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La violencia en los estados del sur de Venezuela crece a pasos agigantados de la mano de grupos armados irregulares que se han distribuido esos territorios y controlan la extracción minera en esa vasta y rica región que registra la mayor densidad poblacional de pueblos y culturas indígenas. Debido a la creciente migración interna estas comunidades constituyen una fuente de mano de obra barata para estas organizaciones armadas, cuya expansión y operaciones transfronterizas, especialmente hacia Colombia, son un riesgo para la estabilidad de la región.

Su presencia en la zona no es reciente, llevan allí más de diez años, pero ha crecido en el último quinquenio tras el desarrollo de operaciones en el denominado Arco Minero del Orinoco, que abarca 111.800 kilómetros cuadrados y ocupa zonas de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, región declarada en 2016 Zona de Desarrollo Estratégico Nacional. Allí se concentra la explotación de oro, diamantes, bauxita, coltán, hierro y cobre. Un documento elaborado en abril del año 2020 por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Washington, señala que por lo menos 60% del financiamiento del ELN y 50% de las FARC proviene de la explotación
de minas en Venezuela.

Un informe realizado por la Asamblea Mundial por la Amazonía titulado Situación de la Amazonía venezolana en tiempos de pandemia revela que entre los estados Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar hay 1.781 puntos de minería ilegal cercanos a cuencas de ríos que terminan contaminando el agua, la fauna y el ecosistema, además de ser perjudicial para las comunidades indígenas de la zona.

 

“La minería, en todas sus expresiones, representa una invasión territorial para los pueblos indígenas, que conlleva formas de trabajo forzado, despojo de sus territorios, fragmentación de sus modos de vida, transculturación, tráfico de mujeres para redes de prostitución o reclutamiento de indígenas para integrar grupos irregulares armados”, se señala en el documento.

Venezuela es un país rico en recursos hídricos, a pesar de ello vive la inexplicable contradicción de padecer graves carencias de agua apta para el consumo humano en la mayor parte de su
territorio. La preservación de las fuentes de agua como garantía de supervivencia para las generaciones presentes y futuras constituye un imperativo para el desarrollo de políticas públicas, más aún cuando no solo se trata de contaminación de fuentes de agua, sino de la destrucción de todo un ecosistema milenario y de especies que constituyen nuestra riqueza natural.

En el marco de la Constitución venezolana el derecho al ambiente conlleva un deber correlativo de su protección. El artículo 127 se lo impone al Estado y establece el compromiso
de proteger la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. Previendo estas
circunstancias, el artículo 129 constitucional impone que todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural.

El desarrollo de una actividad minera en abierta contradicción con las disposiciones constitucionales, bien sea por el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones emitidos por autoridades del Estado o en ausencia de autorizaciones formales y legales, por su mirada displicente y la inacción frente a la explotación ilegal de la minería, constituyen una lesión flagrante del deber de protección al ambiente que se traduce en una violación del derecho a la vida, pues compromete la existencia de poblaciones presentes y futuras.

Una característica de la minería en Venezuela es que parte de su producción se comercializa sin control del Estado. Se conoce que toneladas de oro venezolano llegan al extranjero por contrabando pese al control y custodia que debería ejercer la Fuerza Armada Nacional.

 

 

Recientemente, se han detectado cargamentos de oro por contrabando a Holanda, vía Aruba y Curazao, e incluso hasta en África lo han incautado. El Banco Central de Venezuela refina en Turquía oro que compra a mineros artesanales.

MINAS, EXPLOTACIÓN Y VIOLENCIA

En el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentado en julio del año 2020 ante los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, se describe cómo grupos criminales conocidos localmente como “sindicatos” ejercen el control sobre una gran cantidad de operaciones de extracción en el Arco Minero del Orinoco y cómo mantienen su presencia y actividades ilegales en las minas a través de un sistema de corrupción y soborno que incluye pagos a militares.

“Deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección”, se indica en el informe.

“Las autoridades deberían de tomar medidas inmediatas para terminar con la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y la trata de personas, y deberían desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras”, dijo Bachelet en su declaración. “También deberían investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos”, recomendó.

En abril de 2020 el pueblo Uwottüja, del estado Amazonas, reclamó en una asamblea de comunidades indígenas que el régimen de Nicolás Maduro no atiende sus problemas y necesidades. Los habitantes de los cuatro ríos (Sipapo, Cuao, Autana y Guayapo) y el sector Orinoco medio decidieron defenderse por sí mismos de “la invasión silenciosa” de organizaciones armadas y bandas criminales, y de la práctica de actividades ilegales en su demarcación.

La minería ilegal, actividad en la que los grupos armados irregulares juegan un papel preponderante, ha dejado entre las comunidades indígenas del sur de Venezuela una secuela de hostigamiento, persecuciones, desapariciones, torturas, abuso sexual, migración forzada, esclavitud moderna, además de un severo daño ecológico y cultural. En febrero 2020 la organización Human Rights Watch (HRW) señaló que “residentes del estado Bolívar, al sur de
Venezuela, son víctimas de amputaciones y ecológico y cultural. En febrero 2020 la organización Human Rights Watch (HRW) señaló que “residentes del estado Bolívar, al sur de Venezuela, son víctimas de amputaciones y

 

otros abusos atroces cometidos por grupos armados que controlan minas de oro, incluidas organizaciones venezolanas conocidas como ‘sindicatos’ y las guerrillas de origen colombiano con presencia en la zona. Los grupos armados parecen actuar generalmente con la aquiescencia del gobierno y, en algunos casos, con su participación, para mantener un férreo control de las poblaciones locales… Muchos asesinatos no se denuncian porque ocurren en lugares remotos, a menudo habitados por indígenas, con infraestructura limitada de transporte o comunicación”, señaló la organización.

El recrudecimiento de la violencia en las zonas de frontera en los últimos años y la feroz explotación minera a lo largo de la cuenca del Orinoco han generado una vulnerabilidad aún mayor en la frágil supervivencia social y cultural de las comunidades indígenas venezolanas, agobiadas ahora por la actuación de organizaciones armadas que reclutan o someten a sus integrantes.

El incremento desmedido del contrabando en el Arco Minero del Orinoco ha sido producto de la progresiva ejecución de prácticas criminales en las que participan diversos actores que se aprovechan de la extracción ilegal de minerales, en complicidad con funcionarios y efectivos militares venezolanos, que les han permitido no sólo su ingreso y permanencia en la zona, sino además un crecimiento y fortalecimiento que han afectado de manera significativa la vida y la cotidianidad de las comunidades indígenas que han habitado históricamente estos territorios y que hoy ven destruidos sus recursos de subsistencia, amenazada su paz y alterada su identidad cultural.

Armando Obdola, presidente de la ONG Kapé-Kapé, afirmó durante una conferencia virtual presentada en julio que “muchas de las comunidades indígenas se sienten atadas a las amenazas, no sólo de estos grupos irregulares, sino también de agentes políticos del Estado”. Confirmó que en la
zona actúan los llamados “sindicatos”, bandas delincuenciales integradas por líderes carcelarios; disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene mayor arraigo en el estado Amazonas, junto a la Fuerza Armada venezolana. Sus acciones se extienden a las fronteras de Venezuela con Brasil y Guyana y han dividido el territorio y establecido zonas de control. Por ejemplo, algunos “sindicatos” que inicialmente cometían secuestros y extorsiones en los principales centros poblados del estado Bolívar se expandieron hacia las zonas mineras; mientras que las FARC y el ELN llegaron procedentes de Colombia para asentarse en los yacimientos mineros de Amazonas.

La división de los territorios, inicialmente asociada a fuertes enfrentamientos entre las distintas agrupaciones armadas, ha devenido en un aparente acuerdo de parcelamiento donde cada grupo ejerce control sobre determinados territorios, lo que para los civiles representa un riesgo adicional, pues la movilidad “interterritorial” está condicionada por los liderazgos de cada zona, así como las

 

 

actividades de control que al interior de estos territorios se imponen, convirtiendo a los líderes armados en usurpadores de la autoridad legítima que corresponde al Estado venezolano. Grupos indígenas, a veces armados, han luchado contra las incursiones de operaciones mineras ante la inacción de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano.

En febrero de 2019 FundaRedes solicitó a la Cancillería de Colombia una investigación respecto a la actuación de los grupos irregulares colombianos en la frontera con Venezuela, llamando la atención sobre las agresiones cometidas contra la población venezolana y especialmente contra los pueblos indígenas con arraigo ancestral en los estados del sur del país, cuyos habitantes han señalado que el ELN tiene el control de los recursos explotados en el Arco Minero del Orinoco, los cuales serían pasados de forma ilegal a Colombia.

Activistas de FundaRedes en Bolívar recibieron denuncias de la comunidad indígena yekuana sobre el asesinato de dos miembros de la Guardia Indígena del Alto Caura, identificados como Cristian Flores y Franklin Sarmiento, muertos a tiros en mayo pasado cuando fueron emboscados por un grupo armado irregular que arremetió contra quienes se encontraban en la mina ilegal La Bullita, ubicada en el sector Salto La Puerta, en la boca del río Yuruaní con el río Caura.

En mayo de 2020 FundaRedes presentó un informe ante la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela nombrada por Naciones Unidas en el que señaló que las guerrillas del ELN y las FARC actúan en los territorios del Arco Minero del Orinoco, donde mediante el uso de la fuerza se han apropiado de importantes espacios territoriales para el control de las actividades y de esa manera financiar las actividades criminales.

El 21 de agosto de 2020, FundaRedes interpuso ante la Fiscalía Superior del estado Bolívar un documento en el que solicita determinar si en los hechos de violencia denunciados en la zona hubo participación de grupos armados irregulares que constituyan vulneración de derechos para las personas que se dedican a la actividad minera a fin de que se les garanticen sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución.