INTRODUCCIÓN

La aparente recuperación económica que pretenden posicionar desde el alto gobierno venezolano mediante conciertos, influencers y redes sociales, no se refleja en una disminución real de los efectos que la emergencia humanitaria compleja causa al país y a sus ciudadanos. Escuelas destruidas, hospitales abandonados, un nivel adquisitivo que no permite cubrir ni siquiera una tercera parte de la canasta básica alimentaria, y un inexistente sistema de justicia, son los principales detonantes –entre un cúmulo innumerable de factores- que impulsan la migración constante y la asociación a bandas delictivas como alternativa de “empleo” en algunos sectores sociales venezolanos.

La violencia y las subsecuentes vulneraciones de DDHH monitoreadas y registradas por FundaRedes en el mes de abril 2022 en las regiones fronterizas de Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira, Zulia y otras entidades del país, evidencian el estado de indefensión en que se encuentra la ciudadanía ante las actuaciones de los Grupos Armados Irregulares (GAI), bandas criminales y el incremento de delitos
relacionados con la extorsión, homicidios, narcotráfico, desapariciones forzadas, desplazamientos, detenciones arbitrarias, atentados contra la propiedad, esclavitud moderna, aunado a la Emergencia Humanitaria Compleja que vive el país.

La inestabilidad política sigue siendo una variante transversal que afecta todos los niveles de la vida venezolana. Imagen web

La inestabilidad política sigue siendo una variante transversal que afecta todos los niveles de la vida venezolana. Imagen web

 

La inseguridad en la población y las personas que laboran en la minería ilegal en la frontera sur-oriental del país es persistente, sin que el Estado venezolano logre poner freno a la violencia reinante en esta región. Bolívar presenta el mayor índice de violencia entre los estados fronterizos, para este mes de abril de 2022, seguido por Zulia y Táchira, entidades donde la acción de las organizaciones guerrilleras asociadas a cárteles de narcotráfico y las bandas criminales, ha repuntado notablemente.

Apure por su parte, pasó de los enfrentamientos entre disidentes de las farc y militantes del ELN a convertirse en un “teatro” de operaciones militares de las que sólo se obtiene información parcial vía redes sociales. Los cuerpos de seguridad que protagonizan estas acciones, son también responsables de un sinnúmero de detenciones arbitrarias, desapariciones e incluso asesinatos que rayan en ejecuciones extrajudiciales, contra pobladores de la zona, que son catalogados a priori como colaboradores de la guerrilla. Mientras tanto, el conflicto guerrillero pareciera buscar nuevos espacios para dirimir sus diferencias. Habitantes de los municipios al sur del Lago de Maracibo reportan un inusual incremento de actividad irregular en la zona.

Debido a la indiferencia y la omisión del Estado venezolano, se vulneran derechos fundamentales de los ciudadanos como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, a la prohibición de desaparición forzada de personas, derecho a la propiedad y derecho al libre tránsito. La inestabilidad política sigue siendo una variante transversal que afecta todos los niveles de la vida venezolana. El escenario internacional parece cada vez menos favorable a un cambio radical en la situación política que desde hace 20 años mantienen al país sumido en una política económica responsable de la emergencia humanitaria compleja que hoy agobia a los venezolanos. La absurda guerra de Rusia contra Ucrania y el impacto que ello ha tenido en el abastecimiento de crudo genera acercamientos entre Venezuela y Estados Unidos.

SÍNTESIS DESCRIPTIVA

Los estados que se mantienen como principales entidades violentas son: Bolívar, Zulia y Táchira. En Bolívar predominan los homicidios y se encuentra como el segundo estado en casos de enfrentamientos. Zulia se ubica en segundo lugar en homicidios y primer lugar en enfrentamientos. Táchira, por su parte, presenta el mayor índice en desapariciones y /o secuestros.

Bandas criminales como el Tren del Llano y Tren de Aragua buscan extender sus actividades en otros países de América latina, en las costas venezolanas y en la frontera con Colombia, en aras de poder realizar sus operaciones criminales como el paso de droga, personas, combustible o contrabando. En Falcón el cartel de Paraguaná busca controlar las operaciones desde la península de Paraguaná hasta las islas de Aruba, Bonaire y Curazao; mientras en Táchira se mantiene un enfrentamiento constante entre el ELN y el Tren de Aragua por el control de las trochas. El Tren del Llano ha migrado de Apure, donde el Ejército venezolano finalmente ha iniciado acciones en contra de la guerrilla, para abrirse espacio en Guárico y otras áreas de influencia, buscando nuevas rutas para el tráfico de mercancías y estupefacientes.

Bandas criminales extienden sus actividades a otros países de América latina, las costas venezolanas y la frontera con Colombia. Imagen web

 

En el estado Bolívar los constantes enfrentamientos entre bandas delictivas y grupos armados no solo por lo que ocurre en las minas sino por la cantidad de homicidios, extorsiones, narcotráfico, atracos y enfrentamientos que tienen como protagonistas a temidos delincuentes que conforman bandas delincuenciales con alto poder de fuego, como el Tren de Guayana, la banda de Zacarías, entre otras.
A ello se suman las ejecuciones cometidas por cuerpos de seguridad del Estado como DGCIM, CICPC, Poli Bolívar en contra de integrantes de bandas con alto poder de fuego que han ido fortaleciéndose en las zonas mineras de esta entidad. Las desapariciones también forman parte del patrón ejercido por ambos grupos.

Al sur del país, el extractivismo no sólo genera violencia, sino que además acarrea graves daños a los parques nacionales como Canaima y Yapacana, vulnerados por cientos de mineros ilegales en búsqueda de oro y otros minerales de alto valor. Las minas son controladas por organizaciones armadas que obligan a las etnias indígenas a abandonar sus territorios ancestrales, mientras sus integrantes son forzados a trabajar en condiciones infrahumanas que rayan en la esclavitud.

De acuerdo a un informe elaborado por SOS Orinoco, en los estados Bolívar y Amazonas identificaron un total de 13 grupos armados irregulares de los cuales tres están en el estado Amazonas y doce en el estado Bolívar, entre los municipios con presencia de GAI se encuentran: Sifontes, El Callao, Roscio y Angostura. Esta organización señala que en estos estados predomina la presencia del ELN y las FARC, aunado a la FANB y otros cuerpos de seguridad del Estado que también actúan en las zonas mineras de estos estados que se encuentran entre los más violentos por la pugna de control.
(https://primerinforme.com/sucesos/sos-orinoco-ubica-en-un-mapa-a-los-grupos-criminales-del-arco-mine
ro/)

Si bien la minería ilegal data desde hace mucho tiempo, la afectación ha aumentado gradualmente llegando a zonas que antes no habían sido intervenidos, donde se pueden observar incontables campamentos a lo largo de estos ríos. A la actividad minera indiscriminada que se realiza con la anuencia del gobierno, se suma la presencia de grupos armados que controlan los campamentos mineros y las tierras indígenas, sin que el Estado actúe de manera contundente al respecto.
(https://lostubazos.com/2022/04/19/la-mineria-ilegal-tiene-en-riesgo-la-alimentacion-de-6-comunidades-i
ndigenas-de-sifontes/)

A la actividad minera indiscriminada que se realiza con la anuencia del gobierno, se suma la presencia de grupos armados que controlan los campamentos mineros y las tierras indígenas

 

Un hecho sin precedentes, aunque conocido a voces, es lo que ocurre en el municipio Jesús María Semprúm del estado Zulia desde el pasado 10 de abril, donde el Ejército de Liberación Nacional (ELN), usando a un grupo de indígenas de los pueblos Wayuu y Barí, con participación del equipo político de la ex alcaldesa Keyrineth Fernández, detenida y acusada de narcotráfico internacional, mantienen trancada la Troncal 6, carretera Machiques-Colón, a la altura del sector El Cruce, parroquia Barí, municipio Jesús María Semprúm, a unos 45 minutos de Casigua El Cubo y el municipio Machiques de Perijá.

Abiertamente señalan que la dirigente debe regresar a su cargo o ser sustituida por un familiar o amigo de ellos. El municipio Jesús María Semprúm es la puerta de entrada al Sur del Lago de Maracaibo y al eje Perijá. Las autoridades del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), al que pertenecía la alcaldesa y personas de su entorno, fueron removidas, pero quedaron funcionarios que responden a los intereses de la guerrilla y del narcotráfico, quienes están detrás del paro y quienes reclaman que el alcalde González Salas sea removido. Un problema mayor puede generarse porque se habría involucrado el Cartel de Sabanas Altas, que estaría relacionado a la alcaldesa y diputados detenidos.
(https://www.fronteraviva.com/el-eln-financia-un-paro-de-indigenas-que-exige-la-salida-de-un-alcalde-yreclama-el-lugar-de-una-alcaldesa-presa-por-narcotrafico/)

El ELN y cárteles internacionales de droga estarían detrás de la protesta indígena que exige el retorno de una alcaldesa acusada de narcotráfico en Zulia

 

Algunos indicios señalan que las disidencias de las Farc y el ELN, desplazados de Apure por las acciones del Ejército venezolano, podrían reiniciar sus enfrentamientos en la zona sur del lago de Maracaibo. Mientras tanto, en Apure, sus habitantes enfrentan una total vulneración a sus derechos humanos pues en la zona continúan dándose detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y los homicidios, en medio de las acciones adelantadas por los cuerpos de seguridad en las comunidades fronterizas a lo largo del cauce del río Arauca. Según informaciones y denuncias realizadas por familiares, muchas de las detenciones terminan en acusaciones de terrorismo y vinculaciones sin fundamento a los grupos guerrilleros presentes en el estado. La violencia y la falta de garantías siguen impulsando el desplazamiento de personas hacia Arauca en Colombia. Se trata de un movimiento pendular, pues los afectados regresan a revisar sus pertenencias, cultivos y animales de pastoreo, aunque sus enseres y familias continúen resguardados en territorio colombiano.

Habitantes de la frontera colombo-venezolana entre Táchira y Norte de Santander, denuncian las ejecuciones que se vienen cometiendo en las trochas a manos de grupos armados, que trasladan a las víctimas a territorio colombiano para posteriormente quitarles la vida y huir por los pasos ilegales hacia Venezuela. Las amenazas alcanzan a líderes sociales e incluso a autoridades locales.

Falcón continúa siendo utilizado por los carteles del narcotráfico para llevar a cabo sus actividades ilícitas, pues además de ser un territorio ideal para la construcción de pistas clandestinas, por su cercanía con las islas del caribe, su posición geográfica es aprovechada para el envío y recepción de sustancias ilícitas. Aunque en las últimas semanas no han sido registradas desapariciones de embarcaciones en alta mar producto de la migración forzada de venezolanos como consecuencia de la emergencia humanitaria que vive el país o atracos y ataques a embarcaciones con fines turísticos o laborales por parte de bandas delincuenciales, no significa que este tipo de hechos violentos no estén ocurriendo. Una investigación del equipo de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) en Venezuela, integrada por los medios El Pitazo, TalCual y Runrunes, junto a CONNECTAS titulada: «Piratas al acecho» revela datos importantes sobre la actuación de los delincuentes en alta mar en los últimos años.

“Los piratas ya no roban tesoros. Han cambiado los garfios por armas largas y los grandes barcos por lanchas rápidas. Ahora, el botín para estas bandas de delincuentes son dólares en efectivo, equipos de comunicaciones y motores de embarcaciones. ¿Cuál es el objetivo? Atemorizar a los navegantes para despejar el mar, una gran vía para su portafolio de negocios, que incluye el tráfico de drogas y personas y el contrabando. Por eso, sus víctimas van desde pescadores y turistas que navegan en yates hasta tripulación de buques petroleros”.
(https://www.connectas.org/especiales/piratas-al-acecho-en-el-caribe-venezolano/)

En los estados Anzoátegui, Guárico, Nueva Esparta y Sucre los índices delictivos se han disparado de manera alarmante destacándose los secuestros, extorsiones, homicidios, atracos y enfrentamientos así como también actividades relacionadas con el narcotráfico.

En lo concerniente a Guárico, las acciones delincuenciales de la banda conocida como el Tren del Llano han tomado gran auge especialmente en Altagracia de Orituco, Tucupido y Zaraza, siendo afectados los productores agropecuarios, quienes han sido víctimas de extorsiones, secuestros, asesinatos, abigeato y otros hechos criminales que atentan contra la vida y la seguridad personal, frente a lo cual los cuerpos de seguridad han desplegado una serie de operativos a fin de desvincular a esta organización que mantiene en zozobra a los ciudadanos de la entidad llanera; sin embargo, advierten desde la entidad sobre detenciones arbitrarias, allanamientos y extorsiones que vienen realizando el CONAS y la PNB en medio de estos operativos. Defensores de derechos humanos temen que ocurran ejecuciones extrajudiciales a la población de hombres jóvenes provenientes de barrios desfavorecidos en Guárico.

Estos sucesos acaecidos en los territorios de frontera y otros estados al interior de Venezuela, confirman una vez más las denuncias e incidencias hechas desde FundaRedes desde hace más de 10 años, en relación a la presencia, permanencia y actuación de los GAI en buena parte del territorio nacional y requieren una mirada detallada en cada uno de sus propios contextos locales, la cual ofrecemos a continuación:

BOLÍVAR

La violencia continúa en medio de enfrentamientos por el control de la explotación minera y de sus territorios estratégicos, donde participan grupos armados irregulares, bandas criminales y miembros grupos de mineros ilegales. Las ansias por tener el control de la minería ilegal han generado una serie de enfrentamientos desde el 11 de abril de 2022 entre el Tren de Guayana y la banda de “El Perú” en el municipio minero El Callao, manteniendo a los ciudadanos en un “toque de queda” no declarado. Es frecuente ver hechos violentos en las localidades de El Callao, Tumeremo, El Dorado; y los demás pueblos que hacen vida a lo largo de la Troncal 10. Una vía de más de 700 kilómetros que conecta a Venezuela con Brasil.
(https://www.cima360news.com/bandas-criminales-se-enfrentan-por-el-control-del-oro-en-bolivar/)

 

Los enfrentamientos armados registrados en esta entidad, acontecieron en los municipios Caroní, El Callao y Roscio; donde hubo la participación de cuerpos de seguridad del Estado, como GNB y DGCIM, en contra de grupos armados irregulares y bandas criminales con alto poder de fuego como El Perú, Frente Revolucionario Río del Perú y grupos mineros rivales.

APURE

Continúan las acciones por parte de las autoridades venezolanas para combatir a los denominados TANCOL, (Terroristas Armados Narcotraficantes Colombiano) los cuales, según información oficial, están siendo desarticulados y desmantelados sus centros de operaciones. En los operativos de «escudriñamiento», además de desmantelamientos de campamentos utilizados para el narcotráfico, elaboración de explosivos y resguardo de material estratégico, han sido detenidos ciudadanos colombianos. Hasta ahora, de acuerdo a la información dada por el jefe del CEOFANB, la mayor actividad militar se concentra en el municipio Páez, en frontera con el Departamento de Arauca, donde están asentados grupos armados irregulares.

La población civil no solo está siendo afectada por las acciones violentas de los grupos armados irregulares y las bandas delincuenciales que actúan en la zona, sino que además sufre una serie de desmanes y abusos por parte de la Fuerza Armada Bolivariana (FANB) y otros cuerpos policiales en el marco de las operaciones de seguridad y defensa desplegadas en la entidad. En este sentido se han realizado allanamientos a fincas, destrucción a la propiedad privada y detenciones arbitrarias por parte de los efectivos militares de todos los componentes castrenses, incluyendo a la Milicia Bolivariana, en diferentes sectores como Arenales, El Ripial, Las Mercedes, en el municipio Páez del estado Apure.
(https://www.fronteraviva.com/no-todos-somos-guerrilleros-el-grito-de-una-mujer-de-la-frontera-a-los-milit
ares-venezolanos-que-los-desalojaron-y-les-robaron-el-ganado/)

ZULIA

Refleja un preocupante aumento de la criminalidad y los hechos sangrientos, que afectan la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. Es la segunda entidad en índice de violencia registrada para este mes. La Federación de Ganaderos de Venezuela denunció una vez más la grave crisis que están viviendo desde hace muchos años los productores zulianos, quienes son víctimas de la extorsión, amenazas y robo de sus propiedades y productos, especialmente en La Cañada de Urdaneta, Machiques y Santa Rita, donde imperan las normas impuestas por organizaciones criminales que actúan con total impunidad, debido a la inacción del Estado venezolano. Aunado a esto también son víctimas de las acciones de los indígenas Yukpas, quienes este mes robaron el ganado de la finca La Esperanza, ubicada en Macoa, en Machiques de Perijá.

 

AMAZONAS

El pasado 23 de abril se registró una situación de violencia en el municipio Atabapo, donde resultaron heridos tres indígenas que intentaban impedir el avance por el río Orinoco hacia las minas del Yapacana, de una embarcación procedente de Colombia, perteneciente a las FARC, que buscaba esquivar uno de los puntos de control que existe en la zona, en vista de la negativo del grupo irregular de cancelar el monto establecido para poder transitar de suscitó un enfrentamiento que dejó como saldo 3 personas heridas por arma de fuego. Desde hace varios años la presencia y actuación de las guerrilla de las FARC y ELN en diversos municipios del estado Amazonas, han sido rechazas por diversas comunidades indígenas, exigiendo a las agrupaciones terroristas el desalojo de sus tierras y al Estado venezolano acciones contundentes en contra de estos grupos. Simeón Jiménez, presidente de la Asociación Civil Kuyujani Originario, del Alto Orinoco, asegura que hay 56 máquinas ilegales instaladas en la comunidad de Marueta, agregando que las máquinas son introducidas por vía fluvial de manera clandestina desde Puerto Inírida, Colombia, y que indígenas maco de ese país, están invadiendo tierras en las comunidades Marueta y Yureva, que están en los municipios Manapiare y Alto Orinoco del estado Amazonas.

TÁCHIRA

Se presenta como la entidad de mayor índice en desapariciones. En la zona de frontera colombo venezolana, se siguen efectuando los homicidios en los pasos ilegales o trochas, en donde se encuentran apostados miembros del ELN y de la banda del Tren de Aragua, quienes cometen todo tipo de hechos criminales¸ son responsables de homicidios, desapariciones, secuestros, extorsiones, narcotráfico, contrabando de combustibles y productos de todo tipo, hurto y comercialización de automóviles de alta gama.

Según el más reciente informe emitido por el proyecto «Lupa por la vida» que lleva adelante el Centro Gumilla y Provea se registraron durante 2021 al menos 19 ejecuciones extrajudiciales, las cuales se perpetraron en 11 municipios de la región. San Cristóbal lidera la lista de los municipios con mayor número de muertes extrajudiciales con un total de 5 crímenes, seguido de los municipios García de Hevia, Capacho Viejo, Bolívar y Torbes, con 2 muertes cada uno. Los municipios Jáuregui, Junín, Córdoba, Ureña, Ayacucho y Samuel Darío Maldonado sólo registraron un caso cada uno.

Por otra parte, cabe destacar el incremento de las detenciones de personas incursas en narcotráfico, así como los casos de extorsión y amenazas no solo a comerciantes y empresarios de la región sino también a algunos alcaldes de los municipios fronterizos.

FALCÓN

Registró un incremento de la violencia reflejado en homicidios, atracos y otras acciones por parte de grupos delincuenciales. La detección de pistas clandestinas en Urumaco (Municipio Honónimo), Mitare (Municipio Miranda) y Río Seco (Municipio Miranda) trajo la detención de unos comerciantes denunciados por irregularidades y quienes fueron acusados por legitimación de capitales y de pertenecer a un Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO).

ANALISIS ESTRATEGICO

El análisis del monitoreo realizado en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, durante el mes de abril de 2022 ratifica el escenario que se ha venido proyectando durante el primer trimestre del año en curso en cuanto al aumento de las actuaciones de los grupos armados irregulares y bandas criminales, que involucran diversas actividades criminales y de exacerbada violencia, como enfrentamientos por el control de territorio, extorsiones, asesinatos, trata de personas, esclavitud moderna, narcotráfico, contrabando de minerales, desapariciones y secuestros, cometidos no solo en las entidades que conforman la línea fronteriza, sino en otras regiones del país.

La delincuencia común ha migrado hacia las organizaciones criminales, que se manejan bajo estructuras organizativas similares a las de la guerrilla y el paramilitarismo, con el agregado de que algunas manejan estándares de identidad corporativa como logos y uniformes o ropa distintiva; que se convierten en símbolos de estatus en las comunidades en las que ejercen influencia.

Agrupaciones delincuenciales con alto poder de fuego como el Tren del Llano, Tren de Guayana, Tren de Aragua, entre otras bandas que han surgido a raíz de la reingeniería que han tenido que implementar por la actuación de los organismos de seguridad del Estado, afianzan su presencia en los estados Zulia, Guárico, Bolívar y Táchira.

Tras las acciones militares que se desarrollan en los llanos venezolanos el conflicto guerrillero que inició el año pasado en Apure pareciera buscar nuevos espacios para dirimir sus diferencias en las tierras al sur del lago de Maracaibo, territorio tradicionalmente controlado por el ELN.

El financiamiento de esta organización guerrillera a comunidades indígenas en el estado Zulia demuestra la irrupción ideológica que vienen implementando estos grupos armados ante comunidades totalmente desprotegidas por el Estado y el alcance de su influencia en los estados fronterizos del país. Los recursos del ELN no se invierten sólo en el financiamiento de estas protestas indígenas, que persiguen favorecer la consolidación de un gobernante local sumiso a los deseos de la organización armada.

Tras la aparente “normalidad” que intenta reflejar la estructura gubernamental, hay un trasfondo perverso que se esfuerza por ocultar la evidente manipulación del sistema de justicia a favor de los intereses de la clase gobernante que persigue a defensores de derechos humanos y opositores, con igual crueldad. Desde Estados Unidos apuntan que el levantamiento de las sanciones impuestas a Venezuela, depende de las negociaciones y acuerdos que existan entre los gobiernos, principalmente en torno a la liberación de presos políticos norteamericanos y suministro de petróleo; lo que daría oxígeno político a quienes ostentan el poder en el país.

 

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