En los últimos años la frontera entre Colombia y Venezuela se convirtió en un escenario crítico para las mujeres venezolanas. Aunque las autoridades han anunciado la detención de miembros pertenecientes a redes de trata de personas en la frontera del estado Táchira con el Norte de Santander continúan existiendo bandas criminales que engañan a mujeres jóvenes y adultas que utilizan la frontera como una vía para mejorar su calidad de vida bien sea emigrando o estableciéndose en esa zona de gran actividad
económica.
En el año 2023 el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) recomendó a Venezuela combatir el reclutamiento forzoso y la trata de mujeres y niñas por grupos armados irregulares, en particular en el contexto del Arco Minero del Orinoco, y a lo largo de las fronteras con el Brasil y Colombia, e investigar todas las denuncias de formas contemporáneas de esclavitud.
La expansión de las redes de trata de personas fue denunciada por FundaRedes en el Boletín# 43 titulado Estado venezolano incumple su deber de impedir operatividad de redes de trata de personas en la frontera, en el que explica cómo las costas venezolanas se han convertido en los espacios ideales para las bandas criminales dedicadas a este delito. A través de testimonios la organización documentó que Trinidad y Tobago se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos de mayor tragedia para los venezolanos, pues estas mafias, que muchas veces actúan en alianza o complicidad con funcionarios administrativos, policiales y/o militares, hacen el trasbordo de las víctimas en pleno altamar sin medidas de seguridad para evitar ahogamientos o naufragios.
Una realidad similar está presente en la frontera del estado Táchira con el Departamento de Norte de Santander, Colombia, por donde mujeres y jóvenes venezolanas transitan estos pasos con la intención de buscar una mejor calidad de vida en Colombia o en su tránsito cuando se dirigen a otro país de la región, pero muchas de ellas son engañadas en Venezuela y luego trasladadas al vecino país para someterlas a la prostitución o mendicidad. Algunas cruzan los puentes internacionales sin que ninguna autoridad se percate de su situación, mientras que otras cruzan por los pasos irregulares conocidos como trochas por falta de documentos.
En Táchira, autoridades anunciaron en febrero de 2024 el rescate de cinco adolescentes que habían sido captadas por una red internacional de trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas indicó que esta red tenía como objetivo enviar a las jóvenes de entre 14 y 17 años de edad a Caracas y de allí embarcarlas a Trinidad y Tobago.
Aunque este rescate y otros similares han servido a la narrativa oficial para afirmar que se ha erradicado este crimen y por ende no hay más víctimas, la Fundación Frida Kahlo, ubicada en Cúcuta, Colombia, ha documentado un aumento significativo de mujeres venezolanas dedicadas a la prostitución forzada en la región fronteriza. “Desde 2018 la fundación atiende a mujeres que se dedican al trabajo de la prostitución en su mayoría de nacionalidad venezolana; sin embargo, fue hasta el año 2020 que logramos constituir legalmente la Fundación Frida Kahlo. Para el día de hoy (mayo de 2024) la población de mujeres que atendemos es alrededor de 80% mujeres venezolanas y 20% colombianas”, indicó Magaly Castañeda, directora de la Fundación al equipo de investigación de FundaRedes.
Castañeda destacó que algunas víctimas son captadas en Venezuela y trasladadas a Colombia con los gastos pagos y una vez en Colombia son obligadas a saldar la deuda adquirida. “Unas veces las víctimas llegan solas hasta Colombia, pero por ser una población vulnerable y no contar con ningún tipo de red de apoyo en este país son captadas rápidamente por las organizaciones de trata de personas”. Las edades de las víctimas que atiende la Fundación Frida Kahlo van desde los 14 hasta los 21 años.
De las 419 mujeres atendidas desde 2020 a 2023 por esta fundación la mayoría provienen de los estados Táchira, Aragua, Barinas, Miranda y Zulia, así como del Distrito Capital.
CAPTADAS POR OTRAS MUJERES
A menudo, estas redes dedicadas a la trata de personas operan de manera transnacional, aprovechando la vulnerabilidad de las personas migrantes y la falta de coordinación entre los países afectados. En algunos casos son captadas incluso por amigas o conocidas que a su vez fueron sometidas previamente por estas redes y las obligan a conseguir más víctimas. Aunque se hayan realizado detenciones y operativos de desmantelamiento de algunas de estas redes, la magnitud del problema sugiere que se requiere una respuesta más integral y coordinada para combatir eficazmente esta forma de esclavitud moderna.
FundaRedes tuvo acceso al testimonio de una víctima que fue captada bajo engaño por una mujer a la que conocía y la convenció a dejar a su familia en la capital para irse a Colombia donde tendría mejores ingresos y calidad de vida. La mujer –que logró escapar de sus victimarios– pidió el resguardo de su identidad, pero accedió a relatar su historia:
“Residía en Caracas, trabajaba en el Ministerio de Salud, era asistente de radiología en la Clínica Del Valle, esa era mi vida en 2018. Para nadie es un secreto que ese año la situación en Venezuela estaba muy grave por la escasez de productos de la cesta básica, el sueldo que ganábamos no alcanzaba, entonces un día me contactó por las redes sociales una amistad que se encontraba en Colombia desde hacía un año, ella me dijo que en Colombia hay mejores condiciones de vida que me fuera a vivir para allá, que ella me ayudaba para el viaje, pero que primero me fuera sola y que con el tiempo me iba trayendo a mi familia. Acepté la supuesta ayuda de esa mujer debido a la necesidad que estábamos pasando, le dije que sí; ella me transfirió dinero para mi pasaje. Salí del terminal de La Bandera, en Caracas, hasta San Antonio del Táchira. Estando allá ella me dijo que me iban a buscar dos hombres, que no me asustara, ya que ellos me iban ayudar a pasar por la trocha debido que no podía pasar por el puente porque no tenía papeles colombianos. Cuando veo a los muchachos me pareció que eran personas buenas, incluso muy educados. Esa actitud fue al comienzo, ya que después que me pasaron por la trocha y llegamos a Villa del Rosario agarramos un colectivo con destino al terminal de pasajeros de Cúcuta donde estaba la mujer que me había contactado, fuimos a almorzar, luego nos subimos a un vehículo que nos iba a llevar a lo que realmente iba a ser mi destino final, el cual está más o menos a dos horas de Cúcuta, en una zona rural. Cuando íbamos en el trayecto del viaje yo me estaba asustando porque lo único que veía en la carretera era monte de ambos lados; entonces cuando llegamos a la zona que era mi destino la mujer me dijo: ‘Bienvenida, de ahora en adelante despídete de tu familia porque hasta ayer la viste por última vez’. Después de terminar esa frase todos los que estaban presentes se echaron a reír. Esa misma noche me colocaron a trabajar, me acuerdo porque yo sentía cuando se metían clientes y abusaban de mí. Pasaron los días, semanas e incluso meses, pero siempre estaba bajo los efectos de la droga que ellos me suministraban. Con el tiempo un día me dijeron: Tú ya estás aquí definitivo, entonces nos tienes que pagar todos los gastos de tu traslado de Caracas hasta aquí. Ese mismo día me dijeron que ellos tenían videos míos que habían grabado con algunos clientes y en caso que me rehusara a pagar los publicarían. También me dijeron que si se me ocurría escaparme simplemente me mataban”.
“Con el paso del tiempo me tuve que empezar a adaptar y pasaron alrededor de 6 meses en los que nunca tuve contacto con mi familia en vista que desde el primer día me quitaron el celular. Conocí a unas niñas de Mérida de 17 y 18 años que estaban allí desde hacía dos años y ellas me contaron que con el tiempo las personas encargadas del lugar cada mes le hacen un depósito de dinero a nuestros familiares para que ellos crean y piensen que estamos vivas y bien, trabajando en algún lugar de Colombia”.
“Habían pasado como 7 o 8 meses y yo ya tenía un poco más de libertad, nos dejaban salir para un pequeño río que quedaba en la parte de atrás de la casa. Me fijé que una parte daba directo con el río; así que una madrugada me desperté como a las 3:00 y decidí saltar esa pared y lanzarme al río, me pegué con una piedra, luego me escondí en un monte que daba con una carretera de piedra y a lo lejos vi que venía un autobús de esos viejos que en Venezuela le llaman ‘chivas’ y me le lancé al medio de la calle… ¡y paró!, Gracias a Dios el autobús iba solo con el chofer y yo le conté la historia y él me dijo que me escondiera en los asientos, que él me llevaba hasta Cúcuta”.
“Después de hablar con mi familia y sin saber qué hacer en Cúcuta decidí meterme a la prostitución, pero esta vez por mi cuenta, estando en el parque un día nos visitó la Fundación Frida Kahlo y ahí conocí a su directora, ella nos daba charlas hasta que un día me ayudaron para que hiciera un emprendimiento y lo hice. Me salí de la prostitución y pude traer a mi esposo y a mis hijos para acá y ahora vivimos todos juntos”.
La falta de atención al problema por parte de las autoridades durante los primeros años de la ola migratoria exacerbó la situación. Sin embargo, gracias a la presión de organizaciones como la Fundación Frida Kahlo se han establecido comités de lucha contra la trata de personas en cada municipio de Colombia, integrados por diversas instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil de ese país, lo cual ha favorecido a las mujeres venezolanas migrantes.
UN CRIMEN QUE PERSISTE
Venezuela aún atraviesa una Emergencia Humanitaria Compleja en la que los ciudadanos están más expuestos a las redes de trata, situación que aumenta en razón de la edad, género, orientación sexual o identidad de género y más aún si se encuentran en condiciones de necesidad por múltiples factores, pues eso es aprovechado por las redes de trata.
La magnitud de este problema se hace evidente al observar las estadísticas proporcionadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que calcula ganancias de hasta 32.000 millones de dólares anuales derivadas de la trata de personas.
Cifras de Mulier Venezuela, organización no gubernamental que estudia la trata de mujeres venezolanas en América Latina, documentó que sólo en 2022 un total de 1.390 venezolanas fueron rescatadas de redes de trata en toda América Latina. De esa cifra, 294 eran niñas y adolescentes.
Estefanía Mendoza, coordinadora general de Mulier Venezuela, dijo en una entrevista a InSight Crime que “la participación de los cuerpos de seguridad es clave sea por acción o por omisión” en relación con las mujeres que son captadas por redes criminales y llevadas destinos internacionales con fines de trata”. La investigación añade que aun cuando los casos documentados de funcionarios del Estado venezolano imputados por trata de personas son invisibilizados a nivel estatal y en medios de comunicación, su complicidad en el traslado de las víctimas ha sido un elemento facilitador para que las redes de trata logren sus objetivos criminales.
Aunque el 21 de julio de 2021, la Presidencia de la República aprobó el decreto N° 4.540 que contiene el Plan Nacional contra la trata de personas 2021-2025, formulado por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, por medio de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y el fiscal general firmó en 2023 el plan de trabajo con Unicef y presentó Manual para la Investigación del Delito de Trata de Personas la implementación de estos instrumentos es aún muy frágil al punto que este delito no es sólo cometido por bandas delictivas sino por funcionarios civiles y/o militares que se valen de sus cargos para sacar provecho de esta situación. Esto, sin contar con la deuda del Estado para la absoluta y eficiente aplicación de la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una de las legislaciones “más modernas” en la materia, reformada en los años 2014 y en 2021 para actualizarla e incluir nuevos tipos de violencia, pero que paradójicamente aún no cuenta con reglamento para su aplicación.
Ante el continuo avance de este crimen en la región y otros continentes se hace imprescindible el trabajo conjunto y coordinado entre el Estado, organizaciones especializadas y la sociedad en general.
El delito de la trata de mujeres ha sido denunciado por FundaRedes en años anteriores. El 27 de mayo y 30 de junio de 2022 la organización solicitó a la Fiscalía General de la República que investigue la desaparición de venezolanos que se dirigían a Trinidad y Tobago en embarcaciones, así como la existencia de redes de tráfico de personas en las costas del país para que se determinen las responsabilidades en estos crímenes que atentan contra la vida y la integridad personal. En ambas ocasiones, se le recordó por escrito al Ministerio Público que el artículo 55 de la Constitución Bolivariana de Venezuela confiere a toda persona el derecho a la protección por parte del Estado frente a la vulnerabilidad de su integridad y derechos; estando los cuerpos de seguridad obligados a respetar la dignidad y los derechos humanos de todas las personas.
Sin embargo, a dos años de estas denuncias las redes de trata de personas siguen operando y captando cada vez más víctimas en todo el país, en ocasiones apoyadas en funcionarios de organismos de seguridad.
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