La frontera venezolana, que se extiende a lo largo de los territorios de los estados Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas y Falcón, donde FundaRedes mantiene observación permanente, es escenario de una serie de situaciones que generan consecuencias no sólo en el entorno inmediato, sino en los países vecinos y en buena parte de Suramérica.

La emergencia humanitaria compleja que azota al país, derivada de la crisis económica y social causada por la implantación de un modelo económico y un régimen político que progresivamente ha ido cerrando las fuentes de producción del país, ha llevado a los venezolanos a una depauperación del nivel de vida, que se ve alimentada por el incremento significativo de los índices de pobreza extrema y desnutrición, incluso en sectores antes considerados pertenecientes a la clase media, como el de los educadores o los trabajadores de la administración pública, lo que a su vez hace que un alto porcentaje de la población incremente el ya abundante flujo migratorio que se desarrolla en el país con especial fuerza desde el año 2014.

Sumado a ello, la falta de acción gubernamental para la solución de los problemas auspicia la anarquía social. Instituciones desarticuladas, penetradas por la corrupción; funcionarios de todos los niveles de poder vinculados a actividades ilícitas como el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, la extracción ilegal de oro y otros minerales. Un Estado permisivo ante la actuación de bandas criminales, organizaciones guerrilleras de origen colombiano y auspiciador de grupos armados autóctonos policiales y parapoliciales con licencia para matar.

Reflejo de la actitud omisiva del Estado en el cumplimiento de su deber de protección a la población lo observamos en el paso constante de migrantes por las trochas de la frontera que imposibilita la aplicación de controles efectivos para prevenir la propagación de la COVID-19, mientras la situación de pobreza extrema en la que estos migrantes se movilizan, les lleva a caminar kilómetros sin apenas consumir alimentos ni agua. Desnutridos, deshidratados y extenuados, en no pocas oportunidades colapsan durante su trayecto migratorio y son presa fácil de todo tipo de enfermedades. Una investigación realizada por Gifmm revela que –por ejemplo- el 65% de los venezolanos que han migrado a Colombia solo comen una vez al día, y debido a esto se incrementan las cifras de muertes y desnutrición. El estudio también mostró que una de cada tres de estas familias ha tenido que pedir dinero en la calle para comprar alimentos.

 

FundaRedes, cumpliendo con el propósito de impulsar la defensa y promoción de los derechos humanos a través del monitoreo, documentación, denuncia y visibilización de las situaciones que pudiesen constituir violaciones o amenazas, ha efectuado acciones nacionales e internacionales, entre ellas, la solicitud de audiencia junto a un grupo de organizaciones hermanas para el 179° Período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el cual se celebrará en el mes de marzo del año en curso; una actualización ante la relatoría especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la ONU, de la situación de amenazas y hostigamientos hacia el Director General de FundaRedes, Javier Tarazona; y la suscripción de un documento colectivo entregado a la Relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilateralesen el disfrute de los derechos humanos de la ONU Alena Douhan, para evidenciar que las sanciones impuestas al país no han sido la causa de la emergencia humanitaria compleja y tampoco de las masivas y flagrantes violaciones de derechos humanos.

En cuenta de todo lo anterior, FundaRedes presenta en este informe los hechos de interés, ocurridos durante el mes de enero del año 2021 en los estados en los que mantiene observación constante a través de su red de activistas, aplicando para ello los protocolos desarrollados por la organización bajo el método de documentación situacional, tomando en consideración los instrumentos normativos existentes a nivel nacional e internacional.

SÍNTESIS DESCRIPTIVA

El seguimiento constante desarrollado por FundaRedes en entidades como Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas y Falcón, permitió identificar y analizar una serie de hechos y situaciones propias de cada una de estas regiones que, analizadas de forma integral en el marco de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, e incluso en algunos casos, a la luz del contexto regional de los territorios compartidos con los países vecinos y en general en la región suramericana, permiten avizorar proyecciones y escenarios útiles para la toma de decisiones.

Destaca en este entorno que pese a las restricciones a la movilidad asociadas al protocolo de prevención de contagios de la COVID-19, el movimiento migratorio hacia los estados fronterizos continúa, desde el oriente y centro de Venezuela especialmente hacia Táchira, Apure y Zulia.

Al colapso del sistema de salud, el deterioro del poder adquisitivo de sus ciudadanos, ahora se les suma la falta de medicamentos en varios estados de Venezuela, situación que preocupa de manera especial en medio de esta pandemia, por ello FundaRedes, junto a organizaciones aliadas suscribió un documento en el que se solicita la intervención de organismos internacionales para su suministro.

La violencia asociada a la acción de bandas delincuenciales con alto poder de fuego y grupos armados irregulares, también destaca de manera notable en entidades como Zulia y Bolívar, ésta última con especiales implicaciones debido a la alta afectación de poblaciones ancestrales. Sólo en el mes de Enero, FundaRedes contabilizó un total de 135 homicidios cometidos en los seis estados fronterizos en los que hace seguimiento a hechos violentos (Táchira, Apure, Zulia, Falcón, Amazonas y Bolívar), donde también registró 31 desapariciones, siete de las cuales correspondieron a menores de edad y 62 Enfrentamientos armados que dejaron un saldo de 83 fallecidos.

La denuncia, criminalizada por el estado venezolano, constituye causa de persecuciones, amedrentamientos y amenazas contra quienes visibilizan violaciones de derechos humanos. En este marco, las incidencias nacionales e internacionales de FundaRedes han logrado obtener un alto impacto, impulsando a nuevas víctimas a denunciar la actuación de grupos armados irregulares o violaciones de derecho cometidas contra sí mismas o sus familias, dentro del contexto violento que FundaRedes documenta a diario. Cada uno de estos escenarios merece ser analizado a la luz de su propia realidad y con atención al detalle, por lo que a continuación desglosamos el panorama fronterizo de cada uno de los estados bajo observación y seguimiento de FundaRedes.

TÁCHIRA

En Táchira las autoridades implementaron, desde los primeros días del nuevo año, un cerco de movilidad que impide la entrada o salida de vehículos particulares hacia el territorio tachirense y –por ende- hacia la zona de mayor movilidad humana de la frontera colombo-venezolana, comprendida por el eje que abarca el corredor fronterizo Táchira-Norte de Santander, donde han sido identificados más de 250 pasos irregulares activos. Tal restricción es violatoria del derecho al libre tránsito y genera una serie de situaciones conexas que constituyen vulneraciones de derechos.

En este sentido se evidencia que la decisión generó un represamiento en el flujo de personas que intentaban salir de Venezuela usando esta ruta, que se ha constituido en la preferida de los migrantes de todos los estratos sociales. El flujo migratorio comenzó entonces a derivarse hacia los pasos fronterizos del Eje Apure -Arauca cuyos límites divisorios están establecidos por el cauce del río Arauca. Quienes no se derivan hacia Apure, se ven forzados a continuar a pie su recorrido por el territorio tachirense, quedando expuestos y vulnerables a la acción de los elementos y a los riesgos de circular a pie por vías rápidas no diseñadas para tráfico peatonal.

En torno al paso de migrantes a pie se ha tejido toda una industria delincuencial, por cuanto grupos armados irregulares y cuerpos de seguridad han establecido una asociación estratégica para cobrar coimas en dólares a los migrantes que intentan continuar su camino hacia la frontera de Táchira, recursos que pasan a alimentar la red de corrupción institucional y a constituir una nueva y rentable fuente de financiamiento para las organizaciones guerrilleras que tienen presencia en estos territorios de la zona sur del Táchira y el alto Apure.

Finalizando enero, se registraron hechos lamentables a consecuencia de la exposición de los migrantes en las carreteras venezolanas, que involucran pérdidas de vidas humanas, entre ellas las de menores de edad. Destaca el volcamiento de una unidad militar en el sector Apartaderos en la frontera de Táchira, que dejó como saldo 12 víctimas fatales y más de 20 personas lesionadas, la mayoría de estos ciudadanos oriundos del estado Yaracuy, quienes se disponían a abandonar el país huyendo de la pobreza y la falta de oportunidades en su lugar de origen. Un segundo hecho tuvo lugar pocos días después, esta vez en la zona sur de Táchira, donde se registró el arrollamiento de varios migrantes con saldo de un joven fallecido y dos damas lesionadas.

FundaRedes solicitó protección para los venezolanos que en su huida de la emergencia humanitaria compleja que agobia al país, se enfrentan a situaciones que exponen su integridad y quedan indefensos ante las actuaciones de militares en las zonas de frontera. También acudió ante la Fiscalía del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, en solicitud de protección a informantes tras denunciar la actuación de grupos armados irregulares en el municipio Córdoba del estado Táchira, donde han llevado adelante la ocupación de fincas para entrenamientos de guerra, reclutamiento de menores y otras actividades ilícitas. Allí sujetos fuertemente armados controlan la localidad e intimidan a la población y amenazan con cometer más invasiones.

En torno al paso de migrantes a pie se ha tejido toda una industria delincuencial, por cuanto grupos armados irregulares y cuerpos de seguridad han establecido una asociación estratégica para cobrar coimas en dólares a los migrantes que intentan continuar su camino hacia la frontera de Táchira, recursos que pasan a alimentar la red de corrupción institucional y a constituir una nueva y rentable fuente de financiamiento para las organizaciones guerrilleras que tienen presencia en estos territorios de la zona sur del Táchira y el alto Apure.

Finalizando enero, se registraron hechos lamentables a consecuencia de la exposición de los migrantes en las carreteras venezolanas, que involucran pérdidas de vidas humanas, entre ellas las de menores de edad. Destaca el volcamiento de una unidad militar en el sector Apartaderos en la frontera de Táchira, que dejó como saldo 12 víctimas fatales y más de 20 personas lesionadas, la mayoría de estos ciudadanos oriundos del estado Yaracuy, quienes se disponían a abandonar el país huyendo de la pobreza y la falta de oportunidades en su lugar de origen. Un segundo hecho tuvo lugar pocos días después, esta vez en la zona sur de Táchira, donde se registró el arrollamiento de varios migrantes con saldo de un joven fallecido y dos damas lesionadas.

FundaRedes solicitó protección para los venezolanos que en su huida de la emergencia humanitaria compleja que agobia al país, se enfrentan a situaciones que exponen su integridad y quedan indefensos ante las actuaciones de militares en las zonas de frontera. También acudió ante la Fiscalía del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, en solicitud de protección a informantes tras denunciar la actuación de grupos armados irregulares en el municipio Córdoba del estado Táchira, donde han llevado adelante la ocupación de fincas para entrenamientos de guerra, reclutamiento de menores y otras actividades ilícitas. Allí sujetos fuertemente armados controlan la localidad e
intimidan a la población y amenazan con cometer más invasiones.

En la línea limítrofe con Colombia, las restricciones a la movilidad binacional obligaron a los ciudadanos a transitar por los pasos ilegales conocidos como trochas, controlados por los GAI y las bandas criminales, lo que ha decantado en un incremento de la violencia que ha quedado en evidencia mediante el análisis de los datos recabados por la red de activistas de FundaRedes, que registró 18 asesinatos y 8 desapariciones, todas estas ocurridas en las trochas de la frontera y asociadas a la acción de los GAI.

Igualmente fue afectado el derecho de acceso a medicamentos, ya que un sinnúmero de personas, ante la carencia de inventarios disponibles en Venezuela se ven forzados a trasladarse a la fronteriza ciudad de Cúcuta para adquirir tratamientos médicos, resultando lesionados en derechos a la salud y a la vida misma, por cuanto este trayecto genera retardos en su adquisición.

De acuerdo al seguimiento realizado los hechos antes descritos podrían suscitarse con mayor frecuencia en las próximas semanas, pues a pesar de las condiciones adversas generadas por las restricciones impuestas para impedir el paso de los migrantes venezolanos en algunos países de suramérica, la precariedad de las condiciones de vida al interior de Venezuela continúa impulsando a los venezolanos a salir de su país.

APURE

En el estado Apure, la acción de los GAI controla todas las actividades de la vida cotidiana, desde la venta de combustible hasta la explotación agrícola. En la entidad se evidencia el uso de testaferros para hacerse de grandes haciendas que son utilizadas para la producción y procesamiento de pasta base de coca y la creación de pistas clandestinas asociadas al narcotráfico. La confluencia en la zona de organizaciones guerrilleras y cárteles internacionales mantiene en zozobra a sus habitantes.

En esta zona durante el mes de enero se registraron cuatro asesinatos y dos desapariciones de ciudadanos, también la entidad fue escenario de dos enfrentamientos armados. Activistas de FundaRedes han encontrado evidencia de que estos territorios son usados por la guerrilla del ELN para resguardar a secuestrados que pasan desde Colombia utilizando los cursos de agua que en esta zona funcionan como trochas.

Por otra parte, los migrantes que decidieron replantear su ruta de salida hacia este tramo fronterizo, encontraron un obstáculo adicional al intentar cruzar el río Arauca para alcanzar la ribera colombiana, pues las autoridades de Migración Colombia y la Armada colombiana iniciaron un operativo de patrullaje por el río para evitar su paso, hecho que provocó algunas situaciones de riesgo. Chile y Perú también estas últimas dos semanas han reforzado sus controles fronterizos para evitar el ingreso de los miles de caminantes venezolanos que van desde Venezuela hacia los países del sur.

La migración también está asociada a la de trata de personas y la esclavitud moderna, destacando que este tipo de situaciones que atentan contra la libertad personal, no están circunscritos a una sola jurisdicción, sino que evidencian una acción transversal que va de un extremo a otro del país, y conecta las fronteras terrestres con las marítimas e involucra no solo a los GAI, sino que ha dejado en evidencia redes de corrupción gubernamental con la participación de efectivos militares. Es así que en enero fue desmantelada en Apure una poderosa red de explotación sexual de menores de edad, en la que están vinculados militares de alto rango, empresarios y extranjeros, que utilizaban a jóvenes de entre 13 y 16 años de edad, para prostituirlos.

FALCÓN, SUCRE Y DELTA AMACURO

En el cuerpo de agua salada que une a Venezuela con Trinidad y Tobago, Aruba, Bonaire y Curazao, funciona un mercado anárquico donde abundan transacciones de comida, enseres, armas, drogas e incluso personas. Las autoridades venezolanas informaron el desmantelamiento de una red que traficaba menores de edad hacia Trinidad y Tobago con fines de explotación sexual, un procedimiento por el cual hay varias personas detenidas mientras continúan las investigaciones. Sin embargo, cientos de familias esperan aún información de sus seres queridos, desaparecidos en el mar y quienes se presumen han pasado a formar partes de estas redes de explotación sexual que tienen conexiones con América, el Caribe, Europa y Asia.

BOLÍVAR

Venezolanos pertenecientes a las etnias autóctonas de la zona, surcan en canoas las aguas del río Orinoco, huyendo del hambre y las enfermedades que por años los han diezmado. Unos 600 indígenas waraos procedentes de Delta Amacuro, Monagas y Bolívar, cruzaron la frontera con Brasil durante los primeros 15 días del 2021, según reportaron voceros del municipio Pacaraima de Brasil. La situación deja en evidencia una vez más la grave situación y las precarias condiciones de vida que padecen las etnias venezolanas además de la desatención por parte del Estado venezolano, que los obliga a salir del país para poder sobrevivir.

Por si ello fuese poco, un estudio reveló que las actividades ilegales de extracción de oro han elevado la incidencia de casos de malaria en Venezuela; pese a los grandes avances en el control de esta enfermedad que registra América del sur durante los últimos años, la afección permanece dentro de la lista de problemas de salud pública de la región. El documento establece que en el estado Bolívar, el incremento de la malaria está íntimamente ligado a los daños ambientales causados por la minería

ilegal, lo cual no ha sido atendido por el Estado Venezolano, violándose el derecho a la salud y a un ambiente sano a las comunidades autóctonas e impactando la biodiversidad del principal pulmón natural del planeta, la Amazonía, constituyendo estas afectaciones graves perjuicios a los derechos de las generaciones futuras a gozar de una ambiente sano y causando daños irreparables no solo a la región, sino inclusive al planeta.

ZULIA

Zulia es, por mucho, el estado más violento del país, liderando no sólo las cifras de homicidios, sino también la de enfrentamientos armados. Considerado uno de los estados con mayor actividad económica de Venezuela, poseedor de un subsuelo rico en petróleo y grandes extensiones de tierra fértil aptas para el cultivo y la ganadería, es una de las entidades fronterizas donde la expansión de los grupos armados irregulares se registra con mayor fuerza. La zona sur del lago de Maracaibo es protagonista de constantes ocupaciones y expropiaciones de terrenos que son convertidos en plantaciones de coca o pistas clandestinas, desde donde la coca que producen el ELN y la disidencia de las FARC es procesada y vendida a los grandes carteles de Norte y Centroamérica. Allí han sido constantes los enfrentamientos entre bandas criminales, mafias y los guerrilleros, con participación de militares y policías. La ola migratoria evidenciada en Apure y Táchira también usa el paso fronterizo de Paraguachón y las trochas de la zona sur del lago de Maracaibo y la guajira para abrirse paso hacia el sur del continente. Este territorio es altamente conflictivo por la presencia especialmente del ELN y algunas bandas delincuenciales con alto poder de fuego. En la zona, recientemente se produjo una redistribución del poder, al ser desplazados los focos paramilitares que actuaban al sur del lago de Maracaibo territorios que ahora son controladas por la guerrilla del ELN. Este control de los espacios fronterizos pasa por la invasión y apropiación indebida de las tierras (haciendas ganaderas y predios de siembra) en la carretera que va de Maracaibo hacia Perijá,lo que constituye una violación al derecho a la propiedad e impacta negativamente la economía de la zona y la capacidad alimentaria del país, por cuanto son terrenos dedicados a la ganadería de carne y leche, así como a la producción de plátanos, bananos y otros rubros agrícolas. Sólo durante el mes de enero se contabilizaron 46 enfrentamientos armados, 74 homicidios y siete desapariciones.

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

En medio de la emergencia humanitaria compleja venezolana, el colapso del sistema educativo deja cada vez con menos opciones a la población más joven y alimenta la ola migratoria. La precariedad del sistema de salud constituye un elemento que no puede obviarse al momento de analizar el contexto fronterizo, pues por una parte, el uso de las trochas por parte de cientos de ciudadanos que cruzan a diario la frontera imposibilita la aplicación de controles sanitarios efectivos contra la COVID-19. Migrantes en situación de pobreza extrema, desnutridos, deshidratados y extenuados, son presa fácil de todo tipo de enfermedades constituyendo un problema cada vez mayor para los países receptores que comienzan a fracturar su solidaridad hacia los venezolanos, agobiados por el peso de la carga sanitaria y económica que para ellos ha representado la pandemia.

En Venezuela, la movilización interna desde el oriente y centro del país hacia las zonas de frontera, ha tenido un impacto significativo en los índices de criminalidad. Las comunidades limítrofes vienen experimentando un incremento poblacional, producto de la llegada de personas provenientes de diversas regiones de Venezuela, que encuentran en la informalidad que reina en la economía fronteriza venezolana, un nuevo modo de vida. Así entonces, algunos pasan a formar parte de las mafias de contrabando de combustibles, alimentos, drogas y personas que imperan en estos espacios fronterizos y se disputan el territorio con las guerrillas de origen colombiano (FARC-ELN-EPL), guerrillas de origen venezolano (FBL) y bandas criminales con alto poder de fuego. Otros, por el contrario, quedan en medio de las pugnas territoriales alimentando las cifras de muertos y desaparecidos, que han evidenciado un auge creciente al cierre del primer mes de 2021.

Los grupos armados irregulares azotan a las familias establecidas en los corredores fronterizos mediante la ocupación y expropiación de tierras, penetración y control de los centros urbanos, secuestros, extorsiones y amenazas, generando temor y angustia entre los ciudadanos. Violencia que apunta a incrementarse de forma exponencial en tanto se agudizan los factores que alimentan la emergencia humanitaria compleja.

Las etnias indígenas de Bolívar y Amazonas, desplazadas de sus tierras ancestrales, diezmadas por la falta de atención en salud y la deficiente alimentación, huyendo hacia territorios desconocidos en suelo brasileño, sin asistencia gubernamental y expuestos a la acción violenta de los grupos armados que se disputan el control de las minas en el rico suelo amazónico, se enfrentan a la extinción.