FundaRedes denunció ante la Defensoría del Pueblo la ilegalidad en la restricción del ingreso y salida de transporte público al Táchira, que ha fomentado la extorsión en puntos de control donde exigen un pago en dólares a cada pasajero para permitirle transitar, dinero que va directo a los grupos armados irregulares y a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Javier Tarazona, director general de FundaRedes recordó que desde el 13 de enero de 2021, el ministro de transporte Hipólito Abreu ha anunciado en redes sociales la restricción de ingreso y salida del Táchira del transporte público, sin justificación alguna, lo cual ha generado graves consecuencias a las personas que requieren con urgencia movilizarse por el territorio nacional, y aseguró que, al poner más prohibiciones ilícitas, se acelera la extorsión.

 Advirtió Tarazona que: “lo puestos que están a la entrada y a la salida del estado Táchira, recogen 5 dólares por pasajero, y la guerrilla de origen colombiano que opera en esta zona del país, recoge otros 5 dólares. El comandante Román es el encargado de recolectar en estas alcabalas el pago de cada ciudadano”.

Al respecto también señaló que este tipo de actuaciones por parte de quienes ocupan el poder, siguen promoviendo acciones delincuenciales de los uniformados en distintas zonas del país, al tiempo que aseguró que hay un total de 19 alcabalas entre el Táchira y Caracas.

FundaRedes documentó una serie de testimonios quienes revelaron que en cada punto de control cobran 50 dólares por autobús que transita con viajeros, y esa es la razón por la cual un pasaje cuesta 15 dólares más de su precio real, porque deben pagar en todos estos lugares improvisados para que no los amedrenten y les afecten su libre tránsito.

Rechazó de manera firme la violación a la Constitución, al derecho al libre tránsito contemplado en la legislación venezolana y en todos los acuerdos y resoluciones internacionales que ha respaldado la República de Venezuela.

La organización defensora de derechos humanos, levantó un registro en mapas donde se detallan las diversas situaciones de riesgo que se viven a lo largo de las carreteras nacionales, a las que se exponen viajeros y migrantes forzados, como instalación de alcabalas de grupos armados irregulares, colocación de miguelitos, zonas donde operan bandas que lanzan piedras a los vehículos, tramos en pésimas condiciones, falta de alumbrado, ausencia total de resguardo, entre otros.

Igualmente denunció que en San Cristóbal, estado Táchira, existen zonas donde hay puestos policiales con apenas 50 metros de distancia entre ellas, solo con la finalidad de recoger el llamado pote para los comandantes policiales y militares.

Según Tarazona, situación similar ocurre en el sector Punta de Piedra, límite entre los estados Táchira y Barinas, donde los viajeros deben bajarse de los autobuses y avanzar caminando, cargando con sus equipajes, previo pago también a los funcionarios.

Exhortó a la Defensoría del Pueblo a que se actúe de inmediato en la restitución del derecho al libre tránsito, ya que no existe resolución, decreto, ni algún otro documento formal que diga por qué razón del Táchira no pueden ingresar ni salir pasajeros. (Prensa FundaRedes)