Venezuela se ha convertido a lo largo de los años en un santuario para la actuación de grupos guerrilleros de origen colombiano, guerrillas venezolanas y bandas delincuenciales con alto poder de fuego, que actúan bajo la complicidad de los cuerpos de seguridad del Estado y el auspicio del poder político establecido en el país.

La situación ha pasado de las denuncias internas a constatarse mediante investigaciones de inteligencia impulsadas por los países vecinos, en las que se da cuenta de la asociación que existe entre representantes del Estado venezolano, funcionarios policiales y militares, delincuencia organizada y narcotráfico.

Muestra de ello es que en su informe titulado Evaluación de amenazas actores estatales, el Servicio General de Inteligencia y Seguridad del Reino de los Países Bajos, señala a Venezuela como “el vecino más grande del Reino” que representa “una amenaza potencial para la integridad territorial de Países Bajos” y precisa que “el entrelazado del crimen organizado y las fuerzas armadas en el tráfico ilícito de drogas, oro y armas en Venezuela también está desestabilizando la región”.

Fotografías publicadas por la Revista Semana, de Colombia, muestran a varios jefes de las disidencias de las FARC, entre ellos el exjefe negociador de paz de esa guerrilla, «Iván Márquez», así como a alias «Jesús Santrich» y «El Paisa», vestidos con ropa militar y armas en Venezuela. La Publicación aseguró que el Gobierno colombiano «tiene información exacta de sus movimientos y de los campamentos donde se ubican estos disidentes», a los que acusa de manejar desde allí las rutas del narcotráfico y planear acciones terroristas en su país.

Investigaciones de inteligencia desarrolladas en Colombia ofrecen evidencias de la vinculación de altos funcionarios venezolanos, representantes de la guerrilla de las Farc y el cártel Jalisco Nueva Generación quienes actúan en la movilización de grandes cantidades de droga que son trasladadas desde Apure a México, atravesando los cielos colombianos. El presidente de Colombia, Iván Duque se refirió a este grupo ilegal como Narcotalia, y señaló a ‘Jesús Santrich’ entre los encargados de esas operaciones en las que estarían involucrados los también fugitivos guerrilleros de las FARC Iván Márquez, ‘El Paisa’ y ‘Romaña’.

Las operaciones en Venezuela fueron descubiertas luego de la incautación de una aeronave tipo Piper con matrícula brasileña. Otros videos evaluados por este país evidencian alianzas con políticos y militares venezolanos, relacionados con negocios para compra de misiles, narcotráfico y hasta una guerra entre ambos grupos armados.

Durante el mes de febrero de 2021, FundaRedes documentó 74 homicidios, 15 desapariciones y 25 enfrentamientos armados ocurridos en los estados fronterizos del territorio venezolano, que dejan en evidencia la presencia y actuación de grupos armados irregulares en los territorios limítrofes, dado que del total de homicidios, 10 fueron señalados como guerrilleros o paramilitares en los partes oficiales, donde de la misma manera se reconoció que al menos siete enfrentamientos correspondieron a intercambios de disparos contra las guerrillas de las Farc o el ELN.

Sumada a esta situación de violencia, la emergencia humanitaria compleja afecta en diversos niveles a los ciudadanos venezolanos. En este sentido, diversos factores entre los que destacan la inseguridad, la crisis económica y la falta de oportunidades, continúan impulsando la ola migratoria que se desplaza a pie por las carreteras del país, debido a las restricciones de movilidad asociadas a la pandemia por la COVIOD-19, y que ha abierto espacios a la corrupción de funcionarios militares y policiales, así como a la extorsión contra esta población vulnerable, mediante la implantación de alcabalas móviles en las que se cobra en dólares y pesos colombianos, sólo por permitir a los viajeros continuar su travesía. Los recursos recabados en estos puntos de control pasan a engrosar las fuentes de financiamiento de los grupos armados irregulares que operan en territorio venezolano.

FundaRedes hace seguimiento constante a estas actuaciones de las que devienen situaciones que atentan contra los derechos humanos de quienes habitan en estos espacios, y lo hace a través de su red de activistas desplegados en Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas y Falcón.

Gran cantidad de víctimas desean que su situación sea visibilizada, por lo que se generan diversos mecanismos de incidencia pública entre los cuales destacamos, ruedas de prensa, campañas en redes sociales e inclusión de sus casos documentados en los boletines mensuales de la organización.

En cuenta de todo lo anterior, FundaRedes presenta en este informe los hechos de interés ocurridos durante el mes de febrero de 2021 en los estados que mantiene bajo observación constante, aplicando para ello los protocolos desarrollados por la organización bajo el método de documentación situacional, tomando en consideración los instrumentos normativos existentes a nivel nacional e internacional.

SÍNTESIS DESCRIPTIVA

Desde el año 2005 FundaRedes denuncia ante los entes jurisdiccionales y la opinión pública, la actuación de organizaciones guerrilleras de origen colombiano, guerrillas venezolanas, colectivos armados y bandas delincuenciales con alto poder de fuego a lo largo de los 2.219 kilómetros que unen a Colombia y Venezuela, organizaciones que más recientemente han ampliado sus operaciones hacia la frontera con Brasil, los límites marítimos de Venezuela con las islas del Caribe e incluso hacia el interior del territorio venezolano, lo cual no podría concretarse sin la cooperación del Estado y funcionarios de sus cuerpos de seguridad.

A la luz de las investigaciones externas, internas y del seguimiento constante desarrollado por FundaRedes en entidades como Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas y Falcón, es posible identificar y examinar los hechos y situaciones propias de cada una de estas regiones que, analizadas de forma integral en el marco de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, e incluso en algunos casos, tomando en cuenta el contexto regional de los territorios compartidos con los países vecinos y en general de la región suramericana, permiten avizorar proyecciones y escenarios útiles para la toma de decisiones.

Es así que en la selva amazónica venezolana aumenta la tensión por las actividades mineras, en una región donde entre 2016 y 2020 hubo 149 asesinatos por el control de las minas. La investigación desarrollada en 2020 por la ONU y expuesta por la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destaca que los mineros de la zona «están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia» por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área, apodados como «sindicatos», situación que se agrava conforme se agudiza la emergencia humanitaria compleja que agobia a Venezuela.

Las necesidades económicas empujan a los niños a dejar la escolaridad, para buscar el sustento de sus hogares. La crisis económica, política y social, agravada por la situación pandémica hace que niños de entre 10 y 12 años abandonen la escuela para irse a trabajar a las minas, mientras otros se suman al trabajo sexual, se convierten en informantes o ingresan a la estructura de economía informal asociado al contrabando de combustibles y víveres controlado por grupos armados irregulares, para obtener ingresos que les permitan a sus familias mantenerse en medio de la actual crisis económica.

Una investigación desarrollada por la Plataforma Regional de Coordinación Integral para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), señala que El 73% de los migrantes venezolanos cree que regresar al territorio representa un riesgo y que incluso en condiciones adversas, los migrantes venezolanos no regresarían al país inmediatamente. La falta de oportunidad para conseguir empleo, la inseguridad y el riesgo de salud son los principales temores de retornar a Venezuela.

Muchos niños migran junto a sus padres, escapando de la emergencia humanitaria compleja que agobia a Venezuela. Lo hacen a pie, caminando cientos de kilómetros, expuestos a la acción de los elementos, sin alimentos ni agua, en medio de las restricciones de movilidad asociadas a la COVID-19.

Esta población vulnerable, a lo largo de su recorrido se ve sometida a vejaciones y extorsiones por asociación con integrantes de grupos armados irregulares para el cobro de coimas en dólares y pesos colombianos, recursos que se convierten en fuente de financiamiento a la corrupción oficial y a la estructura económica de los GAI.

En concatenación con lo anterior, fueron consignadas dos incidencias ante la Defensoría del Pueblo con base en las limitantes impuestas por el Estado para quienes intentan transitar por el territorio nacional, bien sea a migrantes forzados o simplemente a ciudadanos que ameritan ingresar o salir del estado Táchira. En virtud de estas denuncias se hizo del conocimiento de la Defensoría del pueblo cómo los órganos de seguridad del Estado no cumplen con su deber de garantizar seguridad ciudadana e incluso se muestran complacientes respecto a la presencia de grupos armados irregulares, cuyos integrantes extorsionan a los transeúntes para permitirles continuar su camino. Esta solicitud se fundamentó entre otras peticiones en: garantizar o permitir el ejercicio al derecho a migrar en condiciones dignas, y sin ser extorsionados por los propios funcionarios que deberían resguardarlos.

Así mismo, FundaRedes presentó el día jueves 04 de febrero, un informe ante el relator especial para los derechos humanos de las personas migrantes de la ONU, en el cual visibilizó las vulnerabilidades de las que son víctimas los migrantes venezolanos en diversos países de Latinoamérica, donde se les ha impedido el ingreso a sus fronteras, incluso a la fuerza; de igual manera el día 18 de febrero de 2021 FundaRedes sostuvo conjuntamente con CEPAZ, CECODAP, REDHNNA, UCAB y otras OSC, una reunión virtual con la representante de Plan Internacional, en aras de lograr consensos en cómo visibilizar y demostrar que en Venezuela existe un conflicto armado en el cual las principales víctimas son los niños, niñas y adolescentes venezolanos, la representante de Plan Internacional, insistió en la necesidad de visibilizar toda la información documentada y publicada por FundaRedes en espacios como la ciudad de New York y Ginebra. Próximamente se realizarán nuevas reuniones con la finalidad de avanzar en la visibilización de esta problemática y de tomar acciones conjuntas.

La emergencia humanitaria compleja, sumada a la pandemia de la COVID-19 ha expuesto las precariedades del sistema de salud venezolano, que colocan a la población más vulnerable en una situación de exterminio, ante la imposibilidad de acceso a medicamentos y tratamientos de alto costo para enfermos oncológicos, cardíacos, renales y con padecimientos crónicos, así como una adecuada atención para mitigar el impacto de la pandemia.

En este sentido FundaRedes ha atendido, acompañado y documentado durante el mes de febrero de 2021 a 12 víctimas de la emergencia humanitaria compleja que requirieron de la organización, ayuda para acceder a los medicamentos o recursos necesarios que les permitieran atender sus necesidades de salud.

Del mismo modo ésta situación de emergencia afecta de forma directa el área educativa, manifiesta en el debilitamiento de todas las instituciones manejadas por el Estado, lo cual se evidencia en la gran mayoría de planteles educativos nacionales y estadales, cuyas condiciones no están dadas para el óptimo desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.

A través de una Incidencia consignada en la Defensoría del Pueblo, se solicitó se aboquen al conocimiento de la precaria situación en la cual se encuentra el sistema educativo en todo el territorio nacional, haciendo especial énfasis en las condiciones no idóneas de las instalaciones de formación a nivel preescolar, escolar, pre universitario y universitario, imposibilitando dar prosecución a la modalidad de clase presencial, aun cuando se supere la propagación del virus por COVID-19, como consecuencia del abandono por parte del Estado de las sedes educativas que pertenecen al sector público.

Cada uno de estos escenarios merece ser analizado a la luz de su propia realidad y con atención al detalle, por lo que a continuación desglosamos el panorama fronterizo de cada uno de los estados bajo observación y seguimiento de FundaRedes.

TÁCHIRA

Durante el mes de febrero se suscitaron varios enfrentamientos entre grupos armados irregulares en las zonas rurales del Norte de Santander, hechos que dispararon las alarmas en las poblaciones del lado venezolano ante un posible recrudecimiento de la violencia en la franja fronteriza binacional, cuyos habitantes viven en constante zozobra por la incursión de los GAI a través de diversas actividades.

En las trochas de la frontera continúan los asesinatos. En febrero, dos hombres perdieron la vida en la trocha «La Escuelita» de la localidad de Boca de Grita, en el municipio García de Hevia. Los cuerpos de los jóvenes de 25 y 19 años de edad, presentaban varios impactos de bala.

Una acción conjunta de los líderes paramilitares de Los Rastrojos, los Urabeños y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, advierte de enfrentamientos contra la guerrilla del ELN para recuperar los territorios que les han sido arrebatados en los últimos años; mientras las autoridades colombianas desmantelaron una red de sicarios del grupo paramilitar Los Rastrojos, vinculados a unos 14 asesinatos

Debido a las restricciones impuestas por las autoridades nacionales que impiden la entrada y salida de transporte al estado Táchira, los migrantes retornados se han conseguido con serios inconvenientes para poder regresar a sus estados de origen debido a la carencia de unidades de transporte público y a los altos cobros en dólares por parte de conductores de carros particulares o «piratas», lo que viola el derecho al libre tránsito.

Testimonios recogidos en el proceso de monitoreo evidencian las extorsiones a las que están siendo sometidos, no solo los migrantes sino también los connacionales que retorna al país y el ciudadano común que viaja a la frontera para adquirir alimentos y/o mercancías, quienes son extorsionados por funcionarios de los organismos de seguridad (policía estadal, Guardia Nacional, PNB, FAES y empleados del Protectorado del Táchira), apostados en más de 90 alcabalas ilegales ubicadas en las rutas hacia la frontera, práctica que también es aplicada por grupos guerrilleros y paramilitares, para el financiamiento de sus organizaciones armadas.

FundaRedes denunció ante la Defensoría del Pueblo la ilegalidad en la restricción del ingreso y salida de transporte público al Táchira, que ha fomentado la extorsión en puntos de control donde exigen un pago en dólares a cada pasajero para permitirle transitar, dinero que se ha convertido en fuente de financiamiento de los grupos armados irregulares y de corrupción a funcionarios de la Fuerza Armada venezolana. La organización levantó un mapa de registro donde se detallan las diversas situaciones a las que se exponen viajeros y migrantes forzados.

APURE

Desde los primeros días de febrero de 2021 se han registrado varios enfrentamientos entre GAI y las Fuerzas Armadas Venezolanas, en el marco de la Operación Jiwi, que busca acabar con guerrilleros de las FARC en la entidad llanera y otros estados del país, así como también entre los mismos grupos armados irregulares por el control del territorio. Estos enfrentamientos han dejado como saldo al menos 10 guerrilleros fallecidos y varios heridos. Los enfrentamientos obedecen a pugnas por el control territorial entre facciones de las disidencias de las Farc, con intervención del Estado venezolano a favor de algunas de estas células armadas.

El sector La Macanilla se ha convertido en una zona de guerra, con férreas restricciones a la movilidad ciudadana y donde los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC son constantes. Un enfrentamiento entre efectivos de la Zona Operativa de Defensa Intergarl (Zodi) Apure y los miembros de un grupo subversivo a orillas del río Capanaparo, aproximadamente a siete kilómetros del poblado La Macanilla, municipio Pedro Camejo de esta entidad, terminó con un guerrillero muerto y un militar venezolano herido. Como parte de este operativo, a un kilómetro del sitio donde ocurrió el enfrentamiento, al margen derecho del Río Capanaparo, fue descubierta una pista de aterrizaje clandestina de aproximadamente 900 metros de longitud.

Dos ciudadanos venezolanos y dos mexicanos fueron detenidos por efectivos de la Guardia Nacional, en la población de Cinaruco, municipio Pedro Camejo, señalados de pertenecer al Cártel de Sinaloa. En esta zona, grandes extensiones de terreno son controladas por Grupos Armados Irregulares que han construido pistas clandestinas y trabajan en conjunto con las mafias del narcotráfico.

Según la versión oficial ofrecida por el (M/G), Richard López, jefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), un enfrentamiento ocurrido en Puente Rojo, municipio Muñoz, entre funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y presuntos miembros de un grupo subversivo, dejó como saldo dos guerrilleros muertos, un funcionario herido y una persona detenida. Los dos irregulares se encontraban descargando 192 panelas de presunta cocaína. Fuentes militares aseguraron que según declaraciones del detenido, en la zona existen otros alijos de drogas, armas y hay presencia de integrantes de grupos irregulares.

Un comandante de las Farc conocido como “mandíbula”, siembra el terror en la comunidad de Banco Largo, parroquia El Samán de Apure, municipio Achaguas de esta entidad. En entrevista con el portal de noticias Infobae, un habitante de la zona relató que el jefe guerrillero “es inflexible con los dueños de finca, cobra vacunas (sobornos) y ejerce control total sobre las actividades agrícolas, de las fincas de mayor producción”, también denuncia el reclutamiento de jóvenes para las filas de la organización armada.

El hermano del ex gobernador de Arauca Ricardo Alvarado Bestene fue liberado tras permanecer 7 meses secuestrado en Apure. Según el testimonio ofrecido por la víctima, guerrilleros de las disidencias de las FARC lo mantenían en una caleta en territorio venezolano, aunque el plagio ocurrió en suelo colombiano.

Los indígenas apureños no escapan de la crisis humanitaria que vive el país, razón por la cual un grupo de 30 individuos pertenecientes al pueblo Jivi, se vio obligado a salir de su territorio para buscar alimentos y mejores condiciones de vida en la población de Arauca, Colombia, donde permanecieron aproximadamente un mes y medio, y en vista de que no consiguieron la ayuda que esperaban, retornaron al país y permanecen en las calles de Guasdualito, víctimas de un desplazamiento forzado por hambre.

AMAZONAS

Seis irregulares murieron en medio de un combate con militares venezolanos en el sector El Cuero de la comunidad indígena Agua Linda, ubicada en el eje carretero Norte del municipio Atures. El reporte castrense precisó que el choque armado se registró en el marco de la Operación Jiwi 2021, correspondiente a la Operación Escudo Bolivariano, integrada por funcionarios de la 52 Brigada de Infantería de Selva del Ejército nacional. Los miembros de la mencionada brigada militarizaron la zona desde el lunes 1 de febrero, cuando se supo de la detención de cuatro presuntos integrantes del cártel mexicano de Sinaloa, liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, en la población de Cinaruco, parroquia Agustín Codazzi, municipio Pedro Camejo, del estado Apure, zona limítrofe con Amazonas.

Habitantes de los sectores Mata Gorda y Pozón de Babilla, reportaron bombardeos desde dos aviones Sukhoi y denunciaron que efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ingresaron a las viviendas de forma violenta y hasta se robaron la comida, durante el operativo militar que fue desplegado para buscar a miembros de las nuevas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

BOLÍVAR

Grupos armados irregulares continúan apropiándose de tierras indígenas para la explotación de la minería ilegal. Tal es el caso de la etnia Pemón en el municipio Sifontes, donde desde el 02 de febrero grupos irregulares vienen generando uns situación de intimidación y acosos, mediante la cual pretenden despojar de sus tierras a mineros e indígenas. Su principal objetivo es extender la extracción minera y expandir su control sobre la zona. Arribaron portando armas largas, en embarcaciones que movilizaron a través de los ríos Cuyuní y Chicanán, con la intención de ejercer la minería ilegal en estas tierras ancestrales.

Habitantes de la comunidad indígena San Luis de Morichal, aseguraron que los irregulares cometen masacres para crear terror y posteriormente apoderarse de las tierras para extraer el oro, por lo que las más de 300 familias indígenas que habitan esta zona, temen por sus vidas. FundaRedes ha reportado de forma reiterada la presencia de grupos armados irregulares, que ejercen medios violentos e intimidantes para apropiarse de las tierras de las comunidades indígenas, violentando la soberanía, la seguridad y la paz de la nación.

Como parte de estas acciones, decenas de mineros artesanales impulsados por el ELN, grupo armado que controla El Dorado, comenzaron a construir carpas y campamentos cerca del río Chiguao, en una zona rica en oro que lleva el mismo nombre, ubicada en la población indígena de San Luis de Morichal, municipio Sifontes del estado Bolívar.

Por otra parte el proceso de monitoreo evidenció las dificultades que padecen quienes deciden huir del país por la frontera con Brasil y las extorsiones por parte de los GAI. Un grupo de caminantes que intentó cruzar la frontera entre Venezuela y Brasil, denunció el cobro de 30 a 50 dólares, para hacer uso del paso por trochas de parte de una mujer que se hace llamar “la capitana” y mantiene el control con grupos armados.

Dos hermanos que se dedicaban al tráfico de personas, fueron detenidos por efectivos del Destacamento N° 625 de la Guardia Nacional en el Peaje de Palo Grande, en la vía de Upata. Al momento del hecho, los detenidos transportaban a seis extranjeros rumbo a San Martín de Turumban, municipio Sifontes. Según las autoridades, ambos forman parte de un grupo delictivo que capta a personas para luego enviarlas, de forma irregular, a la República de Guyana. FundaRedes ha denunciado que el éxodo de venezolanos que huyen hacia los estados del sur para cruzar la frontera con Brasil o trabajar en las minas ilegales, se convierten en presa fácil de los traficantes de personas, bandas delincuenciales y grupos armados irregulares que operan en la zona.

FALCÓN

En el estado Falcón fue asesinado por miembros de las FAES Jesús Manuel Gómez Romero, joven de 16 años de edad, presuntamente en venganza por haber participado en otra muerte violenta. Hecho que evidencia la actuación desmedida de este cuerpo de seguridad del Estado en detrimento del derecho a la vida.

Funcionarios del Servicio de Investigación de Polifalcón (Sipef) localizaron en la población de Mitare, parroquia del municipio Miranda en el estado Falcón, una pista ilegal que se presume sea utilizada por el narcotráfico. También fue localizada una fosa donde había restos de hidrocarburos. En el procedimiento se incautaron 27 bidones de combustible para aeronaves y una camioneta Silverado roja con placa A52DK36.

El vocero del gremio de los educadores en el estado Falcón, profesor Gustavo Marín, calificó de irresponsable el llamado a las aulas porque considera que no existe ni la logística, ni las condiciones mínimas en las instituciones, para preservar la salud y la vida de los docentes, estudiantes y representantes que hacen vida en los planteles, con lo cual el gobierno está vulnerando el derecho a la vida, a la salud y a la integridad personal.

Los venezolanos tienen el derecho a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, por tanto surge el deber correlativo del Estado de garantizar y proteger tal derecho. Es por ello que el equipo de FundaRedes denunció ante la Defensoría del Pueblo la contaminación ambiental que produce a las comunidades aledañas, el polvillo producto de fallas en los hornos y filtros de la cementera Invecem en Cumarebo, lo que ha forzado a las autoridades a solicitar a la empresa corregir la situación, so pena de la apertura de una investigación ante el Ministerio del Ambiente.

ZULIA

Zulia continúa liderando las estadísticas violentas de la frontera venezolana al registrar 35 homicidios la mayoría de ellos en medio de los 15 enfrentamientos armados que cobraron la vida de 23 personas durante el mes de febrero.

En medio de un atentado se registró el asesinato del productor y ex concejal Julio César Gutiérrez de 41 años de edad. El hecho se registró dentro de su residencia, ubicada en San José de Perijá, municipio Machiques.

En el lado colombiano de esta frontera, al menos tres campesinos fueron asesinados en una zona rural de Catatumbo, fronteriza con Venezuela, lo que ocasionó el desplazamiento de al menos 400 personas hacia territorio venezolano. También en la frontera colombiana con Zulia, la policía tributaria y aduanera (Polfa) anunció la incautación de cinco rifles Anderson AM-15 de origen estadounidense y cinco cargadores de munición calibre 5.56, así como la captura de dos sospechosos, Los funcionarios agregaron que investigan el destino final de las armas, sobre el cual suponían eran para campamentos de la organización guerrillera ELN asentada en Venezuela.

En el sector Las Casas, municipio Machiques de Perijá, efectivos de la Guardia Nacional (GNB) localizaron una pista clandestina de dos mil 200 Mts. de longitud y 25 Mts. de ancho, empleada para operaciones de narcotráfico. La misma estaba ubicada junto a un embarcadero improvisado, distante a unos 100 Mts. del final de la pista, el cual era utilizado para el desembarque de droga.

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

Durante el mes de febrero se evidenció un incremento en las actuaciones de los grupos armados irregulares en entidades como Apure, Bolívar, Táchira y Amazonas, controlando de forma violenta la vida cotidiana de la población. Se observó cómo estas agrupaciones delincuenciales imponen sus propias reglas y, para asegurar su cumplimiento, amenazan y extorsionan a los habitantes de los municipios fronterizos.

Ante la apatía y el desinterés mostrados por el Estado venezolano para emprender acciones contundentes que desalojen del territorio venezolanos a los GAI, estos seguirán perpetrando actos violentos para demostrar su poderío además de seguir cometiendo abusos y desmanes en contra de los ciudadanos.

La ola migratoria continúa a través de las diferentes fronteras del país, lo cual es aprovechado por los cuerpos de seguridad del estado, grupos irregulares u organizaciones criminales para la extorsión y otros delitos. Lamentablemente estas acciones se seguirán presentando con mayor frecuencia en la medida que avance el proceso de migración, así como también con quienes decidan retornar o movilizarse hasta y desde la zona de frontera, lo que representa un riesgo no solo para la seguridad de quienes utilizan los “caminos verdes” para huir o retornar a Venezuela, sino también para la salud de ambas naciones, ya que la anarquía reinante en estos espacios impide la aplicación de mecanismos para el control de la pandemia por la COVID-19.

Una población flotante, en permanente movilidad y sin acceso a los sistemas de salud ni en Venezuela, ni en Colombia, constituye un riesgo permanente de contagio y un foco de resistencia para la erradicación de la pandemia, por lo que urge que los gobiernos tomen acciones de protección que incluyan a este grupo de ciudadanos que permanece marginado y desvalido. La creciente militarización en las fronteras de algunos países del Sur de América ante la llegada de más venezolanos refleja la aplicación de políticas improvisadas y contradictorias. En Perú, Ecuador y Chile, los gobiernos han decidido mover tropas militares a sus zonas fronterizas para impedir el paso masivo de migrantes venezolanos.

Colombia también ha movilizado sus tropas a la frontera, pero no contra el paso migratorio, sino mediante la creación del Comando Contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales del Ejército Nacional, un grupo élite para combatir el narcotráfico y a las disidencias de las FARC, al ELN y a otros grupos irregulares que, tal como lo ha denunciado FundaRedes y se ha evidenciado en investigaciones de inteligencia, se encuentran escondidos en Venezuela.

Esta presencia militar, estimada en 7 mil efectivos de tropa altamente entrenados, debería contribuir a frenar el paso hacia Colombia de las células guerrilleras instaladas en Venezuela. Al no poder actuar a sus anchas en suelo colombiano, estos grupos armados incrementarán la incidencia contra las poblaciones venezolanas, al tiempo que intentarán una mayor penetración hacia el interior del territorio nacional. Incluso es posible que se incremente el apoyo que, para sus operaciones, brindan el Estado y los cuerpos de seguridad venezolanos.

La proximidad de un proceso electoral impulsado desde el Estado, con absoluto control de las instituciones involucradas y dados los antecedentes que muestra evidencias contundentes de la utilización de la guerrilla y los grupos de colectivos armados como fuerzas intimidatorias para influir en los resultados electorales de Venezuela, se espera un mayor nivel de coacción sobre la población, dada la extensión en el dominio territorial que actualmente ejercen los GAI, con presencia en al menos 20 de las 24 entidades federales que componen el país.

002 Informe de Contexto Fronterizo febrero 2021