FundaRedes mantiene un monitoreo constante en seis estados fronterizos de Venezuela (Falcón, Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas) lo que, en conjunto con el seguimiento a informaciones de carácter nacional, permite a la organización generar análisis sobre los posibles escenarios a desarrollarse en diversos ámbitos. Así, en nuestro informe de contexto de febrero, se advertía ya lo que en marzo se ha consolidado como una de las más importantes situaciones fronterizas de los últimos años, las confrontaciones directas y sostenidas entre las Fuerzas Armadas venezolanas y una facción de las disidencias de las Farc.

Comprender a detalle estos hechos obliga a una mirada profunda en ámbitos como el sistema político y democrático que por mandato de la Constitución debe imperar en el país, pero contrariamente ha sido sustituido por un autoritarismo que socava las libertades civiles; la emergencia humanitaria compleja que afecta a todos los sectores de la vida económica y social; la relación de Venezuela con sus vecinos; la violencia que se vive en comunidades urbanas y rurales; los desplazamientos humanos tanto en procesos de migración interna, como la migración forzada allende nuestras fronteras; e incluso, la voraz afectación al medio ambiente.

El 26 de marzo del 2021 FundaRedes presentó su Informe ‘’Arco Minero: Extractivismo, violencia y desigualdad. La tragedia inducida en la Amazonia’’, a modo de denuncia hacia la hiper legización implementada por el Estado, para justificar las políticas ambientales desarrolladas para sostener su modelo de gobierno por medio de una economía extractivista que sustituye con las riquezas de la Amazonía, los aportes de una industria petrolera venida a menos en medio de la desidia y el abandono estatal.

La investigación deja en evidencia la complicidad del Estado venezolano con grupos armados irregulares que están tomando el control de territorios estratégicos, en menoscabo de la soberanía nacional; provocando el desplazamiento de comunidades indígenas, masacres, conflictos armados y otros factores que además colapsan en contaminación, desaparición de la biodiversidad, y daños graves al patrimonio humano, en detrimento del desarrollo sostenible no solo del país, sino también de toda la región latinoamericana. Así mismo, traen consigo consecuencias sociales devastadoras al suscitar vulneraciones de derechos humanos mediante modernas formas de esclavitud como la trata de personas, la explotación laboral, abusos sexuales, desapariciones y asesinatos.

Un informe presentado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) organismo adscrito a la ONU, confirma las denuncias hechas por los habitantes, periodistas y ONG, sobre la presencia del cartel de Sinaloa en Venezuela, específicamente en el estado Zulia. El informe señala que «se ha detectado la presencia de ese grupo criminal mexicano en cooperación con la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN)».

La investigación refiere la existencia de pistas clandestinas utilizadas para el tráfico de cocaína hacia el Caribe y Centroamérica, instalaciones que han sido aprovechadas por el Cartel de Sinaloa para la construcción de centros de tránsito y acopio de estupefacientes con el apoyo del ELN, grupo que ha ampliado sus actividades en la República Bolivariana de Venezuela.

SÍNTESIS DESCRIPTIVA

Durante el mes de marzo de 2021 se agudizó la vulneración de DDHH en los seis estados fronterizos de Venezuela, constituyéndose Apure, Bolívar, Amazonas y Táchira en las entidades con mayor presencia de hechos violentos protagonizados por Grupos Armados Irregulares y otras agrupaciones terroristas.

Los fuertes enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y una parte de la disidencia de las FARC en el estado Apure (Venezuela), son una muestra de las alianzas que existen entre grupos guerrilleros de Colombia y el Estado venezolano. Alianzas que se basan principalmente en compartir economías ilícitas, además de la ideología política. Las fracturas al interior de las disidencias de las Farc constituyen el origen de los enfrentamientos que hoy se suscitan en Apure y en los que toma parte el Ejército venezolano.

Mientras Jesús Santrich e Iván Márquez se plantean iniciar en Venezuela y en acuerdo con quienes ostentan el poder en el país, lo que se ha dado en llamar “la Segunda Marquetalia”, evocando la vereda del mismo nombre en el corregimiento de Gaitania (Colombia), considerada la cuna de las Farc en 1964; una facción rebelde de las disidencias surgidas tras el acuerdo de paz suscrito en 2016, liderada por Gentil Duarte y un grupo de hombres armados, se resiste a la cooperación gubernamental venezolana, lo que ha devenido en una escalada en las hostilidades entre las partes, generando enfrentamientos sostenidos desde el pasado 21 de marzo en el eje fronterizo ApureArauca, que han dejado como saldo al menos ocho militares fallecidos y varios heridos en medio de los combates, así como cinco civiles muertos bajo la modalidad de ejecuciones extrajudiciales adjudicadas a los cuerpos de seguridad venezolanos; además del desplazamiento de cerca de un millar de familias que intentan resguardar sus vidas en las vecinas poblaciones colombianas de Arauquita y Saravena.

FundaRedes envió a la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, los testimonios y denuncias de familiares de las víctimas de la denominada “masacre de El Ripial”, -documentados por el equipo de activistas en campo-, solicitando un pronunciamiento ante lo que constituye un nuevo caso de ejecuciones extrajudiciales por parte de las FAES como cuerpo policial del estado venezolano. Así mismo, la organización notificó al Servicio de las Naciones Unidas para las actividades relativas a las minas (UNMAS), la existencia de minas antipersonas en La Victoria y áreas adyacentes, como parte del conflicto entre el frente 10 de la
guerrilla disidente de las FARC y el Ejército venezolano, minas que han dejado un saldo lamentable de víctimas y constituyen una amenaza latente para los habitantes de estas comunidades, ajenos al conflicto armado que allí se desarrolla.

Pero la violencia en Venezuela no se circunscribe solo a las zonas de frontera. Los enfrentamientos de bandas organizadas que tienen poderío en varias ciudades del país, pese a que no se registran dentro de los estados fronterizos monitoreados por FundaRedes, constituyen un factor desestabilizador importante de ser tomado en cuenta. Como ejemplo de ello, el 19 de marzo en Caracas se presentó un enfrentamiento armado en la zona denominada Cota 905 en el que participaron efectivos de la Guardia Nacional (GNB) y la banda criminal de alias “El Coquí” con fuertes intercambios de disparos en medio de una zona residencial, donde falleció una mujer de 55 años por una bala perdida.

Más allá de la zona de conflicto, durante el mes de marzo se continuó agudizando la emergencia humanitaria compleja que propicia la migración forzada de venezolanos, quienes, por su necesidad de subsistencia, parten desde cualquier entidad del país hacia los estados fronterizos convirtiéndose en blancos fáciles para los crímenes perpetrados por grupos armados irregulares que se disputan el control del territorio y las actividades ilícitas en el país. Cada familia venezolana tiene uno o más familiares en el exterior en calidad de migrantes, situación que deja tras de sí hogares fracturados, niños al cuidado de terceros, muchas veces familiares lejanos o incluso vecinos, lo que redunda en una violación de derechos a los infantes.

Desde FundaRedes se ha realizado una intensa labor por monitorear la precaria situación que enfrentan los transeúntes en su andar dentro y fuera del territorio venezolano. En el interior del país se convierten en víctimas de extorsión por parte de los organismos de seguridad del Estado y por los grupos irregulares de origen colombiano, mientras el Estado venezolano lejos de desarticularlos resguardando la soberanía nacional, respalda su presencia.

Al superar los obstáculos en la línea fronteriza venezolana, se enfrentan a otros desafíos, tales como largos trechos para llegar al país donde desean desempeñar cualquier labor que les permita suplir al menos sus necesidades básicas y las de sus familiares. Vale decir que en esta travesía, venezolanos se

exponen a peligros inminentes, tal es el caso de quienes desean llegar a Chile, donde diversos portales de noticias reflejan que en la vía cordillerana hasta el desierto de Atacama, al norte, todos sin excepción piden agua y comida por llevar días, meses o semanas de haber cruzado las fronteras de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, siendo víctimas incluso de desprecios y xenofobia.

También como parte de la emergencia humanitaria compleja y a consecuencia de la profundización del quebrantamiento del Estado de Derecho, el carácter democrático del país se ha visto fuertemente vulnerado. Venezuela avanza hacia un proceso de “mega elecciones” previsto para el último trimestre del año 2021, en el que se escogerían gobernadores, alcaldes y diputados regionales en todos los estados del país. Estos comicios, pretenden ser sustentados legalmente con la decisión tomada el día 2 de marzo por la cuestionada Asamblea Nacional del 6 de diciembre de 2020, la cual aprobó la derogación de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales vigente desde el año 2010. La legislación en esta materia,
impedía la realización conjunta de elecciones a nivel nacional, regional y municipal por la falta de capacidad técnica para un proceso de esa magnitud.

Resulta utópico pensar en unos comicios de este tipo, cuando la Emergencia Humanitaria Compleja se agudiza y el contexto económico, político y social en el país se empeora a causa de la pandemia por la COVID-19 y la inacción del Estado venezolano para resarcir las situaciones de vulneración que finalmente configuran una violación de derechos humanos; condiciones que no existían en el país en el año 2000 cuando fracasó el intento de mega elecciones que se pretendían celebrar en el mes de mayo del mismo año, las cuales fueron canceladas por no contar con la capacidad para su organización.

Todo esto, se suma a la indiscutible falta de garantías, transparencia y legalidad de éste y todos los demás procesos electorales que quienes ostentan el poder han propiciado por años, disfrazando de democracia lo que ha sido un régimen autoritario que practica elecciones viciadas como parte del engaño para la destrucción de la cultura democrática en el país.

Adicionalmente, el 11 de marzo de 2021 fue aprobada en primera discusión en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional la Ley de Ciudades Comunales, con la cual se planea crear estructuras paralelas a los municipios con base en los consejos comunales ya existentes, para controlar el funcionamiento y la relación entre las jurisdicciones, así como la gestión de servicios públicos y la transferencia de recursos por parte del Ejecutivo. “Se trata de un sistema con fines políticos, administrativos, económicos y productivos”, como explican expertos en la publicación de El Diario.com.

También en marzo, se prorrogó el decreto de estado de excepción en el territorio nacional, que de manera inconstitucional extiende la medida tomada según gaceta del 26 de diciembre de 2020, pero que finalmente es parte del conjunto de decretos que vulnerando la Constitución nacional se vienen emitiendo desde el año 2015 en el país. Esto, no solo atenta contra los principios democráticos y la seguridad jurídica, sino que contrario a lo establecido en la Constitución Nacional, ha sido una herramienta fundamental para justificar la violación masiva de derechos humanos en Venezuela , la muestra de ello es que a lo largo del territorio nacional los organismos de seguridad se han convertido en transgresores flagrantes de su deber constitucional de velar por la seguridad ciudadana,

Todos estos hechos demuestran la permisividad que ha tenido el Estado venezolano con estas agrupaciones criminales además de la inacción por parte de las diferentes instancias para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y requieren una mirada detallada en cada uno de sus propios contextos locales, la cual ofrecemos a continuación:

APURE

Tal como lo mencionamos en nuestro análisis anterior, “desde los primeros días de febrero de 2021 se han registrado varios enfrentamientos entre GAI y las Fuerzas Armadas Venezolanas, en el marco de la Operación Jiwi, que busca acabar con guerrilleros de las FARC en la entidad llanera y otros estados del país, así como también entre los mismos grupos armados irregulares por el control del territorio… Los enfrentamientos obedecen a pugnas por el control territorial entre facciones de las disidencias de las farc, con intervención del Estado venezolano a favor de algunas de estas células armadas”.

En lo que corresponde a Marzo se han registrado fuertes combates desde el pasado día 21, cuando tuvo lugar uno de los hechos más fuertes que dejó varios fallecidos (se desconoce a ciencia cierta el número, pues solo se cuenta con el parte oficial) , heridos, daños materiales, acciones en contra de la población civil y abusos de autoridad por parte de los organismos de seguridad del Estado venezolano; dos corresponsales de un canal privado y dos activistas de FundaRedes desaparecieron durante más de 24 horas y posteriormente fueron liberados, no sin antes sustraerles sus teléfonos celulares y equipos de trabajo.

El alcalde de Arauquita (Colombia), Etelivar Torres, en la actualización ofrecida el día 28 de marzo, reportó el ingreso de 4.741 personas, distribuidas en 1.427 núcleos familiares dentro ellos contando 1.164 mujeres, 1.441 hombres, 578 niños menores de 5 años, 1.209 niños mayores de 5 años, 213 adultos mayores de 60 años, 17 mujeres gestantes y 119 mujeres lactantes, quienes no sólo se ven afectados por los enfrentamientos armados entre las Fuerzas Armadas y el frente décimo de las FARC, sino también por los atropellos cometidos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, que han puesto en práctica políticas de hostigamiento, amedrentamiento y ataques contra la población civil, que se traducen en violaciones a los derechos humanos, como lo son el derecho a la vida, a la propiedad privada y a la libertad.

También en Apure se ha denunciado la existencia de carteles de la droga que vienen operando a través de la construcción de pistas clandestinas para fortalecer sus actividades ilícitas y mediante las relaciones de intercambio comercial de estupefacientes que mantienen con la guerrilla, se han convertido en financistas del conflicto armado.

TÁCHIRA

Hombres con botas negras, brazaletes con la identificación del ELN y armas largas, bajaron del cerro La Gloria y establecieron puntos de control en el barrio Las Minas en la localidad de La Fría en el municipio García de Hevia donde someten a los ciudadanos a requisas y revisiones además de realizar recorridos en zonas urbanas generando miedo y zozobra en los habitantes del municipio García de Hevia.

En el proceso de monitoreo se registró el caso de dos ciudadanos habitantes del municipio Lobatera,

sector El Rodeo que están siendo extorsionados por el ELN desde hace 5 años, según relataron a los activistas de FundaRedes en la entidad. Las víctimas aseguraron que supuestos miembros del Ejército de Liberación Nacional exigen a los alfareros del sector una suma de dinero para lo que aseguran es el «financiamiento de la revolución y del presidente Nicolás Maduro». Los afectados han interpuesto la denuncia a organismos como el CICPC y el GAES, pero hasta el momento no han recibido ningún tipo de respuesta, lo que evidencia desinterés por parte de las autoridades para iniciar la investigación correspondiente, así como denegación de la justicia, vulnerando el derecho a la integridad personal y el de igualdad ante la ley.

Por otra parte, esta entidad, a pesar de las restricciones de movilidad impuestas por el gobierno nacional en medio de la pandemia, continúa siendo corredor de salida para el flujo migratorio que busca huir del país por los pasos ilegales ubicados en el municipio Bolívar.

ZULIA

El estado Zulia es refugio de guerrillas, paramilitares y narcotraficantes que han alterado la vida de sus habitantes a lo largo y ancho de la franja fronteriza con Colombia, allí las Fuerzas Armadas conviven con los Grupos Armados irregulares y en ocasiones hasta trabajan en conjunto. Al igual que en la

frontera con Táchira, Amazonas, Bolívar y Apure se han instalado puntos de control o alcabalas móviles para extorsionar a los ciudadanos tomando como argumento la pandemia por la COVID-19, especialmente a aquellos que por alguna razón deben trasladarse al lado colombiano; numerosos trabajos periodísticos así lo confirman. Estas acciones constituyen una violación del derecho al libre tránsito y a la integridad personal.

Investigaciones internacionales han confirmado lo denunciado en reiteradas oportunidades por FundaRedes a partir de testimonios de habitantes de los municipios de la zona sur del Lago de Maracaibo, en el estado Zulia, respecto a la presencia del grupo criminal mexicano Cártel de Sinaloa, donde actúa en cooperación con el ELN en operaciones de tráfico de estupefacientes mediante el uso de aeropuertos y puertos clandestinos.

AMAZONAS

La ola de violencia en el estado Amazonas se traduce en desapariciones, enfrentamientos y homicidios que finalmente pasan a engrosar listas de víctimas producto de estos hechos generados por grupos armados irregulares que forman parte de la autoridad de facto de este territorio.

El Estado venezolano no cumple con las políticas públicas que le competen para la protección de las zonas estratégicas que han utilizado la guerrilla y las bandas criminales con alto poder de fuego. Es por eso que, según la Defensoría del Pueblo colombiana, en la franja fronteriza entre el municipio de Puerto Carreño y Venezuela se evidencian conductas violentas como homicidios, amenazas, torturas y secuestros, presuntamente cometidos por estos grupos irregulares. “Fuentes allegadas a la Defensoría han señalado que estos grupos armados utilizan a Puerto Páez y Puerto Ayacucho (Venezuela) y los alrededores del río Meta para delinquir, extorsionar y perpetrar homicidios”, afirmó el coordinador de la entidad.

Según el organismo defensor de derechos humanos, durante los años 2019 y 2020, en el municipio capital se incrementó la presencia y accionar de grupos como el ELN, a través del frente José Daniel Pérez Carrero, las disidencias de las FARC, por medio del Frente Décimo, y grupos sucesores del paramilitarismo como Los Puntilleros Libertadores del Vichada y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

José Mejías coordinador de FundaRedes en Amazonas, afirma que tanto las FARC como el ELN, están presentes en Autana, parroquia Guayapo, Atures y el Eje Carretero, mientras que en el Cerro Yapacana existen aproximadamente 27 minas ilegales en donde se desarrollan labores de extractivismo, todas controladas por grupos armados irregulares.

En marzo, el estado Amazonas registró un incremento en su tasa de desnutrición de al menos un 80% en distintas regiones de esta entidad, situación que afecta en su gran mayoría a la población infantil y a los adultos mayores.

BOLÍVAR

A mediados del mes, tres femicidios ocurrieron en el estado Bolívar en un lapso de 24 horas, deacuerdo con reportes policiales. El primero tuvo lugar en la mina El Algarrobo de la población de El Dorado, la noche del 14 de marzo, el segundo fue reportado en Ciudad Piar, y del tercer caso hay pocos datos. Según un informe de la Policía Municipal de Caroní, el cadáver de una mujer fue localizado en los baños del abandonado Parque Cachamay de Puerto Ordaz la tarde del 15 de marzo. Hechos que evidenciaron un alarmante incremento de la violencia basada en género en la entidad.

Bolívar es uno de los estados fronterizos más violentos debido a la explotación minera, en el tercer mes del año se registraron varios hechos violentos relacionados con la actuación de Grupos Armados Irregulares por el control de la minas y del territorio. El pasado 27 de marzo la maestra María Hernández y su esposo Ángel Reira fueron asesinados en la mina El Kino, en el Bajo Caura, presuntamente por integrantes del ELN.

“La gente está molesta porque los guerrilleros tienen tomada toda la zona y quieren cobrar vacuna a quienes trabajan en la minas. Eso fue lo que pasó con María y Ángel, tenían cuatro años trabajando ahí en la parte comercial y el ELN quiere tener el control de todo esto”, cita la publicación.

Igualmente se registró el secuestro del ex constituyente, Wuihelm Nolberto Torrellas Martínez, quien permaneció por varias horas en poder de sus captores y cuyo escolta fue asesinado y decapitado, como medida de presión para el pago de 15 kilos de oro por el rescate. El hecho ocurrió en Tumeremo, sector El Perú, mientras ambos se movilizaban a bordo de una camioneta Toyota Hilux. Esa zona está controlada por la guerrilla del ELN y las bandas criminales conocidas como “sindicatos”.

La incautación de un cargamento de armas en un vehículo que viajaba custodiado por efectivos de la Guardia Nacional desde Cagua (Aragua) hasta El Callao (Bolívar), da cuenta del nivel de corrupción al interior de la FAN y de su cooperación con los GAI. Reportes de prensa dan cuenta de “28 fusiles AK103, con seriales limados y escudo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, así como pistolas y municiones de uso oficial, que por la ruta de envío sólo podían tener como destino a la guerrilla o las bandas delincuenciales que pugnan por el oro del arco minero del Orinoco.

FALCÓN

Continúa la migración forzada a través de las costas venezolanas hacia las islas holandesas motivada por la emergencia humanitaria compleja que vive el país. En este sentido, durante el mes de marzo se suscitaron nuevos hechos que pusieron en riesgo la vida de ciudadanos venezolanos en su afán por huir del país. El coordinador de la entidad Omar de Dios García afirmó que las personas pagan hasta mil dólares por abordar embarcaciones y peñeros que no cuentan con las condiciones mínimas para la navegación y seguridad de los pasajeros exponiéndose no solo a los peligros que representa el mar sino también a redes de tráfico de personas y esclavitud moderna. Las costas falconianas se han constituido en puente de las organizaciones criminales para avanzar en la trata de personas, la esclavitud sexual, trabajos forzosos, reclutamiento y también narcotráfico y contrabando.

Según García existen evidencias de que el ELN y la FARC se encuentran en esta zona costera, ya que la consideran como territorio estratégico para el contrabando de oro, diamante y coltán.

Por otra parte el estado Falcón registró durante el mes de marzo un incremento en homicidios y hechos delictivos.

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

La realización de elecciones justas y transparentes no será posible si el Estado venezolano no accede al establecimiento de escenarios propicios, empezando por la designación de nuevas autoridades del poder electoral, depuración del padrón de electores, respeto a las garantías constitucionales y autonomía de los factores políticos.

El panorama en cuanto a las vulneraciones de los derechos humanos en Venezuela no es nada alentador y por lo que se ha venido observando, los enfrentamientos y hechos violentos entre los grupos guerrilleros, Fuerzas Armadas y organizaciones criminales nacionales e internacionales, los enfrentamientos por el control y ocupación de territorio van a continuar presentándose.

En medio de este escenario, es la población civil la que carga con las consecuencias, traduciéndose estas en desplazamientos y migración forzadas, abusos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones de DDHH.

Más de 6 mil venezolanos que corresponden a cerca de 2000 grupos familiares han llegado a la población colombiana de Arauquita, huyendo de los recientes combates y este número continuará en aumento dadas las represalias contra civiles infringidas por los cuerpos de seguridad venezolanos a quienes intentan retornar a sus hogares y las constantes agresiones contra las familias que permanecen en la zona de conflicto.

Si ya la atención requerida por el volumen de desplazados constituye un reto logístico para las autoridades locales de Arauca, un incremento en las cifras de personas que buscan protección y refugio en Colombia ante el conflicto armado desatado en el eje fronterizo Arauca-Apure, podría convertirse en un desafío para el gobierno colombiano y el sistema regional de protección.

Lejos de mermar, el conflicto en esta zona apunta a ir en escalada. Las disidencias de las Farc parecen decididas a imponerse en estos territorios y las facciones en pugna, incluido el Ejército venezolano, reaccionan de forma más violenta en el discurso y los niveles de respuesta bélica. La presencia de la guerrilla en 20 de los 24 estados de Venezuela, constituye una amenaza latente de que un conflicto nacido al borde de la frontera binacional, pueda extenderse a todo el territorio venezolano o conculcar refuerzos hacia la zona de combate, elevando la intensidad y frecuencia de los enfrentamientos.

Hay que tomar en cuenta que estos grupos operan con respaldo político y control social en las zonas donde principalmente tienen injerencia, el Estado les garantiza protección logística, entrenamiento y armamento para favorecer sus actividades dentro del territorio venezolano.

En materia ambiental, Venezuela se ha pronunciado a favor de asumir un modelo de desarrollo de mayor sustentabilidad que cambie los actuales esquemas de intervención sobre la tierra, entendiendo las consecuencias devastadoras que han desencadenado la crisis climática mundial, sin embargo incumple constantemente con su deber de proteger el ambiente, implantando un modelo económico que lleva a la destrucción del ambiente, a través de la explotación de los recursos naturales, la tala indiscriminada con fines d financiamiento a grupos armados irregulares, el deterioro de la industria minera que produce derrames petroleros, y contaminación en el aire por gases tóxicos. A su vez, la mercantilización de áreas protegidas, y la violación a toda ley que prohíba las actividades en contra del medio ambiente.

El Estado venezolano no garantiza políticas públicas para mitigar estos daños y evitar que sean un patrón, tampoco investiga el trasfondo de los delitos cometidos. En términos generales no se garantiza una protección a los ciudadanos, mientras las instituciones encargadas de protegerlos, son complacientes con grupos armados irregulares y bandas criminales.