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Activistas de FundaRedes denunciaron ante la Defensoría del Pueblo del estado Falcón un desalojo arbitrario en contra de un grupo de familias, a quienes el Ministerio de Hábitat Vivienda en esa entidad les quitó los inmuebles donde habían residido durante años, y del cual tenían documentos de adjudicación legales.

 

José Pumar y su esposa Zulay Silva, afectados por este procedimiento arbitrario, narraron que el día 14 de julio del presente año llegaron a su hogar, encontrándose con la sorpresa de que su casa estaba siendo habitada por una familia totalmente desconocida, en virtud de un certificado que les otorgaba una adjudicación de su vivienda, el cual carece de los respectivos sellos y firmas de los organismos competentes. Aunado a ello las personas que se encontraban pernoctando allí, estaban haciendo uso de los bienes muebles pertenecientes a los propietarios iniciales de la vivienda.

 

Este procedimiento de readjudicación de una misma vivienda y desalojo de sus adjudicatarios legales, fue documentado por FundaRedes como una vulneración de los derechos de las familias afectadas, ya que el Estado, sin previo aviso, les quita su lugar de residencia y promueve esta situación.

 

La denuncia inicialmente fue llevada ante el Ministerio de Hábitat y Vivienda donde solo les respondieron que: “lastimosamente perdieron su vivienda. Realicen una lista de los bienes muebles con los que ustedes contaban en esta vivienda para que le hagan entrega de ellos”.

 

Desde FundaRedes se acompañó a la familia Pumar Silva, ante la Defensoría del Pueblo del estado Falcón, para denunciar esta ilegal adjudicación de una vivienda ya asignada que genera un procedimiento de desalojo indirecto y arbitrario, pero lo más alarmante es que ésta misma situación se repite con cuarenta familias en la misma urbanización, quienes no incumplieron sus obligaciones como adjudicatarios, por lo cual la adjudicación otorgada en 2006 no puede ser revocada unilateralmente y sin procedimiento previo.

 

En este caso, la familia afectada, con asesoría jurídica de los activistas de FundaRedes, solicitaron formalmente, se investigue ésta violación flagrante de derechos fundamentales que se cometió contra el ciudadano José Elías Pumar y su familia, por parte de los representantes del Ministerio de Hábitat y Vivienda, ya que las personas afectadas se quedaron sin un techo y se encuentran desasistidos por parte del Estado venezolano. (Prensa FundaRedes).