La emergencia humanitaria compleja que agobia a Venezuela, impulsa un incremento de situaciones vinculadas a delitos de esclavitud moderna, y eleva los índices de violencia en el país, pero especialmente en las poblaciones de frontera. FundaRedes mantiene un monitoreo constante sobre los estados limítrofes Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas y Falcón y hace seguimiento a otras entidades donde la actividad de las organizaciones criminales y los grupos guerrilleros de origen colombiano se han puesto de manifiesto.

 

La violencia existente en la región fronteriza se ve manifestada en las cifras que en este mes se registran en las unidades de análisis de homicidios, desapariciones o secuestros y enfrentamientos que suceden a diario, alterando la paz y la seguridad de quienes habitan estos espacios estratégicos para la seguridad nacional. Incluso los delitos de índole transnacional como el narcotráfico, el comercio ilegal de armas, la trata de personas, el hurto, entre otros, terminan afectando a los ciudadanos en su vida cotidiana.

La presencia de bandas delincuenciales se incrementa, la actuación de grupos guerrilleros continua, lo que viene acompañado de asesinatos, desapariciones, secuestros, extorsiones, desplazamientos internos, despojo de tierras, entre otros.

La antesala electoral agrega tensión al ambiente, los grupos armados irregulares y las bandas delictivas toman partido y ejercen presión en la ciudadanía, las fracturas al interior del chavismo y la oposición se ponen de manifiesto generando incertidumbre y desesperanza, que sirven de ingredientes a la agudización de la emergencia humanitaria compleja que enfrentan los venezolanos.

 

SÍNTESIS DESCRIPTIVA

Durante el séptimo mes del año, en los estados fronterizos de Venezuela se registró un aumento significativo de actividades relacionadas con la esclavitud moderna, el narcotráfico, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, deficiencia en los servicios públicos y atención hospitalaria, entre otras situaciones que vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la vida, a la integridad personal, al trabajo, a la prohibición de desaparición forzada de personas, derecho al acceso a bienes y servicios, derecho a la oportuna respuesta entre otros.

 

FundaRedes registró en este lapso cincuenta y cuatro (54) víctimas de homicidio, veintiséis (26) desapariciones/secuestros y diecisiete (17) enfrentamientos. Siendo el estado Zulia el que presentó el mayor índice de violencia en la frontera Venezolana, seguido del estado Bolívar.

Amazonas, estado que forma parte del Arco Minero del Orinoco constituye actualmente no solo un proyecto económico de desarrollo minero, sino una situación socio-ambiental de enormes proporciones que pone en riesgo la viabilidad e integridad del propio país. La expansión acelerada de violentas dinámicas extractivitas que tienen lugar en este territorio, afectan profundamente la gobernabilidad y seguridad de la región y corrompen el tejido social.

En esta zona, la violación de derechos fundamentales de comunidades indígenas y rurales, es sistemática y ampliamente extendida, y está estrechamente relacionada con la práctica de la minería de pequeña y mediana escala, la cual se ha auspiciado y multiplicado desde hace ya algunos años. Asimismo, se están afectando irreversiblemente ecosistemas diversos y delicados de la Amazonia.

Un expediente ventilado en los Países Bajos documenta diecinueve envíos ilegales oro, extraído del Arco Minero. El 1 de junio, el Tribunal Supremo de los Países Bajos ratificó una condenatoria contra dos personas señaladas de contrabando de oro y lavado de dinero producto de este comercio. Se trata de una investigación referida a hechos antiguos. Sin embargo, arroja alguna luz para comprender el camino que sigue el metal precioso extraído de esta rica región de la Orinoquía venezolana.

Otra de las áreas álgidas es Apure, que no recobra la calma tras los enfrentamientos registrados durante los meses de marzo y abril, y aunque parezca contradictorio, la relación de altos funcionarios del Estado venezolano que se benefician del narcotráfico y de las actividades ilícitas de los grupos armados irregulares marca la cotidianidad en las actividades de esta región. Las disidencias de las Farc tienen bien definidos sus territorios, así, una de las zonas más visitadas por Iván Márquez es un Hato de gran extensión ubicado en el sector Escamoto, mientras el bloque de Gentil Duarte mantiene sus campamentos hacia la zona de La Cañada y Peñalero.

Según reportes de productores agropecuarios y ferieros, prácticamente se ven obligados a dejar en las alcabalas 30% de sus cargas y a veces también dinero en efectivo. Esta práctica no solo ha sido denunciada por los comerciantes, sino también por transportistas y usuarios que a diario son víctimas de la corrupción en las alcabalas viales de los organismos de seguridad.

Estas mismas alcabalas constituyen una amenaza para la población migrante que huye de la emergencia humanitaria compleja, expuestos a un sinnúmero de situaciones que ponen en peligro su integridad mientras transitan por las carreteras del país como tratos crueles, inhumanos y degradantes, extorsión y amenazas en los puntos de atención cuidadana, por parte de efectivos policiales y militares.

En medio de la pre campaña electoral, en algunas zonas del país como Apure, Táchira y Bolívar, la guerrilla, los colectivos y las bandas delincuenciales con alto poder de fuego toman partido en respaldo a los candidatos oficialistas, fungen como “garantes” de la seguridad en estas zonas de frontera y presionan a la colectividad que a la vez es sobornada por los círculos políticos de organización comunitaria con bolsas de comida, bombonas de gas, asistencia médica, a cambio de su participación electoral a favor de quienes hoy ostentan el poder en Venezuela, quienes se resisten a la presión son escarmentados, removidos de cargos públicos, etc…

Todas estas situaciones requieren una mirada detallada en cada uno de sus propios contextos locales, la cual ofrecemos a continuación:

 

APURE

El conflicto entre las FARC-EP y la Fuerza Armada Venezolana, se acentúa nuevamente, tras los procedimientos realizados en la zona por organismos de inteligencia. Cabe destacar que en las áreas donde se realizan estas operaciones militares, hay presencia marcada de las FARC de Iván Márquez, y todas las labores militares están exclusivamente orientadas a dar con el paradero y establecer las relaciones de las FARC de Gentil Duarte (quien es perseguido por el ejército colombiano en su territorio) y el Décimo Frente al mando de Arturo Ruiz.

El 26 de julio se produjeron al menos 4 explosiones, reportadas por los habitantes de las comunidades de La Victoria y El Ripial quienes aseguraron fueron producidas por el Décimo Frente de las Farc, en represalia por una serie detenciones de colaboradores de este grupo armado en la ciudad de Elorza, realizadas por los cuerpos de seguridad, que desde la fecha mantienen presencia militar en la franja fronteriza apureña.

 

La presencia activa de irregulares ha sido documentada por FundaRedes en los municipios San Fernando, Achaguas, Biruaca, Muñoz, Páez, Pedro Camejo y Rómulo Gallegos, los grupos armados irregulares arreglan escuelas y dan regalos a los niños como método de captación. En la zona de Elorza y el Mantecal se ha producido la venta de armamento a grupos disidentes y facciones de FARC-Gentil, así como la relación con Arturo Ruiz quienes controlan diferentes zonas del estado Apure.

Por otra parte, los campesinos de la entidad llanera denunciaron que las Alcabalas del Alto Apure funcionan como puntos de extorsión.

Sufre la migración de sus habitantes a consecuencia de la emergencia humanitaria compleja que se refleja en la falta de servicios públicos eficientes así como el desempleo y la imposibilidad de acceder a una alimentación adecuada, amén de las amenazas y ataques de los grupos armados irregulares por el control del territorio y el contrabando de combustible y minerales. Así como vulneraciones al derecho a la identidad debido a la falta de registro y expedición de actas de nacimiento en las comunidades indígenas. La entidad también registra detenciones arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

BOLÍVAR

 

Los hechos violentos dominan las zonas mineras, donde se han registrado enfrentamientos armados protagonizados por diferentes cuerpos militares y grupos subversivos que se multiplican en la zona para disputar el control de los yacimientos de oro, destacan además bandas delincuenciales con alto poder de fuego como “El tren de Guayana”, “El Tren de Margarita”, “El Perú”, “El Tren de Aragua”, “3R” y “RUM”, lo que ha conllevado a la militarización de las minas en El Callao y algunas acciones en Tumeremo.

FALCÓN

Esta entidad ocupa el cuarto lugar en violencia para este mes y el primero en desapariciones o secuestros en la región fronteriza, mientras continúa siendo utilizada por los carteles del narcotráfico para llevar a cabo sus actividades ilícitas.

En julio fueron decomisadas 54 panelas de presunta marihuana, a la orilla de la playa El Tamborón, a unos 900 metros del Punto de Atención al Ciudadano Cararapa en la carretera Coro-Punto Fijo. La entidad evidencia un incremento en homicidios y hechos delictivos, así como casos de detenciones arbitrarias y violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos reseñados en la prensa local.  El caso de dos cirujanas detenidas y desnudadas en Punto Fijo, revela el peligroso poder de los militares en los hospitales de Venezuela.

 

 

El director de FundaRedes, Javier Tarazona, el coordinador de la organización en Falcón Omar de Dios García, el activista Rafael Tarazona y el director de Mayday Confavifd, Jhonny Romero fueron privados arbitrariamente de su libertad el día 2 de julio, tras acudir a interponer una denuncia en la Fiscalía del Ministerio Público de Falcón. Permanecieron desaparecidos durante varias horas y cumplen un mes recluidos en la sede del Sebin de El Helicoide, en Caracas.

TÁCHIRA

La violencia en Táchira cobró la vida de cuatro ciudadanos, al sur de la entidad un joven fue hallado muerto presentando varios impactos de bala, se presume que los responsables del hecho pertenecen a Grupos Armados Irregulares. En la zona se reporta la desaparición de varias personas y destacan tres secuestros en el municipio Panamericano, donde los habitantes responsabilizan a la guerrilla por la desaparición de varios jóvenes ende la población de Coloncito. Por otra parte el retorno de migrantes por las trochas no cesa, pese a las restricciones existentes por la pandemia y los controles de las autoridades en ambas partes de la línea fronteriza.

ZULIA

 

Zulia se mantiene a la cabeza de las cifras de criminalidad en la franja fronteriza venezolana y el municipio Maracaibo ocupa el primer lugar de índice de violencia con nueve (09) víctimas, de las 25 que en total perdieron la vida en esta entidad, donde destaca el hecho de que varios de los cadáveres encontrados correspondían a personas que se habían dado por desaparecidas o secuestradas, de las cuales en este mes se contabilizaron 8 casos en el territorio zuliano. Igualmente destaca la crueldad y violencia contra lactantes e infantes por parte de familiares directos.

Enfrentamientos entre organismos de seguridad del Estado y bandas criminales en Zulia, dejaron como resultados varios fallecidos, entre ellos uno de los miembros de la banda de alias «Karintong Soto», a quien se le investigaba por su participación en el atentado con granadas a la sede de la Delegación Maracaibo el 3 de junio de 2021.

Un ciudadano aún sin identificar y conocido como alias El Acurito, resultó muerto al enfrentarse a una comisión policial; en el mismo hecho otras ocho personas fueron detenidas por la desaparición del joven Roniel de Jesús Montiel Fernández (18), cuyos restos calcinados fueron localizados en el sector Torito Fernández, de Maracaibo.

Se han hecho comunes los homicidios cometidos por integrantes de etnias indígenas en la entidad zuliana, en esta oportunidad una banda de Yukpas descuartizó y enterró a dos comerciantes de Machiques de Perijá.

 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

Las situaciones de violencia y vulneración de DDHH monitoreadas y registradas en el mes de julio en las regiones fronterizas, confirman el estado de indefensión en que se encuentra la ciudadanía ante la actuación de las agrupaciones terroristas y bandas criminales, aunado a la emergencia humanitaria compleja.

El incremento en los índices de inseguridad, llama la atención sobre la necesidad de que el Estado Venezolano y los municipios cuenten con políticas públicas integrales de convivencia y seguridad ciudadana de largo aliento y que a la vez se reconozca la importancia y pertinencia del papel que deben desempeñar las autoridades en el manejo de estos temas, como el aumento de casos de esclavitud moderna en las fronteras venezolanas, donde individuos, e incluso familias completas son
captados bajo ofertas engañosas para destinarlos a esclavitud sexual o trabajos forzosos (narcotráfico, minería y contrabando de combustible principalmente).

La negación del derecho a la identidad entre las comunidades indígenas de Amazonas, les deja aún más expuestos y hace que las probabilidades de que este tipo de delitos quede impune se multipliquen de forma exponencial, por lo que tanto el Estado venezolano, como la comunidad internacional deben avocarse a atender las situaciones de tráfico humano que ponen en peligro a la población vulnerable en el contexto actual.

La ausencia de una política seria de combate a la guerrilla y otras organizaciones armadas, ha provocado una relación estrecha entre los habitantes de la frontera y estas agrupaciones terroristas, donde se da una especie de simbiosis de los habitantes de las comunidades fronterizas, con comandantes y demás miembros de las organizaciones irregulares que hoy tienen presencia marcada en el territorio venezolano.

Denuncias de irregularidades en el desarrollo de las elecciones internas oficialistas, perfilan situaciones de alta conflictividad con intervención de colectivos y otros grupos armados, durante la jornada electoral del 21 de noviembre y probablemente se eleven las confrontaciones en ciertas zonas del país durante las semanas previas a esa fecha.

 

Descargar informe en pdf