INDICADORES FRONTERIZOS 004 – OCTUBRE 2022

ANÁLISIS DEL CONTEXTO FRONTERIZO – OCTUBRE

El mes de octubre estuvo marcado por la persistencia de la violencia en el corredor fronterizo venezolano, en donde el estado Zulia siguió siendo el de mayor registro de casos de violencia a raíz de las actividades ilícitas de bandas delincuenciales e irregulares; asimismo, las fuertes lluvias y presencia de ondas tropicales en el territorio nacional durante el mes, han acentuado las dificultades y calamidades de las zonas fronterizas con énfasis en el estado Táchira en donde de acuerdo a las autoridades estadales se han registrado alrededor de 16 fallecidos a raíz del desborde de ríos y quebradas en la entidad. Es menester señalar que, ante la ausencia de políticas públicas en materia de prevención de desastres, los riesgos a los que se exponen los ciudadanos, en medio de los fenómenos naturales que azotan al país, son elevados, tal como quedó en evidencia con lo ocurrido en Las Tejerías, estado Aragua, y la zona del Castaño ubicada en el mismo estado.

Por su parte, la intensificación de violaciones a los derechos humanos de la población de las zonas fronterizas, van desde el recrudecimiento de las limitaciones a las garantías civiles y políticas, hasta el impedimento, por acción u omisión del Estado, del goce de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

LA FRONTEA:  UN GRAN DESIERTO INFORMATIVO

La emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, ha intensificado la progresiva desaparición de los medios de comunicación de carácter convencional, gestando, de este modo, de acuerdo al Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) “un vacío de información en la cobertura de temas regionales y locales que deteriora gravemente la libertad de expresión, y que ponen en riesgo la construcción de una sociedad mejor informada, plural y democrática en el país.”

Esta situación no es ajena a la frontera venezolana, pues de acuerdo a Ipys y su investigación, “Atlas del silencio” para 2020, ya el estado Táchira ocupaba el primer lugar frente al resto de las entidades del país, con 11 municipios sin cobertura de noticias, seguido por el estado Zulia “en la que siete municipios son desiertos, y diez están en riesgo de ser comunidades donde no se produce suficiente información para sus ciudadanos.”

La situación anteriormente descrita, para el mes de octubre de 2022, se ha venido agravando considerablemente, pues el Estado venezolano, a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) ha intensificado su política sistemática de silenciar a las zonas fronterizas del país tras el cierre de 8 emisoras de radio, el pasado 22 de octubre, en el sector de Rubio, municipio Junín, del estado Táchira; siendo estas: Activación Stereo 93.1; La Nuestra 89.9; Pontálida 92.5; Somos 88.3; Esperanza Viva 98.1; Ángel 102.3; Café 90.3; y Explosión Stereo 95, y el cierre de 6 emisoras en el estado Zulia: Sur del Lago 91.9 FM; Gustosa 98.7 FM; Piragua 99.9 FM; Somos 95.5 FM; Zulianísima 102.9 FM; y Fantástica 88.3 FM Con base a lo anterior, queda en evidencia que el acceso a la información pública es cercenado en las zonas fronterizas del país, siendo menester añadir que la situación de desinformación también es motora al sur de la nación, en donde cada vez son menos medios locales los que brindan información a sus habitantes.

Cierres de emisoras de radio

EL SUR DEL PAÍS: UN FOCO DE COMBATE POR EL CONTROL DE TERRITORIOS Y EXPLOTACIÓN DE MINERALES

La zona sur del país se mantiene bajo constante amenaza, debido a la presencia de grupos armados irregulares que tienen bajo su control a una parte importante del territorio venezolano, con el objetivo de practicar la explotación ilícita de minerales como parte de sus actividades económicas para el financiamiento de sus operaciones al margen de la ley; todo ello bajo el silencio del Estado venezolano quien a efectos de promover, en la opinión pública, la narrativa de combate a estos grupos, termina atacando y violentando a comunidades vulnerables de la zona.

Una situación similar sucedió el pasado viernes 28 de octubre, cuando se efectuó la militarización de la localidad minera de Tumeremo, en el estado Bolívar, haciendo uso de una gran cantidad de tanques, volquetes, helicópteros y un gran número de efectivos militares en la zona.

En el marco de esta operación militar, los efectivos realizaron allanamientos que terminaron atropellando a los habitantes, efectuando a su vez la detención arbitraria de 30 mineros de la localidad de Imataca con destino desconocido. En ese mismo orden de ideas, Luis Caraballo, vocero de los Consejos Comunales de la zona, hizo saber que los ataques contra los mineros se produjeron bajo una falsa acusación basada en que los mismos pertenecen a Grupos Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (TANCOL) que es el término que utiliza la administración de Maduro para referirse a grupos adversos al Estado y bajo los cuales justifica acciones desmedidas contra inocentes para simular el combate de los verdaderos irregulares.

 

ENTRE EL MERCURIO Y DERRAMES PETROLEROS, EL AMBIENTE SUFRE EN VENEZUELA

Durante el mes de octubre, se registró un nuevo derrame de petróleo en el oleoducto submarino de PDVSA en Paraguaná, que de acuerdo a fuentes consultadas, se podría tratar del décimo octavo derrame en menos de dos años, desatando con ello, la contaminación de los mares, fauna y flora marina y afectado la posibilidad del desarrollo de actividades económicas como la pesca, lo cual tiene un impacto negativo en la satisfacción de las necesidades básicas de las comunidades que se sostienen a través de esta
actividad.

Una situación similar se registró en el estado Zulia, entidad en la que fue hallado un flamenco cubierto de petróleo dentro de las aguas del lago de Maracaibo; que, de acuerdo a testimonios de habitantes de la zona, existen otro tipo de especies de aves muertas producto de una mancha de petróleo que cada vez se esparce con mayor alcance.

Sucesos, como los reseñados, evidencian que el manejo irregular de la estatal, Petróleos de Venezuela, cada vez genera un mayor impacto en el medio ambiente, tanto como también lo representa la utilización del mercurio al sur del país para la explotación ilícita de minerales por parte de grupos armados irregulares.

En octubre se han profundizado los desplazamientos a Brasil, por parte de comunidades indígenas vulnerables, a raíz de la contaminación de aguas y medios naturales como consecuencia de la utilización de este agente químico para la extracción de oro; esta situación estaría comprometiendo una de las reservas de agua más importantes del mundo, así como la generación de daños irreparables sobre la fauna y flora silvestre.

INSATISFACCIÓN DE RESULTADOS DE ACUERDOS FRONTERIZOS

Pese a la reapertura de fronteras terrestres entre Colombia y Venezuela, los pasos irregulares se mantienen operativos tras la permanencia de grupos armados irregulares que operan dichas rutas en conjunto con funcionarios militares, esta situación fue reseñada por Gustavo Petro, el pasado 27 de octubre de 2022, en el marco de su participación en el diálogo regional vinculante en Cúcuta en donde además expresó su intención de hablar con la administración de Maduro para tomar medidas a favor del cese del tráfico de mercancías por las también llamadas “trochas”.

“Nosotros abrimos la frontera, ojo, la frontera abierta podría ser una posibilidad de prosperidad, pero al cabo de un mes por allí solo han pasado 2,5 millones de dólares en productos para aquí y para allá, ¿y el resto de los productos por donde están pasando?, abrimos el puente, nos dimos la pela, corrimos el costo político y la economía sigue pasando por la trocha”, expresó el mandatario colombiano, quien señaló que tanto militares venezolanos como del país vecino se encuentran inmersos en una dinámica marcada por el cobro de comisión para el paso de mercancías.

En medio de esta situación, es menester traer a colación el esquema de cohabitación que ha sostenido la administración de Maduro con grupos armados irregulares, a quienes se les ha cedido el control de zonas fronterizas como parte de acuerdos que involucran apoyos políticos en procesos electorales, vigilancia de disidentes y opositores y sostén paramilitar como brazo armado para amedrentar y hostigar a comunidades vulnerables que muestren su descontento ante la insatisfacción de sus necesidades básicas,
como consecuencia de las políticas fallidas del Estado venezolano.

En ese sentido, la administración de Maduro atraviesa la dificultad de satisfacer, por un lado, los acuerdos con los grupos armados, irregulares, a quienes incluso simula combatir, atacando a víctimas e inocentes, como ha sido reseñado anteriormente y, por otro lado, los recientes acuerdos con el gobierno colombiano.

 

ESCENARIOS

• Las relaciones internacionales entre Colombia y Venezuela, continuarán siendo marcadas por la demostración de voluntad política para cumplir acuerdos, que en el caso de la administración de Maduro parecen estar condicionadas por muestras simbólicas de encuentro y diálogo, razón por la que probablemente acudió Gustavo Petro a Caracas en los primeros días de noviembre, más allá de la agenda formal sustentada en la propuesta a Venezuela para que reingrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
• Tras el encuentro de Maduro y Petro en Caracas, se colocó finalmente fecha a la reanudación de vuelos comerciales entre ambas naciones, con la peculiaridad de qué compañías privadas, por parte del Estado colombiano, fueron excluidas, así como solo una aerolínea por parte del Estado venezolano fue la autorizada para volar al vecino país, todo llego demuestra que ambos Estados buscan tener un control meticuloso en lo que a fronteras aéreas significa, respondiendo quizás a una evaluación a corto plazo de como continúan o no prosperando las relaciones entre ambos gobiernos.
• Por ahora se vislumbra a un Gustavo Petro silencioso en lo que respecta a denuncias asociadas al Arco Minero del Orinoco, lo cual representa una contradicción con su bandera de salvar la Amazonía, esto al parecer responde al interés de no erosionar las tempranas relaciones con el Estado venezolano; asimismo se observa a una Colombia distante de los asuntos asociados a la investigación de Venezuela en la Corte Penal Internacional.
• Asimismo, se proyecta que la administración de Maduro continuará simulando ataques a los grupos armados irregulares, lo cual representa un riesgo para comunidades vulnerables en zonas fronterizas que puedan estar expuestas a futuros allanamientos.
• Pese a la participación de Nicolás Maduro en la edición número 27 de la Cumbre del Clima, no se proyectan esfuerzos reales por parte del Estado venezolano para combatir el calentamiento global y promover la protección del medio ambiente, pues mientras persista la exportación ilícita por parte de grupos armados irregulares, bajo el silencio de las autoridades venezolanas, el ecosistema de la nación seguirá en riesgo comprometiendo la vida y salud de su población.

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