ANÁLISIS DEL CONTEXTO FRONTERIZO
NOVIEMBRE 2023
Después de casi un año, se formaliza el transporte público binacional
entre Colombia y Venezuela
Aunque en enero de 2023, los gobiernos de Colombia y Venezuela llevaron a cabo la reapertura fronteriza entre ambas naciones, esto no implicó el paso del transporte público de un país a otro, para la movilización de ciudadanos que hacen vida en una de las fronteras más dinámicas de América.
Para marzo de 2023 , de acuerdo a un reportaje del Diario de Los Andes, las líneas de transporte del municipio de San Antonio del Táchira, atravesaban una crisis económica bastante acentuada por la imposibilidad de pasar al Norte de Santander (Cúcuta- Colombia); tras demoras en la permisología y la regulación de trámites entre gobiernos locales y regionales para establecer la normativa que dictara las pautas de la actividad de los transportistas en la zona.
No es sino hasta noviembre de 2023 que empezó a operar la movilización de transporte público entre la entidad tachirense (Venezuela) y el departamento del Norte de Santander (Colombia) aunque desde hace meses los transportistas estaban a plena disposición de llevar a cabo esta labor, incluso desde marzo, muchos habían tramitado el SOAT, invirtiendo cantidades importantes de dinero, tal como señala el reportaje del Diario de Los Andes, que al no ver retornado en los meses siguientes, llevaron a más de uno a la bancarrota, mientras que vehículos “piratas” fueron los beneficiados en medio de las demoras, por parte de las autoridades, para echar a andar el transporte público formalmente.
En ese sentido, en noviembre contaron con la autorización para pasar a Cúcuta, Expresos Bolivarianos (San Cristóbal), La Moderna (Junín) y La Frontera (García de Hevia). En el caso de Expresos Bolivarianos, se reactivó a cabalidad el conjunto de sus operaciones para cubrir la ruta San Cristóbal – Cúcuta, en el marco de los avances que se han impulsado para la normalización de las relaciones entre ambas naciones. De acuerdo a lo dicho por las autoridades y representantes de la empresa de transporte, se trata de 12 unidades de esta línea que cuentan con el aval, al cumplir con los requisitos de rigor para transitar por territorio colombiano.
Asimismo, tras el acuerdo entre la autoridad del Área Metropolitana de la capital nortesantandereana y la alcaldía fronteriza de Bolívar (San Antonio del Táchira), se ha de permitir a las líneas venezolanas ingresar a territorio neogranadino, a través del puente internacional Simón Bolívar y viceversa. Vale la pena destacar que de acuerdo a las autoridades, en el marco de una primera fase, se realizaron pruebas piloto de reconocimiento de rutas y desde el pasado 13 de noviembre los autobuses de corta distancia iniciaron sus operaciones de manera formal en el horario comprendido de 6 a.m. a 9 p.m.
En ese mismo orden de ideas, la población del municipio Pedro María Ureña también ha gozado de la posibilidad de volver a usar el transporte binacional, a través de la ruta de la línea TransOriental, que cumple con la ruta Ureña-Cucuta y viceversa; beneficiando a trabajadores y escolares que circulan entre las poblaciones de Ureña (Táchira) y el Barrio Nuevo Escobal (Cúcuta), quienes antes transitaban a pie, los dos. kilómetros de distancia entre los dos poblados.
Los riesgos de una escalada de la violencia en Venezuela, nacen por el Esequibo
El mes de noviembre estuvo marcado por una atención particular, por parte de la opinión pública en general, autoridades del Estado, comunidad internacional e incluso la Corte Internacional de Justicia, en la disputa territorial entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana por el territorio Esequibo.
En el marco del proceso judicial que se viene adelantando entre Venezuela y Guyana en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el diferendo limítrofe entre ambos países, las tensiones aumentaron en el momento que el Estado venezolano tomó la decisión de convocar a un referéndum consultivo, el cual tuvo lugar el pasado domingo 3 de diciembre.
A raíz de la convocatoria de ese evento electoral, se movilizaron distintos recursos tanto propagandísticos como militares, que hacían ver el tono que el gobierno nacional asumiría frente al vecino país, lo cual también se vio reflejado en la zona fronteriza que divide a los estados Bolívar y Delta Amacuro con el territorio Esequibo, en donde se han desarrollado distintas acciones militares en los últimos días, mientras el resto del país era inundado de conciertos, encuentros políticos del partido de gobierno y eventos afines, a favor del rescate del territorio a través de la consulta, cuyos resultados son bastante cuestionables tras la falta de transparencia por parte del ente electoral y la notoria baja participación según el monitoreo de centros de votación en dicha fecha.
Ahora bien, tras un intenso seguimiento a la fuente militar, se ha constatado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha iniciado la construcción de una segunda base militar en las inmediaciones de la frontera con el territorio Esequibo, con el propósito de activar una futura Escuela de Comandos de Selva de la FANB. Esta base militar tiene su ubicación específica en los terrenos de la Base de Seguridad Territorial (BST) “isla de Anacoco”, en el municipio de Sifones del estado Bolívar.
Por otra parte, los militares venezolanos también han iniciado la construcción de una pista de aterrizaje cercana a la frontera con el territorio Esequibo, específicamente en La Camorra, estado Bolívar. Según el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, esta pista servirá para el «desarrollo integral» del Esequibo.
En medio de esto, los pronunciamientos y acciones de la República Cooperativa de Guyana, no se han hecho esperar y es que, a través de su vicepresidente, ha planteado la posibilidad de instalar bases militares con apoyo extranjero sobre el territorio Esequibo, asociando esto al anuncio de la visita de funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos a este país. Esta posible instalación de bases militares sobre el territorio Esequibo tiene como objetivo por parte de Guyana el “proteger su interés nacional”, razón por la que también se encuentra en un periodo de fortalecimiento de sus relaciones con las Fuerzas Armadas de Brasil y Canadá.
Todo lo anteriormente esbozado, reseña un aumento considerable del conflicto en el oriente extremo del país, llevando incluso a Brasil a intensificar sus “acciones defensivas» en su frontera con Venezuela y Guyana, traducidos en el aumento del número de contingentes militares en la frontera.
Con base a lo anterior y considerando las denuncias y hechos documentados por FundaRedes en relación con las acciones militares que se han perpetrado en esta zona del país, cobrando la vida de inocentes, es menester alertar que este tipo de tensiones pone en mayor riesgo a comunidades vulnerables, destacando en ellas indígenas, mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores; pues bajo la lógica del Estado venezolano de defenderse de un enemigo externo, se podrían cometer violaciones a los derechos humanos expresadas en detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y demás actos contra pobladores que habiten en medio de la zona en disputa y sus alrededores.
En ese sentido, una mayor militarización de la zona podría traer mayores índices de violencia para esta zona vulnerable, tal como se ha reseñado el boletín N.º 46 de FundaRedes en la que además convergen grupos armados irregulares con intereses en los recursos minerales y que llevan a cabo labores de explotación ilícita de minas, bajo la completa omisión o complicidad del Estado, y ejecutando prácticas de trata y esclavitud moderna sobre mujeres y niñas.
Escenarios y análisis:
- Tras la celebración del referéndum consultivo, cuyos resultados son altamente cuestionados – como ya se ha reseñado – por la poca transparencia en el escrutinio y la baja participación en las calles y alrededores de los centros de votación durante la jornada electoral; el gobierno nacional ha tomado un conjunto de medidas que van desde divulgar un nuevo mapa del territorio nacional en la que la otrora “zona en reclamación” que hacía referencia al Esequibo, ahora se muestra como parte formal del territorio; hasta anunciar que la “capital” de dicha zona, que en las próximas semanas, desde la Asamblea Nacional, busca convertirse en el estado número 24 de Venezuela, vendría a ser Tumeremo, un poblado perteneciente al estado Bolívar. Frente a este último punto, es importante señalar que dicho sector desde donde se despliega la operación de cedulación de habitantes del Esequibo y se planifica todo lo concerniente a su desarrollo económico y social, es una de las zonas más afectadas por la presencia de grupos armados que operan en minas y explotan ilícitamente los recursos del país; razón por la que los riesgos de una escalada de la violencia aumentan
considerablemente, pues desde 2016 dicha localidad se rige por las normas tribales que imponen estos grupos al margen del Estado, que además fueron responsables de cobrar la vida de más de 17 mineros en aquel momento . En ese sentido, el accionar del Estado venezolano es bastante cuestionable frente a la intención de atender socialmente una zona en disputa, cuando territorios que están fuera del conflicto limítrofe caracterizan a un estado fallido; es por ello es motivo de alarma que en medio de todas estas maniobras políticas y militares – por un lado – y el afán de seguir enriqueciéndose ilícitamente de la explotación minera – por el otro – se desaten enfrentamientos cuyos afectados sean los pobladores vulnerables. - Aunque se tiene previsto un encuentro entre Venezuela y Guyana el próximo 14 de diciembre en San Vicente y las Granadinas, las expectativas de resolución del conflicto son bajas cuando ya Guyana aclaró que su única vía para resolver la disputa límite es la Corte Internacional de Justicia, opción a la que el Estado venezolano se niega rotundamente, apelando al acuerdo de Ginebra y otros recursos; razón por la que quizás solo se obtenga un cese momentáneo de las tensiones entre ambos países, pero que se puede avivar en cualquier momento, más aún cuando pareciese que el gobierno venezolano está en búsqueda de un enemigo externo que avive el sentimiento nacionalista y encause a la población a una lucha común bajo su liderazgo, para evadir a toda costa las elecciones presidenciales de 2024 y erosionar el liderazgo de la candidata presidencial Maria Corina Machado, electa en la elección primaria de octubre de 2023.
- Tal cual como se advirtió en la edición de octubre de este informe, se han venido produciendo detenciones y actos de persecución contra opositores venezolanos como parte de la narrativa de “traición a la patria” frente a su apoyo nulo a las maniobras políticas del gobierno nacional, más allá de dejar clara su convicción de que el territorio en cuestión es venezolano y exhortar a que la disputa se dirima en las instancias establecida, siendo acusados de supuestamente cooperar con trasnacionales americanas a favor de Guyana. En ese sentido, resulta vital alertar sobre nuevas medidas que vayan en contra de actores políticos, miembros de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, que en medio de este contexto denuncien arbitrariedades y demás violaciones.