El primer trimestre del año 2021 dejó en evidencia la gran vulnerabilidad de la población venezolana frente a los cuerpos policiales y militares que deben ofrecerle protección a la ciudadanía. En la presente Curva de la violencia FundaRedes ofrece el resultado de su labor de monitoreo y documentación en tres unidades de análisis: homicidios, desapariciones y/o secuestros y enfrentamientos, que constituyen los principales delitos en los seis estados fronterizos del país objeto de estudio: Apure, Amazonas, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia durante los primeros tres meses del año. Las cifras demuestran que los organismos de seguridad se constituyeron en los principales responsables de las muertes violentas en estas entidades.

En semanas recientes, la violencia estatal en Venezuela ha sido objeto de estudio y preocupación por parte de instancias multilaterales como Naciones Unidas y de organizaciones internacionales Human Rights Watch y Amnistía Internacional que han emitido informes y pronunciamientos sobre los crecientes abusos policiales y militares que conllevan a muertes, desapariciones, simulaciones de enfrentamientos, torturas y tratos crueles, así como la impunidad que fomenta la repetición de los hechos.

La presencia de grupos armados irregulares en poblaciones de la frontera venezolana y su actuación y expansión suman factores de potencial riesgo que inciden en los hechos violentos. La responsabilidad de organismos del Estado venezolano – ya sea por acción u omisión- en la penetración de grupos guerrilleros y paramilitares de origen colombiano en territorio venezolano representa una vulneración constitucional a su deber de resguardar la vida e integridad de los ciudadanos, así como de velar por la seguridad y soberanía de la Nación.

HOMICIDIOS

Entre enero y marzo de 2021 la Curva de la Violencia documentó 306 homicidios en los 6 estados objeto de estudio. De ese total, 161 murieron en presuntos enfrentamientos con cuerpos de seguridad; es decir, 52,61% de las víctimas perdieron la vida a manos de uniformados que deberían ofrecer protección a la población. Los demás casos, en su mayoría, fueron robos, actos de venganza, sicariatos y femicidios.

En la distribución por estado de nuevo Zulia ocupó el primer lugar con 146 de estas muertes violentas, por lo que se mantuvo en la punta de la criminalidad al igual que en los ÚLTIMOS dos trimestres de 2020. Le siguió de Bolívar con 56, Táchira con 40, Falcón con 35, Apure con 23 y Amazonas con 6.

 

 

 

 

DESAPARICIONES Y/O SECUESTROS

Uno de los hallazgos más resaltantes en este primer trimestre del año es el aumento en los casos de desapariciones y/o secuestros: 77 hechos frente a los 61 registrados en el mismo período de 2020; es decir, un incremento de 26,23%. La cifra también es mayor a la registrada en el ÚLTIMO trimestre de 2020, cuando la Curva de la Violencia contabilizó 69 casos.

Bolívar reportó el mayor NÚMERO de personas desaparecidas en los primeros tres meses del año, con 25 casos, entre ellas 5 mujeres; Zulia le siguió con 18 desapariciones, igualmente con 5 mujeres entre las víctimas; Táchira con 15 desaparecidos, tres eran mujeres; Apure registró 11 personas desaparecidas, todos hombres; Falcón 7, tres de ellas mujeres; y Amazonas un hombre desaparecido.

Solo en enero desaparecieron 13 personas en Bolívar, siendo el mes y el estado que más delitos de este tipo registró.

ENFRENTAMIENTOS ARMADOS

En el primer trimestre de 2021 ocurrieron 113 presuntos enfrentamientos que involucran a organismos de seguridad del Estado y que dejaron 161 víctimas. Estos hechos generalmente son considerados ejecuciones extrajudiciales por expertos en seguridad ciudadana y derechos humanos, aunque son reportados oficialmente como enfrentamientos para justificar el uso de las armas.

Los presuntos enfrentamientos fueron la primera causa de muertes violentas con uso de armas durante el primer trimestre de 2021.

Los principales organismos de seguridad involucrados fueron las policías regionales de Zulia, Bolívar y Falcón; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el Ejército y las

policías municipales. También participaron grupos armados irregulares de origen colombiano.

VIOLENCIA POR ESTADOS

APURE

La presencia y expansión de la guerrilla que ACTÚA en Venezuela con impunidad fue tan notable durante el primer trimestre del año 2021 que no hubo manera de que pasara inadvertida. Los hechos suscitados en el estado Apure han sido demostración de que el Estado venezolano lejos de desarticular a estos grupos ha sido permisivo con su presencia en el país, y ante el surgimiento de disputas entre fracciones subversivas se le ha complicado sus relaciones con éstos.

El 21 de marzo componentes de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) iniciaron una maniobra armada fallida en Apure para eliminar al Frente Décimo de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), representado por alias Gentil Duarte, quien después de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia se hizo con el control de espacios estratégicos en territorio venezolano para el narcotráfico y la extracción de oro, diamante y coltán. Denuncias apuntan a que el interés por desplazar a las disidencias es facilitar a la fracción de las FARC representada por Iván Márquez y JESÚS Santrich retomar el control de estas actividades tras su regreso a las armas.

El conflicto armado más prolongado entre el Frente Décimo de las FARC y las FANB inició la madrugada del 21 de marzo del 2021; sin embargo, las escaramuzas comenzaron tres o cuatro días antes, específicamente en La Victoria. Enfrentamientos en sectores como Capilla Arenales,

Guafita, El Ripial, El Ocho, causaron la muerte a miembros de las disidencias de las FARC, pero también hubo bajas entre las fuerzas venezolanas, murieron Edward Ramón Cobo Segovia, del 911 Batallón de Fuerzas Especiales, y el primer teniente Yonathan Duarte, ambos por la activación de las minas antipersonales presuntamente instaladas por los grupos subversivos.

Lugareños afirmaron que los grupos irregulares habían abandonado sus campamentos entre el 20 y 21 de marzo, antes de ser atacados por las FANB. Presuntamente, efectivos militares causaron la muerte de un guerrillero identificado como “Nando”.

Las principales consecuencias de las pugnas armadas entre antiguos aliados las sufre la población civil que fue víctima de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales, amenazas, hostigamientos y destrucción de viviendas y escuelas por parte de las FANB y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que fueron enviadas a la zona contraviniendo lo establecido en la Constitución para el manejo de los conflictos fronterizos, que les corresponden exclusivamente a las FANB.

Entre las víctimas de ejecuciones extrajudiciales destacan Luz Dey Remolina, de 40 años de edad, ama de casa; Emilio Ramírez, de 41 años, de oficio campesino, esposo de Remolina; y los jóvenes Jeferson Uriel Ramírez, de 19 años e hijo de la pareja, y Ehiner Yafran Anzola Villamizar, de 20 años, habitantes del sector El Ripial, presuntamente ajusticiados SEGÚN testimonios de sus familiares, quienes denunciaron que la Fuerza Armada y las FAES crearon un falso positivo para exhibirlos como supuestos guerrilleros.

Habitantes de La Victoria y varios sectores de Apure señalaron que militares venezolanos llegaron a las casas, revisaron las pertenencias, preguntaban quién tenía cédula colombiana, se llevaban a quienes admitían tener identificación del vecino país. Quienes lograron regresar encontraron sus casas destruidas y saqueadas, así como sus pequeños negocios. En los siguientes días familias enteras se vieron forzadas a desplazarse hacia Colombia, específicamente a Saravena y Arauquita, se calcula que más de 5.000 personas huyeron principalmente de la violencia estatal y guerrillera. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, afirmó que familias “dejaron su sitio de habitación y les incineraron sus casas”.

En represalia por los ataques la respuesta de las disidencias de las FARC escaló, atacando unidades e instalaciones militares que dieron paso a varios enfrentamientos en los días siguientes.

El 31 de marzo dos militares del Ejército venezolano murieron y seis resultaron heridos al ser atacados con lanzacohetes cuando hacían patrullaje en una tanqueta en el sector El Ripial, en
frontera con Colombia.

De los comunicados emitidos por el Ministerio de la Defensa se concluye que los enfrentamientos armados en Apure entre el 21 y 31 de marzo han cobrado la vida de 13 personas, de las cuales 9 presuntamente forman parte de las disidencias de las FARC.

Apure registró la tasa de homicidios más alta de los 6 estados que analiza la Curva de la Violencia del primer trimestre, 3,72 por cada 100.000 habitantes; así como de desapariciones: 1,78 por cada 100.000 habitantes.

El contexto de este conflicto armado se registraron además 11 desapariciones, entre los cuales destacaron dos hermanos habitantes de La Victoria detenidos por el Ejército venezolano, cuyos

familiares desconocieron su paradero durante varios días.

Aunado a lo anterior, el 31 de marzo los ciudadanos Juan Carlos Salazar y Diógenes Tirado, activistas de FundaRedes, fueron víctimas de detención arbitraria junto con Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, periodistas del canal NTN24, cuando se encontraban en La Victoria registrando los hechos. Fueron trasladados arbitrariamente a Guasdualito, donde estuvieron en condición desaparecidos e incomunicados por 25 horas, y les fueron decomisados sus equipos celulares y de grabación.

En otros casos de desapariciones y/o secuestros en Apure estuvo implicada la guerrilla. Tal fue el caso del piloto Diego Ernesto Hurtado Ángel, de 31 años de edad, abaleado y cuyo cadáver fue localizado el 12 de marzo en el municipio Fernández Feo, del estado Táchira, 15 días después de que el ELN lo secuestró en El Nula. Mientras estuvo en cautiverio lo torturaron, le quemaron los oídos y la lengua. Al parecer, esta persona estuvo vinculada con esa guerrilla para el transporte aéreo de drogas. Pero luego hizo el mismo trabajo para las disidencias de las FARC. Ese cambio de bando habría motivado su secuestro, tortura y asesinato.

Los municipios Páez, Pedro Camejo y San Fernando fueron los más violentos de Apure en el primer trimestre de 2021.

AMAZONAS

Los pobladores del estado Amazonas han sido víctimas recurrentes de vulneraciones a sus derechos humanos, es por ello que organizaciones no gubernamentales como FundaRedes persisten en sus denuncias, aunque sin recibir respuesta por parte del Estado venezolano. A esta

labor se suman pronunciamientos de instancias internacionales, como la Defensoría del Pueblo de Colombia que emitió un informe en el que afirma que las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC controlan la frontera entre Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, y el Departamento Vichada, en Colombia: “Es más notorio que operan en Venezuela y desde allí controlan diversas operaciones criminales que impactan hacia el territorio colombiano”.

Activistas de FundaRedes en Amazonas constataron que tanto las FARC como el ELN están presentes en Autana, Guayapo, Atures y el Eje Carretero; así como en el cerro Yapacana donde hay aproximadamente 27 minas ilegales de las cuales extraen oro y otros minerales.

La ausencia de información proveniente de medios de comunicación sigue siendo una constante en el estado Amazonas. Sin embargo, fue posible documentar que en los tres primeros meses de 2021 se registró un enfrentamiento en el cual seis personas fueron asesinadas, todos miembros de las FARC, en un hecho ocurrido el 5 de febrero en el sector Agua Linda, Puerto Ayacucho. Por ello el municipio Atures resultó el más violento del estado. La tasa de homicidios en Amazonas fue de 3,03 por cada 100.000 habitantes.

Adicionalmente, se conoció de un caso de desaparición y/o secuestro en Puerto Ayacucho.

BOLÍVAR

En el estado Bolívar se registraron 56 homicidios, para una tasa de 3 por cada 100.000 habitantes, eso incluye 16 presuntos enfrentamientos en los cuales resultaron muertas 15 personas. A finales de marzo los grupos armados irregulares fueron señalados de asesinar a una maestra y a su esposo en una mina en el municipio Sifontes donde trabajaban para solventar su precaria situación económica. De acuerdo con publicaciones de los diarios locales, la pareja se negó a abandonar la mina cuando recibió una advertencia de grupos subversivos.

Del total de 56 homicidios en esa entidad, 27 fueron perpetrados sólo en el mes de enero.
Bolívar fue el estado donde se reportaron más desapariciones y/o secuestros en el primer trimestre, con 25 de los 77 que hubo en total en los 6 estados objeto de análisis. Entre las personas desaparecidas se cuentan 5 mujeres.

De manera paralela a la guerrilla, las mafias mineras y el hampa COMÚN han impuesto su poderío en Bolívar. Un ex constituyente fue secuestrado junto con su escolta y para liberarlos exigían 15 kilos de oro. Al no recibir pronta confirmación del pago decapitaron al escolta. El político aseguró que logró huir, pero un video difundido por la banda del “PERÚ” reveló que fue liberado. Lo llamaron “fariseo” (traidor) y le dejaron amenazas implícitas.

En cuanto a los supuestos enfrentamientos, en 6 de ellos participó Polibolivar, seguido de la PNB, GNB, FAES, Ejército, Cicpc y la Dgcim.

El municipio Caroní fue de nuevo el más violento del estado Bolívar, seguido de El Callao y Angostura.

FALCÓN

A finales de marzo, activistas de FundaRedes en Falcón documentaron que el ELN y las FARC llegaron a ese estado costero por considerarlo territorio estratégico para el contrabando de oro, diamante y coltán hacia las islas holandesas y antillanas, específicamente a Aruba, Curazao y Bonaire, puente que además ha servido a otras organizaciones criminales para beneficiarse del delito de trata de personas.

Hasta hace poco Falcón era el ÚNICO estado fronterizo de Venezuela donde no se tenía certeza

a sobre la presencia de grupos irregulares; sin embargo, allí siempre han existido mafias del contrabando y hampa COMÚN que en ocasiones en complicidad con el Estado venezolano hacen mella en la cotidianidad del falconense.

En Falcón se constataron en el primer trimestre del año 35 homicidios, para una tasa de 3,25 por cada 100.000 habitantes, y 12 presuntos enfrentamientos que causaron la muerte a 17 personas; es decir, la mitad del total de homicidios en ese estado. Entre las víctimas de los excesos policiales destacan tres adolescentes, dos de 17 años y uno de 16. Uno murió a manos de una comisión de Polimiranda-Falcón y las FAES; el segundo, por disparos que recibió de funcionarios de la Policía Regional; vale decir, que fue el organismo que mayor participación tuvo en estos presuntos enfrentamientos, que se configuran más como ejecuciones extrajudiciales. El joven de 16 años de edad fue ultimado por un grupo de hombres vestidos de negro en una reunión en la que compartía con unos amigos, se presume eran las FAES.

Siete casos de desapariciones y/o secuestros se documentaron en Falcón, tres víctimas eran mujeres; una de ellas se trató de una adolescente con discapacidad cognitiva que fue plagiada y estuvo en cautiverio, víctima de agresiones sexuales en una casa en Coro. Por el caso tres hombres fueron detenidos por Polifalcón.

Las jurisdicciones de Miranda, Carirubana y Silva fueron las más violentas de Falcón.

TÁCHIRA

En esta entidad, que recibe el mayor flujo migratorio de todo el país, se cometieron 40 homicidios y 4 presuntos enfrentamientos que cobraron la vida a 7 hombres. Tres mujeres fueron víctimas de femicidios, Además, se hicieron PÚBLICOS 15 casos de secuestro y/o desaparición entre enero y marzo de 2021.

En la ÚLTIMA semana de marzo se suscitó un enfrentamiento en la trocha binacional Los Mangos, en San Antonio del Táchira, en paralelo a los enfrentamientos armados en Apure entre las FANB y las FARC. Las autoridades militares locales anunciaron que “durante una confrontación con una comisión de la GNB-Ejército murieron dos presuntos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”, grupo paramilitar que se extinguió hace dos años aproximadamente. El argumento oficial fue “los fallecidos y otros cómplices, que lograron huir a Colombia, pretendían atacar instalaciones militares de la zona”.

Entre enero y febrero el guerrillero conocido como alias “Nula”, ex militar venezolano y presuntamente nuevo comandante del ELN en la frontera tachirense, fue señalado de cometer seis homicidios en los municipios Bolívar y Pedro María Ureña; mientras que a otro frente del mismo grupo armado le atribuyeron 9 homicidios documentados en marzo entre los cuales cuatro de las víctimas fueron secuestradas y luego las hallaran asesinadas en plena vía PÚBLICA. Uno de ellos en el municipio Independencia, otros tres en el municipio Fernández Feo y uno en el municipio Libertador.

Las tasas de violencia en Táchira durante el primer trimestre fueron de 3,15 homicidios por cada 100.000 habitantes; y de 1,18 desaparecidos por cada 100.000 habitantes.

ZULIA

El estado Zulia fue una vez más el estado más violento de este lapso en comparación con las demás entidades fronterizas. Allí existe una alarmante presencia de grupos armados irregulares tanto guerrilleros como paramilitares. Sin embargo, en la ola de violencia también tienen una importante participación los cuerpos policiales responsables de ejecuciones extrajudiciales reportadas oficialmente como presuntos enfrentamientos.

En la entidad ocurrieron 146 homicidios, la cifra más alta de los seis estados, incluso muy por encima de Bolívar que en algunos trimestres ha encabezado el registro y que en esta ocasión sumó 56 víctimas. Del total, 105 personas murieron en 75 presuntos enfrentamientos con cuerpos de seguridad; es decir, 71,5% de los homicidios en Zulia fueron cometidos durante procedimientos policiales o militares. Polizulia, a través de sus distintas unidades tácticas o especiales, fue el cuerpo policial más involucrado en estos hechos.

Entre los casos destaca la muerte de un antiguo estudiante de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), de 21 años de edad, a quien el Equipo de Respuesta Especial (ERE) de Polizulia, aseguró que se enfrentó con los funcionarios, por lo que “se vieron en la necesidad de responder al ataque”. Sin embargo, la familia de la víctima afirmó que el joven fue secuestrado por los policías que, posteriormente, lo asesinaron, le “sembraron” un arma de fuego y acondicionaron la escena del crimen.

La tasa de homicidios fue de 3,39 por cada 100.000 habitantes.

En Zulia al hampa COMÚN se le atribuyen la extorsión y el asesinato de comerciantes que se niegan a pagar vacuna, incluidos dos casos en la ÚLTIMA semana de marzo. A los denominados “Piratas del Lago” se les responsabilizó del homicidio de cuatro pescadores. También ocurrieron muertes violentas por robos, ajustes de cuentas y venganza.

Adicionalmente, se registraron 18 secuestros y/o desapariciones. Entre los casos hay cinco mujeres y un niño de 2 años de edad que desapareció en Cabimas el 5 de enero mientras jugaba en el patio de la casa. En la entidad se ha criticado el poco interés que las autoridades han mostrado en el caso.

Maracaibo, San Francisco y La Cañada de Urdaneta fueron los municipios con mayor índice de criminalidad en Zulia durante el primer trimestre de 2021.

 

 

 

 

 

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