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Cuarenta y cuatro pueblos indígenas que habitan en los estados fronterizos de Venezuela Zulia, Apure, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas y Anzoátegui, además de algunas etnias seminómadas que deambulan de un lado a otro de la frontera con Colombia y Brasil, están expuestos a las violentas acciones de grupos armados irregulares que controlan el paso ilegal de mercancías, combustibles y personas.

El recrudecimiento de la violencia en los espacios de frontera en los últimos años ha generado una vulnerabilidad aún mayor en la ya frágil supervivencia social y cultural de las comunidades indígenas venezolanas, afectadas ahora por la actuación de organizaciones armadas con alto poder de fuego que reclutan o someten a sus integrantes.

Tal fue el caso de Francisco Rafael Márquez Prepo, de 36 años de edad, perteneciente a la comunidad indígena Cumanagoto, asesinado de dos disparos a mediados de junio de 2020 y su cadáver localizado en el lado colombiano de una trocha binacional, adonde lo trasladaron sus victimarios. Una fuente judicial dijo que guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) habrían matado a Márquez por presuntamente ser el encargado del cobro de extorsiones en la zona fronteriza que comunica a Puerto Santander (Colombia) con Boca de Grita (Venezuela) para
el grupo paramilitar colombiano Los Rastrojos, contra el que mantiene una abierta disputa.

Pero en estas comunidades vulnerables la violencia no sólo proviene de los grupos armados irregulares como las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla del ELN, los denominados “sindicatos” (grupos delictivos que se han apoderado del control de las minas de oro) o incluso células de Hezbolá, sino también de los cuerpos de seguridad del Estado que deberían garantizar la seguridad de todos los venezolanos.

Ejemplo de ello es la denominada Masacre de Kumarakapay ocurrida el 22 de febrero 2019 en medio del ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Un grupo de líderes indígenas pemones se negaron a permitir el acceso de convoyes del Ejército que pretendían impedir la entrada de esa ayuda, en respuesta los uniformados abrieron fuego y causaron la

 

muerte a siete personas, otras 43 resultaron heridas y detuvieron de manera arbitraria a 60 indígenas, incluidos cuatro menores de edad, lo que motivó el desplazamiento de algunos heridos hacia Brasil. Hasta la fecha, ninguno de los uniformados ha sido detenido por este hecho.

El informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación de los DDHH en Venezuela, presentado en 2019, ubica a los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela entre los grupos de riesgo. En Venezuela habitan los grupos étnicos baniva, warekena, sapé, baré, yabarana/mako, wanai/mayopo, kubeo, nengatú/yeral mapoyo, jiwi, kariña, warao, hoti, cumanagoto, chalma, curripako, pumé/yaruro, wayúu, piapoco, cuiba, añú, puinave, uruak/arutaní, barí, sáliba, akawayo, yukpa, arawako, japrería, piaroa/wotjuja, panare/eñepá, ayaman, yanomami, pemón, amorúa, inga, yekuana, quinaroe, guazabara, gayón, camentza, guanono, timones, mako.

A pesar de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) reconoce en su Título III, Capítulo VIII los derechos de los pueblos indígenas y que el Estado venezolano suscribió la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007 esta población es reiteradamente víctima de violaciones a sus derechos tanto por el propio Estado que desatiende sus profundas necesidades y permite la acción violenta de funcionarios de organismos de seguridad, como por los grupos armados irregulares que progresivamente han ocupado territorios de los pueblos indígenas con graves implicaciones.

El 29 de mayo de 2020 FundaRedes presentó un informe ante la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela designada por Naciones Unidas en el que denuncia que el ELN ha desplegado agresivas acciones con movilización de tropas y ocupación de territorios que han obligado al desplazamiento de otros grupos y ha sumado a sus filas a integrantes de etnias indígenas como los yaruro y los cuibas en el estado Apure. Los grupos armados irregulares también reclutan a indígenas en los municipios Cedeño, Sucre y Sifontes del estado Bolívar.

La ocupación de estos espacios donde conviven las comunidades indígenas por parte de agrupaciones armadas y su proceso correlativo de dominación afecta el derecho de las comunidades indígenas a su organización social, política y económica, además incide en el desarrollo y preservación de sus culturas, usos y costumbres, altera su hábitat y el ejercicio de los derechos originarios sobre las tierras que ancestralmente ocupan, impidiéndoles la preservación y el aprovechamiento de sus recursos naturales necesarios para garantizar sus formas de vida como
lo establece el artículo 119 de la Constitución y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Un ejemplo fue la masacre ocurrida en noviembre de 2019 en la comunidad minera Ikabarú, en la Gran Sabana, que dejó al menos cinco personas muertas, entre ellos indígenas pemones. De acuerdo con información de la organización no gubernamental Transparencia Venezuela, los responsables fueron “miembros de una de las bandas criminales que están enquistadas en las minas del estado Bolívar y que buscaba hacerse con el control de los yacimientos de oro del lugar y someter a los mineros indígenas y no indígenas que allí se encontraban”.

En Delta Amacuro, una ONG que trabaja con temas indígenas, lleva registro de hechos de violencia que van desde robos de motores hasta asesinatos contra esta población vulnerable de parte de estos grupos criminales e incluso de militares venezolanos. Mencionó en entrevista con activistas de nuestra organización que una madre y su hija murieron a manos de personal castrense.

En febrero de 2019 FundaRedes presentó ante la Cancillería de Colombia una denuncia sustentada con documentos probatorios sobre la actuación de grupos irregulares de origen colombiano en Venezuela y la vulneración a los derechos humanos de las poblaciones indígenas de los estados del sur de Venezuela debido a la omisión del Estado venezolano que pese a conocer la situación no ha actuado para evitar que el ELN ejerza el control del Arco Minero del Orinoco.

Ante toda esta situación, la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela, agravada por la pandemia del COVID-19, complica aún más las condiciones de las comunidades indígenas marcada por la constante violación a sus derechos fundamentales. Ahora, la presencia de estos grupos con alto poder armamentístico en sus territorios dificulta la atención que pudiesen brindarle organismos internacionales y organizaciones nacionales, regionales o locales en materia de salud y alimentación, pues la movilización por estas zonas requiere permisos especiales otorgados por las organizaciones armadas.

Es tal la gravedad de la situación, que la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA) advirtió en un informe publicado el 1° de agosto de 2020 que la agudización de la violencia armada en la frontera entre Colombia y Venezuela generó desplazamientos masivos de población, entre ellos 325 venezolanos, 82 indígenas wayúu y 45 ancianos.

 

“Del desplazamiento proveniente del estado de Zulia en Caño Motilón (Venezuela), y de los desplazamientos en zona rural de Cúcuta y Tibú (Colombia) se ha identificado un total de 1.019 víctimas”, detalló la OCHA en el comunicado.

El artículo 328 de la Constitución establece que la Fuerza Armada Nacional tiene entre sus funciones principales la defensa del territorio y la soberanía de la Nación, en la práctica la institución castrense no cumple a cabalidad con esta función, lo que ha permitido que la guerrilla de origen colombiano, los grupos paramilitares y las bandas criminales ocupen zonas de frontera del lado venezolano y se disputen el control de territorios, sometiendo a la población a graves riesgos que atentan contra su vida e integridad personal y comunitaria.

VULNERADO EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
De acuerdo con una investigación realizada por la ONG Kapé-kapé, especializada en temas indígenas, 22% de las escuelas en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro están ubicadas en lugares improvisados donde el Estado venezolano no ha ejercido la debida planificación, los centros educativos no cuentan con servicios básicos como agua, energía eléctrica y aguas servidas; el programa alimentario escolar funciona de manera intermitente y con severas fallas que se prolongan por varios meses. Todo ello aunado a la presencia de grupos armados que propician el desplazamiento forzado de comunidades enteras ha redundado en un elevado índice de deserción escolar.

La misma situación se evidencia en pueblos indígenas del estado Zulia donde, por citar un ejemplo, en la escuela Luisa Cáceres de Arismendi, ubicada en el municipio Jesús Enrique Lossada, que tiene una matrícula de 203 alumnos, los varones que cursan el sexto grado faltan cada vez más a clases porque se van a trabajar en la recolección de hoja de coca, aseguró una docente de la institución a activistas de FundaRedes, lo que los hace blanco fácil de ser reclutados por los grupos armados irregulares que tienen presencia activa en la región. De acuerdo con este testimonio, la infraestructura de la institución está en malas condiciones, no hay agua potable ni electricidad y el programa de alimentación escolar es casi inexistente.

La crisis económica ha impulsado a jóvenes de algunas comunidades indígenas a sumarse voluntariamente a las filas de la guerrilla o de otras agrupaciones armadas al verlas como una alternativa para obtener ingresos que les permitan mejorar la calidad de vida de sus familias.

El 17 de junio de 2020 la organización denunció ante la Subcomisión de Fronteras de la Asamblea Nacional la vulneración de los derechos humanos que padecen las comunidades indígenas y cómo la actuación de los grupos armados irregulares pone en riesgo la vida, la seguridad y la paz de estos pueblos ancestrales que ahora tienen invadidos sus territorios por estas organizaciones armadas de notable peligrosidad.

La inacción del Estado venezolano en la defensa del territorio y la soberanía, y en atender las denuncias presentadas en diversas instancias, como la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, ha permitido que estos grupos operen en territorios indígenas, incluso nuestra organización ha recibido denuncias de que agentes de organismos de seguridad también cometen hostigamiento y hechos de violencia que conllevan al desplazamiento de comunidades completas de sus espacios naturales, lo que constituye una flagrante violación a los derechos de los pueblos indígenas y el incumplimiento del mandato constitucional, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y de tratados y convenios internacionales.