La agudización de la Emergencia Humanitaria Compleja y los embates por la pandemia del COVID-19 en Venezuela, aunado a la reactivación de cierta actividad económica en algunos países vecinos, ha disparado en los últimos meses una nueva oleada migratoria desde Venezuela, incluso de quienes habían regresado al país debido a la crisis suscitada por la pandemia en los países de acogida.

Los venezolanos retomaron los caminos para salir del país aun cuando persisten los riesgos de contagio de COVID-19 en toda América Latina con nuevas cepas que complican la situación sanitaria de la región y retrasan las posibilidades de que la pandemia sea superada, con un acentuado incremento en las restricciones migratorias asumidas por los países vecinos, que han reforzado la presencia militar en sus zonas limítrofes, lo que ha causado desafortunados episodios que ha motivado alertas de Naciones Unidas.

El entorno cada vez más opresivo en el país los empuja a caminar cientos y hasta miles de kilómetros exponiendo sus vidas por las carreteras nacionales y fronterizas. Uno de los hechos trágicos más recientes que involucró a caminantes venezolanos ocurrió la última semana de enero de 2021 cuando perdieron la vida en accidentes de tránsito 11 migrantes que transitaban en condiciones precarias intentando llegar a la frontera con Colombia, otras 24 personas aún se recuperan en hospitales debido a las lesiones.

Antes de finalizar 2020, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) declaró que el éxodo de venezolanos es el mayor en la historia reciente de América Latina y el Caribe. Aseguró que para noviembre de 2020 más de 5,4 millones de refugiados y migrantes de Venezuela se encontraban fuera de su país de origen, de ellos 4,6 millones permanecen en la región.

De allí que Eduardo Stein, representante especial de ACNUR y la Organización Internacional de Migraciones (OIM) para la Atención de los Migrantes y Refugiados Venezolanos, aseveró en diciembre: “Sigue saliendo gente de Venezuela” cuando presentó el llamado “Plan de Respuesta” a la mayor crisis migratoria que enfrenta el hemisferio occidental. La iniciativa incluye la modificación de leyes de cada país para acoger a los migrantes venezolanos que, según ACNUR, para finales de 2021 serán más de 6 millones.

Ante el cierre de las fronteras aéreas y terrestres quienes huyen de Venezuela lo hacen en condiciones cada vez más precarias, sin ahorros, caminando largos trechos con pocas pertenencias al hombro y

acompañados de familiares, entre ellos niños y ancianos, escapando de las condiciones cada vez más paupérrimas en su país: la creciente violencia estatal, la inseguridad, la imposibilidad de comprar alimentos y medicinas debido a la hiperinflación, la ausencia de servicios básicos como agua y luz, entre otras.

Durante su tránsito migratorio los denominados “caminantes” se ven expuestos a los riesgos de viajar largos trechos por autopistas y carreteras de rápida circulación, no diseñadas para el uso peatonal, además de la deshidratación, la falta de alimentos, los riesgos de dormir a la intemperie y, peor aún, a robos y extorsiones de funcionarios policiales y la actuación de grupos armados irregulares. FundaRedes a través de su red de activistas se ha trasladado a varias de las rutas por donde se desplazan los migrantes en su camino a la frontera con Colombia; obteniendo acceso directo a testimonios y brindándoles apoyo como parte de la labor humanitaria que desarrolla la organización.

 

Gleska Castillo, viajaba con un grupo de aproximadamente 10 familiares y amigos quienes emprendieron la travesía a pie desde el estado Yaracuy (en el centro occidente del país) a San Antonio del Táchira (frontera con Colombia) con la esperanza de trabajar en Cúcuta, Colombia. Relata que el 27 de enero, poco después de pasar San Cristóbal y tomar la vía a la frontera (unos 648 kilómetros desde el punto de partida), fueron abordados por un grupo de militares que les ofrecieron llevarlos: “Iban a exceso de velocidad y en el camión no solamente íbamos nosotros diez, sino que ellos siguieron recogiendo más personas, éramos demasiados, uno no hallaba ni cómo acomodarse”. Aseguró que los pasajeros comenzaron a gritar para pedirle al chofer que disminuyera la velocidad.

El camión, descontrolado y sin frenos, con aproximadamente 30 migrantes a bordo, colisionó con la montaña y volcó sobre la vía, en la que dio varios giros. “Nosotros, que éramos los que íbamos en la parte de atrás, salimos despedidos con el golpe y caímos en la carretera, mientras el resto continuaba dentro del camión dando vueltas, de ellos varios murieron y los otros están en cuidados intensivos”.

Omaira Lugo, oriunda del estado Yaracuy, perdió a tres de sus familiares mientras migraban a Colombia. Activistas de FundaRedes conversaron con ella en la morgue de San Cristóbal (estado Táchira), indefensa y sin recursos para cubrir los gastos funerarios, allí relató: “Ellos viajaban a Colombia buscando mejores posibilidades de trabajo… Nos están cobrando 1.500 dólares para el traslado de los cadáveres, somos personas de bajos recursos y no contamos con ese dinero para llevarlos a la casa y darles el último adiós”.

Luis David Valdivieso viajó a pie desde Carúpano, estado Sucre, en el oriente del país, hasta Táchira, en la frontera con Colombia. Allí relató al equipo de FundaRedes: “Somos personas de bajos recursos, veníamos mi mamá, mi hermana; nos vinimos a trabajar para ayudar a mi mamá, veníamos por el camino y a una camioneta se le desprendió el tráiler y lamentablemente arrolló a mi hermana, a una señora y otro muchacho que falleció”. El accidente al que se refiere el joven ocurrió el 29 de enero de 2021 en la carretera Troncal 5, que conecta a la región central con el occidente venezolano.

La reactivación del flujo migratorio incluye a decenas de niños pequeños que están expuestos a diversos peligros, incluida la muerte. Dos de los 11 fallecidos en el accidente del 27 de enero eran menores de edad.

Por otra parte, FundaRedes ha tenido acceso a denuncias de personal de salud de la red de ambulatorios de la frontera quienes reciben a niños y adolescentes en condiciones de deshidratación y desnutrición, y presentando diversas patologías producto de las largas caminatas que emprenden con sus familias desde el centro y oriente del país para lograr salir hacia Colombia. A inicios de febrero circuló por noticieros de la región el caso de un niño venezolano de 2 años de edad que llegó con sus padres a la frontera de Chile presentando desmayos y convulsiones tras una noche de caminata y pernocta desde Bolivia en una zona con temperaturas de varios grados bajo cero. La joven familia no tenía los recursos para alimentarse apropiadamente, por lo que tenían varias horas sin comer.

Los niveles registrados por desnutrición y malnutrición en Venezuela son tan graves que se comparan con los países más pobres del planeta. La organización humanitaria británica Oxfam publicó una alerta preocupante sobre “el virus del hambre” en la que se resalta la presencia de Venezuela como uno de los países que tiene un estatus “crítico”, incluso el informe señala que antes de la pandemia más de la mitad de las personas con hambre en América Latina vivía en Venezuela.

Organizaciones como el Centro de Investigaciones Populares (CIP) y la organización defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, Cecodap, han advertido que los niños movilizados se

se encuentran bajo un total desamparo. Durante la presentación de un informe realizado en 2020, la investigadora Mirla Pérez señaló: “No hay protección, uno ve que el niño está en total indefensión desde el momento que sale de territorio venezolano, llega a Colombia, una vez allí o en el país de destino también entra en indefensión”. Algunos han muerto en el camino por las bajas temperaturas en algunos tramos de la travesía o por deshidratación en diversas circunstancias.

El 13 de enero de 2021 Hipólito Abreu, ministro de Transporte, anunció la prohibición de ingreso de transporte público al estado Táchira, destacando que ningún terminal público o privado del país puede vender boletos para trasladar personas a este estado con el argumento de que es una medida para evitar la propagación del COVID-19 en la entidad andina. Ese cerco de movilidad que impide la entrada y salida de transporte hacia la zona de mayor movilidad humana de la frontera colombo-venezolana es violatorio del derecho al libre tránsito y genera otras situaciones que constituyen vulneraciones de derechos a los migrantes venezolanos.

Irregulares a la caza de migrantes

Los migrantes forzados venezolanos se exponen a los riesgos de la carretera y las trochas donde operan grupos armados irregulares tanto de origen colombiano (guerrilla y paramilitares) como venezolano (colectivos armados y bandas delictivas) porque consideran que no tienen más nada que perder; llegar a otro destino aun sin plan y con incertidumbre representa para ellos una oportunidad que su país no les brinda.

En Venezuela están sin trabajo, con ingresos insuficientes para hacerle frente a la hiperinflación que abarca la economía en divisas, desempleo o empleos mal remunerados incluso en el sector oficial, la creciente violencia criminal y estatal, con familiares desaparecidos o detenidos de manera forzosa o arbitraria… Cada migrante es una historia que exhibe las diversas formas de victimización a las que están expuestos los venezolanos.

En las fronteras entre Apure (Venezuela) y Arauca (Colombia), Luis Merardo Tovar, secretario de Gobierno y Seguridad de Arauca, informó el 28 de enero de 2021 que durante esa semana cruzaron la frontera colombo-venezolana por el Departamento de Arauca alrededor 2.000 venezolanos, situación que activó las alarmas de las instituciones gubernamentales que impidieron el paso de canoas y paralizaron actividades en el terminal terrestre para frenar su movilización. Por el Norte de Santander la cifra llegó a 25.000 migrantes en enero pese al cierre fronterizo.

Uno de los factores que representan mayor riesgo para los migrantes es que al llegar a la frontera sin mayor plan ni ahorros muchos optan por quedarse allí temporalmente para buscar la manera de obtener ingresos que les permitan continuar el viaje, eso los expone a ser víctimas de explotación sexual, incluso a menores, trata de personas y otras formas de violencia. Además, las condiciones de precariedad en las que llegan los migrantes venezolanos a la frontera colombo-venezolana los convierten en presa fácil de grupos armados irregulares de origen colombiano que ven la oportunidad para reclutarlos, sobre todo a jóvenes para sumar miembros a sus filas.

Es el caso de un “trochero” (persona que trabaja cruzando personas y mercancía en las trochas) oriundo del estado Aragua, en el centro del país, y quien labora desde 2020 en uno de los más de 500 pasos irregulares que existen en la frontera con Colombia. Cobra 15 dólares a cada persona que desea cruzar, “pero si me los traes en pesos es mucho mejor porque yo le tengo que pagar a los guardias y a los paracos, ¿me entiendes?”, le dijo a una persona interesada en cruzar con quien hablaron activistas de FundaRedes.

En reiteradas ocasiones FundaRedes ha denunciado la vulnerabilidad de los migrantes venezolanos que son captados con ofertas engañosas de empleo para luego obligarlos a participar en actividades delictivas, en muchos casos en condiciones de explotación, amenazas contra su vida y su integridad física o la de sus familiares. Desde el año 2018 la organización ha advertido que estos grupos armados se aprovechan de la crisis económica en Venezuela y ofrecen cantidades atractivas de dinero a jóvenes, incluso adolescente, para que se involucren de manera directa o indirecta en actividades criminales.

La presencia simultánea de militares y paramilitares en las trochas binacionales aumenta el riesgo de enfrentamientos armados con la guerrilla que también pugna por el control de estos territorios y pone en riesgo la vida de los migrantes. Un total de 39 homicidios se registraron en territorio fronterizo entre Colombia y Venezuela en el año 2020 y otros 7 durante el primer mes de 2021, de acuerdo con cifras recopiladas por FundaRedes.

El Estado venezolano no reconoce la migración masiva, por lo tanto, no presta asistencia a los migrantes. En noviembre de 2020, FundaRedes presentó ante instancias internacionales una denuncia formal sobre la grave vulneración de los derechos fundamentales de los migrantes forzados venezolanos, quienes huyen del país por la Emergencia Humanitaria Compleja agravada con la pandemia por COVID-19, y en ese trayecto sufren cuadros severos de deshidratación, desnutrición, problemas de salud producto de las largas caminatas, especialmente los grupos más vulnerables como son mujeres, niños y personas de la tercera edad.

La denuncia fue presentada ante la Relatoría sobre los derechos de las personas migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); la Relatoría para Venezuela de la misma institución; la Relatoría especial de Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas, y ante la oficina de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para para los derechos humanos, Michelle Bachelet.

Asimismo, FundaRedes presentó el 4 de febrero de 2021 un informe ante el relator especial sobre los derechos humanos de las personas migrantes de la ONU, Felipe González, en aras de visibilizar la situación de los migrantes venezolanos en Latinoamérica, donde varios países han adoptado como política la devolución de migrantes o restricciones en el acceso a sus países.

El venezolano sometido a la condición de migrante forzado es víctima de la pérdida del derecho más preciado en la categoría de los derechos humanos: el derecho a la vida. Su tránsito por las carreteras nacionales y de los países receptores, a pie, constituye una exposición permanente a la muerte, en las circunstancias más dramáticas imaginables. Es sometido a extorsión, robo y chantaje por agentes de seguridad pública. Y esto ocurre ante un contexto opresivo que incluye violencia permitida por el Estado que lejos de desarticular a los grupos armados irregulares ha promovido su existencia; así como ante el desmantelamiento del aparato económico, generador de oportunidades de ingreso personal y familiar, la carencia de servicios públicos de calidad y de atención a sectores
vulnerables de la población.

Por ello, el 3 febrero de 2021 FundaRedes solicitó a la Defensoría del Pueblo que se aboque al conocimiento de la violación de derechos fundamentales contra los venezolanos que migran forzosamente, huyendo de la crisis. El Estado venezolano ha aplicado políticas de sometimiento a la población que pasan por la destrucción del aparato económico, lo que creó una situación de Emergencia Humanitaria Compleja que arrojó a los venezolanos a emprender una migración masiva con los riesgos que conlleva.