
INTRODUCCIÓN
El mes de octubre de 2026 estuvo signado por una compleja mutación de la violencia estructural en las regiones fronterizas, mineras y costeras de Venezuela. La interacción entre la delincuencia organizada transnacional, la persistencia de Grupos Armados Irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), el surgimiento de bandas delictivas locales y la opacidad en las operaciones de los cuerpos de seguridad del Estado han consolidado un escenario de alta vulnerabilidad para la ciudadanía poniendo en riesgo cada vez más el respeto de los derechos fundamentales de la población.
Durante este mismo período de observación por parte de los activistas de FundaRedes, se ha logrado documentar que la actuación de las fuerzas de seguridad estatales ha mostrado dos facetas críticas: por un lado, intervenciones militares inéditas con uso de tecnología aérea y drones en zonas fronterizas; por el otro, denuncias recurrentes de violaciones a los derechos humanos, extorsión institucional (» matraqueo «) y opacidad informativa. El presente informe sistematiza y analiza la dinámica delictiva y los patrones de agresión documentados en seis entidades clave del país como son Apure, Amazonas, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, donde la red de observadores de esta organización se dedica a verificar hechos, atender víctimas y recolectar todos los datos vinculados a los hechos de violencia presentados.
OCTUBRE 2026 EN DATOS
La dinámica delictiva documentada durante octubre de 2026 en los seis estados monitoreados refleja la siguiente distribución de hechos y patrones:

HOMICIDIOS
En el caso de los datos de homicidios registrados durante el mes de octubre se atribuyen entre la delincuencia común y organizada, y las intervenciones estatales directas.
En el estado Apure el 30 de octubre se produjo el evento con mayor número de fallecidos en el año. Un bombardeo y operación militar terrestre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el uso de drones contra un campamento e instalación de acopio del ELN en Buena Vista del Meta, municipio Pedro Camejo, con un saldo de entre 19 y 20 fallecidos. En el municipio Páez (Guasdualito), se registraron sicariatos selectivos contra comerciantes como Joel Vargas (20 de octubre) y Cleiber Carvajal (27 de octubre), lo que motivó un despliegue especial de seguridad.
Con respecto al Táchira, el 20 de octubre se registró un hecho trágico en la Base Aérea Mayor Buenaventura Vivas Guerrero (Santo Domingo, municipio Fernández Feo), donde un soldado accionó su fusil AK-103 contra sus compañeros, dejando tres militares muertos, entre ellos el teniente Víctor Moreno y los sargentos José Cordero y Deimar Merchán; así como dos heridos. El agresor fue capturado días después.
En la zona costera, específicamente estado Falcón, Se registraron homicidios por ajustes de cuentas en Coro y hechos violentos en Mauroa derivados de intervenciones legales.
En los estados Bolívar y Zulia, aunque a nivel nacional las autoridades reportaron una tendencia general a la baja en la tasa de homicidios, se mantiene el subregistro oficial. En Bolívar se documentó el homicidio de un paciente en un centro de rehabilitación en Ciudad Bolívar y muertes bajo custodia policial.
DESAPARICIONES FORZADAS Y SECUESTROS
Los patrones de desaparición respondieron tanto a dinámicas delictivas y bélicas como a accidentes naturales y algunos casos vinculados con movimientos migratorios.
Opacidad y reclutamiento en Apure: Tras el bombardeo en Buena Vista del Meta, organismos de inteligencia de la región indicaron la desaparición de los comandantes del ELN alias «La Abuela» (Emilse Oviedo) y «Gustavo Martínez». Asimismo, familias denunciaron la desaparición e incertidumbre sobre el estatus de 16 jóvenes reclutados semanas antes por un operador logístico apodado «Coporo».
Sucesos accidentales y aéreos en Amazonas: El 28 de octubre, una avioneta Cessna 206 (siglas YV166) con destino a Parima B, sufrió un accidente aéreo en condiciones climáticas adversas mientras trasladaba a personal médico y civiles. También se reportó el hallazgo sin vida del niño Yosvan Delgadillo en San Fernando de Atabapo tras ser reportado como desaparecido, en algunos de estos casos hay muy poca información y aún las autoridades no hacen pronunciamientos que esclarezcan los hechos.
Rescates en Falcón y Bolívar: En Falcón, la embarcación José Alexander, desaparecida con 5 tripulantes tras zarpar de Curazao hacia La Vela, fue rescatada el 4 de noviembre, se encontraba a salvo a 10 millas de Adícora.
En Bolívar, las labores de rescate recuperaron los cuerpos de un adulto y dos niños ahogados en el río Caroní.
ENFRENTAMIENTOS Y ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO
El uso de armamento de alto calibre y la incorporación de tecnologías de guerra marcaron los choques armados del mes: Uso de drones y disputas territoriales en Bolívar y Apure: Durante finales de octubre se denunció el empleo de drones armados con cargas explosivas en zonas mineras del sur de Bolívar (Los Pijiguaos, Pie de Cerro y El Jobal) y en la frontera apureña, provocando la evacuación de emergencia de trabajadores mineros y comunidades rurales.
Falcón (Operativo Mauroa): El 1 de octubre se confirmó el saldo final de la intervención del CICPC en la parroquia San Félix contra la banda «Los Plateados», que dejó seis delincuentes abatidos y el comisario general del CICPC en la entidad gravemente herido.
Conflicto en Táchira: Reportes documentaron enfrentamientos entre la GNB y facciones del ELN en el municipio Junín a inicios del mes, en medio de un absoluto hermetismo oficial.
Protestas por fallas eléctricas en Zulia y Falcón: El colapso prolongado del sistema eléctrico en Zulia y Falcón generó trancazos de vías, barricadas y protestas nocturnas que fueron severamente reprimidas por fuerzas policiales y militares.
EXTORSIÓN Y CORRUPCIÓN POLICIAL
La extorsión se ha consolidado en dos vías: la ejecutada por grupos armados irregulares y la ejercida directamente por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.
Extorsión institucional en Táchira, Amazonas y Zulia: En Táchira, funcionarios de la policía regional denunciaron la exigencia de cuotas ilegales de hasta 6 mil dólares a los mandos policiales por parte de superiores.
En Amazonas, se viralizó la denuncia del dueño de un comercio en Puerto Ayacucho contra comisiones del CICPC que utilizaban falsas fiscalizaciones de contrabando para «matraquear» en dólares, lo que obligó a una réplica institucional del organismo policial.
En Zulia, se denunció un grave modus operandi donde efectivos de la PNB en Maracaibo utilizaban perfiles falsos en aplicaciones de citas para citar a ciudadanos, trasladarlos a comandos policiales y extorsionarlos con amenazas de abrir expedientes por abusos a menores.
Extorsión carcelaria y minera en Bolívar: El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte a golpes del recluso Oliver Rojas en el CCP Guaiparo (San Félix) a manos de los «pranes», al no poder pagar la cuota semanal («causa») de $60 a $70 en presunta complicidad con los custodios. En el sur del estado, gremios mineros volvieron a alertar sobre cobros irregulares exigidos por funcionarios para tramitar registros oficiales.
ESCLAVITUD MODERNA Y TRATA DE PERSONAS
Las vulnerabilidades socioeconómicas impuestas por la crisis económica continúan alimentando las redes de trata de personas y explotación laboral, una situación que ha sido denunciada por FundaRedes desde hace años, y que ha sido constantemente minimizada por quienes ocupan el poder.
Arco Minero del Orinoco (Bolívar y Amazonas): Se mantiene la explotación sexual comercial de mujeres, adolescentes y niñas en campamentos mineros, así como el trabajo forzoso y abusos contra comunidades indígenas (Waraos, Jivis y Yanomamis). La precarización salarial en el país ha sido calificada por gremios laborales como una forma generalizada de «esclavitud moderna».
Trata transfronteriza en Táchira y Apure: La Defensoría del Pueblo instaló mesas de trabajo para dar seguimiento a denuncias sobre la captación de jóvenes mediante falsas ofertas laborales en redes sociales. Además, en el Terminal de San Cristóbal se desmantelaron intentos de traslado irregular
de menores hacia Colombia (Cúcuta), otra modalidad de tráfico de personas.
Sector Petrolero en Zulia y Falcón: Dirigentes sindicales denunciaron que las empresas encargadas de los contratos en petroleras imponen salarios de miseria (de 10 dólares semanales en zonas como Paraguaná/Amuay) sin beneficios contractuales, abusando de la necesidad de subsistencia de los trabajadores.
ESCLAVITUD MODERNA Y TRATA DE PERSONAS
Desmantelamiento y Destrucción de Campamentos y Pistas Clandestinas Las operaciones militares contra el narcotráfico y la minería ilegal dejaron significativos balances materiales en octubre de 2026, incluso daños estructurales que no pueden ser cuantificables, debido a lo entramada de la situación en torno a estos hechos.
Operaciones militares continuadas: Mediante las Operaciones Escudo Bolivariano Neblina 2026 (Amazonas) y Roraima 2026 (Bolívar), la FANB procedió al desmantelamiento de bases logísticas rústicas, minicargadores, balsas de minería ilegal y campamentos de procesamiento de minerales.
Incineraciones masivas en Falcón: En los hornos del CICPC en Coro, las autoridades incineraron 1.735 panelas de droga (aproximadamente 1,5 toneladas de cocaína y marihuana) decomisadas en procedimientos marítimos y terrestres con apoyo internacional.
Inhabilitación de pistas y campamentos del ELN: Las operaciones de inteligencia y ataques armados en Apure y la Serranía del Perijá (Zulia) destruyeron varios puntos de acopio, campamentos habitacionales mimetizados y aeronaves ligeras utilizadas por redes transnacionales del narcotráfico.
ACCIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL
ESTADO VENEZOLANO
Ante el panorama de sistemática vulneración de derechos humanos, opacidad institucional, desinformación y avance de la criminalidad organizada en los estados monitoreados, FundaRedes exige e insta al Estado venezolano a ejecutar las siguientes acciones urgentes:
· Transparencia e investigación imparcial sobre operativos militares: Emitir un balance oficial e independientemente auditado sobre el bombardeo y operativo del 30 de octubre de 2026 en Buena Vista del Meta (Apure), precisando la identidad de las víctimas mortales y garantizando que no se hayan vulnerado los derechos de civiles ni de menores de edad atrapados en dinámicas de reclutamiento forzado.
· Sanción a la corrupción e inseguridad extorsiva policial: Iniciar investigaciones penales y disciplinarias inmediatas a través del Ministerio Público sobre las denuncias de extorsión institucional y «matraqueo» en las delegaciones policiales de Táchira, Zulia y Amazonas, desmantelando los esquemas de cuotas obligatorias exigidas a funcionarios patrulleros.
· Depuración y saneamiento del sistema penitenciario: Intervenir el Centro de Coordinación Policial Guaiparo en el estado Bolívar y poner fin al cobro ilegal de «la causa», procesando penalmente a los custodios y funcionarios en presunta complicidad con las estructuras de poder de los «pranes» carcelarios.
ACCIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL
ESTADO VENEZOLANO
· Protección efectiva en rutas de trata y fronteras: Reforzar la vigilancia integral e imparcial en los terminales terrestres, puntos de control fronterizos y pasos informales («trochas») de Táchira, Apure y Zulia, articulando redes estatales y comunitarias para prevenir la captación de niños, niñas y adolescentes con fines de trata de personas.
· Erradicación de las redes de explotación en el Arco Minero: Diseñar e implementar un plan nacional de rescate e indemnización para las víctimas de trabajo forzado y explotación sexual en los campamentos mineros de Bolívar y mazonas, deteniendo la depredación ambiental y protegiendo el territorio de las comunidades indígenas vulneradas.
· Garantía del derecho a la información:
Publicar de forma mensual, transparente y desglosada por entidad federal, la información estadística sobre homicidios, secuestros, desapariciones y procedimientos legales, garantizando a las ONG y a la sociedad civil el libre acceso a la información pública.
