La movilidad humana es el hilo conductor de los acontecimientos que se registran en las fronteras venezolanas durante el mes de febrero. Tanto la migración impulsada por la emergencia humanitaria compleja que obliga a muchas familias a arriesgar incluso sus vidas en busca de mejores oportunidades; como los desplazamientos masivos producto del conflicto armado no internacional que se libra en la frontera del sur de Venezuela.
Dentro del movimiento poblacional impulsado por la crisis económica y social generalizada, se evidencian algunos patrones migratorios. Por una parte, la migración marítima se produce en embarcaciones precarias que transportan personas de manera irregular hacia las islas del Caribe, especialmente hacia Trinidad y Tobago, pese a las duras restricciones migratorias y las constantes deportaciones impuestas por las autoridades. En lo que va del año 2022, al menos tres niños han muerto cuando en compañía de sus padres intentaban ingresar a otros países en búsqueda de un mejor futuro.
Por otra, el transitar fronterizo de los caminantes no cesa, la Fundación Venezolanos en Cúcuta, (AFAFUNVECUC), estima que unas mil personas salen diariamente por la frontera de Venezuela, en búsqueda de mayores oportunidades laborales y de subsistencia, inexistentes actualmente en el territorio venezolano. Se observa además, un notable incremento entre quienes intentan llegar a Estados Unidos cruzando la frontera mexicana, incluso viajando a pie en una travesía que les lleva a atravesar la mortífera selva del Darién (Panamá); y el endurecimiento de las condiciones migratorias hacia los venezolanos en más de una veintena de países.
En las calles y semáforos de las ciudades de la frontera de Venezuela, es cada vez más común encontrar a niños, niñas y jóvenes que se dedican a limpiar los vidrios a los carros, vender caramelos y golosinas, frutas, o simplemente pedir dinero a conductores y transeúntes. Ello deja en evidencia la emergencia humanitaria compleja que atraviesan las familias venezolanas, que no pueden velar por la educación de sus hijos. Una educación que representa también un reto para los docentes y demás trabajadores, debido a los bajos salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades prioritarias de ellos y sus familias.
Para las comunidades indígenas la realidad no es diferente, la vulneración que viven estos habitantes es preocupante e impulsa el flujo migratorio más vulnerable, con días de tránsito por la selva, en condiciones de salud precarias, abundantes casos de desnutrición y despojados de sus medios tradicionales de subsistencia.
Mientras tanto, en el corredor Apure-Arauca, los enfrentamientos entre el ELN, las FARC y el Ejército venezolano, han impulsado una ola de desplazamiento interno y un péndulo migratorio transfronterizo que se mueve al vaivén del propio conflicto, cruzando de un lado a otro de la frontera, según una correlación inversamente proporcional a cómo se mueven los grupos en conflicto.
A lo largo de toda la frontera, la violencia es una constante, y prueba de ello es que según las cifras documentadas por FundaRedes, en el espacio limítrofe comprendido por Táchira, Zulia, Barinas, Apure, Amazonas y Falcón, se registra en febrero un promedio de dos asesinatos cada 24 horas, aunque se observa un leve descenso en comparación con las estadísticas del primer mes del año.
Queda en evidencia la falta de respuestas asertivas y efectivas por parte del Estado venezolano, para garantizar la salud, la integridad, la seguridad y la vida de sus ciudadanos.
SÍNTESIS DESCRIPTIVA
La falta de garantías, servicios y calidad de vida que definen la emergencia humanitaria compleja venezolana, se ven reflejados en la migración, que alcanza ya cifras récords a nivel mundial; cifras que han traído consigo condiciones cada vez más duras para quienes cruzan las fronteras en busca de mejores oportunidades, situación que en los primeros dos meses de 2022 costaron la vida a al menos tres niños que viajaban en compañía de sus padres.
El 18 de enero, Victoria Lugo, de 7 años, murió ahogada en el Río Grande, mientras junto a su madre intentaba entrar desde México a Estados Unidos. Keiler Vargas, de 2 años, falleció en el recorrido entre Perú y Bolivia tratando de llegar a Chile el 29 de enero. Y la noche del sábado, 5 de febrero, un bebé fue asesinado por disparos de las autoridades, cuando viajaba en brazos de su madre, en una lancha que intentaba ingresar a Trinidad y Tobago, con al menos 20 migrantes venezolanos.
Los estados fronterizos de Venezuela son los más expuestos a la presencia de grupos armados irregulares debido a su ubicación geográfica y estratégica hacia otros puntos que funcionan como corredor para las actividades ilícitas entre las cuales están la minería ilegal, el narcotráfico, el reclutamiento y el trabajo forzoso a comunidades indígenas en zonas mineras. No obstante, la producción de droga también es el fuerte de estos grupos que actúan con total complicidad del Estado venezolano.
Durante el mes de febrero, en los seis estados fronterizos monitoreados de forma permanente por FundaRedes, se registraron (67) homicidios, (37) desapariciones y/o Secuestros y (17) enfrentamientos armados; evidencia de que estos territorios de frontera se han convertido en espacios sin ley, imposibilitados para ofrecer seguridad a los ciudadanos.
La constante ola de violencia generada por los grupos armados irregulares (GAI) en el corredor fronterizo Apure- Arauca afecta de manera permanente a la población civil que huye de los conflictos en un intento por preservar sus vidas, en medio de una constante zozobra por la presencia de GAI quienes ejercen sus propias reglas y practican el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y quienes incumplen las leyes impuestas por ellos se ven sometidos a trabajos forzosos por meses e incluso terminan muertos dependiendo del caso.
Comunidades indígenas que pese a sus tradiciones y culturas ancestrales buscan nuevos horizontes, que les garantice la alimentación de sus familias, como es el caso de integrantes de la etnia “wayuu” perteneciente al estado Zulia, quienes muchos de ellos poseen doble nacionalidad siguen cruzando la frontera para trabajar, la mayoría se va a Colombia, Perú y Chile. Según el coordinador del Comité Derechos Humanos de la Guajira, José David González, se estima que a diario salen casi 100 indígenas wayuu en caravanas que pasan hacia Colombia. «De ahí buscan emigrar para otros países como Ecuador, Chile, Perú y otros países de América Latina».
En los primeros días del mes de febrero fueron hallados los cuerpos en estado de descomposición de ocho indígenas waraos en el sector conocido como isla Morro o Bakamuju, a una hora de Curiapo, en el municipio Antonio Díaz, en la desembocadura del Orinoco. Según se pudo conocer las autoridades no han determinado si estos ciudadanos murieron a consecuencia de un presunto naufragio o si fueron víctimas de la actuación de los grupos irregulares que operan en la zona.
Salud, educación, pobreza e inseguridad compendian la emergencia humanitaria compleja que agobia a los
grupos más vulnerables de la población venezolana
Un observador agudo puede notar que en la frontera entre Táchira y Norte de Santander, los migrantes transitan principalmente por los pasos irregulares –controlados por grupos armados irregulares- debido a la falta de documentación; en muchos de los casos se trata de mujeres embarazadas y personas mayores, urgidos de una adecuada atención en salud que no encuentran en su país de origen, donde el 80 de los médicos y enfermeros han desertado de sus puestos de trabajo debido a salarios extremadamente bajos y han tomado a su vez la ruta migratoria o se encuentran dedicados a otras actividades que les permitan un mejor nivel de ingresos.
Una de las principales víctimas de la emergencia humanitaria compleja venezolana ha sido la educación. A los bajos sueldos de maestros y administrativos y la creciente cifra de deserción escolar de maestros y estudiantes, se suma que las estructuras de las instituciones educativas evidencian un severo deterioro, falta de servicios públicos y no cuentan con los implementos necesarios para la prevención del COVID-19, además que existen instituciones que han tenido que suspender las actividades pedagógicas por el alto índice de contagios.
Los constantes enfrentamientos por el control de territorios enclavados en el Arco Minero del Orinoco y de los principales canales fluviales de navegación que sirven como rutas para la extracción del oro y el tráfico ilegal de mercancías y droga, han ocasionado una ola de violencia en los municipios Sifontes y el Callao donde también tienen protagonismo funcionarios del Estado venezolano, vinculados al narcotráfico y el contrabando. La acumulación de mercurio ocasionada por la masiva minería ilegal, está causando serios daños a la salud de la población indígena y también al ecosistema que es la base de su sistema de alimentación y subsistencia. Se estima que desde el año 2015 se pierden unas 3.600 hectáreas de selva virgen al año, en las inmediaciones del Parque Nacional Canaima.
Aunque no forman parte habitual del monitoreo realizado por FundaRedes, las cifras de violencia que se registran en entidades como Anzoátegui, Guárico y Sucre obligan a una mirada más atenta, que ha dejado en evidencia una alta incidencia de secuestros, extorsiones, homicidios, robos y enfrentamientos, así como también actividades relacionadas con el narcotráfico.
Estos sucesos acaecidos en los territorios de frontera y otros estados al interior de Venezuela, confirman una vez más las denuncias e incidencias hechas desde FundaRedes desde hace más de 10 años, en relación a la presencia, permanencia y actuación de los GAI en buena parte del territorio nacional y requieren una mirada detallada en cada uno de sus propios contextos locales, la cual ofrecemos a continuación:
APURE
En Apure para este mes de febrero de 2022, se registraron un total de 16 homicidios, la mayoría de ellos ocurridos en el municipio Páez, por el accionar de armas de fuego en medio de los enfrentamientos armados que suceden en estos territorios. Entre ellos el de Marco Atilio Bravo Hernández, de 60 años de edad, jornalero asesinado en el Barrio Matapalo, de El Amparo, municipio Páez, durante un enfrentamiento armado entre las disidencias de las Farc y la Armada venezolana, luego de que los subversivos atacaran una instalación militar. En la balacera otros 3 civiles resultaron heridos. La víctima conversaba en la calle, cuando una bala perdida lo alcanzó en la frente.
Ubicado al suroeste del país Apure ha sufrido las consecuencias de un conflicto bélico que no cesa y cada día cobra mayor fuerza y escaló hacía territorio colombiano por su cercanía con el limite apureño. Las disidencias de las FARC han mantenido desde inicios de año, constantes enfrentamientos con el ELN, siendo los municipios Páez, Rómulo Gallegos y Pedro Camejo los que presentan mayor incidencia en acciones criminales, que han dejado un saldo de 25 venezolanos muertos entre Arauca y Apure. La violencia generada en el 2021 y comienzos del 2022 ha traído consigo gran zozobra en la población y el desplazamiento forzado de indígenas y criollos hacia Puerto Páez y otras poblaciones vecinas en Venezuela y Colombia. Estos grupos ejercen tal control del territorio, que incluso cierran los pasos por canoas y mantienen un fuerte control sobre el tráfico fluvial.
Apure ha sufrido las consecuencias de un conflicto bélico que no cesa y cada día cobra mayor fuerza
En medio de las confrontaciones, algunas zonas han sido sembradas de minas antipersonales, que el 31 de enero cobraron la vida de Emil y Jonathan Rojas, dos campesinos de la Victoria estado Apure. El Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López afirmó que en total ocho personas habrían muerto por este tipo de artefactos en toda la entidad y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desactivó más de 900 minas antipersona de fabricación casera.
Aunque en Apure se mantiene un despliegue militar que según la vocería oficial, tiene como objetivo enfrentar a los grupos armados irregulares que mantienen conflicto en la zona, el mismo ha sido fuente de múltiples denuncias sobre detenciones arbitrarias, abusos de autoridad y malos tratos contra civiles, por parte de los uniformados.
La entidad apureña también se vio afectada por el paro armado decretado por el ELN en Colombia el pasado 23 de febrero, con el cierre del paso fluvial por el río Arauca impidiendo el traslado tanto de personas como de mercancía y alimentos.
AMAZONAS
Es una de las entidades que más sufre el abandono oficial pues, además de padecer con mayor énfasis la emergencia humanitaria compleja que vive el país, su territorio se ha convertido en uno de los puntos más críticos para la explotación minera al sur de Venezuela por parte de grupos guerrilleros de origen colombiano y garimpeiros, los cuales vienen ejerciendo la minería ilegal y el contrabando generando serios daños al ambiente y acciones violentas en contra de los ciudadanos como extorsiones, desapariciones, reclutamiento de niños y adolescentes para la realización de trabajos forzados y explotación sexual, entre otras, situación que ha sido documentada por diversas organizaciones y medios de comunicación especializados.
La población indígena es una de las más vulnerables ante la emergencia humanitaria compleja que agobia a Venezuela
De igual manera la entidad amazonense se ha convertido en puente para el narcotráfico y el tráfico ilegal de oro, su territorio está siendo utilizado para la construcción de pistas de aterrizaje, existen al menos 42 de estas instalaciones en la selva de Venezuela que sirven al crimen organizado transfronterizo para despachar valiosos cargamentos de oro y drogas. La mitad de esas pistas se encuentran cerca a alguna de las miles de minas ilegales que emergen al sur del río Orinoco, según un trabajo de investigación realizado por el portal Armando Info y el Diario El País de España que conforma la serie titulada: “Corredor
furtivo”. https://armando.info/la-mineria-ilegal-monto-sus-bases-aereas-en-la-selva/
BOLÍVAR
Registra 19 homicidios, seis de ellos en el sector del Perú de El Callao, uno de los municipios mayormente afectados por la minería ilegal y la actuación de bandas criminales (Sindicatos). Quince victimas de desaparición o secuestro fueron reportadas durante el mes de febrero; en el municipio Caroní (08), en Sifontes (03), y en los municipios, Angostura del Orinoco y El Callao (02). Las edades están comprendidas entre los 6 meses de nacido y 57 años. Entre los casos se documentó la desaparición de dos menores de edad. Bolívar también contabilizó cinco enfrentamientos armados, donde perdieron la vida (11) personas y resultaron heridas (02).
Es necesario destacar que se ha registrado un incremento en los enfrentamientos entre los cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Nacional Bolivariana, FAES y Dgcim) y bandas criminales con un saldo significativo de fallecidos, según la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) este tipo de actuaciones son utilizadas como fachadas por los organismos policiales para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, vulnerando el derecho a la vida, la integridad y al debido proceso.
Entre ellos uno de los casos ha generado polémica, pues fuentes oficiales reportaron la muerte de Julio César Herrera, presuntamente apodado el Satanás, en medio de un enfrentamiento con la Guardia Nacional Bolivariana, en el que un militar resultó herido. La confrontación armada –dijeron- fue con el grupo criminal 3R. Otro hombre que acompañaba a la víctima logró huir. Sin embargo, habitantes de Tumeremo, municipio Sifontes, negaron que se haya tratado de un enfrentamiento. Según ellos, la víctima “se movilizaba en su moto en las cercanías del estadio Junín cuando no se percató que militares le pidieron que se detuviera y aparentemente funcionarios dispararon contra él”. Fueron los vecinos los que lo identificaron y aseguraron que no formaba parte de ninguna banda delictiva. Pidieron la atención de los representes en Derechos Humanos.
TÁCHIRA
El estado Táchira encabeza la lista de entidades fronterizas con más desapariciones y/o secuestros, con un total de 17 casos, con edades comprendidas entre los 14 y los 67 años, destacando entre ellos la desaparición de dos jóvenes mujeres en las trochas fronterizas y una tercera raptada por desconocidos en plena vía pública en la zona sur de la entidad. Durante el último mes, se documentaron además siete casos de homicidio.
Dos jóvenes mujeres desaparecieron en trochas de la frontera controladas por irregulares
Por otra parte, Táchira ha sido uno de los estados con más movimiento de grupos armados irregulares, los cuales principalmente controlan los pasos irregulares hacia Colombia, por donde transitan miles de personas diariamente. El reciente paro armado impuesto por el ELN causó gran preocupación en las zonas de La Parada y Villa del Rosario (Colombia), grupos armados irregulares hicieron pintas en algunas casas donde identificaban al Tren de Aragua. No se descarta la posibilidad de que este tipo de situaciones se extiendan a territorio tachirense por la actuación pendular de los GAI en esta parte de la frontera.
Otro hecho no aislado es el traslado de guerrilleros heridos a territorio tachirense y el hermetismo con el que cuerpos de seguridad del Estado actúan ante estas situaciones, a mediados de febrero se conoció sobre el traslado de al menos nueve guerrilleros del ELN que resultaron heridos en enfrentamientos con las autoridades colombianas y luego no sólo fueron trasladados al estado Táchira -cinco a La Fría y cuatro a San Cristóbal-, sino que todos fueron atendidos en clínicas privadas y custodiados por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Uno de los heridos falleció debido a múltiples heridas de arma de fuego, el cuerpo no ha sido reclamado y las autoridades manejan la situación con hermetismo.
La reactivación de la explotación de carbón en la localidad de Michelena, además de que se hace sin ningún control ni previsión del daño al medio ambiente; va de la mano con la aparición y establecimiento en la zona de grupos delictivos y organizaciones guerrilleras dedicadas –entre otras cosas- al usufructo de la minería ilegal, como desde hace ya algunos años lo hacen en Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.
La explotación ilegal de carbón en Táchira va de la mano con la aparición de grupos delictivos y organizaciones guerrilleras.
ZULIA
Es la entidad que mayor índice de violencia registra, dentro de los estados documentados por FundaRedes, con veintiún (21) homicidios, entre ellos cuatro (04) indígenas. Los municipios con el mayor número de estos hechos son La Cañada de Urdaneta y San Francisco; tres desapariciones y/o secuestros, en los municipios Maracaibo (02) y en Valmore Rodríguez (01).
Así mismo registra nueve (09) enfrentamientos armados que cobraron la vida de once (11) personas, destacando que en todos ellos hubo participación de los cuerpos de seguridad del Estado, principalmente la Guardia Nacional y la policía local. El más llamativo de estos casos corresponde a la ejecución extrajudicial de un humilde pescador, asesinado a manos de la Guardia Nacional durante un procedimiento policial en el sector Punta de Palma, municipio Miranda. Su familia exige justicia.
La labor de monitoreo desarrollada por FundaRedes, registró la aparición de nuevas bandas criminales en los municipios Lagunita y Simón Bolívar y determinó que los homicidios, las extorsiones, los secuestros, el contrabando, el narcotráfico y los ataques con artefactos explosivos como medio de cohesión fueron los delitos de mayor auge en la entidad.
FALCON
El estado Falcón continúa siendo utilizado por los carteles del narcotráfico para llevar a cabo sus actividades ilícitas. En el mes de febrero del 2022 fueron incautados varios alijos de droga en diferentes procedimientos realizados en el municipio Píritu que involucran no solo a ciudadanos vinculados al crimen organizado sino también a representantes gubernamentales quienes, según las investigaciones, forman parte del Cártel de Sabanas Altas, liderado por Omar Hurtado, conocido como «Viejo Hurtado».
Adicionalmente, el CICPC reveló la existencia en la ciudad de Coro del Cartel Los Choneros, al efectuar la detención de uno de sus integrantes quien de dedicaba a la extorsión y presunto responsable de atentados contra comerciantes, a quienes les exigía pagos mensuales de 20 mil dólares a cambio de dejarlos trabajar y no atentar contra sus vidas. Según se pudo conocer esta organización criminal opera desde Ecuador.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Las costas del oriente del país siguen siendo una alternativa migratoria para los ciudadanos que huyen de Venezuela a consecuencia de la emergencia humanitaria compleja; travesía plagada de un sinfín de peligros y dificultades que ponen en riesgo la vida de los migrantes, al ser víctimas de las bandas criminales que actúan en alta mar o de las autoridades del país receptor.
Las muertes ocurridas en el contexto migratorio venezolano deben llamar la atención de la comunidad internacional, y de los gobiernos que endurecen medidas en un esfuerzo por frenar la ola migratoria hacia sus países, poniendo un muro –muchas veces infranqueable- a las expectativas de vida, sueños y esperanzas de miles de venezolanos.
La actuación de los Grupos Armados Irregulares (GAI) y bandas delictivas con alto poder de fuego ha tomado un gran auge y de su mano proliferan cada vez con mayor fuerza delitos como la extorsión, el secuestro, el narcotráfico, el contrabando de minerales, así como el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para explotación sexual, laboral y otras formas de esclavitud moderna, las desapariciones y los enfrentamientos por el control del territorio.
La presencia de estos grupos en suelo venezolano por omisión del Estado, ha ocasionado la casi total pérdida del control estatal en zonas estratégicas a lo largo del territorio nacional, y ha llevado a guerras territoriales por el control de los irregulares sobre las rutas de tráfico ilegal de mercancías, estupefacientes y combustibles.
La emergencia humanitaria compleja que agobia a Venezuela, no sólo impulsa la migración, sino que además sume en total vulnerabilidad a los grupos poblacionales menos favorecidos; especialmente indígenas, ancianos y niños; éstos últimos agobiados por un precario sistema de salud y el colapso del aparato educativo estatal.
Por otra parte, la minería ilegal en manos de bandas delincuenciales, guerrillas y sindicatos, constituye además de un asalto a las riquezas naturales de Venezuela, un mecanismo de destrucción ambiental en uno de los ecosistemas más ricos, vulnerables e importantes del planeta, pero también comienza a dar muestras de extenderse hacia otros recursos diferentes al oro y otros espacios diferentes al Arco Minero del Orinoco, como es el caso de las minas de carbón en Táchira, con los mismos efectos devastadores sobre el equilibrio del ecosistema y sobre la seguridad de las poblaciones adyacentes.
