INTRODUCCIÓN
Diversas situaciones de violencia generadas durante el mes de octubre de 2022 contribuyeron a agudizar las vulneraciones de los derechos humanos de la población venezolana, la cual desenvuelve su cotidianidad en medio del poderío de las bandas criminales y el precario acceso a servicios de salud y educación de calidad. Estas situaciones han impulsado una migración forzada ante la indiferencia del Estado venezolano.
El monitoreo realizado por FundaRedes en los estados fronterizos Zulia, Táchira, Amazonas, Bolívar, Apure y Falcón, así como el seguimiento a hechos relevantes en otras entidades de Venezuela, dejó en evidencia que en el décimo mes del año aumentaron considerablemente los hechos violentos especialmente contra comunidades indígenas en Bolívar y Amazonas, las cuales no solo padecen las acciones de grupos terroristas sino las arbitrariedades de los organismos de seguridad.
Por otra parte, el Estado venezolano insiste en diseñar una estrategia para encubrir la presencia y actuación del ELN y las FARC en territorio venezolano; es así como, presuntamente, ha desarticulado campamentos de operaciones de estos grupos terroristas, pero estas acciones han venido acompañadas de una serie de detenciones arbitrarias que constituyen un patrón reiterativo de violaciones a los derechos humanos.
Homicidios, secuestros, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, actividades relacionadas con el narcotráfico, esclavitud moderna, enfrentamientos entre bandas criminales y agrupaciones guerrilleras por el control del territorio y atentados contra el ambiente y abuso de poder contra la población indígena, constituyen los principales hechos acaecidos durante octubre de 2022.
SÍNTESIS DESCRIPTIVA
La falta de garantías en el país ha aumentado los índices de criminalidad, razón que ha llevado a miles de venezolanos a huir en resguardo de sus vidas. Según la ONU hasta el mes de octubre se tenía contabilizado un total de 7.1 millones de refugiados y migrantes venezolanos en todo el mundo, cifra que ha traído consigo condiciones cada vez más difíciles para quienes cruzan las fronteras en busca de mejores oportunidades.
Foto: AP
Por otra parte, el Arco Minero del Orinoco constituye actualmente no solo un proyecto económico de desarrollo minero, sino también un escenario que pone en riesgo la integridad de las comunidades indígenas que habitan esos espacios. La expansión acelerada de violentas dinámicas extractivistas afectan profundamente la seguridad de la región.
Otro de los acontecimientos de interés en este período fue la decisión de iniciar desde el principio el juicio oral y público contra el director general de FundaRedes Javier Tarazona y los activistas Rafael Tarazona y Omar de Dios García. El proceso se vio interrumpido por la baja médica del juez de la causa. La coordinadora de derechos humanos y documentación de la ONG, Clara Ramírez, recordó que el juicio arrancó formalmente el 16 de agosto y, desde entonces, habían transcurrido seis continuaciones de esta audiencia de manera ininterrumpida, cumpliendo los lapsos de ley.
En otro orden de ideas, debido a la gran cantidad de denuncias emitidas por diversas ONG el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la renovación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela por 2 años más para que continúe investigando las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Desde el año 2019 la Misión ha documentado e investigado casos de violaciones de DDHH en el país, pero además se ha convertido en una luz de esperanza y garantía para tantas víctimas, que luchan para lograr que sus casos no sigan arropados por la impunidad.
El recrudecimiento de la violencia se ha visto reflejado al pasar el tiempo, especialmente en manos de cuerpos policiales los cuales han perpetrado graves vulneraciones contra la integridad de los habitantes y sus propiedades. De acuerdo a Cofavic en un periodo de 10 años se han registrado al menos 14.220 presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios de seguridad del Estado venezolano, siendo el CICPC el organismo con más hechos, con 30% de los casos. La organización también destacó que gran parte de las víctimas han sido jóvenes menores de 30 años y muchos de estos delitos han
quedado sin castigo.
La grave contaminación de las fuentes hídricas en el país, atenta directamente contra el derecho a un ambiente sano. El Observatorio de Ambiente de FundaRedes, Proyecto EPA, denunció que entre los afluentes contaminados se encuentran el río Guaire y Tuy, río Táchira, Lago de Valencia, Valles de los ríos Tocuyo y Aroa, ríos Unare, Neverí, Manzanares, Guarapiche, Lago de Maracaibo y aguas costeras.
También detalló que el alto porcentaje del detrimento de las aguas está asociado a la disminución de cuencas como consecuencia de la deforestación y contaminación con residuos líquidos y sólidos.
El derecho a la libertad de expresión se vio afectado en Venezuela durante octubre de 2022, pues al menos 100 emisoras radiales fueron cerradas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), afectando al personal administrativo, locutores y operadores que no cuentan ahora con un ingreso económico estable para el sustento familiar ni espacios para reivindicar los valores del ejercicio de su profesión y afectando además a la población que pierde espacios importantes para ejercer su derecho a una libre expresión de sus ideas..
La labor de monitoreo y seguimiento realizado desde FundaRedes confirma la condición de indefensión y vulneración en que se encuentran los ciudadanos ante la inacción estatal, pues no existe ningún tipo de garantías y respeto a la dignidad humana. Con la presencia de grupos armados irregulares y bandas criminales en Venezuela la criminalidad ha reflejado un aumento, escenario que sin duda alguna afecta la paz y la cotidianidad en el territorio nacional.
Las reiteradas denuncias realizadas por FundaRedes debido a la vulneración al derecho a la vida, a la educación y al ambiente, en el país, requieren una mirada detallada en cada uno de sus propios contextos locales, la cual ofrecemos a continuación:
ZULIA
La presencia y las acciones de violencia de organizaciones delincuenciales en el estado Zulia cada día se fortalecen debido a la omisión de las autoridades y donde los derechos de sus habitantes son vulnerados ante el sometimiento a dinámicas de convivencia impuestas por estas agrupaciones.
En octubre de 2022 en esta entidad occidental de Venezuela no solo se presentaron graves hechos de violencia que dejaron 14 personas fallecidas, sino que también es un territorio donde el sistema educativo preocupa a docentes, padres y representantes de diversas instituciones que no cuentan con las garantías necesarias, para la prestación del servicio educativo en condiciones de calidad.
Por esta razón el presidente del Sindicato Unitario del Magisterio del estado Zulia, Gualberto Más y Rubí aseguró que 7 de cada 10 alumnos no asistieron a las aulas de clases en el inicio del año escolar 2022- 2023 en la entidad Zuliana. También indicó que en otro estudio que realizaron, ochenta por ciento (80%) de las instituciones escolares estaban en condiciones “regulares” o “malas” para el regreso a clases y solo seis por ciento (6%) de las escuelas están en buen estado.
BOLÍVAR
En el estado Bolívar grupos armados irregulares continúan apropiándose de tierras pertenecientes a las poblaciones indígenas para la explotación de la minería ilegal, pero también los pobladores originarios han padecido los abusos de poder por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. En octubre se conoció del desplazamiento de al menos un mil (1.000) mineros y sus familias, en el sector Imataca, municipio Sifontes del estado Bolívar, como resultado de los atropellos por parte de los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, quienes justifican los hechos en el marco de la “Operación Autana” que se lleva a cabo al sur de Venezuela, con el supuesto objetivo de combatir y desarticular a los Grupos Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia, los denominados Tancol.
De acuerdo a la información suministrada por las víctimas las actividades mineras que realizan son legales puesto que cancelan regularmente los impuestos que solicita la Corporación Venezolana de la Minería por concepto de extracción. Los afectados, entre ellos mujeres y niños, se encontraban sin alimentos, ni condiciones para dormir o resguardarse de las hostilidades y peligros de la zona, lo que constituye una grave vulneración a sus derechos fundamentales.
Aunado esto, la entidad se registró como la más violenta y con el mayor índice de desaparecidos y/o secuestrados, ya que con treinta y cinco (35) casos superó al estado Táchira, el cual se había mantenido como el primero en esta unidad de análisis. Bolívar se ha convertido en un área estratégica para la extracción minera y las acciones criminales más aterradoras.
TÁCHIRA
La vulneración a los derechos humanos ha aumentado dramáticamente en la entidad andina especialmente por los asesinatos de ciudadanos venezolanos en los pasos ilegales y las desapariciones en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña y García de Hevia.
Por otra parte, el escenario escolar también se tornó preocupante en el estado Táchira durante el décimo mes del año, ya que las precarias condiciones de las instituciones y la indiferencia por parte del Estado ha provocado el deterioro de importantes centros educativos. Esta situación ha generado que padres y representantes de varias escuelas recolecten dinero para recuperar las áreas de las instituciones. Es el caso de la Unidad Educativa Estadal Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en la avenida Cuatricentenaria de la ciudad de San Cristóbal, donde representantes y docentes tomaron la iniciativa de arreglar ciertos espacios. Filtraciones en techos, baños en mal estado, lavamos sin grifos y falta de electricidad son algunos de los daños de la escuela dependiente de la Dirección de Educación del estado Táchira.
GUARICO
Robo de ganado y detenciones arbitrarias son las denuncias reiteradas que vienen presentando los habitantes de Altagracia de Orituco, estado Guárico, tras la “Operación Trueno” llevada a cabo por cuerpos de seguridad del Estado. Una de las más representativas en octubre fue la de la señora Noraida Lorca, a quien le hurtaron la cantidad de 157 bovinos, la afectada señaló que el hecho fue cometido por un alto funcionario policial. Innumerables son los casos de atropellos por parte de las autoridades que han sido documentados.
MONAGAS
El estado Delta Amacuro figura como una región donde han proliferado las redes de trata y tráfico de personas ante la desesperación y angustia que sus habitantes padecen por la situación del país y la profunda emergencia humanitaria compleja que ha llevado a muchas personas a migrar. Esta situación no es la única que angustia a los pobladores de este estado, pues diversas comunidades han registrado repunte en los casos de paludismo y enfrentan un brote descontrolado de las palometas peludas, problemática que pone en riesgo su salud y por consiguiente la vida.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Los grupos armados irregulares azotan a las familias establecidas en los corredores fronterizos mediante la ocupación y expropiación de tierras, penetración y control de los centros urbanos, secuestros, extorsiones y amenazas, generando temor y angustia.
Los enfrentamientos en los pasos ilegales dan cuenta de la presencia de grupos armados irregulares y el absoluto control que ejercen en estas zonas donde transitan miles de personas debido a la migración forzada y pendular que ya hace parte de la cotidianidad. Por otra parte, la minería ilegal en manos de bandas, guerrilla y sindicatos, constituye además de un delito a las riquezas naturales de Venezuela, un mecanismo de destrucción ambiental en uno de los ecosistemas más ricos del territorio.
La inacción del Estado vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos como el derecho a la vida, la integridad personal, al trabajo, a la prohibición de desaparición forzada de personas, el derecho al debido proceso, derecho a la igualdad ante la ley, entre otros.
Durante el mes de octubre de 2022 la violencia y criminalidad cometida por grupos irregulares y la omisión de las autoridades contribuyeron a agudizar las vulneraciones de los derechos humanos de la población venezolana, la cual desenvuelve su cotidianidad en medio del poderío de las bandas criminales, el precario acceso a servicios de salud y educación de calidad.