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En la frontera entre Táchira (Venezuela) y Norte de Santander (Colombia) los colectivos armados venezolanos son una nueva fórmula de violencia e intimidación a la población que ve violado su derecho humano a la vida, a vivir en paz sostenible y duradera, al libre tránsito y a ejercer la libertad de expresión. Estos grupos se han movilizado desde otros estados del país hacia la zona limítrofe con Colombia, pues inicialmente actuaban en la capital venezolana, pero poco a poco fueron expandiendo su presencia a otras entidades del país hasta llegar a Táchira, y más recientemente incursionaron en la zona fronteriza de San Antonio y Ureña. Estos colectivos de civiles armados inicialmente fueron concebidos como estructuras de organización popular y cultural, pero desviaron ese principio hasta convertirse en células violentas, un fenómeno propio de los regímenes totalitarios. Son grupos parapoliciales y paramilitares integrados por policías, malhechores y hasta por presos comunes como quedó evidenciado en un acto en la frontera con Colombia encabezado por la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, en el que personas privadas de libertad uniformadas juraron defender la patria junto a los colectivos. Estas milicias armadas fueron creadas para defender el gobierno del presidente Hugo Chávez, pero se han robustecido en la actualidad bajo el mandato de facto de Nicolás Maduro. Tan es así que en marzo pasado, Maduro los convocó en plena transmisión nacional de radio y televisión a mantenerse en “resistencia activa”: “Los movimientos sociales, los colectivos, las Ubch (Unidades de Batalla Hugo Chávez) cívico militares, los milicianos, vamos juntos a defender la paz de cada barrio, de cada cuadra”, dijo a propósito de las protestas de calle por falta de luz y agua. Tras el llamado, grupos de motorizados armados y encapuchados salieron en bandadas a reprimir a la población con armas de fuego y objetos contundentes.

La violencia que estos grupos parapoliciales venezolanos trasladaron a la zona fronteriza agrava aún más la vulneración en la que se encuentra la población que reside en esos poblados que por décadas ha sido victimizada por la guerrilla y paramilitares colombianos y recientemente por fracciones de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC). Desde el inicio de las protestas de este año contra el régimen de Nicolás Maduro se han registrado por lo menos 35 muertes a manos de

grupos de colectivos armados en todo el país, de cuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Desde la visión oficial, los colectivos se definen como “organizaciones dedicadas a la gestión de los beneficios sociales y también a defender la revolución bolivariana”, aunque estos grupos actúan de manera vandálica, ejerciendo intimidación y agresión contra ciudadanos desarmados. Fundaredes tiene registros de la presencia de estos colectivos en localidades de Táchira durante las protestas de 2014 y 2017, al punto de que las primeras víctimas fueron a manos de estos grupos violentos. Sin embargo, su presencia en poblaciones de la zona limítrofe con Colombia se hizo más abierta en 2018 y la contundencia de sus acciones se desplegó a inicios de este año con anuencia de las autoridades del régimen de Nicolás Maduro con el argumento de hacer frente a una supuesta intervención extranjera.

En las manifestaciones de inicios de 2019 en San Cristóbal, capital del fronterizo estado Táchira, ocurrieron las muertes de Eduardo José Marrero, de 21 años de edad, y Luigi Ángel Guerrero, de 24 años, en el centro de San Cristóbal, mientras que otros manifestantes resultaron heridos en el ataque perpetrado por estas agrupaciones armadas contra personas que participaban en la movilización convocada por las fuerzas opositoras venezolanas el día 23 de enero. Estos hechos fueron documentados por Fundaredes, que presentó la denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público en Venezuela, respaldada por fotos y videos. Además, se denunció que los habitantes de Táchira, Zulia y Apure fueron intimidados por estas organizaciones criminales.

La Fundación también acudió por este caso a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades
del Gobierno nacional colombianas, pues en ese ataque contra la población desarmada actuaron
los colectivos en conjunto con miembros del ELN y la disidencia de las FARC, con respaldo de
las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Guardia Nacional Bolivariana. Al respecto, la
Fundación prepara una solicitud que será enviada a la Asamblea General de la Organización de
Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH) para que
exhorten al Estado venezolano a investigar este hecho.
Por otra parte, existen pruebas como fotografías y videos que indican que en Táchira los colectivos
operan bajo la protección de diputados del Consejo Legislativo Regional en su sede parlamentaria.
La actuación de estos grupos marcó la jornada del 23 de febrero de 2019 cuando estaba previsto
el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela por la frontera con Colombia, así como en los días

grupos de colectivos armados en todo el país, de acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Desde la visión oficial, los colectivos se definen como “organizaciones dedicadas a la gestión de los beneficios sociales y también a defender la revolución bolivariana”, aunque estos grupos actúan de manera vandálica, ejerciendo intimidación y agresión contra ciudadanos desarmados.

Fundaredes tiene registros de la presencia de estos colectivos en localidades de Táchira durante las protestas de 2014 y 2017, al punto de que las primeras víctimas fueron a manos de estos grupos violentos. Sin embargo, su presencia en poblaciones de la zona limítrofe con Colombia se hizo más abierta en 2018 y la contundencia de sus acciones se desplegó a inicios de este año con anuencia de las autoridades del régimen de Nicolás Maduro con el argumento de hacer frente a una supuesta intervención extranjera.

En las manifestaciones de inicios de 2019 en San Cristóbal, capital del fronterizo estado Táchira, ocurrieron las muertes de Eduardo José Marrero, de 21 años de edad, y Luigi Ángel Guerrero, de 24 años, en el centro de San Cristóbal, mientras que otros manifestantes resultaron heridos en el ataque perpetrado por estas agrupaciones armadas contra personas que participaban en la movilización convocada por las fuerzas opositoras venezolanas el día 23 de enero. Estos hechos fueron documentados por Fundaredes, que presentó la denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público en Venezuela, respaldada por fotos y videos. Además, se denunció que los habitantes de Táchira, Zulia y Apure fueron intimidados por estas organizaciones criminales.

La Fundación también acudió por este caso a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades del Gobierno nacional colombianas, pues en ese ataque contra la población desarmada actuaron los colectivos en conjunto con miembros del ELN y la disidencia de las FARC, con respaldo de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Guardia Nacional Bolivariana. Al respecto, la Fundación prepara una solicitud que será enviada a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH) para que exhorten al Estado venezolano a investigar este hecho.

Por otra parte, existen pruebas como fotografías y videos que indican que en Táchira los colectivos operan bajo la protección de diputados del Consejo Legislativo Regional en su sede parlamentaria. La actuación de estos grupos marcó la jornada del 23 de febrero de 2019 cuando estaba previsto el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela por la frontera con Colombia, así como en los días

siguientes, generando graves situaciones de violencia. Incluso, hay evidencias de que estos colectivos utilizan como refugio y centro de operaciones dos escuelas en San Antonio del Táchira y Ureña, aprovechando que actualmente asisten muy pocos alumnos.

Orlando Uribe, camarógrafo del canal de televisión venezolano Venevisión, relató entre lágrimas el ataque que sufrió en San Antonio del Táchira el 23 de febrero: “Estaba grabando cuando un gran grupo de personas se lanzó contra nosotros, salí corriendo pero con la cámara no podía ir muy rápido. Entonces sentí que alguien daba un manotazo a la cámara y la hizo caer al suelo. Al levantar la cabeza vi que un muchacho encapuchado me estaba apuntando con un arma y me quitó la cámara. Luego llegó otro grupo de motorizados encapuchados, yo entré a toda prisa en una peluquería donde me abrieron la puerta. Oíamos patadas, piedras y tiros, nos lanzamos al piso y los vidrios de la peluquería cayeron sobre
nosotros porque estaban disparando”.

El ministro de Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que el número de heridos 
por los enfrentamientos ese día en los puentes fronterizos entre Colombia y Venezuela fue de 285 personas, de las cuales 37 requirieron hospitalización. “En estos hechos violatorios de los derechos humanos estuvo presente el uso de gases lacrimógenos y armas no convencionales”, explicó.

La ciudadana Yunnay García relató que su hermano Leider García murió días después del 23 de febrero por las heridas recibidas a manos de los colectivos armados que actuaron en San Antonio del Táchira para reprimir a las personas que apoyaban el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela: “Siempre que hay convocatorias de la oposición vamos. Mi hermano, que había sido policía, sabía cuál era el comportamiento que debía tener en esas marchas. De repente, cuando
bajamos a la avenida salieron esos grupos colectivos nos persiguieron y atacaron (…) La gente solo les lanzaba piedras, ellos disparaban. A Leider primero le dispararon un perdigón en la frente, no podía moverse y después de eso vino el tiro. Cayó y pasó rato en el piso antes de ser llevado al hospital. El disparo le rompió el pulmón. No lo pudimos llevar a Cúcuta ese día para que lo atendieran porque los puentes estaban cerrados y por las trochas era imposible pasar porque ahí estaban los colectivos disparando”, contó al portal Tal Cual Digital. Leider García formó parte de la Policía Regional de Táchira durante seis años.

La actuación de estos grupos civiles armados fue reconocida por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien en marzo pasado se refirió a la situación en Venezuela desde Ginebra: “En el contexto de la última oleada de protestas en todo el país en los primeros dos meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales”.


Antes, en su informe Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin, presentado en 2018, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) se refirió a la participación de los colectivos armados que apoyan al gobierno en el Plan Zamora en conjunto con las Fuerzas Armadas para atentar contra el derecho a la reunión pacífica de los ciudadanos. También el informe 2017 del ACNUDH indicó que había evidencias de que 27 personas habrían sido asesinadas por miembros de colectivos armados en las protestas antigubernamentales.

IMPUNIDAD Y PODER

“Con la llegada de Hugo Chávez al poder, en 1999, hubo grupos que propusieron la creación de los llamados “Círculos Bolivarianos” como elementos de lucha por los logros de la revolución. Es así como se comienza a organizar en los barrios este tipo formaciones comunitarias, pero con un enfoque violento, muy lejano al trabajo social. Su función desde un inicio fue repeler cualquier protesta de quienes se oponían al gobierno”, explicó Miguel Morffe, militar retirado y experto en
seguridad fronteriza, al diario cucuteño La Opinión.
Morffe precisa que muchos de los miembros de estos grupos de colectivos forman parte del llamado “Frente Francisco de Miranda”, integrado por jóvenes radicales que fueron enviados a Cuba para recibir formación ideológica; otros son de las filas de partidos políticos como Tupamaros y el Partido Comunista: “La logística con la que actúan proviene del PSUV y en los últimos años sus miembros se vinculan más a bandas criminales
que a ciudadanos con principios ideológicos”.

Jesús Azcargorta, politólogo de la Universidad de Rostock, Alemania, ha indicado que “los colectivos, ejercen una gran influencia en los barrios de las grandes urbes, aún más que en las zonas rurales. Ellos llegan con sus motos a donde los militares no llegan con sus tanques”. De acuerdo con sus cálculos, los integrantes de los colectivos podrían ser algunos de los más de 360.000 miembros de la Milicia Nacional Bolivariana, y el intercambio con los grupos irregulares colombianos es dinámico y recíproco en apoyos armados.

La experiencia internacional en América Latina, sobre todo en Colombia, en cuanto a la actuación de estos grupos paramilitares o parapoliciales ha permitido crear jurisprudencia sobre la responsabilidad de Estado a partir de sentencias judiciales, y se ha determinado que constituyen violaciones a los derechos humanos que no prescribirán en el tiempo. Las actividades de agrupaciones que actúan con la complicidad y en coordinación con las Fuerzas Armadas reciben financiamiento directo e indirecto y disfrutan de una legalidad favorable tanto para su conformación como para la realización de sus operaciones.

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A partir de esto y en vista de que las autoridades y el sistema de justicia venezolanos no actúan para impedir el  avance de los colectivos armados y, por el contrario, fomentan su actuación, Fundaredes exhorta a instancias internacionales como la CIDH y ACNUDH a que le exijan al Estado venezolano que tome medidas que permitan desarmar a esa población civil, neutralizar su poder en las comunidades, además de promover políticas que conlleven a la recuperación de la paz en las poblaciones fronterizas ya sitiadas por grupos guerrilleros y paramilitares colombianos, así como por otras organizaciones criminales armadas que actúan con impunidad en territorio venezolano. Consideramos ineludible que a los habitantes de estas poblaciones se les garanticen los derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en los tratados internacionales suscritos por el Estado venezolano en materia de derechos humanos.