Ya son más de 400 organizaciones y defensores de derechos humanos los que han suscrito el comunicado en apoyo a Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García, quienes permanecen en los calabozos del Sebin, en Caracas, sin que se haya permitido la visita de sus familiares y abogados de confianza

Coalición Anticorrupción, 9 de julio de 2021. A una semana de su detención, el director de Fundaredes, Javier Tarazona, y de los miembros de esa organización Rafael Tarazona y Omar de Jesús García, siguen confinados en calabozos del Sebin en El Helicoide, Caracas, pese a que se había designado como centro de reclusión el antiguo retén de La Planta, hoy conocido como “Hombre Nuevo”. Luego de haber sido víctimas de desaparición forzosa durante más de 30 horas, a los activistas les fue impuesta una medida privativa de libertad por un tribunal con competencia en terrorismo, y se les ha negado el derecho a recibir la visita de sus familiares y abogados de confianza.

Los integrantes de Fundaredes fueron detenidos arbitrariamente el pasado viernes 2 de julio en la sede del Ministerio Público en Coro, estado Falcón, a donde habían acudido para formular una denuncia por acoso ejercido por funcionarios públicos, mientras realizaban actividades de formación ciudadana en esa entidad. Ante esta situación, la Coalición Anticorrupción, organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales suscribieron un comunicado en el que condenaban las detenciones y exigían la libertad plena de los Tarazona y de García. Para ese momento, 2 de julio, al documento se habían sumado 212 organizaciones y 25 personalidades.

Tras siete días del incidente, que mantiene en alerta a la sociedad civil venezolana, en particular a los movimientos sociales, organizaciones y activistas de derechos humanos que conocen de cerca la labor de Fundaredes, han suscrito el comunicado 320 organizaciones y 83 adhesiones personales, para sumar 403 firmas en apoyo a Javier Tarazona, Javier Tarazona y Omar García.

De igual modo, se han llevado a cabo varias manifestaciones pacíficas como la concentración ante la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), en Caracas, el martes 6 de julio, convocada por iniciativa de la red de organizaciones defensoras de derechos humanos del estado Táchira y la red nacional, en alianza con Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y la Coalición Anticorrupción. También se han promovido campañas en redes sociales, la más reciente se hizo al cumplirse una semana de la detención con la etiqueta #LiberenActivistasDeFundaRedes.

Días atrás, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se pronunció y expresó lo preocupación por las “reducciones al espacio cívico; la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes, sobre todo contra los miembros de la sociedad civil, los medios de comunicación y los miembros de la oposición” en Venezuela. También condenaron los hechos y exigieron la libertad plena de los activistas el secretario general de la OEA, Luis Almagro, Amnistía Internacional para las Américas y representantes de varios países. Se espera que en las próximas horas se confirme el respaldo de otras instancias internacionales.