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La presencia de la guerrilla colombiana a lo largo de la frontera con Venezuela e incluso al interior de territorio venezolano es un hecho evidenciado desde hace varios años a través de investigaciones periodísticas y de organizaciones sociales, confirmadas por autoridades de ambos países; sin embargo, a raíz del acuerdo de paz logrado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) este grupo irregular se fraccionó y surgieron células  disidentes movilizadas y atrincheradas en las poblaciones venezolanas de los estados Táchira, Apure y Zulia. Allí se enfrentan a las bandas armadas que operan en la zona. Otros guerrilleros en desacuerdo con el proceso de paz en Colombia se desplazaron hacia las poblaciones del pacífico colombiano y un tercer grupo hacia la frontera con Ecuador.

En los últimos meses han surgido reportes de habitantes de municipios venezolanos fronterizos con Colombia, específicamente de Zulia, Táchira y Apure, que aseguran que ahora un tercer grupo integrado tanto por venezolanos como por colombianos los azota. Por ello, la Fundación Redes inició una investigación que permite afirmar que algunos de esos grupos disidentes que estaban inicialmente aislados se han organizado en una nueva fuerza de combate que opera bajo el nombre de “Colectivo de Seguridad Fronteriza” o “Colectivo Armado del Pueblo”, y coexiste con otras organizaciones guerrilleras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Frente Bolivariano de Liberación (FBL), además de células paramilitares. De acuerdo con testimonios, este nuevo grupo actúa públicamente y sus miembros exhiben armas largas para realizar actividades delictivas como extorsión a productores agropecuarios y comerciantes, amedrentamiento a la población, desaparición forzada de personas, enfrentamientos con otras bandas por el control del territorio, contrabando de combustible y alimentos. Por ello los habitantes y trabajadores de esas zonas limítrofes aseguran que ahora son extorsionados, intimidados y sometidos por tres grupos: guerrilla, paramilitares y colectivos armados, además de sufrir abusos de miembros de la Fuerza Armada Nacional.

A partir de esos relatos, Fundaredes inició un seguimiento para indagar en la existencia de esta nueva organización criminal para lo cual se entrevistó con algunos lugareños. Uno de los testimonios obtenidos es el de un hombre con quien conversaron nuestros activistas, y que por temor a represalias pidió resguardo de su identidad, quien confirma la injerencia de este grupo en la rutina de algunas comunidades:

 

“Esos llamados ‘Colectivos de Seguridad Fronteriza’ están pendientes de todo, nos vigilan y controlan todo lo que hacemos y nos piden dinero para dejarnos trabajar. Ellos deciden qué podemos vender o qué podemos hacer. Últimamente llegan armados a nuestras casas en motos y carros. Aquí no se puede hacer nada sin el permiso de ellos, todos mis vecinos temen por su vida y por la seguridad de sus familiares especialmente por los niños que no pueden ni salir a jugar; ellos mandan más que los policías y que la guardia nacional”.

Una primera alerta de la presencia de este nuevo grupo armado la reciben los lugareños al amanecer cuando muros y paredes en la vía pública e instalaciones de empresas privadas aparecen pintados con grafitis en los que la agrupación se identifica como “colectivo” y envía mensajes intimidatorios, incluso cerca de instituciones educativas.

A plena luz del día hombres de este nuevo grupo portando armas cortas y largas recorren los establecimientos comerciales donde piden “colaboración” a cambio seguridad y advierten a los propietarios que no deben pagar a ningún otro grupo. En un acto de demostración de su poderío en abril de 2018 activaron un explosivo en una zona comercial del municipio Bolívar del estado Táchira para agudizar la presión en aquellos establecimientos que no habían accedido a pagarles extorsión, según se leía en panfletos dejados tras la detonación. Cinco personas resultaron heridas en este hecho, el primero de por lo menos tres similares que han ejecutado hasta noviembre de 2018.

La recreación de las personas también se ve afectada por las acciones de este colectivo binacional armado porque hace uso de espacios deportivos de las comunidades para reunir a sus miembros e impiden que los vecinos disfruten de esos lugares ciertos días y horas. Además del derecho a la paz, a la propiedad privada, a la recreación y al libre tránsito, este “Colectivo Armado del Pueblo” o “Colectivo de Seguridad Fronteriza” principalmente viola el derecho a la vida al desaparecer personas, causar heridos en las explosiones de su autoría e incluso asesinar a lugareños que se han sumado a las filas de las organizaciones guerrilleras y paramilitares rivales.

De las indagaciones realizadas por Fundaredes se desprende que este nuevo grupo se disputa espacios con otras organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), y en Apure tiene el control de algunas trochas en frontera por donde pasa microtráfico de drogas, tráfico ilegal de minerales, contrabando de extracción e incluso tráfico de personas que no tienen documentos en regla para cruzar la frontera. Investigaciones de las autoridades colombianas han permitido identificar que este “Colectivo de Seguridad Fronteriza” o “Colectivo

 

 

 

Armado del Pueblo” es comandado por cabecillas disidentes de las FARC. Por ejemplo, en el caso del estado Táchira se ha identificado que al frente de la organización estaría un hombre apodado “el Catire Belisario”, colombiano que comanda las acciones en San Antonio, Ureña, Coloncito, La Fría y parte del municipio Ayacucho, donde incluso los pobladores habrían ubicado un campamento de esta guerrilla en el sector de Pozo Azul, cercano a San Pedro del Río.

Sin embargo, pese al temor que buscan sembrar en la población, algunas comunidades han alzado su voz contra esta organización, como ocurrió el 10 de septiembre de 2018 en la localidad de Boca de Grita, estado Táchira, donde los vecinos protestaron por las operaciones violentas e intimidatorias del grupo guerrillero en este sector fronterizo con Colombia y contra la desaparición de jóvenes de la zona a manos de sus integrantes, lo que viola no sólo el derecho a la seguridad personal y a la paz, sino incluso el derecho a la vida, pues muchos de quienes desaparecen en estas regiones fronterizas son encontrados luego en fosas comunes o simplemente no tienen ninguna otra relación con sus familiares, quienes permanecen con la incertidumbre de si sus hijos, esposos o padres están con vida sometidos al servicio de estas organizaciones armadas, o simplemente han sido ejecutados en medio del conflicto permanente que las mismas mantienen, tanto con las autoridades de Colombia y Venezuela, como con otras organizaciones delincuenciales que intentar incursionar en sus áreas de influencia.

EXPANSIÓN ARMADA

Años atrás, las guerrillas de las FARC y el ELN ocupaban temporalmente áreas venezolanas en frontera con Colombia en los estados Táchira, Zulia y Apure; sin embargo, en la actualidad su presencia se ha extendido a otros estados como Barinas, Portuguesa, Trujillo, Amazonas, Bolívar y Guárico, llegando incluso a la sierra de San Luis (estados occidentales Lara y Falcón), estableciendo allí campamentos permanentes, lo que constituye una flagrante violación al principio de soberanía que debe ser resguardado por las Fuerzas Armadas venezolanas.

Grafitis Colectivo de Seguridad Fronteriza

Actualmente, con la aparición de una nueva organización irregular armada con componente binacional liderada por antiguos miembros de las FARC la tranquilidad, la seguridad y la vida de los pobladores de la frontera se ve más amenazada que nunca, por lo que Fundaredes elevó una denuncia ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo en los estados Zulia y Táchira en septiembre de 2018 para dejar constancia de la existencia de este nuevo grupo guerrillero que se hace llamar “Colectivo de Seguridad Fronteriza”.

Además en la misma fecha se les solicitó a ambas instancias la activación de mecanismos de protección para la población de esos dos estados venezolanos fronterizos a fin de que se garanticen sus derechos humanos, pues con la presencia de esta nueva organización se agudiza aún más la situación de vulnerabilidad a la que están sometidos, pues desde hace años grupos similares como las FARC, el ELN, las FBL, entre otras, han alterado la paz de estas personas, violentando los preceptos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en tratados internacionales relativos a los derechos a la paz, a la seguridad personal, a una vida digna y al trabajo.

 

Infografia Colectivo de Seguridad Fronteriza

 

 

 

La ONG Fundaredes hace público su noveno boletín

“FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA: ESCENARIO DE UN CONFLICTO ARMADO ENTRE GUERRILLA Y PARAMILITARES”

Enlace espejo http://bit.ly/9noFundaredes

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