Se conforma en el estado Apure, el Observatorio de Defensa de los Derechos Humanos, la información la dio a conocer el abogado Juan Francisco García, quien además manifestó que, en esa región llanera, al igual que en toda Venezuela, la población padece de graves violaciones de los Derechos Humanos, económicos y sociales, debido a los bajos salarios, los altos precios de los alimentos o las persistentes carencias de los servicios públicos, no es un secreto la insuficiencia de combustible en la región, o del gas domestico, y las enorme mafias que operan alrededor de estos servicios, logrando paralizar en el estado, la producción de alimentos, por parte de los trabajadores del campo, y la ausencia del gas domestico que ha condenado a cientos de hogares, que no pueden cancelar una bombona de gas en 15, o 20 dólares, a cocinar sus alimentos con leña, lo que ha traído enfermedades respiratorias a muchos hogares, y paralelamente causa graves daños ambientales a toda la naturaleza.
“Apure es además es un territorio fronterizo donde la violencia se ha apoderado de comunidades enteras, a causa de ser el corredor de frontera más extenso del país, con los hermanos colombianos, y somos víctimas directas del conflicto armado por parte de organizaciones como; las FARC, el ELN y también las FBL. La población indígena del estado vive desde hace mucho tiempo verdaderas calamidades, así que por estas razones y muchas otras nuestra organización tiene el compromiso histórico de ejecutar proyectos y programas, para construir un tejido social a través de la creación de redes de activistas que impulsen la cultura preventiva, la participación ciudadana, porque además, es un mandato constitucional, la promoción y defensa de los Derechos Humanos, así como la organización social a favor de la libertad para finalmente la restauración de la democracia del país”, enfatizó García.
Al mismo tiempo agregó que desde FundaRedes, asumen el compromiso de impacto y pertinencia social, que buscará en lo inmediato, ejecutar una serie de actividades para fortalecer una red de activistas, mediante un programa de formación, así como también la consolidación del observatorio de DDHH en la ejecución de un número de actividades que permitirán la identificación de vulneraciones, la sistematización, denuncia, incidencia y transformación de la realidad.
“Tendremos una articulación directa, con las Iglesia Católica, con las Iglesias evangélicas, con los gremios y asociaciones que hacen vida activa en la región, pero también sumaremos a los partidos políticos, y finalmente de manera directa con los habitantes y líderes de todas las comunidades del estado Apure, en sus 76.500 kilómetros de territorio, porque nuestro compromiso se ubica en proporcionar mecanismos de defensa a nuestra vulnerada población”, concluyó.