Continuando con su labor de atención a las comunidades en materia de vulneración de derechos humanos, miembros de FundaRedes a través del programa Actívate brindaron asesoría a residentes del sector Pozo Azul ubicado en el barrio 23 de Enero de San Cristóbal, estado Táchira, donde expresaron los múltiples problemas en materia de servicios públicos tales como escasez de gas doméstico, fallas en la energía eléctrica, agua potable, telefonía fija y acceso a internet.
Una vez recibida la asesoría de FundaRedes, los vecinos de Pozo Azul manifestaron estar sin servicio de gas doméstico desde hace cinco meses. A esta situación se le agregan los frecuentes cortes de energía eléctrica que suceden a diario por más de 8 horas; además de carecer de conexión telefónica de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).
El equipo jurídico de FundaRedes escuchó los planteamientos de los afectados, quienes detallaron que el servicio del gas doméstico es uno de sus principales problemas, pues los adultos mayores se ven obligados a buscar leña en los parques ubicados en la avenida Marginal del Torbes, para poder cocinar los alimentos, situación que provoca la deforestación de la zona y graves enfermedades respiratorias para estas personas, por causa del humo que emana al momento de cocinar.
Clara Ramírez, abogada y directora de FundaRedes, recordó a los ciudadanos cuáles son sus derechos en materia de acceso a servicios públicos y calidad de vida, y les explicó los mecanismos que deben emprender para incidir ante los organismos correspondientes del Estado para exigir respuestas.
Ramón Sánchez, habitante de la comunidad resaltó que algunos preparan sus alimentos en cocinas eléctricas y muchas veces esperan horas sin poder comer hasta que se restablece la electricidad. De igual manera, añadió que el subsidio de comida prometido por el Gobierno como protección alimenticia a través del Comité de Abastecimiento y Producción (Clap), solo lo han recibido dos veces en lo que va de año.
Así mismo, Sánchez tildó de “pésima” la atención recibida al dirigirse ante los entes competentes con la intención de solventar los problemas de su comunidad. Recordó que el artículo 51 de la Constitución de República Bolivariana de Venezuela expresa que “toda persona tiene el derecho de presentar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta”, concluyó el habitante.
Los habitantes del sector Pozo Azul decidieron acudir ante la Defensoría del Pueblo, con el respaldo jurídico de FundaRedes, para denunciar la vulneración de sus derechos por las fallas en los servicios públicos, y anunciaron que continuarán en la defensa de lo que les corresponde por ley. (Prensa FundaRedes).