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A través de su red de activistas y defensores de derechos humanos, FundaRedes llevó asesoría en a los habitantes de la comunidad La Villa de San Pedro, en La Romera de San Cristóbal, donde además de padecer la precariedad de los servicios públicos, y una creciente inseguridad, ahora enfrentan el deterioro total de la escuela nacional Antonio Ramón Silva, que atiende a los niños de este sector.

Techos a punto de derrumbarse,  una infraestructura en general deteriorada y sin dotación de equipos y mobiliarios, es el escenario que plantearon los miembros de estas comunidades sobre la escuela nacional Antonio Ramón Silva, con preocupación ya que, una vez terminen las restricciones por la pandemia de COVID-19, la institución no tendrá condiciones para recibir a los estudiantes.

En una asamblea con los vecinos, el equipo jurídico de FundaRedes, así como otros miembros de la organización, explicaron a los asistentes que, tanto el acceso a los servicios públicos como un servicio educativo de calidad y en óptimas condiciones son derechos fundamentales de las personas, que deben ser garantizados por el Estado, y es por ello que no pueden guardar silencio y deben acudir a los organismos correspondientes a denunciar estas situaciones y exigir soluciones.

De igual manera, los habitantes de La Romera expresaron su preocupación por el deterioro de los espacios para la recreación, como es el caso del parque La Parada, cuyos ambientes han sido tomados por bandas delincuenciales que atemorizan a la población y les impiden el disfrute y sano esparcimiento.

En cuanto al suministro del gas doméstico aseguraron que lo recibieron en el mes de agosto luego de 5 meses en espera, sin embargo, indicaron que este servicio deben cancelarlo en pesos colombianos o dólares, un costo muy alto que la mayoría de los ciudadanos no pueden cancelar.

También indicaron que sufren más de 8 horas de cortes de energía eléctrica al día, situación que les impide cumplir con sus actividades laborales y domésticas, pero además dificulta el cumplimiento de las asignaciones educativas de los estudiantes con la enseñanza en línea en medio del aislamiento social.

Luego de brindar la asesoría y escuchar los planteamientos de la comunidad, el equipo de FundaRedes se comprometió en continuar la labor de acompañamiento para adelantar incidencia en los entes nacionales correspondientes, documentar el caso, y exigir respuestas a las problemáticas.

Desde FundaRedes se reiteró la disposición para atender a las comunidades que así lo requieran, en materia de vulneración de derechos humanos en los distintos estados fronterizos de Venezuela. (Prensa FundaRedes)