Al momento de la emisión de este balance informativo de las actividades desarrolladas por FundaRedes desde octubre de 2020 hasta junio de 2021, tres activistas de la organización permanecen detenidos arbitrariamente e incomunicados por denunciar las vulneraciones a los derechos humanos cometidas en la frontera suroccidental del país con atención en los casos de violaciones vinculadas a la actuación de grupos armados irregulares y la complicidad del Estado venezolano con estos hechos.

La red de activistas de FundaRedes una vez más eleva su voz junto a la comunidad internacional, la
Iglesia Católica, las organizaciones defensoras de derechos humanos del mundo, y la sociedad civil
organizada, para exigir la liberación de sus tres activistas.

Una red de activistas, educadores y defensores de derechos humanos que reúne a personas en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, fortalecida y con conocimientos sólidos en el uso de protocolos de documentación, denuncia y difusión de casos apegados a los estándares y mecanismos internacionales, pero además con las medidas de seguridad integral que les permite optimizar y cumplir con su labor, es el resultado de la tarea de capacitación y formación desarrollada
durante los últimos nueve meses por el equipo de FundaRedes.

Alrededor de 4 mil 220 personas recibieron capacitación por parte del equipo de FundaRedes, y a su vez en los talleres de réplicas de formación, en los temas necesarios para avanzar en el conocimiento, la defensa y promoción de los derechos humanos de manera segura e integral.

Así mismo, los equipos de FundaRedes en seis estados fronterizos del país, lograron atender a más de 6 mil personas en jornadas desarrolladas en diversas localidades, con particular énfasis en las zonas más vulnerables, a donde llevaron recreación, lúdica, charlas, talleres, asistencia jurídica, asistencia humanitaria, conversatorios sobre diversos temas, y apoyo para la organización y el empoderamiento de las comunidades.

Gracias a estos conocimientos ofrecidos a la red de activistas, FundaRedes ha logrado elevar ante instancias nacionales e internacionales, vulneraciones de derechos humanos que se cometen en Venezuela y que han sido previamente documentados por los voluntarios y defensores, quienes tienen las herramientas necesarias además para visibilizar de manera estratégica todas estas situaciones que se dan en medio de la emergencia humanitaria compleja que se vive en el país.

Equipos consolidados han permitido mostrar la realidad de las violaciones que se cometen en frontera contra la población vulnerable en situaciones como: homicidios, desapariciones y secuestros,enfrentamientos armados, detenciones arbitrarias, reclutamiento, trabajo forzoso, ejecuciones extrajudiciales, en su mayoría por actuación de grupos armados irregulares con la participación y complacencia de funcionarios del Estado, especialmente policiales y militares.

Dentro de su labor de formación de la red de activistas y en la búsqueda de llegar a más personas que deseen sumarse a la promoción de los derechos humanos, FundaRedes desarrolló materiales digitales e impresos para ofrecer información sobre Activismo Ciudadano, Manuales de protección y seguridad holística para activistas, educadores y defensores, a fin de blindar su integridad y que puedan desempeñarse con mayor protección.

Un folleto ilustrado con un lenguaje fresco y de fácil comprensión se desarrolló para promover el activismo ciudadano, el cual llegó a más de 30 mil personas a través de diferentes plataformas digitales, y permitió profundizar sobre los derechos humanos, la importancia de su promoción y defensa y los mecanismos que se deben emplear para denunciar vulneraciones.

Así mismo se difundieron a más de 15 mil personas en versión impresa y digital los Manuales de protección y seguridad holística para defensores, los cuales fueron diseñados para dar elementos que permitan a los defensores, activistas y educadores desarrollar sus actividades por los derechos humanos de una forma que no exponga su integridad física, psicológica y digital, y que así sean menos vulnerables a los riesgos que enfrentan.

FundaRedes en su labor de brindar asistencia jurídica a las víctimas durante 9 meses suscribió 83 denuncias ante instancias locales y nacionales con el fin de que se abrieran investigaciones y se abocaran al conocimiento de flagrantes violaciones de derechos humanos cometidas en la frontera sur occidental de país.

Entre las denuncias consignadas destacan la incursión de grupos armados irregulares en 21 entidades, quienes han desarrollado una política criminal entendida por secuestros y/o desapariciones, asesinatos, ocupación de tierras, narcotráfico e incluso violaciones al libre desenvolvimiento de los ciudadanos ya que de la mano con funcionarios del Estado restringen el libre tránsito y extorsionan a quienes ameriten trasladarse, con base en estos hechos se elevaron 17 denuncias ante instancias como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.

Es pertinente resaltar las violaciones al derecho a la vida, a la justicia, al debido proceso y a no ser sometidos a tratos crueles inhumanos y degradantes, los cuales van de la mano con el derecho que e sirve al ciudadano de ser protegido por el Estado a través de organismos de seguridad, derechos que conforme a la documentación de FundaRedes fueron altamente transgredidos, es por ello que se realizaron más de 14 denuncias en aras de que se determinaran los autores y partícipes de los hechos que revisten carácter penal.

Activistas de FundaRedes fueron víctimas de amenazas y hostigamientos por funcionarios del Estado venezolano por alzar la voz por el respeto de los derechos humanos en el país, por esta razón se suscribieron 8 denuncias, todas ante el Ministerio Público de los estados Táchira y Apure.

La precaria situación que viven los migrantes forzados para salir del país también fue objeto de 5 denuncias, donde se destacaron los peligros a los cuales deben exponerse al transitar carreteras en razón a las restricciones por la pandemia del virus Covid-19, también a los riesgos a los cuales se someten ya que muchos de ellos deciden partir por vías marítimas convirtiéndose la gran mayoría de estos en víctimas de tratas de personas, hechos que se han convertido en un patrón no investigado
por el Estado.

Ante estas denuncias brevemente contextualizadas no se ha recibido oportuna respuesta por parte del Estado, lo que quiere decir que, se constituye en cada uno de estos casos una abrupta denegación de justicia.

 

 

La denuncia e incidencia pública ha sido un eje fundamental en las actividades desarrolladas por FundaRedes, y en estos nueve meses revisten especial relevancia ya que se logró elevar ante instancias del sistema universal e interamericano de protección de derechos humanos, ante cuerpos diplomáticos acreditados en el país y ante la Corte Penal Internacional denuncias por violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados en los estados fronterizos del país.

De octubre de 2020 a junio de 2021 FundaRedes presentó un total de 55 denuncias a instancias internacionales destacando entre ellas, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tanto en Ginebra como a sus representantes en Venezuela; ante la Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela; ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) especialmente ante la Relatoría para Venezuela; Relatoría Especial DESCA; Relatoría sobre defensoras y defensores de derechos humanos; Relatoría especial sobre libertad de expresión; Relatoría de Pueblos indígenas; Relatoría sobre los derechos de los migrantes; Relatoría sobre los derechos de la Niñez; Grupo de trabajo sobre medidas cautelares, Mecanismo especial de seguimiento para Venezuela (MESEVE).

Así mismo se ha denunciado ante la Organización de Naciones Unidas, específicamente ante la Relatoría especial sobre personas defensoras de derechos humanos, Grupo de trabajo sobre la detención arbitraria; Grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas; Comité para la eliminación de discriminación sobre la mujer (CEDAW); UNICEF; ACNUR; Procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, Exámen Periódico Universal (EPU).

De igual manera, miembros de FundaRedes participaron en reuniones virtuales con miembros de las relatorías especiales tanto de la CIDH como de la ONU; también hicieron parte de la reunión de la sociedad civil con comisionados de la CIDH en el marco del 180º Período de Sesiones de junio de 2021, e iniciaron acciones conjuntamente con actores y expertos ante la CPI, mientras que en el mes de junio sostuvieron reuniones presenciales con el equipo de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Venezuela.

Gracias a la capacitación para la denuncia e incidencia en tecnologías de la información y comunicación estratégica, activistas y defensores miembros de FundaRedes lograron visibilizar las vulneraciones de derechos humanos que se documentaron optimizando el uso de recursos como redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación.

De esta forma se logró consolidar la producción y difusión de micros radiales en distintas aplicaciones de audio, Youtube y también en espacios de chats en teléfonos inteligentes, para lograr llevar el mensaje a la mayor cantidad posible, en los cuales se habló de casos de violaciones de derechos, sensibilización, enseñanza, amenazas, riesgos, y otros temas relevantes para la red.

Así mismo se dieron de forma permanente campañas en redes sociales, con las cuales se logró permear en la opinión pública nacional e internacional, las cuales se complementaron con conferencias de prensa, pronunciamientos públicos y difusión de información constante sobre derechos humanos, grupos armados irregulares, violencia, y formación de redes de activistas en toda la frontera venezolana.

FundaRedes no se detuvo durante la pandemia, y por el contrario se adaptó y migró al uso de todas las plataformas digitales disponibles para ampliar su labor de formación a defensores de derechos humanos, y frente a las restricciones de movilidad y medidas de distanciamiento social para frenar la propagación del COVID-19, se diseñó una metodología de documentación de vulneraciones de derechos humanos de manera remota, respetando los parámetros establecidos para este tipo de labores y que así se continuara con esta importante tarea que desarrollan los activistas.

Al respecto, se realizaron jornadas de formación en “Documentación remota y documentación en tiempos de contingencia actividad que se llevó a cabo a través de la aplicación WhatsApp (Foro Chat), con el fin de poder llegar a todo el voluntariado a nivel nacional.

También se emplearon múltiples estrategias con el uso de salas de foros en línea, transmisiones en vivo, manejo de redes sociales y otras herramientas, con lo cual en lugar de frenar la formación durante la pandemia, se aumentó el impacto y se logró llegar a más personas superando las distancias y las medidas especiales.

Gracias al trabajo de documentación y registro que adelantan sus activistas, FundaRedes incidió ante organismos internacionales con testimonios y casos detallados de las graves vulneraciones de derechos humanos que se cometen en Venezuela, también contra las personas que buscan salir del país.

FundaRedes elevó ante instancias internacionales denuncias formales sobre la grave vulneración de los derechos fundamentales de los migrantes forzados venezolanos, quienes huyen del país por la emergencia humanitaria compleja agravada con la pandemia por COVID-19, y en ese trayecto sufren tratos crueles, inhumanos y degradantes; robos, extorsión, agresiones sexuales; además de enfrentar cuadros severos de deshidratación, desnutrición y problemas de salud producto de las largas caminatas, especialmente los grupos más vulnerables como son mujeres, niños y personas de
la tercera edad.

La denuncia fue presentada ante la Relatoría sobre los derechos de las personas migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); la Relatoría para Venezuela de la misma institución; la Relatoría especial de derechos humanos de los migrantes de Naciones Unidas, y ante la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet.

Un total de 1.613 homicidios, 208 desapariciones o secuestros y 555 enfrentamientos armados registró el informe Curva de la Violencia correspondiente al año 2020 de la organización FundaRedes, el cual documenta la situación de violencia que incrementó con respecto al 2019 en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia.

Según los resultados de la investigación del 2020 se registraron 1.613 homicidios, es así como, en comparación con 2019, hubo un aumento de 455 casos, lo que representa incremento porcentual de 39,29%. La tasa de homicidios para este año 2020 se ubicó 20,54% por cada 100.000 habitantes, en comparación con 14,85% del año 2019.

El estado Zulia fue donde más hechos de criminalidad mortal se registraron, con 604 casos. El segundo lugar lo ocupó el estado Bolívar, con 536; el tercer lugar de violencia criminal en 2020 fue el estado Táchira, donde ocurrieron 249 homicidios; en el estado Falcón hubo 167 homicidios; Apure registró 50 víctimas de homicidios y en Amazonas se documentaron 7 casos.

Durante el año 2020 hubo un total de 208 desapariciones o secuestros. El incremento de casos de personas desaparecidas este año con respecto a 2019 fue de 128,57%; es decir, hubo 117 secuestros o desapariciones más.

En el año 2020 hubo 555 enfrentamientos en los seis estados fronterizos que analiza la Curva de la Violencia, los cuales causaron la muerte a 855 personas; es decir, más de la mitad del total de homicidios (1.613) registrados en el presente informe.

Como parte de la diversificación de la labor de FundaRedes hacia la vulneración de derechos en los diversos sectores del quehacer nacional, se llevó a cabo monitoreo, documentación e investigación por parte de la red de activistas, defensores y educadores de FundaRedes, lo cual permitió elaborar y presentar ante la opinión pública el Informe del Observatorio de Educación, el cual evidencia que en Venezuela se vulneran todos los preceptos legales en torno a este derecho, desde lo establecido en la Constitución nacional, hasta lo que señalan los pactos y tratados internacionales.

El Informe Educativo de FundaRedes desarrollado a partir de la documentación hecha en los estados fronterizos Apure, Táchira, Zulia, Amazonas, Bolívar y Falcón, recoge los datos de cómo la emergencia humanitaria compleja con el colapso de los servicios básicos, los salarios y la infraestructura, ha llevado a la crisis educativa más dramática en el país, y su impacto durante el año 2020 agudizado por la pandemia por COVID-19, ha conllevado a una vulneración masiva del derecho a la educación en Venezuela.

En esta investigación del Observatorio de Educación de FundaRedes se señala que: “la emergencia humanitaria compleja conllevó a que en el lapso 2019/2020 se incrementara más del 60% el abandono en el sistema escolar. Así mismo se documentó que el 90% de las escuelas y liceos de las zonas urbanas y rurales no cuentan con ruta escolar, el 80% del transporte público no funciona y los alumnos viajan en vehículos de carga insegura, vulnerable y de alto riesgo. El 95% de la infraestructura escolar presenta un alto grado de deterioro, sin servicios básicos continuos”.

El informe reveló que una vez implementadas las restricciones para frenar la expansión del COVID-19, el impacto fue más grave para el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que en Venezuela no están dadas las condiciones para educar a distancia; “cada día los problemas de servicios públicos son más graves manteniéndose sectores en las zonas rurales y fronterizas excluidos por completo a la conectividad para poder recibir e impartir las clases en línea” además de la falta de equipos tecnológicos y de formación para su correcto uso.

A través del establecimiento de nuevas sinergias y gracias a la visión de la red de activistas sobre la vulneración masiva de derechos ambientales que se cometen en Venezuela, se avanzó hacia la creación de un Observatorio de Ambiente y con ello FundaRedes promovió una alianza denominada Proyecto EPA, la cual fue presentada públicamente el primero de diciembre de 2020.

Proyecto EPA consiste en una red global de organizaciones, iniciativas y movimientos sociales dedicada a la promoción de la educación y producción sustentable, con el fin de contribuir con la preservación del ambiente, lanzamiento que se dio en medio de la realización de un Foro Internacional para debatir sobre el Arco Minero, cambio climático y su impacto en la región.

Proyecto EPA (Educación, Producción y Ambiente) es una iniciativa integrada por las organizaciones FundaRedes, Fundesus, Fundeturan, Fundación Gerencia Social, el Centro de innovación e investigación en cambio climático y desarrollo humano sostenible (Ceides) y la Institución Educativa Neogranadina, que busca impulsar denuncias de problemáticas y vulneraciones de derechos ambientales, entre otras tantas actividades.

Activistas y defensores miembros de FundaRedes realizaron una ardua labor de monitoreo, documentación, registro y denuncia en medio del conflicto armado que se dio en el estado Apure, desde el 21 de marzo de 2021, pero que venía en desarrollo con sucesos que también fueron alertados por la organización desde hace varios meses, donde la disputa por el control de negocios ilícitos y del territorio, llevó al enfrentamiento entre la Fuerza Armada Nacional, el frente décimo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la participación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

La organización defensora de derechos humano presentó un informe especial al cumplirse un mes del conflicto armado en el estado Apure, en el cual se evidencian las múltiples vulneraciones de ocurridas en medio del enfrentamiento entre las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el frente décimo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en disputa por el territorio y las actividades ilegales.

Entre las situaciones de vulneraciones de derechos que se cometieron en el estado Apure y que fueron denunciadas por FundaRedes ante organismos nacionales e internacionales se encuentran: allanamientos ilegales, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desplazamiento de comunidades indígenas, desplazamiento forzado, minas antipersonales, amenazas y hostigamientos a defensores de derechos humanos, amenazas y hostigamientos a periodistas.

Al respecto la organización logró presentar varios informes de documentación al cumplirse un mes y dos meses de conflicto, hacer seguimiento y acompañamiento a las víctimas de detenciones arbitrarias, elevar ante instancias internacionales las ejecuciones extrajudiciales, la existencia de minas antipersonas, el desplazamiento forzado de más de 7 mil personas, entre otros casos específicos, que hoy están en manos del Sistema Interamericano de derechos y del Sistema Universal, gracias a la tarea de documentación desde el propio lugar de los hechos.

FundaRedes presentó su Informe Anual correspondiente al año 2020 el cual evidencia la grave actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) como actores principales en más del 80% de los hechos violentos documentados, con responsabilidad directa en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras graves vulneraciones de derechos humanos a la población de la región fronteriza; además de la gran expansión de los grupo armados irregulares el territorio nacional.

El Informe Anual disponible en la web de FundaRedes y en formato impreso, tiene una amplia muestra de las vulneraciones a los derechos de las comunidades indígenas de los estados Amazonas, Bolívar y Apure, donde incluso se mantienen las actuaciones criminales de la guerrilla producto de la disputa del control de la minería ilegal y otros negocios ilícitos, que ha devenido en afectaciones a las etnias.

 

Así mismo el resultado del trabajo de FundaRedes durante el año de la pandemia por Covid-19 logró documentar y denunciar ante organismos nacionales e internacionales, los casos de migrantes forzados tanto quienes huyen vía terrestre caminando largos trayectos hasta las fronteras, y quienes salen por el mar en embarcaciones inseguras en la cuales se simulan supuestos naufragios, para desaparecerlos y entregarlos a redes de trata y otras mafias de esclavitud moderna.

Dentro del documento se analizan las vulneraciones ocurridas en el 2020 en cuanto al derecho a la vida, a la libertad personal, al libre tránsito, a la propiedad, a la educación, al trabajo libre y a no ser sometido a esclavitud moderna, así como los derechos de los pueblos indígenas.

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