La presencia de grupos armados irregulares de origen colombiano y bandas criminales en zonas de frontera entre Venezuela y Colombia abarcan cada vez mayor cantidad de territorios, de acuerdo con denuncias de propietarios de fincas y fundos a quienes les han ocupado sus tierras y expulsado bajo amenazas. Lugareños y denunciantes han visto cómo amplios predios son usados como pistas clandestinas de aterrizaje o como plantaciones de coca y marihuana. En algunos casos estas organizaciones criminales utilizan testaferros para invertir los recursos provenientes del narcotráfico y el contrabando en la adquisición de tierras, de allí que en los últimos años se han convertido en los grandes terratenientes de Venezuela bajo el conocimiento, e incluso algunos casos, complicidad de las autoridades.

A inicios de junio de 2019 estos grupos armados irregulares dieron un ultimátum a productores agropecuarios de los municipios José María Semprún y Catatumbo, del sur del Lago de Maracaibo en el estado Zulia, y ya a mediados de ese mes habían logrado expulsar a 15 de ellos de sus unidades de producción, según reflejaron en su momento medios locales.

“Guerrilleros y paracos amenazaron a los habitantes de La Motilona y Caño 14 hasta que los obligaron a abandonar sus fincas y con armas, bombas y minas se instalaron en esa parte del territorio venezolano”, señala un trabajo de la periodista Sebastiana Barráez en relación con lo que sucedía en abril de 2020 en el municipio Catatumbo del estado Zulia, cuyo territorio estaba inmerso en una intensa batalla entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el grupo paramilitar Los Rastrojos. “Ya no queda ningún civil, productor o dueño de finca en los sectores La Motilona y Caño 14, municipio Catatumbo del estado Zulia. Todo el territorio está invadido de guerrilleros y paramilitares. Hasta la Escuela Caño 14 fue tomada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras que el sanguinario grupo Los Rastrojos se instaló sobre 22 fincas de las cuales han venido desalojando a sus dueños progresivamente”, señala el texto a partir de los testimonios de varios lugareños que se vieron obligados a abandonar la zona.

Años antes, en marzo de 2016, el sacerdote zuliano José Palmar afirmó a medios internacionales que “la hacienda donde funciona el secretariado de las FARC en Venezuela está ubicada entre la carretera a San Silvestre de Barinas y una hacienda llamada Mata de Barba (…) municipio de Arismendi, entre Barinas y Apure, allí funciona toda esa serie de haciendas donde están operando las FARC”.

 

FundaRedes obtuvo testimonios de pobladores de Caño Motilón y Caño del Medio, en el municipio Catatumbo del estado Zulia, que en agosto de 2020 denunciaban que varios productores habían sido desalojados por grupos armados irregulares: “No son expropiaciones de Derecho, sino de hecho, porque se les metió esa gente por allá y los sacaron de la finca”.

Esa situación también ha ocurrido en algunos municipios de la zona de montaña del estado Táchira, donde habitantes denuncian la reciente llegada de hombres armados para tomar control. “A mi compadre le quitaron una finca hace dos años en La Pajuilera, en el límite del municipio en un punto intermedio entre Colón, Michelena y Seboruco, desde ahí están operando. Me dice que son batallones inmensos de hasta 300 o 400 personas”, dijo a
activistas de FundaRedes un habitante del sector.

Investigaciones han determinado que el modo en que actúan los grupos irregulares varía de una región a otra, dependiendo de quién lidere la zona y de los intereses económicos que predominan en el grupo que impone su ley. En ciertas regiones de la zona norte del Táchira los irregulares ocupan parte de las unidades de producción y obligan a los propietarios a coexistir con ellos dentro de los predios donde instalan campamentos y dirigen sus operaciones.

En el sur de Táchira y el Alto Apure informantes de nuestra organización afirman que la guerrilla de origen colombiano incide directamente en la economía de esas zonas, e incluso ha adquirido haciendas como parte de las actividades de lavado de dinero producto del narcotráfico: “Usan testaferros, y como muchos tienen nacionalidad venezolana ellos mismos hacen las negociaciones, que son mayormente en pesos colombianos”, refirió un testigo a
activistas de FundaRedes.

“He sido amenazado de que debo vender mi propiedad o de lo contrario voy a ser coaccionado por parte del Ejército de Liberación Nacional. De diferentes formas le han estado pidiendo lo mismo a otros productores de la zona… (el ELN) son también propietarios de fincas, por eso digo que ellos están muy metidos en el territorio nacional, son dueños”, dijo a FundaRedes un productor de El Nula, municipio Páez del estado Apure, quien en 2019 confirmó la penetración del ELN en este sector.

 

De acuerdo con información confidencial obtenida por FundaRedes, en el sur de Apure las disidencias de las FARC reclutan a los indígenas quienes se organizan y roban a los dueños de fincas e invaden predios que luego son destinados al cultivo de coca y la habilitación de pistas clandestinas dedicadas al narcotráfico, utilizadas algunas veces en alianza con grandes cárteles internacionales. A finales de enero un reporte de la Guardia Nacional en el estado Apure notificó la detención de dos ciudadanos mexicanos y dos venezolanos, presuntos integrantes del cártel mexicano de Sinaloa, liderado por Joaquín “Chapo” Guzmán, narcotraficante detenido en Estados Unidos. Pero, según informantes, no es la primera vez que las autoridades detienen en ese estado llanero a miembros de
organizaciones delictivas transnacionales vinculados con la guerrilla colombiana.

Amparo estatal

El 8 de diciembre de 2010, el entonces presidente Hugo Chávez anunció la intervención de 43 fincas ubicadas en el sur del lago de Maracaibo, que totalizaban cerca de 20.200 hectáreas de tierras productivas como parte de las medidas para afrontar la emergencia causada por las lluvias en varios estados del país y enmarcado en la “lucha contra el latifundio». Para este fin se movilizaron tropas del Ejército venezolano. El uso de la fuerza pública en estos casos, ordenados al margen de la ley, exacerbó su carácter arbitrario.

Estas expropiaciones (que en realidad constituyeron confiscaciones) se hicieron en abierta violación a la Constitución que describe la expropiación como una excepción a la garantía de preservación de los derechos de uso, goce y disposición de los bienes que las personas tienen como valores esenciales del derecho de propiedad, y solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.

Pero, además, el proceso de ocupación ilegal de tierras antes dedicadas a la producción agrícola y ahora puestas al servicio del narcotráfico y la delincuencia afectó la provisión de alimentos para los venezolanos, siendo una de las causas directas de la crisis alimentaria en el amplio espectro de la Emergencia Humanitaria Compleja que padece Venezuela. En Barinas, las tierras en conflicto abarcan más de 680.000 hectáreas, lo que equivale a más de 20% de la superficie productiva de la entidad, su ocupación ha afectado severamente la producción de rubros como carne, arroz y maíz.

Un reportaje publicado en el diario El Nacional en abril de 2018 calculaba que el total de ocupaciones superaba los 5 millones de hectáreas. Aquiles Hopkins, para la fecha presidente de Fedeagro, señaló que la política expropiatoria era una de las responsables de la caída de la producción de todos los rubros que el gremio había registrado desde 2007.

Para ejecutar estas ocupaciones que destruyen la productividad de los predios para convertirlos en espacios de dominio, es común de estos grupos ofrecer “protección” contra el hampa común a través del cobro de “vacunas”, que se convierten en impuestos prediales con los cuales someten a los propietarios a pagos exorbitantes, llegando

incluso al secuestro como mecanismo de presión o de apropiación económica para facilitar la adquisición de los terrenos a bajo costo por medio de testaferros o intermediarios.

En Bolívar, activistas de FundaRedes han obtenido información de que incluso el gobierno propicia la ocupación y compra de tierras mediante el uso de testaferros, especialmente al sur del estado, y que los pocos propietarios de fincas que aún quedan viven armados o pagan vacuna a pranes.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU a través de la Resolución 217 de 1948, establece en su artículo 17 que “toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente”, y que “nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”.

 

La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que data de 1948, establece en su artículo XXIII que “toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar”. Esta declaración pasó a ser un instrumento jurídicamente obligatorio cuando la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue modificada en 1967 y 1970, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la consideró como incorporada a dicho tratado.

Por lo tanto, siendo el derecho de propiedad un derecho humano se atribuye a las personas un deber de protección de parte del Estado. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en el artículo 115 el derecho a la propiedad privada, por ende, es deber del Estado su protección para que toda persona tenga derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes con garantía absoluta de que su derecho a la propiedad es inviolable.

También el artículo 19 de la Constitución señala: “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen”. Asimismo, en el artículo 471 A del Código Penal se establece el tipo penal de la

 

 

invasión que constituye una violación al derecho a la propiedad privada.

Pero, contrariamente a lo que establece el ordenamiento legal el Estado venezolano no solo incumple el deber de protección a las personas y a sus propiedades, sino que menoscaba el derecho de propiedad, utilizando al Instituto Nacional de Tierras (INTI) como brazo ejecutor para la legalización de estas invasiones, ayudando de esta manera a que los grupos armados irregulares encuentren un ambiente propicio para el apoderamiento de predios rurales. El 15 de julio de 2013, Nicolás Maduro anunció su primera expropiación, un terreno en el municipio Biruaca del estado Apure, para ser destinado a la Misión Vivienda, siguiendo de esta manera la política expropiatoria de su antecesor e incentivando a otros a desconocer el derecho a la propiedad.

La violación del derecho de propiedad en los territorios rurales comienza con la invasión de fincas que en algunos casos se disimulan tras acciones promovidas bajo las banderas de reivindicaciones para trabajadores del campo desposeídos de la tierra. Procesos que a la larga solo tienen como propósito dejar a los auténticos propietarios sin el dominio de sus propiedades.

Debido a las situaciones de riesgo a las que se ven expuestos los propietarios, administradores y trabajadores de las fincas en los estados fronterizos de Venezuela, FundaRedes acudió el pasado 8 de diciembre de 2020 a la Fiscalía del Ministerio Público del estado Táchira y a la Fiscalía General de la República para denunciar formalmente la vulneración del derecho a la propiedad privada consagrado como precepto constitucional, el cual se está viendo menoscabado por grupos armados irregulares de origen colombiano en varios estados del país ante la inacción del Estado venezolano para proteger a los legítimos propietarios.

También el 26 de enero de 2021 la organización acompañó al ciudadano Marco Aurelio Becerra, habitante del municipio Córdoba del estado Táchira, a denunciar ante el Ministerio Público que en su localidad —La Blanquita, sector Santa Isabel— un grupo guerrillero no identificado invade fincas, recluta menores de edad, exige pagos y sus miembros portan armas largas. Señala que hay hombres del ELN, aunque también colectivos a quienes la

guerrilla entrena. “El Consejo Comunal de La Blanquita que fue el que llevó a esa gente para la zona, ellos están involucrados en este asunto, pues hasta les prestan colaboración… Ya tenemos muertos, han aparecido varios tirados, abaleados y hasta decapitados en la carretera; cerca hay comandos de la Guardia Nacional y no hacen nada, los irregulares circulan libremente armados con fusiles y no hay quién los pare”.

Becerra declaró a los medios de comunicación locales que: “Este grupo armado está comandado por “Carlos el Guerrillo”, quien le da órdenes al Consejo Comunal y a través de éste exige a la comunidad ciertos pagos, ya habla hasta de cobrar el agua en moneda extranjera”. Asegura que hace un año le quitaron con autorización del Instituto Nacional de Tierras (INTI) una finca llamada “Palermo” que pertenecía a su familia desde hace 100 años: “Nos quitaron una finca arbitrariamente, confabulados con (el ex gobernador del estado Táchira, José) Vielma Mora, porque quien nos quitó la finca es amigo de él. Vielma Mora tuvo ganado en esa finca y nos la despojó, una finca con documentos de tierra propia”. Afirma que el amigo del ex mandatario regional es un protegido de la guerrilla colombiana.

Becerra se vio obligado a dejar el lugar y habitar otra propiedad, donde también lo merodean los grupos armados irregulares. En un viaje a San Cristóbal fue amenazado y cuando acudió a la Zonal 21 de la GNB a formalizar la denuncia una funcionaria le dijo que no podían hacer nada.

Ante estas situaciones FundaRedes hace un exhorto a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y a quienes tienen la responsabilidad de ejercer funciones de resguardo para que cumplan su deber de proteger la integridad física de los venezolanos que son víctimas de expropiaciones y amenazas por parte de grupos armados irregulares en territorio nacional, pues hasta ahora las solicitudes de investigaciones interpuestas no han recibido respuestas mientras aumenta la vulnerabilidad de los habitantes de la frontera colombo-venezolana.