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Algunas zonas de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, que forman parte del denominado Arco Minero del Orinoco y donde se desarrolla desde hace aproximadamente 5 años la explotación de oro, diamantes, bauxita, coltán, hierro y cobre, se han convertido en el escenario perfecto para la actuación perversa de los grupos armados irregulares, cuyas actividades ilegales de extracción y contrabando de minerales y piedras preciosas constituyen su principal fuente de financiamiento.

El último trabajo de investigación publicado por FundaRedes titulado «Grupos armados irregulares controlan explotación minera en Venezuela», afirma, tomando como base un documento elaborado en abril del año 2020 por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Washington, que por lo menos 60% del apoyo financiero del ELN y 50% de las FARC proviene de la explotación de minas en Venezuela.

La organización señala que además del beneficio que genera la extracción ilegal de las riquezas minerales a los grupos armados irregulares, esta actividad ha dejado   entre las comunidades indígenas del sur de Venezuela una secuela de hostigamiento,  persecuciones,  desapariciones, torturas,  abuso  sexual,  migración  forzada,  esclavitud moderna, además de un severo daño ecológico  y  cultural.

“El recrudecimiento de la violencia en las zonas de frontera en los últimos años y la feroz explotación minera a lo largo de la cuenca del Orinoco, han generado una vulnerabilidad aún mayor en la frágil supervivencia social y cultural de las comunidades indígenas venezolanas, agobiadas ahora por la actuación de organizaciones armadas que reclutan o someten a sus integrantes”.

El estudio revela que el incremento desmedido del contrabando en el Arco Minero del Orinoco, ha sido producto de la progresiva ejecución de prácticas criminales en las que participan diversos actores que se aprovechan de la extracción ilegal de minerales, en complicidad con funcionarios y efectivos militares venezolanos que les han permitido, no sólo su ingreso y permanencia en la zona, sino además un crecimiento y fortalecimiento que han afectado de manera significativa la vida  de las comunidades indígenas que han habitado históricamente estos territorios.

Armando Obdola, presidente de la ONG Kapé-kapé -cuyo testimonio cita FundaRedes- asegura que muchas de las comunidades indígenas se sienten amenazadas, no sólo por los  grupos irregulares, sino también por los agentes políticos del Estado, “ en la zona actúan los llamados «sindicatos», bandas delincuenciales integradas por líderes carcelarios; disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene mayor arraigo en el estado Amazonas, junto a la Fuerza Armada venezolana”.

Sus acciones se extienden – dijo – a las fronteras de Venezuela con Brasil y Guyana donde han dividido el territorio y establecido zonas de control. Algunos “sindicatos” que inicialmente cometían secuestros y extorsiones en los principales centros poblados del estado Bolívar se expandieron hacia las zonas mineras; mientras que las FARC y el ELN llegaron procedentes de Colombia para asentarse en los yacimientos mineros de Amazonas.

En el marco de la Constitución venezolana –reseña la investigación- el derecho al ambiente conlleva un deber correlativo de su protección.  El artículo 127 se lo impone al Estado y establece el compromiso de proteger la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. Previendo estas circunstancias, el artículo 129 constitucional impone que todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural.

Para la ONG el desarrollo de una actividad minera en abierta contradicción con las disposiciones constitucionales, bien sea por el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones emitidos por autoridades del  Estado  o  en  ausencia  de  autorizaciones  formales  y  legales,  por  su  mirada displicente y la inacción frente a la explotación ilegal de la minería, “constituyen una lesión flagrante del deber de protección al ambiente que se traduce en una violación del derecho a la vida, pues compromete la existencia de poblaciones presentes y futuras”.

Todas estas acciones perversas  desarrolladas por los grupos armados irregulares por el control del Arco Minero del Orinoco en la zona sur de Venezuela, han sido denunciadas por FundaRedes ante diferentes instancias nacionales e internacionales, destacando el informe presentado ante la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, en el que manifestó que las guerrillas del ELN y las FARC actúan en los territorios del Arco Minero del Orinoco, donde mediante el uso de la fuerza se han apropiado de importantes espacios territoriales para el control de la explotación minera y de esta manera financiar sus actividades criminales. SM. CNP.7996