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Las restricciones por el estado de alarma y la orden de cuarentena para prevenir la propagación de la COVID-19 no ha impedido a los grupos armados irregulares que mantienen una pugna por el control de los territorios fronterizos en Venezuela seguir actuando y causando zozobra en los habitantes de las comunidades ubicadas a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera con
Colombia.

Como parte de las medidas ordenadas por Nicolás Maduro destacan las relacionadas con la seguridad fronteriza y la movilidad internacional, interestatal e intermunicipal, con especial impacto en los estados Apure, Táchira, Zulia y Bolívar mediante el cierre de entradas y salidas entre los estados, excepto para la cadena de distribución de alimentos, servicios sanitarios y de salud, seguridad policial y militar, transporte, electricidad, gas, combustible, desechos sólidos y
telecomunicaciones.

Pero el cierre de los pasos formales entre los estados Táchira, Apure y Zulia con Colombia se convirtió en el acelerador inmediato de la violencia en estas zonas limítrofes. Los grupos armados irregulares siguen generando zozobra. En esta etapa de cuarentena se han registrado 151 hechos que incluyen enfrentamientos armados, desapariciones de personas, asesinatos –incluso con desmembramiento de cuerpos–, heridos y otros delitos como el tráfico de personas, extorsión y contrabando.

FundaRedes realiza un trabajo permanente de documentación, confirmación y procesamiento de datos, obtenidos mediante el seguimiento diario de reportes de prensa y denuncias recibidas por nuestra organización sobre la creciente violencia en la zona limítrofe de Venezuela con Colombia y Brasil, así como en la costa occidental colindante con las islas del Caribe. Como producto de esta labor fue posible establecer que durante el tiempo de cuarentena ha habido más víctimas por homicidios en las zonas fronterizas a manos de grupos armados irregulares de origen colombiano que personas muertas a consecuencia del coronavirus en todo el país.

Durante los últimos días de abril la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y grupos paramilitares retomaron la confrontación por el dominio del territorio fronterizo del estado Zulia. FundaRedes documentó mediante testimonios que esa agrupación mantiene un batallón con más de 100 hombres fuertemente armados en las adyacencias de la hacienda “El Catatumbo”, controla el kilómetro 23 vía a Encontrados, El Guayabo, Casigua El Cubo, así como también los sectores Madre Vieja, La Motilona y Caño 14, donde incluso tomaron la escuela, todas estas zonas ubicadas en el municipio Catatumbo del estado Zulia. Muchos productores abandonaron las tierras ante las incursiones violentas de esta célula guerrillera.

Por su parte, el grupo paramilitar Los Rastrojos se instaló en 22 fincas de esa localidad, las cuales ya venía despojando a sus dueños progresivamente. Residentes señalan que existe una alcabala en el kilómetro 33 en esa misma jurisdicción donde se encuentran apostados efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército, quienes tienen conocimiento, incluso con demarcaciones en un mapa, de dónde están los asentamientos de estos irregulares; sin embargo, no ha habido acciones contundentes para impedir sus operaciones.

En Táchira, voceros oficiales anunciaron el despliegue de 3.500 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y aseguraron haber reducido en 99% el paso ilegal a través de la frontera. Sin embargo, en abril y mayo, en medio del aislamiento social obligatorio para prevenir la COVID-19 y en momentos de mayor presencia militar y control por parte de los cuerpos de seguridad, dos personas fueron asesinadas en los pasos ilegales y otras 12 fueron reportadas como desaparecidas. Una de las víctimas fue un joven tachirense de 26 años de edad, identificado como Michell Andrés García Flores, que se dirigió hasta el sector La Parada (Colombia) a comprar

un pollo para su familia pero nunca regresó. “A quienes estaban con él les aseguraron que lo iban a soltar, pero nunca lo hicieron. Contaron que eran hombres armados con aspecto de guerrilleros”, relataron familiares al diario colombiano La Opinión.

Un hecho sin precedentes ocurrió el día 8 de abril en Libertad, municipio Capacho Viejo, estado Táchira, cuando un grupo de personas que la comunidad identifica como integrantes del ELN se presentaron en instalaciones del colegio Santa Mariana de Jesús, ubicado en la carretera que une San Antonio con San Cristóbal, donde se llevaba a cabo una reunión entre el alcalde, autoridades militares y miembros de la comunidad de padres y representantes de la institución.

 

 

Versiones de testigos indican que ante la negativa de los padres de acceder a que la institución educativa fuese utilizada como refugio para 150 migrantes retornados, los militares se retiraron
y minutos después llegó un grupo de hombres vestidos con uniformes camuflados y portando armas largas que golpearon y amenazaron a los presentes. “Llegó la guerrilla del ELN y comenzaron a golpear a muchos de los que estaban ahí dialogando. Me les acerqué y les dije que yo era una persona de paz, que todos éramos gente de paz, que estábamos tomando decisiones importantes para el bien de la comunidad, y me atravesé para evitar que siguieran golpeando con los fusiles a los hombres, yo ponía la mano en el fusil y les decía: Por favor, guerrillero baje el fusil, nosotros somos personas de paz. Luego les pedí que se retiraran, aceptaron y se fueron”, relató la madre Rosalía Peralta, religiosa coordinadora pedagógica de la institución en una entrevista con activistas de Fundaredes.

El 6 de mayo de 2020 FundaRedes presentó en la Fiscalía General de la República un documento en el que indica que las actuaciones de personas señaladas por la comunidad de Libertad y la religiosa Rosalía Peralta como miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) constituyen acciones tipificadas como delitos en el ordenamiento jurídico venezolano, por lo que se solicitó formalmente el inicio de una investigación, al tiempo que ofreció su concurso para coadyuvar en el proceso de determinación en la medida, grado y condiciones que el ordenamiento legal lo
permita.

Adicionalmente, la organización pudo confirmar mediante diversos testimonios recabados en abril de 2020 que en el sector La Cristalina, que abarca parte de los municipios Capacho Viejo y Lobatera del estado Táchira, está establecida una célula del ELN bajo las órdenes de una mujer que se hace llamar “comandante Selva”, quien extorsiona a productores agrícolas y demaś habitantes pidiéndoles ganado, siembras y terreno para resguardarse a cambio de protección. En el contexto de la cuarentena se han movilizado a esta zona cerca de 90 hombres fuertemente armados que han ocupado espacios en algunas fincas y presionan para pernoctar en las casas de las unidades de producción cercanas.

También en Táchira, en la fronteriza población de Boca de Grita, municipio García de Hevia, desde febrero y a lo largo de la cuarentena por la COVID-19 se han registrado enfrentamientos por el control de los pasos ilegales. En este caso, según testimonios recogidos por FundaRedes, en la disputa participan, además de la guerrilla y otros grupos armados irregulares, efectivos del Ejército venezolano (a quienes los lugareños identifican como “los boinas rojas”) y la Guardia Nacional Bolivariana. La intensidad de los combates causó el desplazamiento masivo de unas 200 familias de Boca de Grita hacia la vecina población de Puerto Santander, en Colombia, el 22 de abril de 2020.

El 5 de mayo los habitantes de los barrios Cayetano Redondo, La Lagunita y La Invasión, en San
Antonio del Táchira, municipio Bolívar, fueron afectados durante horas por una intensa balacera que dejó dos personas heridas. FundaRedes documentó los hechos mediante relatos y videos de

 

 

Claudio Calzadilla, propietario del fundo “La Fortaleza”, en el estado Apure, fue asesinado con flechas por indígenas aliados con el ELN y descuartizado

Claudio Calzadilla, propietario del fundo “La Fortaleza”, en el estado Apure, fue asesinado con flechas por indígenas aliados con el ELN y descuartizado

testigos que no quieren ser identificados, pues temen por sus vidas ante las amenazas y advertencias de los grupos irregulares.

Al respecto, FundaRedes introdujo un documento el 12 de mayo de 2020 ante la Fiscalía Superior del estado Táchira para solicitar una investigación por considerar que esta actuación de organizaciones armadas irregulares pone en peligro derechos universales a la vida, la integridad personal, la libertad y la seguridad de los habitantes de la frontera venezolana, y que la nula o deficiente actuación de los cuerpos de seguridad no garantiza a los ciudadanos su derecho a la protección por parte del Estado.

ALIANZAS DE LA GUERRILLA CON GRUPOS INDÍGENAS
En Amazonas, la presencia del ELN es cada vez más evidente en Puerto Ayacucho, Puerto Páez y San Fernando de Atapabo, poblaciones ubicadas en el estado Amazonas, sobre los márgenes del río Orinoco, donde el índice de criminalidad es mayor al registrado oficialmente, pues el temor prevaleciente en los habitantes no permite el acceso a información precisa de lo que sucede en esta región.

Al respecto, el diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela y presidente del Parlamento Amazónico, Romel Guzamana, alertó el 2 de junio sobre la incursión de grupos armados  pertenecientes a las FARC, al ELN y al Hezbolá en comunidades indígenas al sur del país. Denunció que estas organizaciones manejan el contrabando de combustible, minería ilegal y narcotráfico en la zona, y que tienen el control de la Amazonía, considerada el pulmón vegetal del mundo, por ser extensa y rica en recursos minerales, “que está siendo explotada y entregada vilmente a manos criminales”.

Mientras que en Apure, productores agropecuarios afirmaron que son víctimas de una nueva forma de violencia que surgió de alianzas del Ejército de Liberación Nacional con algunos miembros de las etnias indígenas Yaruro y Cuiba quienes con el uso de arcos y flechas se han constituido como nuevos brazos armados de la guerrilla para amenazar, extorsionar e incluso asesinar con elevados niveles de crueldad a propietarios de fincas y productores venezolanos.

Tal fue el caso reciente de Claudio Ramón Calzadilla, propietario del fundo “La Fortaleza”, ubicado a un kilómetro del río Capanaparo, un curso de agua binacional en la frontera entre el estado Apure (Venezuela) y el departamento de Arauca (Colombia). En abril de 2020 tres caballos fueron sustraídos de su propiedad y cuando salió a investigar el paradero fue interceptados por un grupo de entre 10 y 15 indígenas que lo atacaron con flechas. Pese a que intentó escapar, el hombre de 31 años de edad fue alcanzado, asesinado y descuartizado. Sus restos fueron lanzados a las aguas del río Capanaparo. El hecho se conoció por el relato de dos obreros que acompañaban a la víctima y lograron escapar, pues los atacantes enfocaron en alcanzar al dueño de la propiedad.

 

 

En Bolívar, la pugna por el control de los yacimientos del Arco Minero del Orinoco mantiene enfrentados a los denominados “sindicatos”, con los grupos de la guerrilla del ELN y las fuerzas policiales y militares. San Félix, El Callao, El Dorado y Tumeremo son algunas de las zonas asociadas a la guerra de bandas, ajustes de cuentas y presuntas ejecuciones extrajudiciales. Los
crímenes allí registrados evidencian altos niveles de violencia y crueldad.

Debido a la agudización de los enfrentamientos por el control de territorios entre estos grupos armados que han causado muertes, extorsión, abigeatos y otros hechos violentos durante la cuarentena en Venezuela, en la denuncia que FundaRedes presentó ante la Fiscalía General de  a República el pasado 6 de mayo de 2020 también solicitó que se investigue la situación en Apure, Bolívar y Amazonas a fin de garantizar la dignidad humana de los habitantes de esos territorios fronterizos que hoy está siendo vulnerada. Sin embargo, no ha habido ninguna acción para evitar que los grupos armados irregulares de origen colombiano continúen actuando en los límites con Venezuela, así como no han sido atendidas las constantes denuncias interpuestas en los últimos años por la organización a fin de frenar estas incursiones y violaciones de derechos humanos a la población fronteriza.

 

 

 

 

Además, el 29 de mayo de 2020 la organización presentó ante la Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas para la Determinación de los Hechos en la República Bolivariana de Venezuela un informe en el que se evidencian las violaciones de derechos humanos cometidas en el país por los grupos armados irregulares que operan con conocimiento –y algunas veces complicidad– de los cuerpos de seguridad del Estado, y cómo estos organismos a su vez actúan como fuerzas de exterminio contra la población vulnerable.

Preocupa a FundaRedes la nula o deficiente actuación de los cuerpos de seguridad para garantizar a los ciudadanos su derecho a la protección por parte del Estado. Sin lugar a dudas, es alarmante ver que el agravamiento del conflicto institucional en Venezuela se ha proyectado en actos de violencia que repercuten en atentados contra la vida y contra la integridad personal al restringir garantías consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y contraviniendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tratados internacionales que Venezuela ha suscrito y ratificado, a través de los cuales se ha comprometido a velar por la seguridad de todos sus ciudadanos.