Más de 40 millones de personas en el mundo son víctimas de trabajos forzosos o esclavitud moderna, según cifras del Índice Global de Esclavitud que ubica en América Latina a 2 millones de ellas, Venezuela ocupa el primer lugar con una tasa de 5,6 por cada 100 habitantes. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo-OIT- la neoesclavitud o esclavitud moderna refiere a situaciones en las que mediante amenazas, violencia, coacción, abuso de poder o engaño, a una persona se le priva de libertad para controlar su cuerpo, elegir o rechazar un empleo o dejar de trabajar. Hay diversos indicadores que pueden ilustrar cuándo una situación equivale a trabajo forzoso, como la limitación de la libertad de movimiento de los trabajadores, la retención de los salarios o de los documentos de identidad, la violencia física o sexual, las amenazas e intimidaciones o deudas fraudulentas de las cuales los trabajadores no pueden escapar. Esto, además de ser una violación grave de derechos humanos, también constituye un delito penal.

La Emergencia Humanitaria Compleja que agobia a los venezolanos tiene implicaciones que van más allá del evidente colapso económico, la destrucción de los servicios de salud o la cada vez más depauperada calidad de vida, pues la suma de estos factores, aunados al violento entorno político y social, ha llevado a millones de venezolanos a migrar en busca de mejores oportunidades.

Para la migración interna venezolana las ciudades fronterizas son las más atractivas, pues constituyen una opción cierta para acceder a ingresos en una moneda más fuerte, y con ello la posibilidad de incrementar el poder adquisitivo, usualmente destinado a la compra de alimentos y pagar alquiler, o para la manutención de familiares que quedaron en sus ciudades de origen.

La dinámica propia de los territorios de frontera cuenta entre sus actores con mafias dedicadas al tráfico de combustible y alimentos; cultivo, producción y comercialización de estupefacientes; redes de prostitución y trata de personas; actividades que constituyen formas de esclavitud moderna controladas por grupos armados irregulares (GAI) y bandas delincuenciales con alto poder de fuego que someten a los migrantes a servidumbre a cambio de escaso o ningún ingreso económico.

Por otra parte, quienes se fijan como meta una ruta internacional emprenden, muchas veces a pie, largos recorridos, primero por las carreteras venezolanas y luego por las de los países

vecinos, se exponen en el trayecto a innumerables peligros, entre ellos ser captados por grupos armados irregulares.

Un trabajo publicado por el medio británico BBC expone el caso de Enrique, un joven venezolano de 14 años de edad que cruzó la frontera por el estado Táchira hacia Colombia junto con su madre en febrero de 2019. “Ambos solían vivir en Trujillo, en el oeste de Venezuela, pero la escasez y la violencia los obligó a migrar al país vecino. ‘Trabajamos por un plato de comida’, relata el joven que se dedica a la cosecha de plantaciones de hoja de coca en la región del Catatumbo, una de las zonas más violentas de Colombia”, destaca la publicación.

Los habitantes de las zonas fronterizas también son blanco de estas redes y mafias. Una mujer dedicada a la venta de accesorios para celulares, residenciada en Ureña, estado Táchira, relató a FundaRedes que fue objeto de trabajos forzosos tras ser secuestrada y confinada en un campamento guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que cancelara una “deuda” vencida. Durante el tiempo de cautiverio fue testigo de cómo otras personas, entre ellos jóvenes migrantes, eran reclutados por la organización armada para trabajar como informantes, vigilantes y contrabandistas.

Un informe publicado en 2020 por Human Right Watch advierte sobre el control que ejercen los grupos armados irregulares en la vasta región fronteriza entre el estado venezolano de Apure y el departamento colombiano de Arauca, una extensa región llanera también usada como ruta migratoria. La publicación enfatiza que allí actúan el ELN, disidentes de las FARC y de las venezolanas Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN), así como grupos
transnacionales del crimen organizado. El informe titulado “Los guerrilleros son la policía” se refiere al reclutamiento de niños para destinarlos a trabajos forzados. Denuncia que existe incluso connivencia de las fuerzas de seguridad y las autoridades locales.

En diciembre de 2020 una banda criminal acusada de reclutar mujeres migrantes venezolanas y explotarlas sexualmente en la frontera con Venezuela fue desarticulada por la Policía Nacional de Colombia en cooperación con las autoridades migratorias de ese país.  Reportes de prensa señalan que las víctimas eran contactadas en pasos fronterizos de Arauca: “Les ofrecían trabajo en Yopal, capital de Casanare. Allí les exigían pagar los costos del transporte con servicios sexuales en establecimientos nocturnos. Los victimarios les

 

cobraban a las mujeres hospedaje, manutención e incluso les imponían multas cuando se negaban a tener sexo con los clientes”.

El testimonio de una venezolana que fue engañada para migrar a Colombia con la promesa de vender café fue recogido por el portal Estoy en la Frontera: “Me dijo: ‘Tu vienes es a trabajar de prostituta y tu hija de 8 años ya tiene clientes porque ella se tiene que acostar con personas mayores que les gusta estar con niñas menores de edad’… Uno de los tratantes empezó a acosar a Yolanda y, finalmente, la agredió sexualmente. Cuando el hombre intentó abusar de una de sus hijas, Yolanda escapó. ‘El señor, después que mi esposo se va, entró al cuarto con un cuchillo, me lo pone en el cuello y me dice que me quedara quietecita porque allí estaban las niñas y que si no abría las piernas podía atentar contra la vida de ellas y contra la mía. Él quiso abusar de mi hija que tiene 8 años, y fue cuando yo reaccioné, lo empujé y pude agarrar lo poquito que tenía, bajé las escaleras; aproveché que la puerta estaba abierta y salí. Me fui a un parque cercano, donde había un CAI (Centro Atención Inmediata)”. Según la publicación, los policías le confirmaron a Yolanda que su historia le ocurre a muchas mujeres venezolanas.

Peligros en el mar y en las minas

Las aguas que unen a Venezuela con las islas de Aruba, Bonaire, Curazao, Trinidad y Tobago también son una amplia vía de escape para los migrantes provenientes de estados costeros hasta donde las redes de las mafias de trata de personas y las bandas delincuenciales han extendido su radio de acción, aliadas con funcionarios administrativos, policiales y militares. Activistas de FundaRedes en el estado Falcón han hecho seguimiento y acompañamiento a familiares de cientos de venezolanos desaparecidos en el mar. Algunos de ellos pierden la vida en estas aguas, otros simplemente desaparecen. Tras reiteradas denuncias las autoridades se han visto obligadas a realizar investigaciones que dejan en evidencia la existencia de redes y mafias.

Yosqueili, una joven de 16 años de edad, sobrevivió al naufragio de la embarcación en la que viajaba la noche del 23 de abril de 2019 a Trinidad y Tobago, engañada por las mafias dedicadas a la trata de personas entre Venezuela y esas islas. Luego de varios días aferrada a una pimpina de gasolina logró regresar a casa con su madre, una miliciana que se había atrevido a denunciar ante el Ministerio Público a las mafias dedicadas a engañar jovencitas
para luego esclavizarlas en burdeles de las islas del Caribe.

Pero denunciar a sus captores tuvo terribles consecuencias para Yosqueili. En abril de 2020 un grupo de hombres armados ingresó a la vivienda en la que se encontraba, destrozaron el lugar y se la llevaron. Unas semanas después la joven pudo comunicarse por apenas minutos a través de un teléfono prestado y sólo alcanzó a decir que estaba en Trinidad y que había sido vendida por 300 dólares. Su caso fue documentado por activistas de FundaRedes y divulgado en varios medios locales.

La Fiscalía General de Venezuela ha adelantado investigaciones, practicado detenciones y desmantelado algunas estructuras delincuenciales. “Fue desmantelada una red de tráfico de personas con fines de explotación sexual que tiene ramificaciones en los estados Delta

 

 

Amacuro (este), Lara (noroeste) y La Guaira (norte) conectados con Trinidad y Tobago”, dijo el fiscal general, Tarek William Saab, el 18 de enero de 2021. Sin embargo, las diligencias de la Fiscalía no han dado respuesta a cientos de familias que aún esperan información sobre el paradero de sus parientes desaparecidos en el mar y de quienes se presume han sido víctimas de redes de tráfico humano.

En el sureste venezolano la actividad económica está indisolublemente vinculada a la minería, que en los últimos años ha experimentado una explotación sin control a raíz de la creación del denominado Arco Minero del Orinoco. En esta zona, la extracción del oro está dominada por grupos armados irregulares (GAI) de origen colombiano, bandas delincuenciales con alto poder de fuego, pranatos, los denominados “sindicatos”, así como por funcionarios públicos y efectivos militares. En el Arco Minero, que abarca 14% de territorio del estado Bolívar y ocupa parte de los estados Delta Amacuro y Amazonas, las modernas formas de esclavitud se abren paso en las minas.

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU) ha documentado 77 desapariciones forzadas en el municipio Sinfontes del estado Bolívar en los últimos 8 años; 43% de las víctimas son mineros y comerciantes. Entre los desaparecidos hay 13 mujeres de edades comprendidas entre 20 y 30 años.

El equipo de documentación de FundaRedes ha comprobado que la práctica más común para captar mujeres que se trasladen a trabajar a las minas son ofertas engañosas solicitando personal de cocina o aseo, vendedoras o encargadas de pequeños puestos de comercio, pero en realidad solo se trata de fachadas de redes de prostitución. En el caso de los hombres, incluso cuando se les contrata para el oficio de minero, que es el mayormente desempeñado tanto por indígenas como por migrantes internos provenientes de otras regiones de Venezuela, la esclavitud se evidencia en las condiciones en las que son obligados a trabajar: sin ventilación o hidratación adecuada, ausencia de baños, equipos de seguridad o primeros auxilios, por extensas jornadas y percibiendo poca paga, además de las amenazas de mutilación y muerte en caso de no entregar todo lo que hallen en las minas.

 

 

Vidas robadas

La vida y la libertad son los más fundamentales derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y mientras el primero lleva implícitas la calidad y dignidad, la libertad de actuar en función de propios criterios, valores, razón y voluntad. La llamada esclavitud moderna es una vulneración de los derechos humanos para quien la sufre.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama: “Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas” (art. 4); y “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.” (art. 23).

igualmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala: “1. Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas. 2. Nadie estará sometido a servidumbre. 3.a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio” (art. 8).

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala: “Ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre. La trata de personas y, en particular, la de mujeres, niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, estará sujeta a las penas previstas en la Ley”. (art. 54) ; y reconoce: “Toda persona tiene derecho al trabajo” (art. 87) y “El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado.” (art.89)

El ordenamiento jurídico nacional contiene disposiciones que permiten activar las instituciones del Estado contra prácticas de esclavitud moderna. Destacan instrumentos como la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente que establece la prohibición de esclavitud, servidumbre y trabajo forzado, admisión o lucro por trabajo de niños, explotación sexual e inclusión de niños o adolescentes en grupos criminales; la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que tipifica delitos como la prostitución forzada, la esclavitud sexual, el trabajo o los servicios forzados, la servidumbre y la extracción de órganos como formas de violencia de género contra las mujeres; la Ley Orgánica contra

 

 

la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo la cual tipifica delitos relativos a trabajos o servicios forzados, servidumbre por deudas, adopción irregular, extracción de órganos, explotación sexual, prostitución ajena o forzada, pornografía, turismo sexual y matrimonio servil.

Asimismo, la constitucionalización de los tratados relativos a derechos humanos suscritos por Venezuela da valor normativo pleno al Convenio C182 sobre las Peores formas de Trabajo Infantil, el Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso y el Convenio 29 Relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio. Igualmente, Venezuela suscribió y ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; ratificó el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y suscribió y ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía.

FundaRedes ha presentado denuncias sobre hechos de esclavitud moderna y trata de personas ante instancias del Estado venezolano, como la Fiscalía General de la República, la más reciente fue el 25 de febrero de 2021 cuando la organización le entregó un documento instando a que investigue las continuadas desapariciones forzadas que ocurren cada vez con más frecuencia en Venezuela.

La organización también ha brindado acompañamiento a víctimas ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e instancias de Naciones Unidas. Del mismo modo, FundaRedes presentó el 6 de junio de 2020 un informe de los casos de desapariciones forzadas que documentó la organización durante el año 2019 y el primer semestre de 2020, entre los cuales destacan más de 150 víctimas desaparecidas en las costas venezolanas.

Lo común en todos estos casos de desapariciones, que frecuentemente terminan alimentando las redes de explotación, esclavitud y trata de personas, es el silencio del Estado venezolano y la falta de investigaciones. La inacción para frenar los crímenes cometidos por grupos armados que operan en Venezuela, en muchos casos con complicidad de los organismos de seguridad, es una flagrante violación a los derechos humanos.