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25 de marzo 2019 (Prensa FundaRedes).-  Para el dirigente gremial e integrante de la Fundación Redes, Ángel Molina, el cierre de algunas sucursales y agencias bancarias  públicas y privadas tanto en San Cristóbal como en los municipios de la entidad, viene afectando la calidad de vida de los ciudadanos y convirtiendo la realización de un trámite bancario en un calvario.

Ángel Molina miembro de FundaRedes

“A la crisis humanitaria severa que vivimos actualmente se suma otro factor, que aunque parezca insignificante, tiene repercusión en la cotidianidad de la población y es el cierre operativo y administrativo de algunas agencias bancarias por diversas razones, bien sea por escasez de personal, cortes de energía eléctrica, fallas en el sistema, entre otros, lo que genera una gran cantidad de inconvenientes a los ciudadanos que tiene que movilizarse como pueden y a veces hasta sin comer hasta la ciudad capital para poder hacer cualquier transacción”, dijo Molina.

A esto se le agrega- manifestó- la falta de cajeros automáticos operativos y de dinero en efectivo que hace cada día más difícil la adquisición de bienes y servicios, deviniendo en una violación sistemática de los Derechos Humanos de la ciudadanía, como el derecho a  la alimentación, transporte, servicios públicos de calidad, entre otros.

“A diario vemos  desde tempranas horas de la mañana grandes colas de usuarios en las afueras de las pocas agencias bancarias que aún funcionan en la entidad, quienes además de tener que esperar horas para poder acceder a los servicios, no reciben ni atención ni respuesta oportuna por parte de ninguna autoridad”, aseguró el defensor de derechos humanos 

No contar con los requerimientos mínimos para una vida digna, cómo el hecho  anteriormente expuesto – dijo Molina- es producto de la precariedad y el contexto opresivo al que régimen de Nicolás Maduro ha venido exponiendo y sometiendo a la ciudadanía, asfixiándola hasta el punto de que un hecho tan normal como ir al banco se convierta en una verdadera odisea, vulnerando sus derechos fundamentales.  Sonia Maldonado CNP 7.996