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En Venezuela la criminalidad se ha convertido en un fenómeno que afecta a la sociedad, obligada a convivir con grupos al margen de la ley, los cuales sustituyen al Estado y ejercen el control en algunas comunidades y territorios. A pesar del masivo éxodo generado por la Emergencia Humanitaria Compleja que padece el país, los índices de criminalidad, lejos de descender van en aumento. El Estado venezolano muestra ausencia en el control del territorio, pero además en la escasa y opaca información oficial, pues desde hace años dejó de dar estadísticas reales sobre los hechos delictivos.

A pesar de las dificultades para la recolección y verificación de hechos violentos, FundaRedes mantiene el trabajo de documentación, confirmación y procesamiento de data obtenida por el seguimiento diario de los reportes de prensa y las denuncias recibidas por nuestra organización sobre la creciente violencia en la zona limítrofe de Venezuela con Colombia y Brasil, así como en la costa occidental colindante con islas del Caribe. De allí surge la Curva de la Violencia correspondiente al primer trimestre de 2020, la cual al igual que los resultados obtenidos en el informe del año 2019, evidencia la cultura de violencia que ha crecido en Venezuela, particularmente en los estados fronterizos. Esta dramática realidad compromete a la organización a seguir construyendo tejido social para la promoción y defensa de los derechos humanos, entendiendo que su defensa solo es posible si se logra determinar la violación, y así desarrollar los procesos de documentación, denuncia e incidencia pública
.

UNIDADES DE ANÁLISIS: SÍNTESIS Y CARACTERÍSTICAS:

Como datos reveladores de las tres unidades de análisis de este instrumento: homicidios, desaparecidos y enfrentamientos en las seis entidades que abarca la Curva de la Violencia: Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, encontramos:

HOMICIDIOS

2020 inició con una inusitada violencia en los estados fronterizos donde grupos armados irregulares y bandas criminales han impuesto la cultura de la muerte y se percibe la ausencia del Estado y su incapacidad en el cumplimiento del deber de dar protección a los ciudadanos, establecido en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), así como su propia acción a través de los homicidios extrajudiciales, quebrantando el derecho a la vida consagrado en el artículo 43 de la CRBV y el 3° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Al comparar los homicidios del primer trimestre de este año con los del primer trimestre de 2019 se evidencia un incremento de 73,29%, al pasar de 307 a 532 víctimas.

Gráfico 1. Homicidios cometidos en los estados fronterizos durante el primer trimestre de 2020

 

La relación de homicidios ocurridos durante el primer trimestre del 2020 en los estados fronterizos con respecto a 2019 evidencia un incremento significativo.

Gráfico 2. Total de homicidios cometidos en los estados fronterizos desde enero de 2019 a marzo 2020

Hombres y armas de fuego: factores predominantes en homicidios. Del total de 532 homicidios, 509 víctimas eran hombres, 21 mujeres, y fueron halladas dos osamentas que debido a su avanzado estado de descomposición no se pudo determinar el sexo. A pesar de la suspensión del porte de armas vigente en el país desde 2013, 90% de las víctimas murieron por arma de fuego; del resto, 5% por arma blanca, 2% a golpes; 2% por estrangulamiento o asfixia, mientras que en 1% de los

casos no se logró establecer o no se reveló oficialmente la causa de muerte. Las edades de las
víctimas oscilaron entre 10 meses de nacido y 69 años; 10 eran menores de edad.

Gráfico 3. Relación víctimas de homicidios por género en los estados fronterizos durante el primer trimestre de 2020

Gráfico 3. Relación víctimas de homicidios por género en los estados fronterizos durante el primer trimestre de 2020

 

DESAPARECIDOS

Si en el primer trimestre de 2019 causó alarma la cifra de 23 desaparecidos, este año genera estupor el incremento a 61, lo que revela la despreocupación del Estado y la falta de investigación de las denuncias que familiares de las víctimas y FundaRedes han formulado sobre las desapariciones de personas en circunstancias que comprometen incluso a cuerpos de seguridad del Estado, aun cuando Venezuela ha suscrito la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, así como de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues el derecho a no sufrir desaparición forzada un derecho humano. Al comparar el número de desaparecidos del primer trimestre de 2020 con los del primer trimestre de 2019 hubo un incremento de 165,22% casos.

La indiferencia de los organismos de seguridad ante las denuncias sigue alimentando la impunidad. En los secuestros es común que los casos se resuelvan por arreglos entre los captores y los familiares o que las víctimas sean halladas sin vida. No es el caso de los desaparecidos en el mar en sus intentos por emigrar del país hacia las islas del Caribe; sus familiares siguen clamando la acción del Estado mientras prevalece la inacción de las instituciones responsables de garantizar sus derechos.

Gráfico 4. Desapariciones ocurridas en los estados fronterizos durante el primer trimestre de 2020

Gráfico 4. Desapariciones ocurridas en los estados fronterizos durante el primer trimestre de 2020

 

Al igual que ocurrió con los homicidios las cifras de desaparecidos en los estados fronterizos se
incrementó significativamente durante el primer trimestre del año 2020 en comparación con 2019.

ENFRENTAMIENTOS

Crece también de manera significativa el número de enfrentamientos, muchos denunciados por
familiares, testigos y organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, así como también las ejecuciones extrajudiciales en procedimientos al margen de la ley. Cualquiera que sea su naturaleza, los enfrentamientos armados denotan la existencia de poderosas organizaciones irregulares armadas y bandas criminales que hacen presencia en la frontera y constantemente luchan entre sí y contra los cuerpos de seguridad del Estado por el control de los territorios y el manejo de las actividades económicas ilícitas. En el primer trimestre de 2020 hubo 151 enfrentamientos armados, de 99 ocurridos en el mismo trimestre de 2019, lo cual representó un incremento de 52,53%.

Gráfico 5. Número de enfrentamientos registrados en los estados fronterizos durante el primer trimestre de 2020

Gráfico 5. Número de enfrentamientos registrados en los estados fronterizos durante el primer trimestre de 2020

Al igual de las variables anteriores (homicidios y desapariciones) los enfrentamientos presentaron un incremento significativo con respecto al último trimestre del año 2019, no obstante al promediar las cifras del año anterior se observa un incremento medianamente significativo.

Las FAES a la cabeza. A pesar de la recomendación de oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la pertinencia de eliminar a las Fuerzas de Acciones de Especiales (FAES), esta unidad policial dependiente de la Policía Nacional Bolivariana sigue encabezando la lista de los organismos con más víctimas; seguidas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), las policías regionales, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Ejército y las policías municipales.

Gráfico 6. Relación de enfrentamientos por cuerpo de seguridad en los estados fronterizos durante el primer trimestre de 2020

Gráfico 6. Relación de enfrentamientos por cuerpo de seguridad en los estados fronterizos durante el primer trimestre de 2020

 

ASPECTOS RELEVANTES

Muertos en enfrentamientos. En un cruce de la data de dos unidades de análisis (homicidios y enfrentamientos) se evidencia una expresión dominante: de 532 homicidios ocurridos en el primer trimestre de 2020, 252 muertes ocurrieron por supuestos enfrentamientos armados, según la información oficial, lo que constituye un manejo irregular del uso de la violencia legítima por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en situaciones que ponen en duda la vigencia del artículo 43 de la CRBV que establece que ninguna autoridad podrá aplicar la pena de muerte en Venezuela.

La versión oficial señala que estos enfrentamientos ocurrieron entre bandas criminales contra organismos de seguridad del Estado. Entre las víctimas había 10 menores de edad de entre 15 y 17 años, cuyos familiares desmintieron las versiones policiales y militares que afirmaban que habían muerto en enfrentamientos. Lo que sí califica como enfrentamientos fueron las confrontaciones armadas entre grupos de guerrilla y paramilitares, y entre estos y fuerzas de seguridad del Estado. En uno de estos hechos suscitado en Apure murieron tres hombres y una mujer.

Mujeres vulnerables. La violencia marcó la progresiva vulneración de los derechos de las mujeres, pues 21 perdieron la vida de manera violenta a manos de sus padres, madres, padrastros, esposos o ex parejas; o fueron víctimas de criminales desconocidos o de funcionarios de seguridad del Estado; e incluso de grupos armados irregulares de origen colombiano. De los 21 femicidios ocurridos en el primer trimestre tres víctimas eran menores de edad de entre 3 meses y 2 años; y una adolescente de 14 años.

Organizaciones venezolanas de derechos humanos han advertido que la Emergencia Humanitaria Compleja impacta especialmente en la mujer, quien en muchos casos lleva la carga económica de los hogares y sobre quien recae la atención de niños, enfermos y adultos mayores. Aunado, su vulnerabilidad aumenta con la violencia intrafamiliar y la violencia criminal en constante aumento ante la falta de políticas públicas y de un sistema de justicia que las proteja, aun cuando en Venezuela existe legislación e infraestructura judicial en la materia. Además, la creciente crisis política, económica y de servicios públicos en el país hace que los femicidios muchas veces queden invisibilizados o reducidos a una información más en los medios de comunicación, y caigan en las estadísticas de impunidad.

EXPRESIÓN DE LA VIOLENCIA POR ESTADOS

Amazonas y Apure. En estos dos estados persiste la ausencia informativa debido al cierre progresivo de medios, a la censura y la autocensura en los que aún se mantienen operativos impuestas por temor a sanciones o, peor aún, a persecuciones o detenciones contra productores agropecuarios, líderes sindicales y periodistas. En estos estados se vulneran gravemente los derechos; a la libertad de expresión, a la información, además que por las precarias condiciones laborales y económicas, los medios de comunicación se han visto afectados por la migración de su personal.

Amazonas tiene gran extensión territorial y pocos habitantes; gran parte de su territorio es selvático, atravesado por redes fluviales que facilitan el transporte de drogas y muchas veces en estas aguas desaparecen personas que los grupos irregulares eliminan por algún motivo que los afecte en su labor delincuencial. El despliegue de las fuerzas militares es reducido y en su mayoría permiten la actuación de grupos al margen de la ley.

La presencia del ELN se hace cada vez más evidente en Puerto Ayacucho, Puerto Páez y San Fernando de Atapabo, poblaciones ubicadas sobre los márgenes del río Orinoco. El índice de criminalidad es mayor al registrado, pues el temor prevaleciente en sus habitantes no permite el acceso a información completa y precisa de lo que allí sucede. En Amazonas sólo se conoció de tres homicidios publicados por el único medio digital que aporta este tipo de informaciones,
además de algunos medios radiales, y un enfrentamiento.

Gráfico 7. Homicidios, desapariciones y/o secuestros, y enfrentamientos registrados en el estado Amazonas entre enero de 2019 y marzo 2020

 

Apure se ha convertido en una de las puertas de entrada del Ejército de Liberación Nacional (ELN) donde ha instalado parte de su personal estratégico para luego llegar al Arco Minero del Orinoco, pues allí obtienen rentas provenientes de la minería ilegal. Sus habitantes, amenazados y atemorizados, ocultan información de desapariciones, homicidios y enfrentamientos que ocurren en esa entidad. La prensa local registró 10 personas muertas en hechos violentos en el primer trimestre de 2020. Igualmente, reportaron un enfrentamiento entre miembros de la guerrilla del ELN y el Ejército venezolano en el que cuatro subversivos murieron, entre ellos dos mujeres. Los homicidios sucedieron con la utilización de armas de fuego en su mayoría, además de armas blancas. Igualmente, se dio un caso de femicidio en el municipio Páez del estado Apure.

Gráfico 8. Homicidios, desapariciones y/o secuestros, y enfrentamientos registrados en el estado Apure entre enero de 2019 y marzo 2020

 

Bolívar. En este estado del sur del país son ausentes los organismos de seguridad que impidan la actuación de grupos armados ilegales y la confrontación entre grupos criminales. Por el contrario, se presenta un escenario en el que se evidencia la marcada debilidad institucional, impunidad, establecimiento de corredores de tráfico de estupefacientes y minerales, y una frontera sin control legal, lo que hace de este territorio un espacio inseguro.

De los seis estados, Bolívar es el segundo más violento, por lo menos partiendo de la información de la prensa y las denuncias recibidas, pues es sabido que muchos crímenes ocurridos en las minas quedan fuera de los registros. El análisis de la Curva de la Violencia arroja 169 homicidios. En medio de la debilidad institucional, 60 personas murieron en supuestos enfrentamientos con uniformados. En cuanto a los desaparecidos, se conoció de 12 casos. En buena medida los homicidios y desapariciones tienen relación con el incremento de la acción delictiva en las zonas rurales del estado y con la expansión de la actividad criminal en el Arco Minero del Orinoco, donde se enfrentan los denominados “sindicatos”, grupos de la guerrilla del ELN y las fuerzas policiales y militares por el control de las zonas mineras. San Félix, El Callao, El Dorado y Tumeremo son algunas de las zonas asociadas a la guerra de bandas, ajustes de cuentas y presunta resistencia a la autoridad. Llama la atención que muchos asesinados aparecen decapitados.

Gráfico 9. Homicidios, desapariciones y/o secuestros, y enfrentamientos registrados en el estado Bolívar entre enero de 2019 y marzo 2020

Gráfico 9. Homicidios, desapariciones y/o secuestros, y enfrentamientos registrados en el estado Bolívar entre enero de 2019 y marzo 2020

Falcón. Debido al poco o nulo control que los organismos de seguridad tienen sobre las embarcaciones que de manera clandestina zarpan en la madrugada, transportando venezolanos que buscan emigrar del país y que terminan siendo víctimas de las mafias de trata de personas y de los mismos “piratas”, Falcón concentra, con 25 víctimas, el mayor número de personas desaparecidas en altamar. Las desapariciones siguen ocurriendo y se presume que tienen como móvil el tráfico de personas. Hasta el momento los familiares no reciben respuesta de los organismos de seguridad.

Fue la cuarta entidad más violenta del primer trimestre del año, al registrar 50 homicidios, 45 de las víctimas eran hombres y 4 mujeres, dos de ellas menores de edad. Además, fue hallada una osamenta de la cual no se estableció el género. Del total, 19 personas murieron a manos de cuerpos de seguridad del Estado, representando casi 40 % de los casos.

Gráfico 10. Homicidios, desapariciones y/o secuestros, y enfrentamientos registrados en el estado Falcón entre enero de 2019 y marzo 2020

Gráfico 10. Homicidios, desapariciones y/o secuestros, y enfrentamientos registrados en el estado Falcón entre enero de 2019 y marzo 2020

 

Táchira. Al ser la entidad de mayor movilidad fronteriza las circunstancias que envuelven los hechos de violencia se deben en buena medida a actividades ilícitas como narcotráfico, contrabando, secuestro y extorsión por parte de grupos armados irregulares que en algunos casos se confrontan, y en otros acuerdan y coexisten con cuerpos de seguridad del Estado, pero siempre dispuestos a entrar en disputa por el control de los territorios y las actividades ilícitas. También es común el cobro de vacunas y la extorsión que conlleva a desapariciones y homicidios en varios municipios del estado.

Con 111 muertes violentas ocupó el tercer lugar de estados con mayor número de homicidios; 45 personas murieron a manos de funcionarios de organismos de seguridad, un poco más de 40% del total. Encabezó la lista con más femicidios: 8, y ocupó el tercer lugar con mayor número de

personas desaparecidas: 17. De las víctimas de homicidios 103 eran hombres, 3 de ellos menores de edad. Táchira también se convirtió en territorio para el cautiverio de personas secuestradas en Colombia, tal fue el caso de cinco ciudadanos colombianos plagiados en Puerto Santander que fueron trasladados a Boca de Grita, municipio García de Hevia.

Gráfico 11. Homicidios, desapariciones y/o secuestros, y enfrentamientos registrados en el estado Táchira entre enero de 2019 y marzo 2020

 

Zulia. Al igual que Táchira, por su cercanía con importantes poblaciones de Colombia este estado alberga no solo delincuencia común y bandas criminales organizadas, sino también la guerrilla del ELN y grupos paramilitares que pugnan por el control del territorio para cometer actividades ilícitas. Algunos grupos armados irregulares actúan con consentimiento, y hasta colaboración, de las autoridades.

Con 189 homicidios ocupó el primer lugar en índice de criminalidad del primer trimestre de 2020. Entre las víctimas había cinco menores de edad. Del total, 134 personas murieron a manos de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, como las FAES, CICPC, GNB, CONAS y la policía regional. Los municipios con mayor índice de criminalidad en la entidad fueron Maracaibo, Jesús Enrique Lozada y La Guajira. Por otra parte, se denunció la desaparición de tres personas. De este trimestre destaca el homicidio de Eleazar Parra Montiel, comerciante y defensor de derechos humanos.

Gráfico 12. Homicidios, desapariciones y/o secuestros, y enfrentamientos registrados en el estado Zulia entre enero de 2019 y marzo 2020

Gráfico 12. Homicidios, desapariciones y/o secuestros, y enfrentamientos registrados en el estado Zulia entre enero de 2019 y marzo 2020

 

FACTORES CONDICIONANTES DEL CRECIMIENTO DE LA CRIMINALIDAD

Como hecho resaltante se registró un importante aumento de los hechos de violencia en los seis estados fronterizos que abarca este estudio en comparación con 2019. Se evidencian, entre otros, los siguientes factores:

Poca operatividad de los cuerpos de seguridad del Estado que puede derivar de circunstancias como: su bajo poder armamentístico en comparación con el de los grupos delictivos; el reducido número de efectivos dedicados a combatir el delito, mientras un grueso es ocupado en tareas ajenas a los cuerpos de seguridad especializados; y la connivencia o acuerdos con grupos irregulares armados para permitir su actuación.

La expansión de la guerrilla colombiana y la inacción o imposibilidad de los cuerpos de seguridad del Estado por hacerles frente y neutralizarlos.

El retorno al país de delincuentes que habían emigrado y reagruparon las bandas para reconquistar sus espacios originarios.

El desplazamiento de grupos armados irregulares, guerrilleros y paramilitares que encontraron en la alta movilidad fronteriza y las condiciones de desempleo y precariedad económica de los migrantes una oportunidad de captación para robustecer sus organizaciones.