El monitoreo constante que mantiene FundaRedes sobre los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira, y Zulia, así como el seguimiento que realiza al contexto nacional venezolano, han permitido ratificar los escenarios proyectados por la organización durante los primeros 4 meses del año, en cuanto al aumento de las actuaciones de los grupos armados irregulares (GAI) en las entidades que conforman la línea fronteriza, a través de diversas actividades criminales y de exacerbada violencia, así como otros hechos que vulneran los Derechos Humanos de la población.

Los enfrentamientos entre bandas delincuenciales y organismos de seguridad del Estado venezolano, los combates entre facciones de las guerrillas de las Fuerzas Arnadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las Fuerzas Armadas venezolanas, los desplazamientos de indígenas, la migración de personas que huyen de la emergencia humanitaria compleja que agobia a Venezuela, continúan siendo una constante en el territorio venezolano, y muy especialmente en la franja fronteriza.

El encarecimiento del costo de la vida, los deficitarios ingresos salariales y un colapsado sistema de salud han acelerado notablemente los índices de pobreza, y con ellos la desnutrición de niños y ancianos.

En Venezuela no existe, ningún tipo de mantenimiento en los principales complejos refinadores, que son de los más grandes del mundo y de los que deberían ser de los más productivos, sin embargo la mala administración, políticas públicas nulas, aunado a la corrupción e incompetencia del Estado, las refinerías han colapsado, generando una crisis ambiental grave donde parques nacionales, lagos y playas de los estados Carabobo, Zulia y Falcón, se han visto principalmente afectados.

En el mes de mayo diversos derrames han sido denunciados y monitoreados, la situación ambiental cada día empeora y es deber de los ciudadanos, y las organizaciones de la sociedad civil visibilizar y denunciar esta tragedia que acaba con nuestros parques megadiversos y zonas protegidas.

 

SÍNTESIS DESCRIPTIVA

Los combates de Apure en mayo iniciaron una tregua, luego de darse a conocer la existencia de cerca de una decena de prisioneros de guerra en poder del frente Décimo de la guerrilla de las FARC, que ha pedido la intermediación de la Cruz Roja Internacional para su liberación a cambio de condiciones que permitan un cese al fuego definitivo.

El anuncio de la muerte de alias Jesús Santrich, número dos de las FARC-Nueva Marquetalia ha dejado tras de sí numerosas interrogantes, debido a la falta de evidencias físicas que respalden la información de forma fehaciente. Sin embargo, obliga a un reacomodo de las fuerzas irregulares y al resguardo de Iván Márquez, ahora líder único de la Nueva Marquetalia, cuyo paradero se desconoce.

Pese a ello, la conflictividad en las zonas de frontera está lejos de terminar. Luego del repliegue de los

 

uniformados, que llevan sobre sus hombros la mayor parte de las pérdidas con 16 fallecidos, 8 efectivos que fueron capturados como prisioneros de guerra por parte de las Farc y algunos desaparecidos; se prevé que las facciones disidentes de la guerrilla se enfrenten entre sí por el definitivo control del territorio.

Los estados Falcón y Zulia continúan siendo utilizados por las bandas criminales para el desarrollo de actividades de narcotráfico, construcción de pistas clandestinas y control del territorio.

Hacia el sureste, algunas etnias indígenas comienzan a disputarse con la guerrilla y los sindicatos el control de las minas de oro ubicadas dentro de sus territorios ancestrales, convirtiéndose en una nueva fuerza de choque, aunque en amplia desventaja, pues en su mayoría se enfrentan con arcos y flecha contra rifles con alto poder de fuego.

Debido a las precarias condiciones sociales, en especial las sanitarias y alimentarias, la migración y desplazamiento de indígenas del estado Amazonas hacia poblaciones de Colombia se han incrementado en el último mes.

A un año de la pandemia, el protocolo de ingreso al país para inmigrantes retornados no ha sido adecuado, vulnerando así los derechos de estos ciudadanos que por distintos motivos deciden regresar a Venezuela y terminan siendo víctimas de extorsión por parte de las propias autoridades venezolanas.

 

El empleo de mercurio, cianuro y otros metales pesados para la extracción de oro han no solo contaminado diversas áreas fluviales y acabado con ecosistemas al sur del Orinoco, si no que la utilización de los mismos genera importantes daños a la salud, y ha incrementado la aparición de enfermedades erradicadas hace años, y que hoy por hoy están de vuelta gracias a la negligencia del Estado venezolano. El territorio nacinal, está siendo dividido, repartido y subastado. Y el oro, que para muchos representa poder y status, para otros significa muerte y esclavitud.

La crisis educativa afecta a todas las regiones de la nación, las protestas exigiendo salarios justos, medidas de bioseguridad y vacunación generalizada para docentes y alumnos, previo al retorno a las aulas, así como adecuadas condiciones de infraestructura, generó protestas pacíficas en diversas entidades del país.

Todas estas situaciones requieren una mirada detallada en cada uno de sus propios contextos locales, la cual ofrecemos a continuación:

APURE

En mayo bajó la intensidad del conflicto entre las disidencias de las Farc y las Fuerzas Armadas venezolanas, que en las últimas tres semanas entró en una aparente tregua, aunque en los primeros días del mes se registraron varios enfrentamientos entre las facciones de la guerrilla que están en conflicto, los cuales dejaron como saldo 4 fallecidos, varios heridos y al menos dos desaparecidos, sobre los que no hay información oficial transparente y precisa.

 

El lunes 10 de mayo de 2021 las FARC-EP sacaron un comunicado donde aseguraron que 8 militares permanecían en su poder como prisioneros de guerra, siendo identificados como: Tte.Cnl. Jhan Carlo Bemon, Pritte. Jonny Jaguay, Teniente F. Alvaro Junior Florez, Smt José Antonio Ramos, Ss Estiben Jose Aular, Sp Luis Coba, Smt Paul Hernández y Sp.José Torres. De igual manera se dieron a conocer dos videos tomados como fe de vida de los militares en poder de la guerrilla. Finalmente los prisioneros fueron liberados tras la desocupación de los territorios por parte del Ejército venezolano.

Adicionalmente, al menos 4 efectivos militares fueron secuestrados por los grupos armados irregulares en el marco del conflicto de Apure y liberados posteriormente, mientras continúan las detenciones arbitrarias de civiles y militares por parte de los organismos de seguridad de Estado. Bandas de delincuencia organizada utilizan este territorio como base de operaciones de redes de trata de personas y explotación sexual.

El conflicto en el sector el Bruzual persigue consolidar una nueva ruta de narcotráfico y contrabando desde el estado Apure a través de Elorza, capital del municipio Rómulo Gallegos, el cual comparte frontera con el departamento de Arauca (Colombia).

Mientras tanto, en la capital del estado se registraron denuncias y manifestaciones pacíficas en desacuerdo con las políticas educativas. Aulas vacías y muy abandonadas se reportan desde este estado del llano venezolano. Los docentes organizados manifiestan su apoyo a los distintos sindicatos que exigen reivindicaciones laborales para el magisterio.

AMAZONAS

Sigue siendo una constante la actuación de las FARC y el ELN en diversos municipios del estado Amazonas, agrupaciones que vienen ejerciendo la minería ilegal y el contrabando, en detrimento no solo del medio ambiente, sino de las condiciones de vida de sus habitantes, especialmente de la población indígena, quienes son víctimas de la violencia y el abuso de poder como consecuencia de la permisividad del Estado venezolano.

Debido a las precarias condiciones sociales, en especial las sanitarias y alimentarias, la migración y desplazamiento de indígenas del estado Amazonas hacia poblaciones de Colombia se han incrementado en los últimos meses en embarcaciones que cruzan el rio Orinoco por puertos ilegales para trasladarse hasta Puerto Carreño o Casuarito, departamento de Vichada, Colombia.

Diversos grupo se disputan el control de las mercancías que se mueven hacia la zona minera en el estado Amazonas, ruta en la cual tienen diferentes alcabalas que cobran coimas para la movilización de los bienes y cuyo control es compartido entre el comité indígena, los grupos armados irregulares y los cuerpos de seguridad del Estado.

En el sector del Yapacana confluyen unas tres mil personas, algunos de ellos son extranjeros que residen de forma ilegal; desde el año 2012 el éxodo de los amazonenses ha sido masivo hacia esa zona que debería estar protegida por ser parque nacional, pero muchas personas han usado el trabajo en las minas como alternativa ante la grave crisis económica del país. Este territorio se ha

 

convertido en punto clave para la financiación de estos grupos mediante la extracción ilegal de minerales, que posteriormente son exportados, generando importantes ingresos en divisas.

La riqueza del territorio trae aparejada la violencia, con los agravantes propios que implica la difícil dinámica social impuesta en esta región: inexistencia de servicios públicos de calidad, minería ilegal, mercados paralelos ilegales, violencia en sus diferentes modalidades y presencia de grupos irregulares y paralegales. Testigos aseguran la existencia de al menos un cementerio clandestino donde la guerrilla del ELN ha desaparecido unos 30 cuerpos. En esta zona, los GAI actúan contra poblaciones de especial vulnerabilidad social, y a juzgar por la evidente opacidad y omisión oficial, cuentan con apoyo y consorcio del gobierno venezolano.

La presencia y actividades ilícitas de grupos armados irregulares provenientes de Colombia y Brasil en territorios del estado Amazonas, es una de las más determinantes causas del deterioro de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. El 11 de mayo de 2021 fue registrado un nuevo ataque armado por garimpeiros a la comunidad Yanomami de Palimpu (Brasil), muy cerca de la comunidad Yanomami de Venezuela.

BOLÍVAR

A consecuencia de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela muchos ciudadanos toman la decisión de ir a trabajar en las minas del estado Bolívar para dedicarse a la minería y a la extracción de oro. Los venezolanos también retornan por este estado -frontera con Brasil-, en condición de desamparo y expuestos a la COVID-19. Los migrantes retornados esperan seis días o más para ser trasladados hasta un albergue en Puerto Ordaz y han denunciado que militares cobran 30 dólares por llevarlos, pese a que debe ser gratuito. Además, son recibidos con nulos protocolos sanitarios para la prevención del contagio por COVID-19.

En este estado reina la impunidad y la criminalidad se incrementa con el accionar de bandas delincuenciales y grupos armados irregulares que tienen tomada la región para ejecutar sus actividades ilícitas, especialmente la minería ilegal y el narcotráfico. Hacia el sur de la entidad cobra fuerza una agrupación delincuencial denominada “Las 3 R”, dedicada a la “protección” de los mineros.

Durante la semana del 10 al 16 de mayo 2021 se registraron varios hechos violentos con saldo de personas fallecidas, igualmente continúa la desaparición de personas. Una particularidad de la conflictividad en Bolívar viene dada por el enfrentamiento entre etnias indígenas. Pobladores de las zonas

mineras y familiares de desaparecidos atribuyen la desaparición de personas, a la situación de violencia que infunde un grupo subversivo formado por indígenas pertenecientes al grupo étnico Jivi, responsable de perturbar la paz y señalados de cometer robos y cobro de vacunas. Además, se han instalado alcabalas dominadas por algunos miembros del pueblo indígena Jivi.

La mina El Kino, ubicada en el Bajo Caura, municipio Sucre, está controlada por indígenas pertenecientes a la etnia Jivi y son comandados por un indígena que se hace llamar “Cabo soto”. En este mismo municipio los enfrentamientos cobran la vida de 4 mineros entre los cuales 3 eran pertenecientes a la etnia Jivi, quienes fueron asesinados en el poblado cercano a la mina El Silencio. Otras etnias que también han protagonizado hechos violentos son los Píapoco, Pemón, Payaguaipure ,Yekuana y Sanema.

La emergencia humanitaria compleja dispara la conflictividad social, que en Bolívar se reflejó en una serie de protestas en Guasipati y saqueos en El Callao, por la negativa de los comerciantes a aceptar los billetes de 50 mil bolívares como forma de pago. En medio de los disturbios, la Fuerza Armada Nacional hizo uso de las armas para dispersar a los manifestantes poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos.

FALCÓN

Durante el mes de mayo el estado Falcón registró varios homicidios así como detenciones por tráfico de estupefacientes y la incautación de 170 panelas de droga que eran transportadas vía aérea por dos ciudadanos de nacionalidad colombiana. Falcón es una de las principales rutas del narcotráfico internacional desde Venezuela hacia las islas del Caribe y Centro América.

El desmantelamiento de una red de pornografía y la detención de 8 de sus integrantes es evidencia de la actuación de bandas criminales dedicadas al tráfico de personas y la explotación sexual.

Según denuncias ciudadanas, funcionarios castrenses lideran el mercado negro del combustible y el diésel, exigiendo pagos de altas sumas en dólares para permitir abastecer los vehículos y practicando detenciones arbitrarias contra quienes se resistan a cancelar estas sumas o protesten públicamente por la situación.

Aunado a esto, tal es la indiferencia del Estado venezolano, que en muchos casos los familiares de los migrantes desaparecidos en las costas venezolanas han debido emprender de manera independiente, sin ayuda de las autoridades, la búsqueda de sus familiares perdidos en alta mar, pues después de más de un año, continúan sin información acerca de la situación de sus seres queridos.

TÁCHIRA

Continúan los enfrentamientos en las trochas del municipio Bolívar, donde desde hace meses la guerrilla del ELN y el Tren de Aragua se disputan el territorio fronterizo, situación que mantiene en constante zozobra a la población de ambos lados de la línea binacional. Tres asesinatos atribuidos a la actuación de la guerrilla del ELN fueron perpetrados en igual número de municipios de la entidad tachirense durante la primera semana de este mes de mayo.

Un accidente aéreo ocurrido en la zona de alta montaña, con una aeronave procedente de Brasil, un piloto también brasileño asociado por largos años a las rutas del narcotráfico y un tripulante no identificado, se suma a las declaraciones de jefes militares de la región sobre el uso de las montañas como nuevas rutas para el transporte de estupefacientes.

La emergencia humanitaria compleja continúa agudizándose debido a la acción omisiva del Estado venezolano ante la crisis migratoria que, a pesar de la pandemia por COVID-19, se mantiene. Al menos ocho personas perdieron la vida en las aguas del río Táchira, al intentar huir de Venezuela usando las trochas que conectan a la frontera con Colombia.

ZULIA

Esta entidad destaca por presentar el mayor índice de criminalidad en la zona fronteriza de Venezuela, donde los homicidios, por robo, sicariato, venganza, y otras circunstancias; los enfrentamientos y las desapariciones están presentes a toda hora del día.

En los primeros días de mayo se registró un enfrentamiento armado por el control de una pista clandestina ubicada en Río Bravo municipio Catatumbo, estado Zulia, dejando como resultado 5 fallecidos. También un bombardeo por parte de fuerzas militares hacia una finca productora de ganado en el municipio Machiques de Perijá. Habitantes de la zona refirieron que existen pistas clandestinas cerca de donde ocurrió este hecho, que se registró el 14 de mayo en la zona del río Santa Ana, en las cercanías de la finca Mompox.

Asimismo se escenificaron atentados con explosivos (granadas) a comercios y propiedades cometidos presuntamente por personas que practican la extorsión y el cobro de vacunas a comerciantes generando terror en la colectividad, sin que hasta el momento las autoridades policiales tomen medidas al respecto.

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

La violencia ha ido en aumento como consecuencia de la imposición de la cultura de crimen en la frontera venezolana. Preocupa que, esta ola de violencia ha ido normalizándose en la población fronteriza debido a la presencia de los GAI tanto colombianos como venezolanos y a la inacción del Estado para resguardar la seguridad y la soberanía nacional.

Desde que la minería ilegal se diseminó en los territorios indígenas de la cuenca del Caura en el estado Bolívar, al territorio han ingresado grupos armados irregulares, y miembros de la guerrilla colombiana que han causado zozobra y desplazamiento en la población indígena. Este conflicto minero también trajo división dentro de los pueblos indígenas que además buscan dominar los territorios mineros que sienten como suyos por herencia ancestral.

Los estados del sur se han convertido en territorios claves para la financiación de los GAI, mediante la extracción de minerales que luego son exportados a terceros países desde pistas clandestinas o rutas de contrabando. El control de estas rutas es compartido entre el comité indígena, los grupos armados irregulares y los cuerpos de seguridad del Estado.

Los enfrentamientos entre grupos armados y comunidades indígenas son el común denominador en las zonas mineras de los estados Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar donde grupos armados irregulares controlan el territorio mediante la violencia. La pugna territorial ha derivado en enfrentamientos también entre etnias, lo que lleva a una escalada en los niveles de conflictividad de la zona en los meses por venir, siendo que ya se ubica en los primeros lugares de violencia en el país.

Las precarias condiciones sanitarias y alimentarias, la migración y el desplazamiento de indígenas hacia poblaciones de Colombia continuarán en aumento. Entre los indígenas, las comunidades Ikabaru y Uriman son las más afectadas y las que se ven obligadas a desplazarse producto de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país.

El mercurio, y diversos materiales pesados utilizados en la minería, están contaminando el rio más importante del país, principal fuente de agua, trabajo y vida de los pobladores de estas zonas, y además acabando con diversas especies que son únicas de nuestra geografía venezolana.

Los estados fronterizos con mayor presencia de grupos armados se ven afectados por los enfrentamientos y control de territorio. El conflicto en el sector el Bruzual (Apure), persigue consolidar una nueva ruta de narcotráfico y contrabando desde el estado Apure a través de Elorza, capital del municipio Rómulo Gallegos, el cual comparte frontera con el departamento de Arauca (Colombia).

Ello se ve aupado por el cese del conflicto armado tras el retiro de tropas que a finales de mayo se produjo en toda la frontera Apure-Arauca, lo que deja el control de este territorio en manos de la guerrilla y las bandas delincuenciales.

En Táchira, las rutas del narcotráfico se derivan hacia la alta montaña, usando tanto rutas terrestres como aéreas.

Un nuevo actor violento irrumpe para incrementar la conflictividad en la zona fronteriza colombo-venezolana, que en las últimas semanas ha sido escenario de reiterados enfrentamientos entre el ELN y la banda El Tren de Aragua por el control de las trochas de la frontera. Cabe resaltar la proliferación regionalizada de esta banda que ya ha cometido acciones violentas identificándose como “El Tren de Guayana” y el “El Tren del Llano”, evidencia del control territorial que comienzan a ejercer en diversas entidades del país.

La nueva Asamblea Nacional anuncia el “Plan Legislativo Nacional” correspondiente a este año, un paquete de 35 leyes de “interés prioritario” que están ya en agenda de discusión y que incluye la reforma de leyes tan sensibles como la de Hidrocarburos y la de Minas, también con carácter prioritario avanza la ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE), que permitiría el diseño de una nueva geografía política del extractivismo, y simboliza las nuevas estrategias de re-colonización de población y naturaleza en Venezuela.

Las situaciones de violencia y vulneración de DDHH monitoreadas y registradas en el mes de mayo en las regiones fronterizas, confirman el estado de indefensión en que se encuentra la ciudadanía ante las actuaciones de los GAI y bandas criminales, aunado a la emergencia humanitaria compleja.