La Emergencia Humanitaria Compleja que padece Venezuela ha llevado a más de 6 millones de personas a buscar oportunidades de sobrevivencia y progreso fuera de las fronteras de su país. Muchos de quienes huyen del hambre, las enfermedades, la pobreza y la falta de oportunidades lo hacen a pie, arriesgándose a sufrir situaciones infrahumanas, poniendo en riesgo sus vidas.

Como lo ha denunciado FundaRedes en los últimos años, la situación es aprovechada por los grupos armados irregulares que operan en la frontera colombo-venezolana para captar a los migrantes hacia sus actividades ilícitas, generalmente mujeres y hombres jóvenes son cooptados a sumarse a las filas de organizaciones armadas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC, el Frente Bolivariano de Liberación e incluso el Tren de Aragua. Pero más recientemente, ante la mayor presencia de mujeres cruzando la frontera junto a sus hijos y familias, ha surgido una nueva presencia irregular que representa grandes riesgos como lo son los “coyotes”, personas que ofrecen ayuda a los migrantes ilegales, que originalmente se establecieron entre México y Estados Unidos. Una versión de esta figura ha surgido en las fronteras venezolanas de Táchira y Apure con Colombia ofreciendo llevar a los migrantes hasta su país de destino.

El corredor fronterizo Apure-Arauca, pese a que durante 2021 y 2022 ha sido escenario de fuertes enfrentamientos entre varios frentes de las guerrillas ELN, disidencias de las FARC y el Ejército venezolano, es una de las principales rutas migratorias desde Venezuela hacia el sur del continente y también una de las más peligrosas, pues a los conflictos armados se suma el hecho de que es utilizada por estas organizaciones para captar personas que terminan en manos de redes de trata, explotación y esclavitud.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la migración venezolana es la segunda del mundo después de los sirios que huyen de la guerra. En 2019 la instancia solicitó protección a los venezolanos y a su vez exhortó a la comunidad internacional a tratarlos como refugiados. El equivalente a 20% de la población ha salido del país en los últimos seis años y encabeza las peticiones de asilo en todo el mundo, aunque a diferencia del caso sirio en Venezuela no se desarrolla una guerra.

Después de las primeras olas migratorias que se dieron en Venezuela, las más recientes son de grupos vulnerables que se van por vía terrestre en condiciones económicas, emocionales, nutricionales, e incluso de salud, desfavorables y sin los documentos necesarios para ser admitidos en los
países de destino. Son grupos que han migrado de manera forzada y que encuentran cada vez más obstáculos para movilizarse hacia otros países.

Quienes se aprovechan de esas personas han creado nuevas rutas y mecanismos irregulares que hacen del proceso migratorio una experiencia más peligrosa por medio de trochas y ríos donde los migrantes quedan a la merced de “coyotes”. Pero además de captar migrantes con el ofrecimiento de ayudarlos a llegar a su destino sin ser advertidos por las autoridades, grupos de delincuencia organizada como el Tren de Aragua e incluso la guerrilla de origen colombiano trasladan a las personas bajo engaño y terminan en poder de redes de trata. En marzo de 2022, autoridades chilenas anunciaron la detención de cinco integrantes del Tren de Aragua y afirmaron que: “el líder de la banda contactaba a conocidas organizaciones criminales en Venezuela para captar mujeres que eran llevadas a Chile a través de pasos fronterizos no habilitados para ser
explotadas”.

 

 

 

 

En Apure, una comisión de funcionarios del Comando Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional Bolivariana (Conas) detuvo en enero a una pareja presuntamente implicada en la trata y traslado de niños y adolescentes desde ese estado hasta Ecuador con fines de explotación laboral y sexual. Por otra parte, migrantes venezolanos han reportado la presencia de guerrilla colombiana en la selva panameña de El Darién, a la que acceden caminando desde el estado Zulia hacia Colombia, e incluso redes de coyotes que los movilizan desde Táchira y Apure hacia los pasos ilegales del Río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos.

La desesperación de las familias por escapar de la profunda crisis venezolana ha incentivado la proliferación de organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas, el tráfico de niños, la explotación sexual, la esclavitud moderna y la explotación laboral, actividades en las que se involucran no sólo criminales reconocidos, sino otras personas que han encontrado en la migración irregular de venezolanos un negocio.

Se calcula que a finales de 2022 habrá 8,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos aproximadamente en 17 países de América Latina y el Caribe, un aumento importante comparado con el año anterior, según previsiones del Plan de Respuesta 2022 de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. Sin embargo, el Estado venezolano niega persistentemente la existencia de un éxodo de población, lo que ha limitado de manera significativa el acceso a las estadísticas públicas sobre los movimientos migratorios.

ACNUR ha advertido sobre un aumento del 8.000% en el número de venezolanos y venezolanas que solicitaron la condición de refugiado en todo el mundo desde 2014, principalmente en las Américas. Los datos recogidos por esta oficina muestran que “la mayoría de los refugiados y migrantes de Venezuela que llegan a los países vecinos son familias con hijos, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad, a menudo obligados a tomar rutas irregulares para alcanzar la seguridad, pueden ser víctimas de traficantes, tratantes y grupos armados irregulares”.

EN MANOS DEL CRIMEN ORGANIZADO

Muchos de quienes se involucran con el tráfico de personas forman parte del crimen organizado, pues es necesario poner en marcha una complicada maquinaria de contactos internacionales para llevar con relativo éxito a estos migrantes desde Venezuela hasta sus países de destino, especialmente cuando se trata de Estados Unidos o Europa.

FundaRedes obtuvo el testimonio de un migrante que relató su experiencia con las personas que lo ayudaron a llegar a Estados Unidos desde San Cristóbal, estado Táchira. Las describe como “personas bien, con buena presencia y buenas camionetas”. En su país lo “asesoraron” dos venezolanos que organizaron su traslado a Bogotá y de allí a Ciudad de México por una tarifa de 2.500 dólares por persona.

Relata que en una vez en la capital mexicana tomó un vuelo a Mexicali, capital del estado de Baja California del norte de México, en la frontera con Estados Unidos: “Allá al llegar a migración hay que entregar el pasaporte con 100 dólares adentro. Se espera un taxi que lo lleva a uno a la ciudad, en el trayecto hay tres alcabalas de policías y a ellos también les tienes que pagar entre 50 y 100 dólares por alcabala”. El taxi los lleva a un hospedaje dedicado a recibir a este tipo de migrantes, allí los contacta el equipo encargado de conducirlos a la frontera. “Me buscaron como a las 8 de la noche porque el coyote dijo que la zona estaba muy caliente; me llevaron a una casa donde había como 60 personas, todos venezolanos, y allí esperamos casi hasta medianoche”.

Afirma que quienes lo recibieron en el aeropuerto de México también eran venezolanos que tenían coordinación con las autoridades de migración. Los que lo condujeron a la frontera en México eran dos venezolanos y un mexicano. La red de contactos incluye oficiales de migración aeroportuaria, policías de carretera, grupos irregulares en los pasos ilegales entre Venezuela y Colombia, así como en los países de destino.

 

Desde el año 2020, FundaRedes ha hecho seguimiento a la situación migratoria venezolana y a las violaciones de derechos humanos de las que son víctimas los migrantes. Por ello, el 20 de agosto de 2020 acudió a la Defensoría del Pueblo del estado Táchira para denunciar la precaria situación en la que se encontraban miles de venezolanos que retornaron al país en medio de la pandemia por la COVID-19. El 22 de octubre de 2020 consignó ante el mismo despacho un documento contentivo de testimonios de ciudadanos que migraban a pie (caminantes) desde Venezuela hacia otros países del continente en medio de la pandemia.

El 3 de febrero de 2021, FundaRedes denunció el éxodo masivo de venezolanos, así como el incumplimiento de garantías por parte del Estado y la extorsión de los grupos armados irregulares para permitirles continuar su camino. Asimismo, exhortó a la Fiscalía General de Venezuela sobre la importancia de abocarse a conocer e investigar las violaciones de derechos de los ciudadanos que migran de manera forzada a consecuencia de la Emergencia Humanitaria Compleja; se solicitó investigar desapariciones, extorsiones y trata de personas en este contexto; sin embargo, de ninguna de estas acciones ha habido respuesta.

Más recientemente, el 2 de marzo de 2022 FundaRedes consignó una solicitud a través del Sistema de Atención Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela para denunciar la detención de una familia venezolana con dos hijos (uno de 8 años con síndrome de down y un bebé de 1 año) por la autoridad migratoria chilena en Colchane, frontera entre Bolivia y Chile, a quienes se les negó el derecho al refugio y se inició un proceso de deportación a Venezuela. En el escrito la organización solicitó que fuesen ejecutadas y coordinadas las actividades pertinentes para defender sus derechos e intereses.