Venezuela cuenta con territorios de altas potencialidades ambientales que ante la ausencia de una política orientada a garantizar la protección del ambiente como fuente de sostenibilidad de las generaciones presentes y futuras, como lo establece la Constitución, están actualmente a merced de grupos armados irregulares, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los denominados sindicatos –bandas delincuenciales integradas por líderes carcelarios–, que operan con conocimiento y en algunos casos con anuencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Espacios ricos en recursos minerales son hogar ancestral de numerosos pueblos indígenas que hoy se sienten amenazadas no sólo por los grupos irregulares, sino también por los agentes políticos del Estado. Uno de esos espacios lo constituye la extensa franja de territorio denominado “Arco Minero del Orinoco” que abarca una superficie de 111.846,46 Kms.2 al sur del país, y desde antes de recibir esa denominación ya estaba afectada por las acciones devastadoras de los órganos del Poder Público u otros actores al margen de la ley.

Sometido a procesos de extracción de diversos minerales explotados a gran escala y sin control tales como hierro, aluminio, bauxita y más recientemente oro, coltán y diamantes como acción estratégica del Estado para tratar de cubrir el déficit de ingresos por concepto del petróleo, el Arco Minero del Orinoco vive una agresiva, irracional y desordenada explotación, pues se calcula que desde el año 2016 han sido destruidas por la minería cerca de 1.200 hectáreas de selva virgen del estado Bolívar, en frontera con Brasil.

En la minería ilegal al sur de Venezuela participan activamente grupos armados irregulares que han penetrado en las comunidades indígenas y se imponen por medio de hostigamientos, persecuciones, desapariciones, torturas, abuso sexual, reclutamiento forzado, esclavitud moderna, además de causar un severo daño ecológico y cultural.

Adriana González, ex alcaldesa de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, explicó a activistas de FundaRedes que la acción de los grupos armados irregulares ha dividido a estas comunidades: “Hay algunos piaroas que trabajan para las minas y hay otros que están tratando de resguardar el medio ambiente”. Detalló que debido al trabajo en las minas fueron asesinados este año de dos indígenas, uno de ellos José Dacosta, perteneciente a la etnia jivi, después de haber tomado por equivocación una lancha de un guerrillero, y la maestra María Hernández, quien se trasladó a trabajar a las minas ante las precarias condiciones del sistema educativo en la zona.

Los 44 pueblos originarios que habitan en Venezuela, además de algunas etnias seminómadas que deambulan de un lado a otro de la frontera con Colombia y Brasil, están expuestos a las violentas acciones de grupos armados irregulares que controlan el paso de personas y mercancías, así como de productos de tráfico ilícito como el combustible, los minerales derivados de la explotación irracional del suelo y cualquier tipo de sustancia estupefaciente.

González explica que muchas comunidades se desplazan de sus territorios ancestrales por miedo a amenazas o a ser víctimas de esclavitud moderna porque son obligados a trabajar para los grupos armados. “O te sometes o te tienes que ir, y ellos se someten a trabajar por una cantidad de dinero absolutamente irrisoria”, asegura.

Recientemente, en agosto de 2021 comunidades autóctonas ubicadas en el estado Amazonas en frontera con Brasil denunciaron el ingreso de garimpeiros armados. La comunidad Simoda Wicho está a 7km del sitio de explotación donde está asentado un grupo de garimpeiros, en el municipio Manapiare, muy cerca del límite con Brasil. FundaRedes tiene en su poder las coordenadas de ubicación y esa información
fue entregada a las autoridades venezolanas. Allí hay dos helicópteros y una pista de aterrizaje para transportar entre 40 y 100 kilos de oro a diario, de acuerdo con la información recabada por nuestros activistas en la zona, que han contabilizado cerca de 400 de estos garimpeiros armados y 30 máquinas haciendo minería ilegal.

Adicionalmente, habitantes de los pueblos yekuana y sanema aseguraron que se cometieron asesinatos de líderes indígenas que promovieron la denuncia sobre la irregularidad.

Un análisis del Observatorio Colombiano del Crimen Organizado (OCCO) destaca que desde 2018 grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han trasladado parte de sus actividades criminales a Venezuela. Estudios de ICG y Human Rights Watch sugieren que los grupos disidentes tienen presencia sobre todo en la frontera colombo venezolana del Amazonas donde controlan corredores estratégicos para el tráfico de drogas, minerales y gasolina.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó un informe en julio del año 2020 ante los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, en el que describió cómo grupos criminales –entre estos los conocidos localmente como “sindicatos”– ejercen el control sobre operaciones de extracción en el Arco Minero del Orinoco y cómo mantienen su presencia y actividades ilegales en las minas a través de un sistema de corrupción y soborno que incluye pagos a militares:

“Deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección”… “Las autoridades deberían de tomar medidas inmediatas para terminar con la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y la trata de personas, y deberían desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras”.

Ya en 2019, la funcionaria incluyó a los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela entre los grupos de riesgo. El recrudecimiento de la violencia en las zonas de frontera en los últimos años y la feroz explotación minera a lo largo de la cuenca del Orinoco han generado una mayor vulnerabilidad en la frágil supervivencia social y cultural de las comunidades indígenas venezolanas, afectadas ahora por la actuación de organizaciones armadas que reclutan o someten a sus integrantes.

Quienes trabajan la tierra son víctimas de las arbitrariedades no solo de los grupos armados irregulares, sino también de las fuerzas de Estado, como lo evidencia un reportaje publicado por el portal Infobae en el que se relata el caso de un joven de la etnia Jivi de 23 años de edad detenido por militares venezolanos y acusado, sin pruebas, de pertenecer a la guerrilla. La madre del muchacho, Elsa Primitiva Prieto Perales, perteneciente a la población jivi, comunidad Puerto Emilio Arévalo Cedeño, vive en Puerto Nuevo, municipio Puerto Páez del estado Amazonas, un sitio azotado por los grupos guerrilleros Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), afirmó que su hijo fue detenido porque supuestamente el fundo al que se fue a trabajar dos días antes, era de unos guerrilleros.

 

ENETRACIÓN DE TERRITORIOS

Lo que inicialmente comenzó con incursiones de miembros del ELN y de las disidencias de las FARC se ha ido extendiendo hasta permitirles controlar vastas áreas a lo largo del rio Orinoco y de sus importantes afluentes que aportan el agua necesaria para la extracción del oro y funcionan como vías expresas para la rápida movilización de recursos. Esa ubicación estratégica permite a los grupos
armados Irregulares consolidar operaciones transfronterizas, especialmente hacia Colombia, las cuales constituyen un riesgo para la estabilidad de la región.

Según estudios del International Crisis Group (ICG), el ELN –que históricamente ha utilizado el territorio de Venezuela como un refugio seguro– ha fortalecido su presencia en los estados Bolívar y Amazonas, y a lo largo de la frontera con Guyana y Brasil, donde mediante extorsión maneja distintas vías de transporte. La dinámica de desposesión de tierras, recursos o territorios produce nuevas y peligrosas formas de dependencia y dominación, han alertado investigadores, motivando la expulsión o desplazamiento de comunidades rurales, campesinas o indígenas. En medio de la violencia que los rodea, miembros de algunas etnias se han convertido en brazos armados de bandas delincuenciales, aceptando participar en asesinatos, robos y extorsiones, con mucha crueldad.

La Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA) advirtió en un informe publicado el 1º de agosto de 2020 que la agudización de la violencia armada en la frontera entre Colombia y Venezuela generó desplazamientos masivos de población, entre ellos 325 venezolanos, 82 indígenas wayúu y 45 ancianos de Caño Motilón del estado Zulia.

En noviembre de 2020 FundaRedes denunció ante el Ministerio Público que el frente “Acacio Medina” de las disidencias de las FARC, comandado por alias “JJ”, tiene presencia en el Parque Nacional Yapacana y otros sectores del municipio Atabapo en el estado Amazonas, lo que ha motivado constantes disputas con los habitantes de la comunidad Piedra Blanca por el control del territorio minero.

FundaRedes ha documentado desde hace varios años cómo las poblaciones indígenas de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Zulia y Apure
han sido despojadas de sus territorios y han caído en el absoluto abandono por parte del Estado venezolano, que ha llevado a que incluso comunidades yukpas se desplacen hacia la frontera entre Táchira y el Norte de Santander (Colombia), donde permanecen en condiciones precarias.

 

Estas situaciones han sido denunciadas por la organización ante instancias locales, nacionales e internacionales debido a la vulneración sistemática a los derechos humanos de los pueblos indígenas ante la ocupación violenta de sus territorios y ante la desatención del Estado venezolano, lo que incide directamente sobre sus derechos a la vida, alimentación, salud, educación, cultura, acceso a servicios públicos, entre otros. En Venezuela no se ha recibido respuesta a tales denuncias.

En este sentido, en marzo de 2021 FundaRedes denunció ante la Defensoría del Pueblo que el Arco Minero del Orinoco constituye la caja fuerte de los grupos armados irregulares y de las actividades ilegales que se desarrollan a través de las pistas clandestinas que operan libre y abiertamente en territorio venezolano, contribuyendo al financiamiento de las operaciones de grupos terroristas con conocimiento y complicidad de las Fuerzas Armadas e instituciones del Estado venezolano.

La guerrilla del ELN ha desplegado agresivas acciones con movilización de tropas y ocupación de territorios que han obligado al desplazamiento de comunidades y ha sumado a sus filas a integrantes de etnias indígenas como los yaruro y los cuibas en el estado Apure, y también en los municipios Cedeño, Sucre y Sifontes del estado Bolívar, como consta en una denuncia presentada por FundaRedes ante la Defensoría del Pueblo en junio de 2021.

Como parte de estas acciones, la organización publicó en redes sociales el video de una reunión entre las FARC-EP con indígenas de la comunidad piaroa, cerca de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, que rechazan la presencia guerrillera. Allí queda claro el propósito de las
FARC-EP en Venezuela: tomar el mayor control territorial posible. Además, las autoridades venezolanas les manifiestan las deficiencias para brindar seguridad ciudadana y deja en evidencia su trabajo mancomunado con las fuerzas de seguridad del Estado venezolano, usurpando incluso la labor de la FANB de salvaguardar el territorio y la soberanía nacional.

La vulnerabilidad de los pueblos indígenas se ha agravado a consecuencia de la Emergencia Humanitaria Compleja que aqueja a Venezuela.
Las leyes son letra muerta para el Estado venezolano que por acción u omisión ha consentido las actuaciones de grupos al margen de la ley que vulneran los derechos que la Constitución le otorga a los pueblos indígenas, tales como el derecho a desarrollarse y a permanecer en las zonas consideradas ancestrales.

 

 

 

 

De acuerdo con el ordenamiento constitucional venezolano, el Ejecutivo nacional, en acuerdos con los pueblos indígenas, debe garantizar a éstos el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras. El aprovechamiento del Estado de los recursos naturales en los hábitats indígenas sólo se debe hacer sin lesionar la integridad cultural, social y económica de esas comunidades. Dejar en manos de grupos armados irregulares o de agentes del Poder Público ese proceso de aprovechamiento de los recursos sustraídos de estas tierras sin concertar con los pueblos originarios su tratamiento y sostenibilidad constituye grave delito contra el ambiente y la humanidad.