agrupaciones delincuenciales y terroristas han asumido las funciones gubernamentales en algunas zonas mineras en cuanto a la asistencia médica, dotación de insumos y medicamentos, pago de personal médico y de enfermería, hospitalización, entre otros servicios.
DERECHO A LA VIDA: Dicho derecho se ve vulnerado, desde el momento de la concepción, ya que muchos de los niños que nacen en las zonas aledañas al Arco minero del Orinoco han sido producto de embarazos no deseados, como violaciones y abusos, lo que lleva a las madres a no querer continuar con el proceso de gestación. Aunado a la violencia que sufren en manos de grupos armados irregulares, lo que los lleva a perder la vida en muchos de los casos a temprana edad.
FundaRedes ha denunciado en los últimos años el recrudecimiento de la violencia en territorios habitados por pueblos indígenas que ha impactado aún más en la frágil supervivencia social y cultural de estos venezolanos que se han visto obligados a soportar los abusos oficiales y a convivir con la presencia de organizaciones armadas con alto poder de fuego que los reclutan y someten; además las consecuencias para las poblaciones como el contrabando y la trata de personas.

DERECHO A LA RECREACIÓN: En Venezuela la recreación es un derecho establecido en la Constitución, en este sentido el artículo 111 dispone que «Toda persona tiene derecho a la recreación y el deporte como actividades que benefician la calidad de vida individual y colectiva» . Derecho que vemos vulnerado en las comunidades indígenas, como lo señala un trabajador turístico de la zona, que fue consultado por el equipo
de FundaRedes. Comenta que la mayoría de los niños entre 12 a 17 años trabajan en la minería con sus padres o por su cuenta; en el caso de las adolescentes algunas trabajan a escondidas de sus padres y son víctimas de trabajos sexuales bajo amenazas o su consentimiento. El trabajador también menciona que una actividad que los niños realizan es la buhonería o comercio informal, para proveer el sustento de alimentos
a sus hogares, incluso muchos de ellos siendo víctimas de la explotación laboral por parte de los mineros o trabajadores de la zona, lo que los lleva a coartar su derecho a la recreación ya que no hay espacio ni tiempo para realizar juegos o actividades que deberían ser de interés según la edad de los NNA.
DERECHO A LA EDUCACIÓN: El observatorio de educación de FundaRedes ha documentado las precarias condiciones en las que se encuentra el sistema educativo venezolano, y ha reflejado como desde el año 2014 el sistema político, social y cultural se ha envuelto en una crisis que afecta también a la educación, mostrándose la incapacidad del Estado para dar solución y respuesta a los diversos sectores de la población. Es tal la magnitud de la crisis, y de la incapacidad de generar respuestas a mediano y largo plazo que para el Estado venezolano la educación dejó de ser una prioridad. Los pueblos ancestrales no escapan de este escenario, no gozan de este derecho, viéndose la educación cada día más fragmentada, y en mayor medida en las comunidades indígenas, quienes no cuentan con instituciones educativas acordes para impartir clases, aunado al poco personal docente, infraestructuras deterioradas, escaso o nulo material o equipo tecnológico para desarrollar sus clases, además que muchos niños prefieren trabajar en las minas a cambio de dinero para ayudar a sus familias que continuar formándose en las instituciones educativas.
Alejandro Lanz, Director General del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela, afirma que lamentablemente hay un maltrato infantil, que tiene sus raíces producto de la misma situación de las comunidades indígenas, donde hay una serie de factores que van marcando ritmo, como la situación ancestral en que vivían antes, lo que los llevo a vivir de las minas, dejando de producir sus ropas y alimentos autóctonos. Los grupos armados irregulares y la minería ilegal hicieron que las comunidades indígenas, y en especial las mujeres, fueran usadas por los mineros para satisfacer sus necesidades sexuales, colocándolos además a trabajar, recibiendo de pago una minoría, llevando a una esclavitud casi inducida y permitida por los padres y las comunidades que muchas veces entregan a los hijos, ya que no tienen como mantenerlos, siendo una situación lamentable pero real. Además hay un grupo de capitanes que se dan la gran vida recibiendo oro de los balseros y de los que trabajan en las tierras y los que producen diamantes y coltán. Los niños no cuentan con colegio, tampoco tienen profesores, ni útiles escolares, mucho menos una buena alimentación. Además de la falta de medicinas y centros de salud, y el Estado venezolano no ha sido capaz de proveer a esos niños, de medicina, de comida ni ropa, afirma.
Los guayaneses y dueños de dragas en el estado Bolívar, que están en las zonas de los ríos Caroní y Paragua, buscan los niños y niñas para ser usados sexualmente, y aunque el Estado venezolano conoce la situación que están viviendo, hacen caso omiso a la realidad, los padres de estos niños tampoco denuncian ya que reciben cantidades de dinero por ello, volviéndose cómplices de la situación de vulneración de sus derechos que padecen los NNA de estas comunidades.
DERECHO A UN AMBIENTE SANO: La organización ha denunciado reiteradamente los daños irreversibles y las afectaciones que causan, no solo al área con mayor biodiversidad del país, sino a los pueblos originarios asentados al sur de Venezuela, la explotación indiscriminada de riquezas minerales y metálicas, tales como oro, diamantes, bauxita, coltán, hierro y cobre, que existen en esa zona.
Ambientalistas, ecologistas y organizaciones de la sociedad civil afirman que la destrucción de la reserva natural más importante que abarca todo el sur de Venezuela, es la peor catástrofe ambiental que haya vivido el país, con el agravante de haber sido amparada por el Estado, que ha permitido y avalado el mayor saqueo de las riquezas minerales bajo la falsa premisa de generar actividades de desarrollo y progreso.
Las comunidades indígenas ven quebrantado este derecho, la minería ilegal trae consecuencias ambientales y socioeconómicas, como la degradación de los suelos y la contaminación del aire, lo cual también implica la pérdida de flora y fauna, así como de recursos hidrobiológicos, afectando a la biodiversidad y a la migración de especies trayendo daños irreversibles al ecosistema, así como diferentes enfermedades a los mineros locales y extranjeros que realizan tareas en las minas, además a las comunidades indígenas que habitan en la zona del AMO, violentando los derechos ambientales y humanos, viéndose incluso obligados a desplazarse interna y externamente de sus comunidades autóctonas; perdiendo sus costumbres y tradiciones al tener que migrar.

CONVENCIONES Y LEYES QUE PROTEGEN A LOS NIÑOS EN VENEZUELA
Si bien es cierto, en Venezuela existen leyes y convenios que protegen los derechos de los infantes, sin embargo, en el caso de los NNA de las comunidades ancestrales son letra muerta. La Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) reconoce sin discriminación alguna a todos los NNA como sujetos plenos de derechos y deberes, atendiendo a los principios de prioridad absoluta e Interés superior. Es de vital importancia que estas leyes sean cumplidas; los niños que hacen vida en las comunidades indígenas deben ser protegidos y resguardados por el Estado venezolano prevaleciendo su bienestar y la seguridad física, psicológica y emocional.
Así mismo, Venezuela hace parte de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la cual fue ratificada el 29 de agosto de 1990 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siendo su aplicación obligatoria para los gobiernos que la han ratificado.
El Estado debe ser el principal garante de los derechos de los NNA, por lo que existen un conjunto de instituciones como el Ministerio Público, tribunales de protección, Defensoría del Pueblo, consejos de protección nacionales, estadales y municipales, organizaciones legalmente constituidas donde se puede denunciar y pedir la protección necesaria en casos de vulneración de los derechos de los niños. El Arco Minero del Orinoco, la extracción ilícita de minerales y las actividades que se realizan al Sur de Venezuela, han llevado a que los sueños e ilusiones de los infantes que habitan en estas comunidades sea minimizados o destruido. Es necesario generar medidas que frenen los abusos a los que son sometidos los niños de las comunidades ancestrales del País. Deben ser penalizados los hechos que atentan contra la vida, la salud, alimentación, recreación, educación y que ha llevado a que los NNA vean la minería ilegal, o los trabajos informales dentro de las minas como medio de subsistencia económica para ellos y sus familiares.
IMPACTO SOCIO AMBIENTALES
La minería ilegal ha llevado al crecimiento de las bandas y grupos armados irregulares que hacen vida en esta zona de la amazonia, rica en minerales. Su implantación ha impactado en daños ambientales, entre ellos, la contaminación del agua en los ríos Caroní, Ikabarú y sus cuencas; provocando daños en los parques nacionales Caura y Canaima, así como en los territorios de las comunidades indígenas Pemón, Yekuana, Akawayo y Yanomami, entre otras; además de la deforestación y la destrucción de suelos fértiles que no solo conlleva a una catástrofe ecológica, sino también afectaciones sociales, siendo uno de ellos el éxodo de miles de personas, escapando de la pobreza y en busca de oportunidades económicas en la minería, o buscando huir de la violencia y abusos generados por los grupos armados irregulares que han violentado los derechos de las comunidades indígenas.
RECOMENDACIONES
- Implementar políticas y leyes más estrictas para regular y controlar la actividad minera, garantizando que se respeten los derechos ambientales, y que se sancione de manera efectiva a quienes participen en la minería ilegal.
- Promover la participación y consulta previa de las comunidades indígenas en cualquier proyecto que pueda afectar su territorio, cultura o forma de vida, de acuerdo con lo establecido en la legislación nacional e internacional.
- Establecer programas de educación y concienciación ambiental dirigidos a la población en general, con especial énfasis en las comunidades cercanas a zonas de minería para fomentar prácticas sostenibles y responsables.
- Fomentar el desarrollo de energías renovables como alternativa a la explotación de recursos no renovables, con el fin de reducir la dependencia de la minería y la explotación de recursos naturales
- Fortalecer los mecanismos de supervisión y vigilancia del Estado para evitar la corrupción y la explotación ilegal de minerales, así como para proteger áreas naturales protegidas y territorios indígenas.
- Establecer programas de educación y sensibilización que promuevan el respeto por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como la prevención del trabajo infantil y la explotación laboral en áreas mineras
- Crear mecanismos de denuncia y protección para los niños, niñas y adolescentes que puedan estar siendo afectados por la minería ilegal, garantizando su acceso a servicios de protección, atención médica y apoyo psicológico.
- Implementar políticas de bienestar social y desarrollo comunitario en las zonas mineras, con énfasis en la protección de los derechos de la infancia y adolescencia, incluyendo acceso a una educación de calidad y oportunidades de recreación y desarrollo integral.
