En total indefensión se encuentran los pueblos originarios, ante la arremetida violenta por el control del territorio y de la economía ilícita, quedando en manos de grupos armados que amenazan, secuestran, despojan de sus tierras, e incluso asesinan a las comunidades indígenas sin que, hasta el momento, quienes ostentan el poder pongan freno a esta tragedia y ni siquiera emitan una mínima posición oficial al respecto.

En septiembre de 2026, informes presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por lideresas del pueblo Pemón, advierten la presencia de más de 26 estructuras armadas irregulares amenazando activamente a los pueblos Pemón, Huottüja, Yanomami y Ye ‘kwana en Bolívar y estados vecinos.

Activistas de FundaRedes en el estado Bolívar han documentado y sistematizado la situación de los pueblos originarios en el Estado Bolívar, y los datos recopilados con rigurosidad reflejan un patrón continuo de violencia, que pasa por el despojo territorial, asesinato de líderes y miembros comunitarios, que derivan en el desplazamiento de familias aborígenes, así se ha corroborado durante los últimos meses del 2026, periodo durante el cual se han conocido de las desapariciones, y luego hallazgos de los cuerpos asesinados de miembros de las comunidades indígenas de esta entidad.

Es así como, se documentó lo ocurrido en el mes de agosto de 2026, cuando fue hallado el cuerpo del capitán indígena Julio Rodríguez, de la comunidad Jivi Ekunay del pueblo Mapoyo. Sus restos fueron encontrados a orillas de la carretera vía a Morichalito, en Los Pijiguaos, municipio Cedeño del estado Bolívar, una región rica en recursos minerales disputada por bandas armadas. La noticia la confirmó el Instituto Indígena en la región.

Antes de este hallazgo, la comunidad indígena hizo la denuncia pública que quedó por sentada en un comunicado. En el escrito detallaron que el secuestro de Julio Rodríguez, de 50 años de edad, se dio la noche del domingo, 2 de agosto, por grupos irregulares armados que irrumpieron en su vivienda. Incluso, el intento de búsqueda por parte de la comunidad del pueblo Mapoyo terminó con un ataque con explosivos mediante drones, según denunciaron.

Los Jivi exigieron al Estado venezolano el rescate de Julio Rodríguez, la salida de los grupos armados irregulares, así como la paralización de actividades mineras en áreas adyacentes al territorio ancestral Mapoyo, que, a diferencia de otras comunidades indígenas, son de las pocas que preserva buena parte de sus formas tradicionales de vida.

Esta no es la primera vez que la presencia y poderío de grupos irregulares armados en el sur de Venezuela ha resultado en asesinatos contra líderes indígenas, pues ya han sido documentados crímenes anteriores en el Estado Amazonas. Tal es el caso registrado el 1 de julio de 2022, cuando se conoció del asesinato de Virgilio Trujillo Arana, de 38 años de edad, quien era líder del pueblo indígena Hüotüja, en el estado Amazonas.

Trujillo denunció la existencia de pistas clandestinas en Amazonas, pistas de aterrizaje no autorizadas utilizadas para el narcotráfico y el contrabando. Por ello recibió amenazas luego de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) realizara operativos para destruir esas pistas y campamentos aledaños.

El 4 de septiembre de 2024, también en el estado Amazonas, fue asesinado Joaquín Hernández, uno de los guardianes territoriales, integrante de las brigadas indígenas de protección de fronteras y recursos, del pueblo Yekwana.

Su asesinato se dio en medio de un conflicto entre las comunidades de Santa Rosa de Tencua y mineros Yekwana del estado Bolívar, quienes invadieron el territorio. Joaquín Hernández ya había recibido amenazas verbales de ser entregado a garimpeiros, mineros ilegales dedicados al extractivismo no regulado, y a miembros de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Otro líder indígena asesinado en Amazonas, tras denunciar la minería ilegal en su territorio, fue Freddy Menare. Era fundador de la Organización Indígena del Pueblo Uwottüja de la Cuenca del Sipapo (OIPUS). Murió el 12 de mayo de 2017. Pero la violencia contra los pueblos originarios no se detiene, y volviendo a los casos más recientes, en noviembre de 2026, el periodista independiente Fritz Sánchez, informó el homicidio del indígena Alberto González que enluta a la comunidad Hottuja (Piaroa) de Rimu Aje (Caño Chispita), ubicada en el Alto Suapure, municipio Cedeño del estado Bolívar.

El cuerpo sin vida de Alberto González fue localizado enterrado en las inmediaciones de su comunidad. Este hecho criminal es atribuido directamente a la presencia y expansión del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona, advirtiéndose que este tipo de incursiones violentas generan no solo homicidios selectivos, sino también amenazas a la integridad física y un inminente desplazamiento forzado que obliga a las familias originarias a abandonar sus territorios ancestrales.

El periodista Fritz Sánchez, detalló que, aunque las cifras definitivas siguen bajo verificación debido a la complejidad de acceso a la zona, estimaciones preliminares señalan que más de cinco indígenas habrían sido asesinados en esta comunidad Piaroa del Alto Suapure.

A menos de 48 horas se reporta el hallazgo de un segundo indígena de la comunidad Hottuja (Piaroa) asesinado identificado como Alberto Tovar, en el contexto de enfrentamientos entre el ELN y disidentes de las FARC, en el Alto Suapure, al sur del municipio Cedeño, estado Bolívar.

La comunidad afectada, Rimu Aje, es reconocida históricamente por su alta organización y su modelo de trabajo sustentable. Con un estimado de 80 familias, sus habitantes desarrollaron importantes proyectos productivos, incluyendo cultivos de cacao, para los cuales habían constituido una empresa con permisos orientados a la exportación, además de participar en las tradicionales cosechas de sarrapia. Hoy en día, todo ese esfuerzo comunitario se encuentra amenazado por el avance y dominio de los grupos armados irregulares.

POBLACIÓN DESPROTEGIDA

 

La violencia armada en los municipios del Sur del Estado Bolívar en las cercanías de centros educativos obligó a suspender actividades escolares para proteger la integridad de niños y adolescentes. Carlos Trapani, coordinador de CECODAP, advirtió que la paralización escolar vulnera el desarrollo infantil y aumenta el riesgo de captación de adolescentes.

Los capitanes y guardias territoriales indígenas han organizado formas de autodefensa ancestral para expulsar la minería ilegal y los cultivos ilícitos de sus tierras. Al oponerse al avance de las dragas, la tala desmedida, el envenenamiento de los ríos con mercurio y el reclutamiento forzado, los líderes comunitarios sufren ejecuciones selectivas, secuestros y desplazamientos forzados.

La violencia armada que afecta el sur del municipio Cedeño, estado Bolívar, está provocando una tragedia que va mucho más allá de los enfrentamientos y el control territorial como lo es el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas, la destrucción de sus medios tradicionales de subsistencia y el desarraigo de generaciones enteras.

En las serranías de Chivapure y Suapure, comunidades como Punta Brava, Las Bateas, Túriba, Villacoa, Morichalito, El Palomo y Aguamena dependen de actividades tradicionales como la recolección de manaca y sarrapia, cuyos ciclos de cosecha representan sustento, identidad y patrimonio cultural.

Según las estimaciones recogidas en la denuncia, más de 120 familias dependen directamente de esta economía. Pero el daño no termina en las pérdidas materiales. Cuando las familias abandonan sus territorios, pierden sus redes comunitarias, sus fuentes de alimentación, sus tradiciones y su
autonomía económica. Además, quedan expuestas al riesgo de ser captadas por economías extractivas ilegales, alimentando un círculo de violencia y destrucción ambiental.

No se puede medir esta tragedia únicamente en enfrentamientos armados o territorios bajo control de grupos irregulares. También es necesario contar las familias desplazadas, las cosechas perdidas y las culturas ancestrales amenazadas en riesgo de desaparecer por completo.

 

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