ANÁLISIS DEL CONTEXTO FRONTERIZO
NOVIEMBRE 2023
Servicios públicos: Los más buscados en la frontera
La frontera de Venezuela con Colombia se ha caracterizado, en los últimos años, por ser una de las zonas más afectadas por el colapso de la capacidad instalada para la prestación de los servicios públicos. Siendo el recibo de servicios públicos de calidad un derecho consagrado en nuestro texto constitucional, las organizaciones de defensa de los derechos humanos están en el deber de hacer seguimiento de su cumplimiento a cargo de las instituciones -en su mayoría estatales- que han monopolizado su prestación.
En ese sentido, FundaRedes registró la falta absoluta del servicio de agua potable que afecta a los habitantes de los barrios “A Juro” y “Carlos Andrés Pérez” del municipio Pedro María Ureña, quienes denuncian que en lo que va del año 2023 solo una vez han recibido el vital líquido a través de tuberías; por su parte, la contaminación por fuga de aguas servidas e incendios en algunos vertederos son otros problemas que se repiten con frecuencia en esta entidad fronteriza, sin atención alguna.
Asimismo, durante el mes de octubre, se constató que los cortes de luz alcanzaron en algunos municipios del estado Táchira hasta las 10 horas seguidas, dejando a la población sin el suministro de electricidad; paralizando la actividad productiva, educativa y comercial de la zona fronteriza; haciendo mucho más compleja la posibilidad de que esta región pueda recuperarse, pese a la reapertura hace un año de su circulación vehicular binacional. Otro patrón de cortes de luz se refleja en municipios como Pedro María Ureña, donde los cortes se producen dos veces al día, durando entre 5 y 6 horas cada uno.
En ese sentido, es menester citar un reportaje especial de Crónica Uno, el cual refleja que en medio de la omisión y negligencia del Estado venezolano para garantizar la electricidad a sus habitantes, en Táchira, a algunos no les ha quedado “más opción que la instalación de paneles solares a pesar de su costo”; tomando en consideración que incluso las plantas eléctricas dejan de ser funcionales debido a su dependencia con el gasoil, cuya escasez arrecia en toda la entidad andina, siendo constatado por las largas colas de camiones y unidades de transporte público en las estaciones de servicio que van desde San Cristóbal hasta San Antonio del Táchira, afectando de este modo la movilidad de peatones y mercancías.
En medio de esta situación hay un amplio segmento poblacional que no tiene la capacidad económica para adquirir una planta eléctrica o la instalación de paneles solares, quedando totalmente expuestos a los cortes de luz que, además, traen consigo el daño de sus artefactos electrodomésticos, difíciles también de sustituir sin ningún tipo de indemnización; y todo esto deriva en problemas de salud mental, como consecuencia de la paralización de las actividades de los pobladores y la frustración que esto conlleva.
Es en medio de este contexto hostil, donde están creciendo los niños y niñas de la frontera, los cuales no escapan de la crisis reflejada en la denuncia hecha por la Federación Venezolana de Maestros, quienes indican que un 30% de las instituciones educativas no se encuentran aptas para retomar las clases escolares en las instituciones públicas del Estado, aun cuando el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en sus redes sociales indicó que las escuelas y liceos, antes de iniciarse las clases del año escolar 2023–2024, debían estar en un 100% arregladas. Más dramática aun es la percepción de los propios docentes de la frontera venezolana, reflejada en la Consulta Nacional Educativa 2023, según la cual, “Ante el inicio del año escolar 2023-2024 se evidenció la existencia de varias instituciones en los estados fronterizos en paupérrimas condiciones de infraestructura, cuando el argumento del Estado era que antes de iniciarse las clases en escuelas y liceos del país deberían estar totalmente atendidas, situación que es incierta en un 97,7% de la planta física, lo cual deja ver que los centros de educación en frontera han estado o están en condiciones precarias”.
Se evidencia, una vez más, como el Estado no atiende, como corresponde, al sistema educativo, y somete a los más jóvenes, sobre todo en la frontera, a una educación sumergida en grandes déficits. Además, por las faltas de luz y agua, las autoridades de las instituciones educativas y escolares se ven obligadas a suspender las pocas actividades que de por sí ya tienen, las cuales además son totalmente ajenas a un calendario escolar regular y corriente. En medio de esta dramática realidad estamos en presencia de una abierta violación al derecho a la educación de calidad que merecen nuestros niños, niñas y adolescentes. Este contexto refleja como la vida de los pobladores del corredor fronterizo es cada vez más precaria, y el día a día transcurre bajo la mirada silente del Estado, el cual no toma medidas adecuadas para recuperar la prestación eficiente de los servicios públicos, no obstante que hacerlo a su vez traería beneficios adicionales, tales como el mejoramiento de la actividad comercial y la generación de oportunidades, lo
que a su vez permitiría hacer mucho más competitiva la región y estar a la altura de desarrollos comerciales como los que se encuentran ubicados en el Norte de Santander, Colombia.
A los pobladores fronterizos, los números no dan
Es así como la economía familiar de los habitantes de la zona fronteriza se ve mermada, y así lo comentan consumidores en el mercado de Capacho (Táchira), quienes admiten que se han visto obligados a hacer compras inter diarias para subsistir, debido a que sus ingresos no les permiten planificar para comprar de forma semanal o mensual “como podían hacerlo en otras épocas”, según relata un testimonio tomado por FundaRedes.
Una de las actividades laborales aparentemente más sostenibles es la de taxista, esto de acuerdo a varios profesionales del volante que fueron consultados, quienes aprovechan el flujo migratorio para movilizar pasajeros desde el terminal de San Cristóbal hasta San Antonio del Táchira para abastecerse económicamente. Sin embargo, estos están en constante riesgo de que el automotor amerite el reemplazo de alguna pieza o se accidente, lo cual los coloca en una situación de alarma económica “pues podrían terminar trabajando para solo mantener o arreglar el carro”.
Si bien las regulaciones en materia de transporte del Norte de Santander, exponen que los taxistas venezolanos están habilitados para llevar pasajeros a Cúcuta y los taxistas colombianos trasladar pasajeros al Táchira, estos no pueden recoger nuevos pasajeros en estos puntos para retornar a sus respectivas naciones. Adicionalmente, de acuerdo al relato de uno de los choferes consultados, que por seguridad prefirió mantenerse en el anonimato, se plantea la existencia de otro fenómeno de orden interno en Venezuela, que afecta a los conductores, y es que los traslados desde San Antonio del Táchira hacia otros destinos de la entidad andina, deben realizarse con cautela, pues si bien cualquier conductor puede movilizar pasajeros hasta Cúcuta o San Antonio, recoger a alguno desde el municipio venezolano frontera con Colombia implica ciertos riesgos, pues podrían entorpecer los ingresos de líneas de taxis ubicadas en la línea fronteriza venezolana, que están bajo el control de Grupos Armados Irregulares, razón por la cual tomar a un pasajero desde esta zona, implicaría ser víctima de amenazas, hostigamientos, robos o afines, así que para resguardar su integridad, terminan devolviéndose a su lugar de origen sin ningún cliente, perdiendo la oportunidad de aprovechar el traslado de retorno para aumentar sus ganancias.
Asimismo, la actividad hotelera está totalmente paralizada en municipios como San Antonio del Táchira; y ni siquiera la reapertura del aeropuerto local ha traído consigo mejora alguna, pues a juicios de los pobladores y transeúntes, se denota que los viajeros prefieren seguir utilizando aeropuertos como el de la Fría o Santo Domingo, pese a su distancia, ya que el reinaugurado aeropuerto no inspira confianza a sus usuarios y la oferta de vuelos es muy precaria. Por supuesto, uno de los factores desestimulantes del reimpulso económico lo constituye ser una zona tensa, plagada de Grupos Armados Irregulares afectando posadas y hoteles en casi total abandono, o con mínimos de ocupación, ya que quien necesita hospedarse prefiere hacerlo, por seguridad, en San Cristóbal o Cúcuta, según sea el caso o su destino.
Esta situación hace que emprendedores, dueños de estas infraestructuras, dejen de ofrecer empleos, generar ingresos y desarrollar otras actividades económicas, caracterizando de este modo a una frontera, del lado venezolana, en total contracción y abandono.
La Violencia: El Pan de cada día en la zona fronteriza
Durante octubre de 2023 la violencia siguió teniendo una importante influencia en las regiones venezolanas de frontera. En ese sentido, FundaRedes registró que en ese mes los estados Bolívar y Zulia fueron las regiones de frontera más violentas del país, ya que diversos hechos tuvieron lugar, destacando presuntas ejecuciones extrajudiciales como parte de los hitos más resaltantes y constantes. En el estado Bolívar tenemos el caso de Yonder Rafael Rodríguez Carmona, de 27 años de edad, quien presuntamente fue víctima de una ejecución extrajudicial por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, específicamente de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes se lo llevaron por la fuerza de su casa, y luego fue hallado asesinado a tiros en casa de su expareja. Dichos hechos se registraron en la población de San Félix, municipio Caroní de la entidad suroriental.
Otra grave vulneración de derechos humanos perpetrada a través de otra presunta ejecución extrajudicial tuvo lugar en el estado Zulia, en el sector Moina del municipio Guajira. La víctima es un indígena de la etnia Wayuu, identificado como José Luis Montiel, quien presuntamente fue ejecutado por parte de efectivos del Ejército que dispararon contra el vehículo en el que este se trasladaba, a la altura de un punto de control improvisado en la Troncal Caribe.
Este tipo de hechos constituye y evidencia cómo en las zonas fronterizas se impone con mayor notoriedad el poder de las armas, por encima de la legalidad y el respeto a los derechos humanos, pues son los cuerpos de seguridad quienes, bajo su criterio y discreción, deciden por la vida de civiles, incluyendo pobladores indígenas, sin ningún tipo de justificación, razón por la que la vida de los habitantes está en constante riesgo, aunado también a la presencia de Grupos Armados Irregulares.
Una defensa a medias de la soberanía nacional
Luego de años de omisiones en la defensa del Esequibo frente a Guyana, el gobierno de Nicolás Maduro se prepara para un referéndum el próximo 03 de diciembre para consultarle a la población su posición frente a los mecanismos de defensa del Esequibo y la creación incluso de un estado en ese territorio; esto, como un acto de soberanía, que al contrastarse con las atribuciones y deberes constitucionales del Ejecutivo Nacional, podría considerarse como accesorio, tomando en cuenta que entre sus obligaciones, sin necesidad de consulta alguna, está la defensa integral del territorio nacional.
Aun así, el proceso electoral se encuentra en marcha e incluso la propaganda no se ha hecho esperar, considerando este evento electoral como un acto de unidad nacional que convoca a todos los sectores del país. Una muestra del despliegue comunicacional y de activismo impulsado por el Estado camino al referéndum consultivo lo constituye el que pobladores en zonas fronterizas y otras partes del país han recibido, en sus cajas CLAP, volantes invitándolos a votar.
Mientras esto transcurre, el Estado venezolano continúa incurriendo en omisiones de defensa del territorio nacional, permitiendo la incursión de Grupos Armados Irregulares en Venezuela, que se han dedicado a extorsionar, cometer delitos y explotar de forma ilícita los recursos naturales de la nación, tal como lo ha denunciado FundaRedes por años.
Demostración de ello lo constituye que en la zona sur y oriente de Venezuela, en los estados Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar, los grupos armados irregulares imponen el orden y control social a través de la violencia y la coacción, sobre todo contra mujeres, niños y adolescentes, que terminan siendo las principales víctimas de explotación laboral y sexual, teniendo como consecuencia el desplazamiento de comunidades indígenas y demás pobladores en estado de vulnerabilidad.
Ya para 2022, según Armando.info, existían en Venezuela 3.718 puntos de actividad minera en los estados Bolívar y Amazonas, la mayoría de manera ilegal, situación que se ha venido agravando de cara a 2023, en donde a raíz de estas prácticas ilícitas han aumentado los casos de tratas de personas con fines de explotación laboral y sexual; en los municipios mineros del estado Bolívar.
Son sucesos como estos, así como los ocurridos en el estado Apure durante el año 2021, los que corroboran como el Estado venezolano ha colocado en riesgo la integridad de su propio territorio ante políticas de defensa totalmente subordinadas a intereses políticos con grupos que otorgan cierta estabilidad al gobierno y ejercen control social contra quienes piensan distinto en las zonas más remotas del país.
Escenarios y análisis:
- El referendo consultivo sobre el Esequibo surge luego de la significativa participación de 2.307.635 venezolanos en la elección primaria opositora. El gobierno de Nicolás Maduro encontró, en las recientes agresiones de Guyana, una oportunidad para buscar anular en la opinión pública el hito electoral de los sectores democráticos, convocando a un referéndum consultivo, para preguntar a la población cuestiones que puede contemplar o incorporar a su estrategia de defensa, amparándose en las atribuciones que tiene el Ejecutivo en la Constitución Nacional sin necesidad de someterlo a consulta. Resulta evidente que detrás de este evento electoral, más que una estrategia de defensa externa, hay una fuerte agitación propagandística que busca desestimar los esfuerzos democráticos para avanzar hacia recuperación del espacio cívico y la convivencia democrática en 2024
- Mientras el gobierno busque poner el foco sobre un enemigo externo, el espacio cívico se coloca en mayor riesgo, pues cualquier opinión que vaya en contra de la línea oficial, podría considerarse cómplice a los intereses de quien hoy (Guyana) aprovecha las omisiones del Estado venezolano, para hacerse de un territorio que legítimamente y de forma histórica no le pertenece; razón por la que el monitoreo y documentación de violaciones de derechos humanos dentro del territorio nacional, deben redoblarse a los efectos de constatar y denunciar cualquier represalia contra algún ciudadano que se sienta indispuesto a participar o votar en contra de las interrogantes planteadas en la consulta del 03 de diciembre.
- Mientras el discurso oficial se concentre en el asunto del Esequibo, sin interés alguno en resolver otros temas que también comprometen la soberanía, los grupos armados irregulares continuarán perpetrando actos de control y dominación del territorio nacional, situación que también compromete la soberanía nacional.
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