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Cada vez un mayor número de familias venezolanas vive la incertidumbre sobre el destino de sus parientes que migran huyendo de la Emergencia Humanitaria Compleja que vive el país a través de las costas venezolanas.

En la precariedad que se encuentra la inmensa mayoría de migrantes las condiciones de estos viajes generalmente están marcados por la irregularidad e ilegalidad. Los viajes encierran un sinnúmero de peligros que acechan desde el momento en que se pacta su realización.

Algunos viajeros logran llegar a su destino y desde ese momento comienza para ellos la ardua tarea de encontrar vivienda, trabajo, y recursos para sí mismos y para sus familiares en Venezuela. Muchos deben afrontar problemas legales debido a la insuficiencia de documentos que certifiquen la legalidad de su permanencia. Otros sufren casi de inmediato un infortunio: desaparecen en el recorrido sin dejar rastro.

¿Qué hay detrás de esas misteriosas desapariciones que prácticamente no dejan rastro? ¿Qué
suerte corren los migrantes que en su desesperación contratan para su travesía embarcaciones
de dudosa legalidad?

Investigaciones realizadas por FundaRedes apuntan a la existencia de una red internacional de trata de personas, controlada por grupos armados irregulares y en la que al parecer, según denuncias que han llegado a la organización y de las cuales se tiene registro, habría participación de funcionarios venezolanos vinculados al manejo administrativo de puertos y de cuerpos de seguridad del Estado, los cuales operan principalmente en las costas de Venezuela.
En otros casos si bien la participación no es abierta, se denuncia que estos funcionarios no impiden este tipo de actividades ilegales que ponen en riesgo la vida de los migrantes.
En 2019 el naufragio de dos embarcaciones que zarparon desde la población de Güiria, en las costas del estado Sucre, con destino a Trinidad y Tobago, dejó expuesta esta situación. La primera de ellas salió el 23 de

abril pasadas las 9:00 pm del sector La Salina, y posteriormente recorrió otras playas del municipio Valdez de esa jurisdicción para tomar rumbo a la isla de Trinidad y Tobago. Zozobró con 30 personas a bordo, 28 desaparecieron y dos sobrevivieron. Del total de pasajeros, 22 eran mujeres de entre 18 y 20 años de edad.

La segunda embarcación de nombre Ana María habría salido también de Güiria el 16 de mayo las 4:00 pm, naufragó unos días después con al menos 29 personas a bordo, de las cuales 28 desaparecieron. A la fecha, sus familiares denuncian complicidad de funcionarios policiales, negligencia en las labores de búsqueda y salvamento, así como en las investigaciones posteriores al caso.

El parlamentario a la Asamblea Nacional por el estado Sucre, Robert Alcalá, denunció que las autoridades venezolanas no activaron a tiempo el protocolo de búsqueda y rescate y que tampoco se cuenta con los equipos necesarios para enfrentar este tipo de tragedias.

Las investigaciones oficiales llevaron al arresto de al menos nueve personas, entre ellas funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana a quienes investigaron por el delito de trata de
personas, pues tanto los sobrevivientes como los familiares de las víctimas señalaron que muchos de quienes viajaban en estos botes lo hicieron bajo engaño y finalmente descubrieron que serían obligados a prostituirse. En las embarcaciones viajaban incluso menores de edad.

En otro extremo de la amplia costa caribeña de Venezuela, en el noroccidente, una situación similar se presentó a un grupo de familiares de migrantes que desde el estado Falcón pretendía
llegar a la isla de Curazao. FundaRedes ha obtenido al menos tres testimonios de familiares de estas víctimas. Una de ellas es Johnny Rafael Romero Sarmiento, quien relató que el 7 de junio de 2019 su hijo Johnny de Jesús Romero Palacios, de 27 años de edad, abordó una embarcación que partió desde la población de Agüide con destino a Curazao, y no volvió a tener noticias del él.

En la zona operan distintos grupos que conviven. A mucha gente se lo he dicho, este es un grupito que capta personas para montarlas en la lancha, pero en la lancha también se montan no solo pasajeros migrantes que están intentando buscar un futuro, también se montan personas que tienen extraños procederes, llevan droga, llevan pistolas, y es la forma de moverse los delincuentes de la zona entre Curazao y Aruba; entonces hay unas bandas allí que operan y creemos que el secuestro lo hizo precisamente una de esas bandas”.

Romero Sarmiento señaló que al parecer funcionarios del Cicpc también estarían vinculados en la desaparición de la lancha donde viajaba su hijo: “Se había cuadrado una vacuna de 20 dólares, que la lancha debía zarpar el viernes a las 4 o 5 de la tarde, y que se borraría el nombre de la lancha. La negociación del cuadre se hizo en la comisaría de Tucacas”.

 

 

Originalmente en el zarpe estaban en lista para salir 42 personas. Al final solo lo viajaron 32 pasajeros y 2 tripulantes: el capitán de la nave y su esposa. Antes de la partida se desarrollaron
algunos acontecimientos en los que aparecen involucrados funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado. Una de las personas que desistió de viajar en la lancha el 7 de junio relató que sus dos compañeras fueron “atacadas y torturadas con bolsas en la cabeza para asfixiarlas y les hicieron disparos al oído, haciendo que las víctimas de ese trato cruel se orinaran y evacuaran. Eso ocurrió en la playa”. Señala a funcionarios del Cicpc, a quienes los residentes de la zona denominan como “los hombres de negro”.

Evelyn Ollarves Polanco, familiar de tres de los desaparecidos, denunció ante la Capitanía de Puertos de La Vela, municipio Colina, el extravío de la embarcación en la cual viajaban 34 personas, entre ellos su hermana con su esposo y su hijo, quienes cancelaron 400 dólares por el pasaje.

Marcelo Pisani, director regional de la Organización Internacional de Migraciones para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, afirmó que “estos desafortunados incidentes resaltan las medidas desesperadas que los venezolanos están dispuestos a tomar para llegar a sus destinos, incluso arriesgando sus vidas a manos de los contrabandistas”.

De acuerdo con un informe de la OIM que contabiliza más de 80 desapariciones de venezolanos en el Caribe y cita testimonios de sobrevivientes y familiares de los desaparecidos, los traficantes de personas venden a los migrantes viajes en barcos sobrecargados “inadecuados para el transporte de pasajeros en mar abierto”. Al cierre de 2019, según las investigaciones realizadas por activistas de FundaRedes, el número de desaparecidos ascendía a 152.

Las investigaciones realizadas en la zona por la organización confirman que existen grupos criminales actuando en altamar que interceptan las embarcaciones para secuestrar a los migrantes y exigir rescates o para venderlos en el mercado de la trata de personas, contando para ello con la cooperación del crimen organizado que opera en Trinidad y Tobago vinculadas al comercio sexual y a otras formas de esclavitud moderna. En todos los casos conocidos por FundaRedes los protocolos de búsqueda y rescate no se activaron o se pusieron en marcha con varios días de retraso.

En la mayoría de los casos son los propios familiares de las víctimas quienes emprenden la búsqueda. En esas pesquisas han conocido que al menos 700 personas han sido halladas por las autoridades de Trinidad y Tobago en diversos procedimientos, pero ha faltado diligencia de las autoridades venezolanas para indagar sus identidades y paraderos a fin de ofrecer información a las familias y coordinar su retorno a Venezuela. “En Trinidad aparecen muchas personas a que han tenido privadas de libertad o que las están prostituyendo. Y Venezuela no tiene registro de ninguna

de esas personas (…) Eso ha salido en los noticieros de Trinidad, pero Venezuela no tiene ni idea de quiénes son esas personas ni a quiénes tiene el gobierno privados de libertad por estar ilegales allá”, dijo a FundaRedes Xioglimar Mata, familiar de un joven desaparecido.

SIN RESPUESTA OFICIAL
Ana Arias, madre de una joven que viajaba en el bote “Jhonailys José” que salió de Güiria en abril de 2019, informó que de esa embarcación “hay 28 personas desaparecidas y aunque hay fotos enviadas desde Trinidad y Tobago de allanamientos que ha hecho el gobierno de allá, hay chicas que han sido reconocidas, el Estado venezolano ha hecho caso omiso a nuestra situación y ninguna autoridad tuvo algún tipo de control migratorio”.

En lo que respecta a los desaparecidos de la embarcación que zarpó de Agüide las denuncias fueron interpuestas por familiares ante la Fiscalía del Ministerio Público, donde la fiscal auxiliar en Falcón Disleen Hermelinda Rivas argumentó falta de competencia por territorialidad, violentando de esta manera el derecho a la vida de connacionales establecido en el artículo 43 de la Constitución y con el agravante de que entre los desaparecidos hay menores de edad.

El caso de Falcón fue asignado a una Fiscalía ubicada a más de tres horas del lugar del zarpe y donde viven casi todos los familiares de los desaparecidos. Hasta los momentos nada se ha avanzado en la documentación de elementos suministrados, lo cual denota otro acto de inacción por parte del Estado.

FundaRedes ha acompañado a los familiares de las víctimas en el proceso de denuncia ante instancias del Estado Venezolano. El 12 de septiembre de 2019 la organización presentó ante el
Ministerio Público un documento en el que alertaba sobre la situación de los migrantes en las costas venezolanas y precisaba las zonas de actuación de las bandas armadas que los someten.

El 7 de febrero de 2020 FundaRedes expuso la situación a la comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se desplazó a la ciudad de Cúcuta (Colombia) ante la
negativa del gobierno venezolano de permitirle la entrada al país. De igual manera, FundaRedes
ofreció acompañamiento a familiares de Kelly Zambrano Vera y de Johnny de Jesús Romero Palacios, dos de los desaparecidos en las costas venezolanas durante su migración forzada del país en medio de la Crisis Humanitaria Compleja que atraviesa Venezuela, y a quienes los organismos del Estado no han garantizado la debida investigación para dar con su paradero y
para evitar que sigan ocurriendo este tipo de situaciones.

FundaRedes también acompañó la protesta nacional de familiares de las víctimas de desapariciones forzadas ante el Ministerio Público el 19 de febrero de 2020, en Caracas, y participó en la reunión que los parientes sostuvieron con diputados de la Comisión de Relaciones

Interiores de la Asamblea Nacional el 20 de febrero de 2020, fecha en la cual además presentó una solicitud de esclarecimiento de los hechos en la Fiscalía General de la República.

Los sucesos ocurridos en Sucre y Falcón ponen al descubierto la fragilidad del Estado venezolano en la protección de sus ciudadanos ante eventuales violaciones a sus derechos humanos, incluso, su debilidad y hasta inacción para investigar los hechos, a pesar de que el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela declara a Venezuela como un Estado democrático y social de Derecho y de justicia en el que sus instituciones tienen por función primordial velar, promover y hacer respetar los derechos humanos.

Pese a que Venezuela suscribió la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas –entendiendo que la desaparición forzada constituye un delito que en determinadas circunstancias es calificada por el Derecho Internacional como un crimen de lesa humanidad y el derecho a la vida se encuentra previsto en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 43 de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela– a los migrantes les es vulnerado este derecho en su afán de salir del país por las costas, así como es violentado su derecho a no sufrir ninguna forma de esclavitud ni servidumbre, de acuerdo con lo enunciado en el artículo
4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El Estado venezolano tiene la obligación de prevenir y evitar que ocurran desapariciones forzadas, además de luchar contra la impunidad para garantizar el derecho de las víctimas a la justicia, a la reparación y a que se conozca la verdad sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos. También debe respetar el derecho de los familiares a buscar, recibir y difundir información relacionada con cada caso.