INTRODUCCIÓN
En medio de la emergencia humanitaria compleja que agobia a Venezuela, la constante vulneración de los derechos humanos se hace cada día más palpable, mientras la situación para las familias venezolanas se ha vuelto cada vez más precaria. Los grupos armados irregulares y las bandas criminales con alto poder de fuego, actuando en múltiples ocasiones en complicidad con los cuerpos de seguridad del estado,
encuentran en la fragmentación social, espacio para afianzar su control sobre las comunidades más deprimidas.
Entidades, históricamente menos violentas como Falcón, han venido experimentando en tiempos recientes un gradual aumento de incidencias que a la fecha ubican a este estado costero como el tercero más violento de toda la línea fronteriza venezolana. Los territorios olvidados se convierten en dominios para el contrabando, el narcotráfico y el tráfico de personas, delitos directamente asociados a vulneraciones del derecho a la vida, la seguridad personal, la propiedad y la paz ciudadana.
Los cuerpos de seguridad, lejos de garantizar esa paz y seguridad tan necesarias para la recuperación económica, se convierten en piezas claves dentro de la estrategia violenta que se desarrolla en los territorios fronterizos venezolanos, tomando partido hacia algunas de las partes en conflicto, estableciendo alianzas y pactos para obtener beneficios económicos de las actividades ilegales; o constituyéndose en sí mismos en fuerzas de perturbación mediante acciones desproporcionadas que afectan al ciudadano común y que en ocasiones llegan a materializarse como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Los cuerpos de seguridad, lejos de garantizar la paz y seguridad, se convierten en piezas claves de la estrategia violenta en los territorios fronterizos venezolanos
Este tipo de acciones han trascendido los territorios fronterizos, espacios donde son relativamente comunes y ahora afectan algunas entidades del interior del país, a la que también se han extendido desde hace algunos años las megabandas y las guerrillas para establecer rutas estratégicas de comercio o controlar fuentes de ingresos adicionales a través de la extorsión a grandes terratenientes. Repitiéndose por parte de los cuerpos de seguridad, el patrón de abusos antes descrito.
Es importante llamar la atención sobre el fortalecimiento del tráfico de armas y municiones en toda la zona de influencia del Arco Minero del Orinoco, donde la accesibilidad a importantes ingresos económicos y la violenta competencia por el control de las minas lleva a una desenfrenada carrera armamentista entre los grupos armados que pugnan por el control de estos territorios.
En materia ambiental, los derrames petroleros y las fugas de gas son una constante que existe en las costas venezolanas, sin que la estatal PDVSA o el Estado venezolano actué para frenar este ecocidio que está acabando con el reservorio de peces, flora, fauna y provocando además una destrucción ambiental irreparable en el océano, mientras en el Arco Minero del Orinoco se hace cada vez más evidente la rápida degradación de algunas de las áreas naturales más hermosas de la Tierra a través de la deforestación y la destrucción de especies enteras de plantas y animales.
SÍNTESIS DESCRIPTIVA
La violencia continúa siendo protagonista en las entidades fronterizas de Venezuela y al cerrar la primera mitad del año 2022, el estado Zulia se mantiene liderando el recuento y documentación de hechos violentos que adelanta FundaRedes, principalmente por su elevada incidencia de homicidios y enfrentamientos armados. El estado Bolívar se ubica como la segunda entidad más violenta de los espacios fronterizos. Mientras que para este mes el estado Falcón ocupa el primer lugar en desapariciones y/o secuestros, desplazando a Táchira, que hasta hoy había ocupado esta posición.
En las trochas que comunican a Táchira con el departamento colombiano de Norte de Santander, se encuentran apostados miembros del ELN y de la banda El Tren de Aragua, e incluso de otras bandas criminales que actúan intermitentemente en estos territorios a uno u otro lado de la frontera, cometiendo todo tipo de delitos.
Paralelamente, espacios que desde hace años permanecen controlados de forma simultánea por diversas organizaciones criminales vienen siendo objeto durante las últimas semanas, de agresivas prácticas militares, presuntamente orientadas al combate de estas estructuras irregulares armadas. Sin embargo, la falta de transparencia en la divulgación de estas acciones que son compartidas escuetamente y sin cifras oficiales mediante las redes sociales, la manipulación mediática aunada a la censura informativa hacia la prensa libre, y el evidente uso propagandístico pro gubernamental cimentado en estas pretendidas acciones, hacen poco fiables los escasos datos suministrados e incluso ponen en duda la veracidad misma de los hechos divulgados.
Según la versión oficial, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha desmantelado 257 estructuras de campamentos de los denominados grupos Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol) en los estados fronterizos. Del total de estructuras destruidas 202 eran para la fabricación de explosivos, 32 para servicios logísticos y 23 a laboratorios para la producción de cocaína, informó este jueves el jefe del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, durante el balance de la Operación Escudo Bolivariano 2022, desplegada hace cinco meses.
También se informó que están neutralizadas 16 aeronaves, 46 pistas clandestinas se inhabilitaron en los últimos 30 días, se desactivaron 1.647 artefactos explosivos improvisados y 1.397 bombonas; al tiempo que se anunció la incautación de 52 armas cortas y 63 armas largas, 24.700 cartuchos, 880 cargadores nuevos, 55 morteros improvisados y 19 granadas. De igual manera, fueron neutralizadas 26 embarcaciones; 14 vehículos (carros bombas), y dos submarinos, los cuales poseían una capacidad de transportación de entre 2.000 – 2.500 kilos de cocaína.
Guárico, pese a no ser una entidad fronteriza, es objeto de una intervención militar y policial debido a la alta presencia de organizaciones violentas que están actuando en sus territorios, sin embargo, los llamados “operativos de seguridad” han violentado de manera reiterada los DDHH de comerciantes, empresarios y familias en general en Altagracia de Orituco, municipio José Tadeo Monagas, manifestándose en
detenciones arbitrarias, allanamientos sin órdenes judiciales, represión y extorsiones.
Falcón constituye un territorio cada vez más atractivo. Allí los grandes cárteles han acondicionado aeropuertos clandestinos destinados a la operatividad propia del tráfico de estupefacientes, debido a su relativa cercanía a la capital venezolana y su accesibilidad a través del mar Caribe, hacia las islas de Aruba, Curazao y Bonaire.
En materia ambiental, durante Junio se registraron noticias como las aguas desbordadas en el estado Bolívar, incendio de desechos y basura, derrame de petróleo, tratamiento de aguas residuales, contaminación en el lago de Maracaibo. Mientras en la Amazonía la minería ilegal sigue estando cada vez en mayor auge ante la permisividad de los cuerpos de seguridad del Estado al no frenar el ecocidio que se vive en el AMO que ha traído enfermedades, violencia, contaminación y muerte.
Estos sucesos acaecidos en los territorios de frontera y otros estados al interior de Venezuela, confirman una vez más las denuncias e incidencias hechas desde FundaRedes en relación a la presencia, permanencia y actuación de los GAI en buena parte del territorio nacional y requieren una mirada detallada en cada uno de sus propios contextos locales, la cual ofrecemos a continuación:
Los cuerpos de seguridad del Estado no hacen ningún esfuerzo por frenar el ecocidio que se vive en el AMO y que ha traído enfermedades, violencia, contaminación y muerte.
ZULIA
Los hechos violentos se han convertido en sucesos cotidianos para los habitantes del estado Zulia, pero principalmente para quienes residen en los municipios de la zona sur del lago de Maracaibo, donde La Cañada de Urdaneta destaca especialmente por la cantidad de muertes registradas en su jurisdicción. En Jesús María Semprún la FANB destruyó un campamento utilizado por guerrilleros para almacenar armas de alto calibre, con las que realizan sus actividades al margen de la ley. Dos fectivos militares fueron víctimas de minas anti personales en Santa Bárbara del Zulia, estado Zulia, causándoles graves heridas e incluso amputaciones. En lo que respecta a los enfrentamientos armados, éstos son más frecuentes en la capital Maracaibo y el municipio Miranda, donde los cuerpos de seguridad constantemente chocan con algunas de las múltiples organizaciones delincuenciales que han proliferado en la zona, y entre las que destacan las bandas de “El Oso”, “El Chuky”, “El Caracas”, además de registrarse enfrentamiento entre civiles y “Piratas de Carretera”. En varios sectores de Maracaibo de han detectado redes activas de prostitución infantil, operando en las comunidades más vulnerables del municipio capitalino. Las autoridades estadales han rescatado a más de 50 menores entre los 14 y 17 años de edad, quienes han sido víctimas tanto directa como indirectamente de esta deleznable práctica delictiva.
BOLÍVAR
En medio de los constantes enfrentamientos generados por la disputa en el control de la explotación minera y de sus territorios estratégicos, donde participan grupos armados irregulares, bandas criminales y miembros grupos de mineros ilegales, Bolívar se posiciona como la segunda entidad más violenta de la frontera venezolana. Allí la acción de los grupos armados y bandas criminales, además de vulnerar la seguridad y la paz de los habitantes y especialmente de las tribus indígenas autóctonas del lugar, genera un grave daño al Ambiente, que se ha visto deteriorado por la minería ilegal que usa metales pesados altamente contaminantes para la extracción del oro, afectando seriamente la fauna y la flora que forman parte del frágil ecosistema selvático.
Esta misma explotación ha generado un severo impacto social en las comunidades aborígenes, que se ven mancilladas, degradadas, violadas, acosadas, hostigadas, utilizadas para trabajos forzados, prostitución y todo tipo de situaciones que violentan su integridad física y mental.
FALCÓN
La creciente criminalidad que ha registrado Falcón en los últimos meses, la ubica como la tercera entidad en el índice de violencia registrado por FundaRedes. En esta entidad se han instalado grupos armados irregulares y bandas criminales que se han ido trasladando a Falcón procedentes de varios estados elevando la incidencia de criminalidad asociada a delitos como extorsión, secuestros, homicidios, hurtos.
APURE
Primero vapuleada por los cruentos enfrentamientos entre diversas facciones guerrilleras y luego azotadas por una fuerte avanzada militar que señala como sospechosos de terrorismo a todos los habitantes de la zona, la llanura apureña ha vivido esta primera mitad del 2022 inmersa en una zozobra permanente. La opacidad de la información oficial contrasta con las denuncias de atropellos y abusos de autoridad, que en voz baja hacen los habitantes de las zonas rurales donde la guerrilla ha mantenido presencia y hegemonía durante los últimos años y en los que recientemente han sido desmantelados laboratorios de drogas, refugios estratégicos y desmontadas cientos de minas antipersonales, según los escuetos recuentos oficiales que no precisan a qué grupos pertenecen estos pertrechos, ni mucho menos identifican correctamente a los responsables de estos delitos.
AMAZONAS
Además del alto impacto social, económico y ambiental que para Amazonas representa la proliferación indiscriminada de minas para la explotación ilegal de oro, que ha atraído la presencia de diversas agrupaciones criminales y guerrilleras; la selva amazónica también comienza a perder espacios vitales que están siendo destinados al cultivo de estupefacientes o a la construcción de pistas clandestinas y
laboratorios de procesamiento, controlados por estos mismos grupos armados en alianza con cárteles internacionales y con la participación activa o pasiva de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Esta conjunción de factores está impulsando un acelerado crecuimiento del comercio de armas y municiones en la zona.
La combinación de oro, drogas y grupos armados en el área de influencia del AMO impulsa el comercio ilegal de armas y municiones.
TÁCHIRA
Aunque las desapariciones, los secuestros y homicidios lideran el índice de hechos violentos en esta entidad con particular movilidad transfronteriza, esa misma característica la hace espacio propicio para otros delitos como extorsiones, cobro de vacunas, narcotráfico, contrabando de todo tipo de materiales estratégicos y productos industrializados, hurto y tráfico de drogas y de autos de alta gama, que son robados a un lado de la frontera y pasados al país vecino para su comercialización.
Al cierre de junio del 2022, en Táchira se registra a los municipios Fernández Feo, Bolívar y Ayacucho con mayores hechos de violencia, en cuanto a homicidios y desapariciones y/o secuestros. Destaca entre los casos de homicidios documentados este mes, el de Adelmo Cifuentes Aguirre, alias “Bateman”, quien era jefe de la guerrilla del ELN, activamente buscado en Arauca, de acuerdo a la prensa colombiana, asesinado de varios disparos en el sector El Variante del municipio Fernández Feo. Portaba cédula de identidad venezolana signada con el número V-20.900.770, y estaba inscrito en el Registro Electoral Permanente con derecho al voto en la Escuela Primaria Bolivariana Mata de Brecharía, sector Caño Gaital, Tres Esquinas, parroquia Urdaneta, municipio Páez del estado Apure.
GUARICO
En Valle de La Pascua, municipio Leonardo Infante, fue lanzado un artefacto explosivo en un local comercial del sector, el cual detonó causando graves daños a la sede aunque sin pérdidas o lesiones a personas. Esto evidencia que los GAI siguen operando libremente en esta entidad llanera, donde el patrón generalizado es la extorsión para el cobro de “vacunas” a comerciantes y empresarios. Recientemente se han producido despliegues de la FANB a través de la llamadas Operación Trueno, que en teoría busca desarticular al la banda criminal El Tren del Llano, pero que en la práctica desemboca en allanamientos sin órdenes judiciales, detenciones arbitrarias, represión y extorsión, lo cual genera un clima de inestabilidad en la paz colectiva del estado Guárico. Hasta la fecha el Estado venezolano no ha presentado informes o balances sobre las acciones de tal operación militar, mientras que a diario siguen presentándose estos hechos inefables que atentan contra la vida, el derecho al trabajo e integridad física de los ciudadanos guariqueños, quienes siguen a la espera que ocurra un pronunciamiento por parte de las autoridades sobre este hecho, y los demás hechos acaecidos y no resueltos.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Grupos armados irregulares y bandas criminales, en complicidad con los cuerpos de seguridad del Estado, cometen constantes violaciones de carácter estructural y sistemático contra el derecho a la vida, a la libertad personal, a la seguridad e integridad personal, al libre tránsito, a la propiedad privada y a no ser sometido a desaparición forzada, entre otra serie de situaciones.
El asesinato en Táchira del líder del ELN, alias “Bateman”, es consecuencia de la cruenta guerra que, desde hace seis meses libran en territorio venezolano el ELN y diversas facciones de las disidencias de las FARC, siendo constante el patrón de enfrentamientos armados que han tenido como principales escenarios los territorios de Apure, Zulia y algunos espacios de Táchira.
Las acciones militares desarrolladas en Apure, Guárico y Zulia dejan tras de sí más dudas que certezas, y parecieran estar destinadas a generar una matriz de opinión nacional e internacional sobre la supuesta defensa de la soberanía y la seguridad de los ciudadanos, aunque luego de casi dos meses no han afectado en nada la presencia y actuación de los GAI y por el contrario, sus constantes atropellos y abusos de poder contra la ciudadanía, generan miedo e incertidumbre entre los habitantes de la zona.
El asesinato en Táchira del líder del ELN, alias “Bateman”, es consecuencia de la cruenta guerra que libran en territorio venezolano el ELN y diversas facciones de las disidencias de las FARC.
Las guerrillas y las bandas asociadas a cárteles del narcotráfico internacional, han convertido al país en un espacio útil para el procesamiento y tráfico de estupefacientes, situación que se evidencia en la creciente existencia de pistas clandestinas y laboratorios improvisados en espacios rurales, alejados de la mirada pública, y auspiciados por la indiferencia o incluso la complicidad de los cuerpos de seguridad venezolanos.
La presencia de cada vez mayor número de organizaciones armadas, ha estimulado el tráfico y la comercialización ilegal de armas, tanto en Amazonas como en toda el área de influencia del Arco Minero del Orinoco, introduciendo un nuevo factor de perturbación y violencia. Las comunidades indígenas son las más perjudicadas por esta conjunción de factores que les convierte en objeto de violaciones directas de sus derechos humanos y destruye además sus tradiciones ancestrales.
Las pistas clandestinas, sirven además de a los cárteles del narcotráfico, a las organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de armas de guerra, mientras las municiones son suministradas vía terrestre por pequeños contrabandistas locales, con presumibles vínculos al interior de los cuerpos de seguridad del Estado.
Hay una migración silenciosa de integrantes de bandas criminales que se mueven de las zonas álgidas afectadas por intervenciones militares o policiales, hacia estados estratégicos pero históricamente menos conflictivos, pues encuentran en estos territorios espacios propicios para esconderse de las autoridades que les buscan en sus estados de origen, usualmente Zulia, Yaracuy o Guárico.
Se ha demostrado que en Venezuela existen minas anti personales que constituyen un peligro inminente contra la seguridad de los ciudadanos, y cuyo único responsable es el Estado, bien sea por acción u omisión.
Tan vital es garantizar el acceso al agua potable, como tratar las aguas luego de su uso. Lamentablemente, ni uno ni el otro se está garantizando en Venezuela, y los objetivos de desarrollo sustentable vinculados con el agua están lejos de cumplirse.
