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Cada vez son más los hechos y las investigaciones que dejan en evidencian los vínculos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los grupos guerrilleros Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las relaciones y cooperación de quienes detentan el poder en Venezuela desde hace dos décadas con los grupos armados irregulares (guerrillas y colectivos) se remonta al gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez debido a una profunda identidad ideológica con el marxismo que promueven las FARC, tanto así que las guerrillas colombianas dejaron de ser enemigas del Estado venezolano para convertirse en aliados ideológicos, alianza que se mantiene e incluso se ha reforzado bajo el mandato de Nicolás Maduro.

Esa cooperación no es solo con las Fuerzas Armadas venezolanas, sino con funcionarios y estructuras gubernamentales civiles, según se ha constatado en investigaciones policiales de las autoridades colombianas así como en investigaciones de diversas organizaciones nacionales, entre ellas FundaRedes, e internacionales como Human Rights Watch e InSight Crime. Se trata de una cooperación que da a unos el control territorial y a los otros el control político de estos espacios estratégicos.

Un reciente ejemplo de esta relación se dio el sábado 19 de septiembre durante un férreo enfrentamiento en El Nula, estado Apure, entre grupos guerrilleros y las FANB en el que murieron cuatro militares venezolanos. Aunque la versión oficial apunta a un ataque de los insurgentes, informantes de FundaRedes afirman que el choque armado fue entre el ELN y las FARC apoyadas por las FANB.

Tras el hecho hubo tres comunicaciones oficiales entre las 6:00 de la mañana cuando reportan que “se realizó operación militar en la parroquia Urdaneta, municipio Páez, edo Apure, al mando del GD Robinson Vera Cumare, Cmdte de la Zodi 31 Apure, con la participación de comisión del Grupo de Acciones de Comando con la finalidad de combatir y dar captura a alias ‘Ferley González’, jefe de Finanzas del Frente 10 de las FARC”. Luego, a las 9:00 am cuando se notifica el traslado de efectivos muertos y evacuación de personal militar de la 92 Brigada; y 30 horas después del enfrentamiento, cuando el Ministerio de la Defensa de Venezuela informó sobre la “neutralización de tres campamentos ubicados en Tres Esquinas, Mata de Bambú y Las Palmitas que eran usados por grupos estructurados de delincuencia organizada para secuestrar, extorsionar y traficar drogas”, sin mencionar cuáles fueron los grupos que actuaron en el enfrentamiento.

 

 

Sin embargo, información recabada por FundaRedes de habitantes en la zona indica que los enfrentamientos habrían comenzado el jueves 17 de septiembre (dos días antes del reporte oficial) entre el Frente Décimo de las disidencias de las
FARC –bajo el comando de alias Ferley– y la guerrilla del ELN por incumplimientos en acuerdos de operatividad en territorio venezolano. En algún momento las FARC intervinieron en la pugna armada, pues Iván Márquez y Jesús Santrich ordenaron a sus filas dar con alias “Ferley”, por haberse convertido en un personaje incómodo para la reagrupación de esa guerrilla.

“El Ejército venezolano intervino el sábado porque las FARC estaban perdiendo la lucha contra el ELN”, dijo un residente de la zona.

Desde el año 2005 FundaRedes ha denunciado la actuación de organizaciones guerrilleras y grupos paramilitares de origen colombiano, colectivos armados venezolanos y bandas delincuenciales con alto poder de fuego a lo largo de los 2.219 kilómetros que unen a Colombia y Venezuela, y que recientemente han ampliado sus operaciones hacia la frontera con Brasil, así como a los límites marítimos de Venezuela con las islas del Caribe e incluso hacia el interior del territorio venezolano, lo cual no podría concretarse sin la anuencia y cooperación de autoridades venezolanas.

UN ACUERDO DE VIEJA DATA
La cooperación del Ejecutivo venezolano con los grupos armados irregulares se remonta al gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez debido a la profunda identidad ideológica que el mandatario tenía con el marxismo que promueven las FARC, tanto que dejaron de ser enemigas del Estado venezolano para convertirse en aliados ideológicos. En este punto es importante recordar, por ejemplo, que la captura de Rodrigo Granda, el llamado “Canciller” de las FARC, fue motivo de disputa política entre los gobiernos de Venezuela y Colombia, y es parte de los problemas que aún persisten. Tras su liberación, Granda volvió varias veces a Venezuela.

Esas buenas relaciones que iniciaron bajo la presidencia de Hugo Chávez han sido mantenidas por Nicolás Maduro, sobre quien el propio Granda se refirió como “un revolucionario y un patriota”. En reiteradas ocasiones FundaRedes ha señalado la existencia de campamentos y la presencia de grupos guerrilleros en Venezuela, señalamientos que han sido refrendados por el gobierno Colombiano, tanto en el plano nacional como internacional. Informes de inteligencia de Colombia, apuntan a la ministra venezolana de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, como el enlace entre el régimen de Maduro y los irregulares colombianos.

 

 

Pero esta actitud complaciente con la guerrilla colombiana no se limita a las FARC. Desde 2017 FundaRedes ha denunciado que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) distribuye cajas de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en estados fronterizos de Venezuela como parte de las acciones emprendidas por esa guerrilla para afianzar su presencia en el país y fortalecer sus nexos con la administración de Nicolás Maduro.

“Queda a criterio de la guerrilla quién recibe el beneficio social. La entrega de los alimentos se hace en cajas con propaganda del Frente Carlos Germán Velasco Villamizar del ELN. Además, hace promoción de su emisora Antorcha Estéreo, una de las cinco estaciones radiales pertenecientes al ELN que transmiten todos los días desde territorio venezolano pese a las reiteradas denuncias que sobre este hecho ha realizado FundaRedes ante diversas instancias gubernamentales”, se señala en el boletín #8 de nuestra organización que recoge las primeras denuncias sobre este tema.

Tras la captura en Colombia de Luis Felipe Ortega Bernal, alias “Garganta”, líder del ELN buscado por la Interpol en 2018, se le encontraron documentos de identidad venezolanos e incluso el “Carnet de la Patria” bajo la identidad falsa de «Gabriel Alberto
Ariza».

Ese año, el 17 de mayo de 2018 FundaRedes introdujo un documento ante la Fiscalía General de la República en el que denunciaba que guerrilleros de las FARC repartían panfletos en los que intimidaban a la población y ejercían presión para que participaran en las elecciones del 20 de mayo a favor del candidato Nicolás Maduro.

RELATOS DE LA ALIANZA
Una persona que fue secuestrada en la frontera de Táchira en 2019 y aportó su testimonio a FundaRedes relató que mientras era movilizada entre San Antonio y Ureña hasta el lugar donde permanecería por más de dos meses en poder de guerrilleros del ELN, sus captores conversaban amablemente con los uniformados en las alcabalas de la frontera mientras la víctima permanecía maniatada, amordazada y vendada en la parte trasera del vehículo.

Otro testimonio en poder de la organización señala que: “El muchacho que manda en Tienditas (Ureña-Táchira) era funcionario de la Policía de Maracaibo; yo lo conozco desde hace 18 años y ahora es guerrillero”.

“Yo trabajé en una trocha por dos años, en ese tiempo trabajé con la guerrilla del ELN”, aseguró a un activista de FundaRedes un militar que desertó tras ver las situaciones que suceden en la

 

 

frontera del estado Zulia, donde estaba destacado: “Ellos tienen el control del contrabando de gasolina y tráfico de armamento de guerra”.

En un reportaje de la periodista Sebastiana Barráez de 2020 se indica: “El ELN llega en pequeños grupos, con combatientes y presos de diversas cárceles del país haciendo trabajo comunitario.  Llegan con su cilindro de gas y alimentos”.

Recientemente, Iván Simonovis, comisionado Especial de Seguridad e Inteligencia de la Presidencia interina de Juan Guaidó, confirmó que al jefe guerrillero colombiano Álvaro Díaz Tarazona, alias “Edward”, le fue otorgada una cédula de identidad con el número 25712140 y además tiene derecho a votar en la Escuela Primaria Bolivariana Caño Regreso del estado Apure, según registro del Consejo Nacional Electoral.

El diario colombiano El Tiempo difundió un video en el que alias “Edward” se presenta como miembro del Frente de Guerra Oriental del ELN y le jura lealtad a Nicolás Maduro. “Compañero, comandante y jefe Nicolás Maduro, cuente con el Ejército de Liberación Nacional hasta la muerte.

Somos leales a Venezuela y queremos que tengan confianza en nuestras tropas, en nuestra fuerza militar, que seamos una sola para defender la patria de Simón Bolívar”. De acuerdo con información publicada por el portal de investigación y activismo SOS Orinoco, un número indeterminado de guerrilleros del Frente Acacio Medina de las disidencias de las FARC, comandada por alias “J.J”, tienen presencia en el Parque Nacional Yapacana (Amazonas) y otros sectores del municipio Atabapo para el control de las minas de oro más importantes de la zona.

Esta fuente tuvo acceso a detalles de una reunión realizada el 5 de septiembre de 2020 en el campamento Manaka de esa entidad, entre líderes indígenas, el comandante guerrillero “J.J,” el alcalde del municipio Atabapo, un representante de la Gobernación de Amazonas, un representante del Ministerio de Minería, el constituyentista Nelson Mavio (PSUV), tres representantes militares de la Armada venezolana y la Guardia Nacional, entre otros, en la cual “se decidió intensificar la actividad minera en el Yapacana, por lo que se pretendió trasladar a la zona maquinarias, dragas, excavadoras; partes de cuyas maquinarias se encuentran (a la fecha de la reunión) en el Puerto de Samariapo, custodiadas por la Guardia Nacional…”.

 

El 6 de septiembre 2020 indígenas de la etnia Cubeo en la comunidad Piedra Blanca (Atabapo) retuvieron una embarcación que transportaba una maquinaria con destino a mina “La 40”, la cual sería utilizada para la extracción de oro. Esa embarcación iba escoltada por funcionarios de la Alcaldía del municipio Atabapo, uniformados de la Armada venezolana y miembros de las FARC, todos portando armas de fuego.

Nancy Herrera, líder indígena e hija del cacique general de la parroquia Yapacana, Claudio Raúl Herrera, aseguró: “Estamos en amenaza de parte de las FARC y no contamos con apoyo del gobierno porque ellos están junto con las FARC, los militares venezolanos (…) No me da miedo, se los he dicho en su propia cara con tal que mi pueblo sea respetado y viva con tranquilidad como antes”, reseñó el portal informativo Frontera Viva.

INACCIÓN DEL ESTADO
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala como fines esenciales del Estado “la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad” (art. 3), en consecuencia, “Toda persona tiene derecho a la protección
por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”, (art. 55).

Para garantizar a todas las personas la protección del Estado venezolano y la garantía de los derechos humanos se establecen los principios de la Seguridad de la Nación (art. 326); y en el ámbito fronterizo se determina que para el cumplimiento y aplicación de los principios de seguridad de la Nación la atención de las fronteras es prioritaria, estableciéndose una “franja de seguridad” (art. 327).

Por considerar que estos principios fundamentales son vulnerados por el Estado venezolano, por acción u omisión, FundaRedes ha denunciado de manera reiterada este tipo de situaciones ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía del Ministerio Público sin que hasta el momento se evidencien acciones para frenar la actuación de estos grupos armados a fin de garantizar a los habitantes de la frontera la paz, la seguridad y el derecho a la vida.

El 13 de marzo de 2018 FundaRedes acudió ante el Consejo Legislativo del estado Táchira para denunciar la conducta complaciente de los efectivos de la FANB con los grupos armados irregulares de origen colombiano y anexó copia policial de un procedimiento que certifica el faltante de municiones y armas en uno de los más de 30 batallones y guarniciones militares de las FANB que fue entregado a esas agrupaciones.

 

 

 

En abril de 2018 la organización realizó cuatro denuncias ante Fiscalía General de la Republica, la Defensoría del Pueblo, Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el Consejo Legislativo del estado Táchira y la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional en las cuales entregó evidencias de la injerencia comunicacional de los grupos armados irregulares de origen colombiano en el espectro radioeléctrico venezolano mediante el funcionamiento de cinco emisoras pertenecientes al ELN que transmiten desde Venezuela.
FundaRedes ha llevado estas denuncias también ante instancias internacionales. El 14 de septiembre de 2018 solicitó ante la Organización de Estados Americanos la elaboración de un informe de seguimiento y evaluación de las operaciones de grupos armados irregulares de origen colombiano en territorio venezolano con la complicidad del régimen de Nicolás Maduro. Esa misma solicitud se introdujo el 18 de septiembre de 2018 ante la Corte Internacional de Justicia (órgano judicial de Naciones Unidas) y el 25 de septiembre de 2018 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El 11 de agosto de 2020, el fiscal primero del Ministerio Público del estado Táchira conoció de manos de FundaRedes la violación del espectro radioeléctrico, así como la coacción a favor del PSUV para influir en resultados de procesos electorales venezolanos.

La actuación de la Fuerza Armada Nacional en connivencia con grupos armados irregulares de origen colombiano constituye una abierta violación a los principios de Seguridad de la Nación establecidos en la Constitución y una amenaza persistente de violación a los derechos humanos, especialmente el derecho de protección, cuya violación expone la integridad física de las personas que habitan o transitan por los espacios fronterizos, arriesgando su vida, paz y propiedades.

Al asumir como legítimas órdenes superiores de actuación al servicio de los grupos armados irregulares o la protección de éstos, la Fuerza Armada se aparta de sus
principios de garantía de la Seguridad de la Nación y asume subordinación a parcialidades políticas o individualidades, conductas que derivan en el delito de
traición a la patria.

 

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