INDICADORES FRONTERIZOS 002 – AGOSTO 2022

ANÁLISIS DEL CONTEXTO FRONTERIZO

La persistencia de la crisis política, económica y social en Venezuela ha impactado con mayor profundidad a los estados fronterizos; en donde, tras la acción cómplice o la omisión del Estado, se ha permitido la instalación de los Grupos Armados Irregulares (GAI) quienes constantemente perpetran los derechos humanos de los ciudadanos que allí habitan. Aún en vísperas de la reapertura de fronteras entre
Colombia y Venezuela, las fronteras del territorio venezolano siguieron siendo para el mes de agosto sinónimo de hostilidad, tensiones y constantes amenazas para sus pobladores.

Esto, se refleja en el aumento de un 50 % de las desapariciones en el corredor fronterizo venezolano en comparación con el mes de julio, donde habían ocurrido 24 desapariciones a lo largo de los estados Zulia, Bolívar, Táchira, Falcón, Apure y Amazonas, mientras que en el mes de agosto la cifra alcanzó los 36 desaparecidos. En dichas entidades se mantiene una persistente disputa entre grupos por control y dominio territorial, trayendo consigo la desaparición de personas y con ello la fractura del desarrollo armónico de los habitantes.

 

Asimismo se registraron 65 homicidios en estos seis estados fronterizos, siendo Zulia, la entidad donde se cometieron más asesinatos, alcanzando un total de 25 homicidios, dos desapariciones y cuatro enfrentamientos armados; lo que demuestra una vez más la falta de atención por parte de las autoridades del Estado venezolano; de igual modo en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela, se contabilizaron 13 homicidios y el mismo número de desapariciones en donde además resulta alarmante que algunos de estos acontecimientos de violencia y las vulneraciones de derechos humanos fueron cometidas por organismos de seguridad. Por otra parte, en Táchira se computaron 18 desapariciones y siete homicidios, al igual que en el estado Apure y Amazonas; mientras que la cifra en Falcón fue de seis homicidios.

Con base a lo anterior se puede afirmar que el corredor fronterizo venezolano se ha convertido en un espacio geográfico idóneo para el funcionamiento de las estructuras criminales organizadas que en la ejecución de acciones asociadas al crimen como el tráfico de droga, la minería ilegal y la trata de personas socavan los derechos fundamentales de la ciudadanía, impactando distintas áreas prioritarias para el desarrollo de una sociedad, en medio de un Estado cuyas políticas han resultado fallidas y hasta cómplices en la preservación de un contexto opresivo y hostil.

ABUSOS DE LA FUERZA PÚBLICA ATENTAN CONTRA LOS CIUDADANOS

Durante agosto se ha evidenciado como funcionarios policiales y militares en vez de actuar contra los grupos armados irregulares que ya de por si socavan la tranquilidad y paz de la ciudadanía en los estados fronterizos, han venido sosteniendo acciones que abusan y amenazan la integridad de quienes habitan en este sector del país:

Las violaciones del derecho al libre tránsito son una constante sufrida por transportistas que cubren la ruta desde Maracaibo , estado Zulia hasta la línea limítrofe con el Departamento de la Guajira colombiana, puesto que son objeto de cobros ilegales por parte de agentes de seguridad del Estado venezolano en los puntos de control o alcabalas, quienes aun con los papeles en regla son obligados a pagar una cifra en moneda extranjera o ser víctimas de la retención de sus vehículos con los cuales laboran.

 

Esta situación no es distinta en el estado Táchira, en donde durante agosto Asdrúbal Ortiz, quien es el Coordinador para la región occidental de la ONG Consorcio Desarrollo y Justicia, ratificó la existencia de más de ocho (08) puntos de control de la Policía Nacional Bolivariana desde Colón, municipio Ayacucho hasta La Tendida, municipio Samuel Darío Maldonado del estado Táchira. Estos puntos de control funcionan para extorsionar a los conductores, quienes en su mayoría son productores o comerciantes que utilizan dichas vías principales para distribuir materia prima o procesada a la capital del Táchira o interior del país.

Por otra parte, también se visibilizó la realidad que viven los ciudadanos san cristobalenses ante estas arbitrariedades de los agentes de seguridad del Estado, “El punto de control de El Cucharo anteriormente era un verdadero punto de emergencia del 171, y ahora la PNB lo convirtió en el primer punto de martillo en San Cristóbal” y “Cerca del Terminal de Pasajeros, en La Concordia, cerca del antiguo edificio Zarina, existe un punto de control que “ponen cuando quieren una moto, un cono, y le revisan hasta los bolsillos a todos los que pasan por allí”.

Esta situación constituye un patrón para el enriquecimiento ilícito de los funcionarios del Estado, e incluso de los integrantes del ELN y las FARC, como lo denunció Javier Tarazona el 26 de febrero del año 2021: “Más de 90 alcabalas ilegales instaladas a lo largo del estado Táchira, sirven para la extorsión y el financiamiento de los cuerpos de seguridad y de los grupos armados irregulares, y se han convertido en una herramienta de control social que usa como excusa la pandemia para vulnerar los derechos a los ciudadanos. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y sus frentes 1, 3, 21, y 33 tienen al menos 5 alcabalas instaladas en el Táchira, mientras que las Fuerzas Armada Revolucionarias de Colombia (FARC) tienen 4 de estos puntos”.

Finalmente, en agosto en Sierra Parima , indígenas denunciaron la muerte de cinco personas en el sector minero Taboca, entre la frontera de Venezuela y Brasil, por parte de supuestos militares. Los perpetradores del crimen utilizaron armas largas para matar a estos ciudadanos que se hallaban en un campamento minero. Ante el suceso, comunidad indígena de este sector, al igual que familiares del único identificado piden que se haga justicia; también exigen a las autoridades militares venezolanas que investiguen la referida masacre.

 

LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES: GRUPO VULNERABLE DE ALTO RIESGO

 

La existencia de redes de trata y tráfico de mujeres ha sido una constante del mes de agosto que expone gravemente a las mujeres, niñas y adolescentes que habitan en las entidades del corredor fronterizo venezolano, tal como se evidencia en los sucesos que se reseñan a continuación:

El 10 de agosto, funcionarios del Servicio de Investigación Penal de la Policía del estado Delta Amacuro , atraparon a delincuente que mantenía secuestrada 9 adolescentes con intenciones de trasladarlas hasta Trinidad y Tobago para venderlas al mercado de esclavas sexuales. De acuerdo a testimonios del comisario Jackson London, comandante de Polidelta, acompañado de José Galindo, director del SIP, se conoció que las menores llevaban veinte días secuestradas en una vivienda de un sector de Tucupita.

Una situación similar se vivió en el estado Táchira , cuando lograron ser rescatadas dos jóvenes provenientes de Guanare (Portuguesa) que presuntamente serían vendidas a una red de trata de personas en Colombia. Los implicados fueron detenidos por agentes del CICPC en San Antonio del Táchira, municipio Bolívar, cuando se disponían a trasladarlas por los pasos ilegales del área limítrofe colombo-venezolana. Este tipo de acontecimientos demuestra las continuas operaciones de grupos armados irregulares dedicados a atentar contra la integridad física y psíquica de las personas, mayormente en el corredor fronterizo. Este patrón lo ha venido denunciando FundaRedes, tal como se tuvo la oportunidad de hacer en junio del presente año en donde la Coordinadora de Documentación Clara Ramírez acotó que “Estos niños, quienes son los más vulnerables, son captados por estos delincuentes quienes los observan como si fuesen algún tipo de mercancía, eligiendo a los que puedan realizar algún tipo de trabajo forzoso y en el caso de las niñas, forzadas a la prostitución, o permanecer como víctimas de las mafias que operan en la frontera”.

 

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE BAJO ASECHO

La falta de inversión pública y mantenimiento en la infraestructura petrolera y de servicios públicos ha traído consigo un impacto medioambiental que pone en riesgo a poblaciones que habitan en zonas de explotación de recursos naturales, una muestra de ello son los derrames de petróleo que han impactado en la forma de subsistencia de más de cincuenta familias en el estado Zulia.

Asimismo, la afectación de los ecosistemas marinos asociados a presencia de desechos sólidos, fugas de gas y petróleo en las costas del país, afectan gravemente a los pescadores, turistas y habitantes de pueblos costeros quienes denuncian la aceleración y degradación de las costas marinas y el deterioro de su alimentación, ambiente y salud.

En el mismo orden de ideas, el 16 de agosto, se publicó en los diferentes medios de comunicación una nueva rotura de la tubería de agua potable que surte los estados Sucre y Nueva Esparta, a la altura de la playa El Peñón en la ciudad de Cumaná, en el Manglar Punta del Este. Frente a este hecho, vecinos de la zona comentaron que alcanzaron hasta tres semanas con esta problemática ambiental que afecta además el derecho a la salud y al agua potable de los ciudadanos, a lo que también se suma otra denuncia, generada por pescadores que para el 17 de agosto llevaban 43 días con una fuga de gas en la tubería submarina que pertenece a Pdvsa Occidente y que atraviesa el golfete de Coro para llegar al Complejo Refinador Paraguaná (CRP). Esta situación ha hecho que de 35 embarcaciones que pescaban en la zona solo 1 ha continuado con sus labores de pesca, debido a la contaminación que se encuentra en el lugar y que les imposibilita seguir con dinámicas laborales y comerciales.

Por otra parte, otra problemática ambiental que ha venido en aumento es la tala indiscriminada de árboles, que en esta oportunidad específica se observó en el Liceo militar Jáuregui de la Grita, estado Táchira. Donde al menos unos 20 ejemplares habrían sido talados, tanto en el área del acceso principal al campus del liceo, como en varias secciones de la cerca perimetral, todo esto a fin supuestamente de realizar construcciones en el lugar, escenarios que estaría llevando a diversas problemáticas en materia ambiental en el lugar y que afecta a los pobladores y vecinos a este recinto educativo.

 

De igual modo la presencia de la minería ilegal en el arco minero del Orinoco ha incrementado en al
menos 250 mil metros cuadrados de bosques intervenidos y degradados por causa del extractivismo
aurífero en lo que va de año 2022 en bajo Caura del estado Bolívar, lo que lleva a la afectación ambiental
y perdida de la biodiversidad irreparable para los venezolanos.

LA CONFLICTIVIDAD AUMENTA EN EL SECTOR EDUCATIVO

Agosto estuvo marcado por la persistencia de las protestas por parte del magisterio venezolano, en contra
del accionar de la Oficina Nacional de Presupuesto, la cual redujo entre 40 y 70% los ingresos de todos los
empleados públicos. En ese sentido, a pesar del cambio de su directiva por parte del Estado, el
procedimiento aplicado en las últimas semanas ha sido el mismo, razón por la que la conflictividad se
mantiene a través de movilizaciones en todo el país a favor de los derechos laborales de los maestros
venezolanos.

En medio de estas protestas, las federaciones, sindicatos, gremios, trabajadores y los propios estudiantes,
también han venido exigiendo a la administración de Nicolás Maduro que las aulas de clases y las
infraestructuras de los planteles educativos estén en condiciones óptimas para el retorno de las
actividades presenciales el próximo 1 de octubre. A lo que igual denuncian que no va alcanzar el tiempo
para arreglar todos los centros educativos, porque la negligencia del Estado ha sido tal, que cerca del 60%
de la infraestructura del país se mantiene en condiciones deplorables.

 

ESCENARIOS:

• Con la apertura de fronteras entre Colombia y Venezuela el próximo 26 de septiembre, se tiene
  previsto que se dinamice un poco más el comercio en el corredor fronterizo venezolano, sobre todo
  en la frontera de Táchira con Cúcuta, sobre las cuales existen importantes expectativas luego de
  alrededor de 3 años cerradas oficialmente.
• Aún así más allá de lo concerniente al comercio, no se prevé que la apertura de fronteras represente
  una disminución de las operaciones por parte de los grupos armados irregulares en territorio
  venezolano ya que estos han venido actuando con la venia del régimen de Nicolás Maduro, por lo
  que un cambio en esta materia solo podría venir a partir de una eventual e hipotética denuncia por
  parte de Gustavo Petro, en la que el régimen venezolano acepte a colaborar en el combate y
  entrega de líderes de las disidencias de las FARC y posibles disidencias del ELN, que podrían surgir a
  raíz de que algunos sectores de dicha organización armada al margen de la ley no decida sumarse
  a los procesos de paz iniciados por recientemente por Colombia.
• Sin embargo, mientras el Estado venezolano este administrado por actores que actúan al margen de
  la ley y sostienen relaciones vinculadas al crimen organizado, el narcotráfico y otras actividades
  derivadas de estas, es probable que no exista la voluntad política de erradicar la presencia de grupos
  armados irrgulares en territorio venezolano aún cuando se dinamicen las relaciones oficiales entre
  Colombia y Venezuela.
• La crisis económica del país junto a la falta de institucionalidad en los organismos de seguridad del
  Estado, seguirán dando espacio a la extorsión por parte de funcionarios policiales contra los
  conductores en puntos de control. Aún así habrá que monitorear la implementación, respeto y
  ejecución de la nueva resolución conjunta entre el Ministerio para la Defensa y el Ministerio de
  Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela del 12 de septiembre , en donde se aprobó que las
  personas puedan grabar los procedimientos que ocurren en los puntos de control de funcionarios de
  seguridad del Estado. Si bien esto es un derecho constitucional y no debería prohibirlo o permitirlo el
  gobierno, más allá de garantizarlo; dicho anuncio podría hacer que los ciudadanos puedan
  defenderse de la extorsión.
• La lucha sindical contra la ONAPRE ha de persistir hasta tanto el mecanismo de asignación de salarios
  no reconozca las reinvindicaciones del sector público, que incluso haciéndolo se estaría lejos de
  satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores quienes se encuentran sometidos también ante
  los niveles de alza del dólar e inflación consecuente de la falta de producción nacional.
• La amenaza al ambiente y grupos vulnerables como mujeres, indígenas y otros, ha de mantenerse
  debido a la ausencia de un Estado de derecho capaz de combatir la minería ilegal y crímenes
  asociados a la trata de personas.