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Extorsiones de todo tipo, robos, amenazas, agresiones sexuales, humillaciones y vejaciones por parte de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado asignados en las diversas alcabalas dispuestas en las carreteras venezolanas, es el precio que han tenido que pagar quienes huyen caminando del país en busca de un mejor futuro.

Así lo afirma FundaRedes en su más reciente trabajo de investigación titulado: «Caminantes sufren abusos de los cuerpos de seguridad del estado en Venezuela».

 “Durante su marcha por las carreteras los caminantes se ven expuestos no sólo a la deshidratación, la falta de alimentos y los riesgos de dormir a la intemperie, sino a extorsiones y abusos de parte de funcionarios de cuerpos de seguridad apostados en puntos viales y puestos de control, y grupos armados irregulares que también condicionan el paso de los migrantes”, revela el informe.

La organización pro defensa de los DDHH ha documentado una gran cantidad de casos que ponen en evidencia las perversidades y vulneraciones que sufren los migrantes caminantes durante el recorrido, especialmente mujeres, niñas y adolescentes.

Asegura que desde que se suscitó la primera ola migratoria surgieron las denuncias de extorsiones y robos por parte de militares a quienes buscaban abandonar el país, “no solo les quitaban los ahorros con los que viajaban para comenzar su nueva vida lejos, sino que hasta los dejaban sin comida”.

Sin embargo – señala el estudio- en la actualidad los atropellos tienen otras dimensiones ya que las condiciones de los migrantes son peores que antes debido a la precariedad en la que viajan.

En este sentido, las autoridades colombianas han manifestado que el aumento del número de caminantes en las carreteras neogranadinas es una realidad, “estamos viendo una población mucho más vulnerable que la de hace algunos meses o incluso de los momentos más significativos en 2017 y 2018”.

Ante esta situación, el pasado 14 de octubre de 2020 FundaRedes acudió a la Defensoría del Pueblo a denunciar lo que ocurre en las alcabalas de las fronteras de los estados Apure, Táchira y Zulia, donde los caminantes sufren violaciones a sus derechos y vejaciones por parte de los funcionarios.

En relación a esta problemática, el boletín cita el pronunciamiento hecho por el Obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Mario Moronta: “Nos parte el alma ver cantidad de hombres y mujeres caminando por nuestras carreteras viniendo de tantas partes de Venezuela y cómo, en vez de defenderlos como hicieron en su juramento, los militares, la Guardia Nacional y la policía, lo que hacen en vejarlos, extorsionarles, robarles, porque esa es la palabra”.

Por otra parte, FundaRedes asevera que al llegar a la zona limítrofe entre Colombia y Venezuela los caminantes se topan con otro tipo de alcabalas en los pasos ilegales, que son los únicos que se pueden utilizar actualmente debido a las restricciones por el COVID-19.

“De acuerdo a las investigaciones realizadas existen unas 250 trochas entre Táchira y Cúcuta, además de 180 por Zulia y 90 por Apure, todas dominadas por grupos guerrilleros y paramilitares, así como bandas de colectivos armados venezolanos que exigen pagos en divisas para permitir el paso”.

Según la ONG los migrantes venezolanos en su desplazamiento a pie por las carreteras y caminos sufren vejaciones y abusos de autoridad de los cuerpos de seguridad, lo que constituye una violación al artículo 50 de la Constitución, artículos 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; VIII de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre; 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 “Todos referidos al derecho de libre tránsito que sin restricciones al margen de la ley pueden ejercer los habitantes de la República, los cuales no solo se pueden desplazar por el territorio nacional, sino además salir de él y retornar sin restricciones”.

Cabe destacar que estas violaciones han sido documentadas y denunciadas reiteradamente ante instancias nacionales como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía del Ministerio Público, sin que hasta la fecha se hayan activado los mecanismos de verificación, determinación de responsabilidades y sanción, omitiendo además la toma de acciones contundentes para impedir que estos hechos sigan ocurriendo. S.M. CNP.7996 (Prensa FundaRedes)