INTRODUCCIÓN
La frontera entre Venezuela y Colombia ha sido, durante años, escenario de violencia y conflictos armados debido a disputas territoriales. La presencia de grupos armados irregulares ha moldeado la vida de sus habitantes a lo largo del tiempo. Dos acontecimientos claves dentro de esta dinámica han sido el conflicto armado en el estado Apure (Venezuela, 2021) y la crisis en la región del Catatumbo, (Colombia, 2025).
Aunque ocurrieron en tiempos distintos, ambos conflictos comparten patrones de violencia, ausencia de una respuesta estatal efectiva y la consolidación de economías ilícitas que favorecen la expansión de grupos
armados irregulares que se apoderaron de estos territorios.
Estos hechos sólo han dejado muerte, desapariciones y desplazamientos forzados; pero en el caso de Venezuela, además, se han documentado ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, ya que la intervención de las fuerzas de seguridad, en lugar de contener la crisis, en muchos casos ha intensificado la violencia contra la población civil.
SÍNTESIS DESCRIPTIVA
El presente informe analiza las similitudes y diferencias entre estos dos conflictos, destacando las dinámicas de poder, los actores involucrados y las consecuencias hacia la población.
Lo suscitado en Apure, en 2021, representó un punto de inflexión al enfrentarse una facción disidente de las FARC-EP y funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).Este conflicto derivó en una serie de violaciones de derechos humanos, incluyendo bombardeos sobre zonas pobladas, detenciones arbitrarias y desplazamientos forzados de miles de personas hacia Colombia.
La crisis en el Catatumbo en 2025 ocurre en un contexto de reorganización de los grupos armados irregulares, tras la ruptura de acuerdos de paz y la reconfiguración del control territorial. En este caso, la disputa entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC-EP escaló, dejando como resultado una violencia sistemática contra la población civil.
A través del análisis de informes de FundaRedes, testimonios de víctimas y datos de organizaciones internacionales, este informe busca ofrecer un panorama de ambos conflictos.
APURE 2021: RAÍCES DEL CONFLICTO Y ALIANZAS POLÍTICAS
Desde 1998, cuando Hugo Chávez Frías se postuló a la presidencia de Venezuela, comenzaron a establecerse vínculos entre grupos guerrilleros colombianos y sectores del poder en el país. A lo largo de los años, la relación entre el gobierno venezolano y la guerrilla estuvo marcada por una mayor cercanía con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, tras el proceso de paz en Colombia, la relación entre el chavismo y ciertos sectores de las FARC-EP se fortaleció, facilitando el refugio de disidentes en Venezuela.
“Lo ocurrido en Apure en marzo de 2021 demuestra cómo tras la profundización de las diferencias entre facciones disidentes de la guerrilla de las FARC a raíz de la firma del acuerdo de La Habana, Venezuela se convirtió en territorio codiciado para la instalación de estos grupos que son perseguidos en su país” .1
El conflicto en Apure se intensificó el 21 de marzo de 2021 con la operación militar «Escudo Bolivariano 2021», que enfrentó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) contra facciones disidentes de las FARC-EP y otros grupos armados irregulares. Sin embargo, los enfrentamientos tenían antecedentes desde septiembre de 2020, con la disputa entre guerrillas por el control del narcotráfico y el apoyo estatal a la Segunda Marquetalia.
En los primeros meses del conflicto, las fuerzas del Estado venezolano realizaron bombardeos, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias en Apure. FundaRedes documentó para ese momento más de 6.000 personas que se vieron obligadas a huir a Colombia debido a la violencia.
“La actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este conflicto confirma las denuncias que desde el año 2002 ha hecho FundaRedes sobre la presencia y actuación de grupos armados irregulares de origen colombiano en territorio venezolano, los cuales ejercen control territorial y sometimiento de la población en varios estados, lesionando la soberanía nacional ante la inacción del Estado venezolano que por mandato del artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela debe brindar protección a todas las personas a través de los órganos de seguridad ciudadana” .2
Lejos de desarticular la presencia de grupos armados colombianos dedicados a actividades criminales en Venezuela, el Estado venezolano ha promovido su permanencia y, recientemente, ha favorecido a una de las facciones en conflicto alineada con sus intereses. En la actualidad el estado Apure está bajo el poder de la guerrilla del ELN quienes después del conflicto de 2021 tomaron el territorio para su control total.
