A los factores que mantienen a los residentes venezolanos de la zona fronteriza en constante vulnerabilidad desde hace años sin atención efectiva por parte de las autoridades se suman los operativos militares de gran intensidad ordenados desde 2021 por Nicolás Maduro contra grupos armados que denominó “Tancol”, (Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia), luego Tancolven (el sufijo hace referencia a la participación de venezolanos) que se expandieron a otros estados del país y han causado graves daños en la población, con lo cual aumenta la responsabilidad del Estado venezolano en las violaciones de derechos humanos.
“No son guerrillas ni seudoguerrillas ni paramilitares”, declaró el presidente Nicolás Maduro en septiembre de 2021. “Son los Tancol: terroristas armados y narcotraficantes de Colombia. Y esos grupos Tancol han venido infiltrándose en territorio venezolano”. Según Maduro, estos nuevos grupos fueron creados por el ex mandatario colombiano Iván Duque para atacar el país desde adentro, por lo que constituyen “un enemigo de Venezuela y de la Fuerza Armada”, aunque en la práctica poco, o nada, se ha comprobado su existencia.
La versión de Maduro es que los Tancol tenían la orden de cometer actos de sabotaje contra la industria petrolera, contra el servicio eléctrico, contra la paz y la seguridad; así como contra sedes policiales y actuar como agitadores políticos para debilitar la revolución bolivariana, por ello ordenó al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) –órgano encargado de la coordinación de los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional y la Milicia– intensificar las operaciones militares en la frontera con Colombia “para garantizar el exterminio de los restos de los TANCOL”.
Supuestamente estas células estaban integradas por sicarios, ex oficiales del Ejército y de la policía de Colombia y Venezuela, y por paramilitares colombianos, todos entrenados por el gobierno del entonces presidente Duque. Con sus afirmaciones, Maduro dejó de lado el reconocimiento a la presencia de grupos armados irregulares de origen colombiano como las FARC y el ELN en Venezuela que, tal como lo hemos denunciado en FundaRedes, se ha extendido a varios estados del país más allá de la frontera, participando en diversas actividades criminales.
A casi dos años de los operativos contra los llamados Tancol “aún no hay evidencia de que dicha red criminal exista por fuera de la imaginación del Estado venezolano”, una reciente investigación de Insight Crime. Lo que sí han dejado estos operativos militares es un aumento de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desplazamientos en comunidades rurales e indígenas, de acuerdo con denuncias de habitantes de las zonas afectadas, familias de víctimas y reseñas de medios de comunicación.
DE TANCOL A TANCOLVEN
Con el tiempo, y los enfrentamientos violentos ocurridos en Apure, la figura de estos grupos de los cuales el Estado no demostró su existencia –aunque ha celebrado su derrota– mutó en Tancolven, el sufijo se refiere a la incorporación de elementos venezolanos, con lo cual ahora se trata de grupos armados binacionales que tendrían presencia en al menos nueve estados de Venezuela: Zulia, Táchira, Apure, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Falcón. Maduro habló de ellos por primera vez durante el acto de salutación de fin de año de las FANB en diciembre de 2022, más de un año después de anunciar la guerra contra los Tancol.
Según Maduro y a partir de reportes del ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López un gran “logro” de ese año fueron “el enfrentamiento y la expulsión de los Tancol, los terroristas armados, narcotraficantes de Colombia y de Venezuela, los Tancolven, su persecución, su enfrentamiento, su expulsión donde se ejecutaron diez operaciones, que comprendieron 99 despliegues operativos contra estos grupos criminales y terroristas en nueve estados de la República”.
La investigación de Insight Crime afirma que según los resultados expuestos por las autoridades los objetivos de varios de estos operativos fueron dirigidos a las disidencias de las FARC y a alguna que otra pequeña red de narcotráfico, aunque en ninguno de ambos casos ha habido actuaciones políticas ni acciones desestabilizadoras.
Un recuento de esos 10 grandes operativos de las FANB citados por Maduro realizado por la ONG Control Ciudadano da cuenta que tuvieron lugar en Falcón, Zulia, Táchira, Apure, Barinas, Guárico Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, Monagas.
Operación “Cacique Manaure”, en Falcón; Operación “Relámpago del Catatumbo”, en Zulia; Operación “Cacique Murachí”, en Táchira; Operación “Vuelvan Caras”, en Apure, Barinas y Guárico; Operación “Autana” en Amazonas; Operación “Roraima”, en Bolívar; Operación “Wara”, en Delta Amacuro; Operación “Cacique Cayaurima” en Sucre; Operación “Paramacory” en Monagas; y Operación Redimain (Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular) en el mar Caribe y la fachada Atlántica.
Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano y especialista en temas militares, explicó a FundaRedes:
“Tancol o Tancolven; es decir, el acrónimo ya abarca la presencia de grupos armados narcotraficantes no solo colombianos sino venezolanos. Existe un abanico de actuaciones que viene desplegando la Fuerza Armada en distintos puntos de la geografía nacional, entre los que se encuentran los desplazamientos, la muerte, la afectación a la integración personal, a la vida, al debido proceso y en algunos casos a la garantía del derecho de la propiedad… Se puede decir que estas operaciones no han erradicado a los grupos guerrilleros en Venezuela, sino que la guerrilla ha aumentado su pie de fuerza en el territorio. Hace 40 años teníamos un ingreso oscilante de guerrilla colombiana en Venezuela, al día de hoy existe una presencia permanente de esta guerrilla. Lamentablemente, esto atiende al fracaso de la Fuerza Armada en su función de resguardar la integridad y soberanía nacional”.
A juicio de la directora de Control Ciudadano, aunque la Fuerza Armada despliega operativos para hacer frente a los Tancol, asignándole nombre a cada uno “se desconoce su composición, el tamaño y alcance de los mismos, quedando solo en manos del Presidente de la República, cualquier data o información oficial que se pueda conocer, sobre esta operaciones y a la fecha no se revela objetiva ni verazmente el estado actual de estos procedimientos, como lo sería la confirmación de la presencia de grupos armados en territorio venezolano, número estimado de personas que los conforman y sus cabecillas, nombres de detenidos o dados de baja tras las operaciones, entre otros”.
El elemento común en estos operativos son las violaciones a los derechos a la vida, a la seguridad personal, a la propiedad privada, al trabajo, al libre tránsito. Los cuatro días que duró la Operación Autana en el sur del estado Bolívar en agosto de 2022 para “erradicar a los Tancol” terminó en la muerte a tiros de un joven de 18 años de edad integrante del equipo de voleibol Guayana y del equipo de softbol de una iglesia cristiana, un pastor evangélico herido por prestar auxilio al joven, desplazamientos de residentes, comerciantes y mineros legales y largas protestas contra la acción violenta de los comandos militares.
“Durante estos días los militares lo que hicieron fue saquear fincas y establecimientos, porque ni suficiente comida trajeron. La única víctima de todo esto es la población”, señaló un habitante del municipio Sifontes. Otro añadió: “Cada vez que hay incursiones militares en las minas hay violaciones a los derechos humanos, y violación del derecho al trabajo. Queman las casas de los mineros, les destruyen sus herramientas de trabajo, se les expropia el producto de su trabajo y también se forjan expedientes judiciales”, aseveraron.
De poco sirvieron estos “resultados” y las denuncias, pues tres meses después el escenario se repitió con la Operación Roraima: “La que más sufrió, y primero atacaron, fue la población de Imataca. Allí hay indígenas y población minera que fueron afectados. Entraron a sus casas, los sacaron y les lanzaron explosivos. Acabaron con todo ese sector, hasta con las escuelas. Luego, lo ampliaron a otros sectores mineros”, denunció un informante a un medio digital.
Los ataques incluso fueron dirigidos a instituciones religiosas: “Incluyó la quema de la Iglesia aislando a la entidad bajo el argumento de un desempeño ilegal de grupos considerados como ‘armados y terroristas’, aunque los trabajadores contra quienes se dirigió la operación niegan esto y afirman que desarrollan una actividad legal que paga tributos a la Corporación Venezolana de Minería (CVM) por concepto de extracción”, denunció el ex diputado Luis Barragán
Mineros legales reclamaron la acción violenta contra todo lo que los militares consiguieron a su paso, de acuerdo con los medios de comunicación que reseñaron las manifestaciones que desató la acción: “Nuestras cosas y maquinarias han sido quemadas, han sacado al pueblo, como si no valemos nada. Todo el tiempo salimos perjudicados los pequeños mineros”. Los comerciantes de Tumeremo se unieron a los reclamos al señalar a la FANB de irrumpir “de manera hostil y prepotente” en sus comunidades: “Han irrumpido la paz social de nuestro pueblo con tanques de guerra, vehículos blindados, aviones de combate, como si fuéramos un campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial”
De acuerdo con información del portal de investigaciones Insight Crime, para finales de febrero de 2023 se había registrado un total de 149 acciones contra los supuestos Tancol/Tancolven.
LOS TANCOLVEN Y LOS GEDO
Los resultados de los operativos Tancol/Tancolven no aportaron elementos que confirmaran los argumentos del Estado, y terminaron dirigiéndose a bandas de delincuencia organizada y común dedicadas a diferentes tipos de delitos, incluso ellos ambientales, aunque se decidió por otra denominación. De allí, que el Comando Estratégico Operacional de la FANB los define como GEDO (Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada) y ha dirigido procedimientos para “contrarrestar actividades delictivas que pretenden realizar los delincuentes», que han resultado en operaciones con múltiples violaciones a derechos humanos debido a las actuaciones arbitrarias que aplican.
Este tipo de operativos son comunes en estados como Amazonas y Bolívar donde existe gran movimiento de actividad de minera ilegal en torno al Arco Minero del Orinoco (AMO). Desde 2022 han llevado a cabo operativos en los parques nacionales Canaima y Yapacana “para desactivar campamentos de minería ilegal que irrumpen contra la seguridad y defensa de la nación”. Sin embargo, aunque muchas veces se emite información oficial de estos operativos no hace mención a la participación o complicidad de miembros de las FANB o de cuerpos policiales en esas actividades. Tampoco a la presencia y actuación de grupos armados irregulares de origen colombiano (FARC y ELN), que desde hace años se instalaron en esos territorios, pugnándose –junto a los “sindicatos”– las actividades relacionadas con la extracción ilegal de oro y otros minerales, y su tráfico. Al momento de informar se refiere a los Tancol/Tancolven y a los GEDO.
Una de las movilizaciones de mayor envergadura fue la Operación Trueno, en la que participaron comisiones mixtas y fueron calificadas como “las OLP de 2022”; tuvo réplicas en varias entidades del país, y todas resultaron en masacres, en total los medios de comunicación registraron 70 muertes y 323 detenidos en 5 estados: Aragua, Yaracuy, Guárico, Miranda y Anzoátegui. La primera acción enmarcada en este operativo fue en Altagracia de Orituco, estado Guárico, en abril de ese año, para hacer frente a la megabanda Tren del Llano, pero habitantes de la zona denunciaron una ola de allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, extorsiones y represión contra todos y todo, sin previo trabajo de inteligencia para atacar los focos de interés.
Meses después, en septiembre, la operación se dirigió al estado Miranda, donde murieron 20 hombres en 6 municipios. El operativo con contó con la participación de más de 900 uniformados. Aunque la versión oficial indicó que todos los abatidos eran miembros de bandas delictivas, “familiares desmintieron esas vinculaciones y reclamaron que las víctimas estaban desarmadas o fueron sacadas de sus casas para ser ejecutadas. Ninguna de las operaciones Trueno capturó a alguno de los líderes de las bandas que estaban en la mira de los uniformados”, reportó en un trabajo de investigación el portal Runrunes.
En 2023 han continuado las acciones incluso retomando el término “Tancol” con énfasis en los estados fronterizos.
DEL LADO DE LAS VÍCTIMAS
Aunque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 329 señala: “El Ejército, la Armada y la Aviación tienen como responsabilidad esencial la planificación, ejecución y control de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Nación”, las actuaciones que ha desarrollado por órdenes presidenciales para atacar supuestos enemigos de la Nación y Grupos Armados Irregulares (GAI) que atentan contra la integridad de la población han derivado en mayores daños que en resultados positivos sin que se tomen correctivos para evitar mayores afectaciones y sin investigar y sancionar a los responsables de abusos y violaciones a los derechos humanos no solo en la frontera, sino en todo el país.
Se trata de una acción expansiva y sistemática de violaciones a los derechos humanos y las garantías constitucionales establecidos en la Constitución, así como en convenios internacionales suscritos por Venezuela.
En ese sentido, FUNDAREDES ha acudido en reiteradas ocasiones entre los años 2022 y 2023 a instancias nacionales e internacionales para denunciar los hechos y solicitar investigaciones.
El 9 de septiembre de 2022 la organización se dirigió a la Defensoría del Pueblo para exponer los hechos en torno a la “Operación Autana” en el corredor fronterizo entre Brasil y Venezuela para combatir los grupos TANCOL, recordando en un escrito entregado que de acuerdo con el artículo 19 de la CRBV: “El Estado venezolano debe garantizar a toda persona el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos () y que toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado frente a la vulnerabilidad de su integridad y derecho (artículo 55, CRBV). Por ello, solicitó se aboque a examinar las operaciones militares en aras de promover, defender y vigilar los derechos humanos durante su ejecución.
El 25 de enero de 2023 la organización se dirigió de nuevo a la Defensoría del Pueblo para denunciar los hechos en torno a la “Operación Trueno” y exhortó a la instancia a cumplir con su mandato establecido en el artículo 280 de la carta magna para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos por considerar que en las acciones enmarcadas en este operativo se intensificaron los abusos y violaciones. “Los organismos militares y de seguridad deben tener como fin último la defensa de la seguridad ciudadana y de la soberanía nacional, y no utilizar como escudo las operaciones militares o de seguridad para cometer vulneraciones de derechos humanos”.
El 25 de enero 2023 se interpuso una denunciada contra 14 operaciones militares que las FANB realizaron en 2022 que causaron diversos atropellos a la población en general y en pueblos indígenas que sufren las vulneraciones de manera diferenciada. En esa oportunidad solicitó que se inicie una investigación para esclarecer los hechos denunciados; ejecutar y coordinar acciones ante las autoridades para detener las violaciones de derechos humanos; ejecutar y coordinar acciones para que las víctimas sean reparadas.
Además, en noviembre de 2022, FundaRedes expuso ante al Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas los abusos y violaciones cometidas contra pueblos indígenas en las operaciones militares, además de detallar las vulneraciones y riesgos que sufre por la presencia de los grupos armados irregulares de origen colombiano en sus territorios, y el sometimiento del que son víctimas debido a sus precarias condiciones de vida.
