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La gran movilización humana que se produce desde Venezuela hacia diversas partes del mundo, en especial a los países de América Latina, se ha incrementado sostenidamente desde el año 2014 a consecuencia de la Emergencia Humanitaria Compleja debido a la agudización de la crisis económica, política y social que afronta el país, y que ha conllevado al mayor éxodo en la historia de la región, con más de 4,7 millones de migrantes.

En noviembre de 2019 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calculó que entre 3.000 y 5.000 personas salían cada día de Venezuela y denunció que “cada vez en una situación de mayor vulnerabilidad, con más necesidades de acceso a la salud, a los alimentos y a la educación”. En la página oficial del organismo se refleja que “los acontecimientos políticos de derechos humanos y socioeconómicos que se desarrollan en Venezuela obligan a un número creciente de niños, mujeres y hombres a irse a los países vecinos y más allá”.

Los principales puntos de salida de esta ola migratoria están ubicados en las zonas fronterizas que comunican a Venezuela con Colombia y Brasil, y por mar los que comunican con las islas del Caribe. Todos esos territorios son controlados por grupos armados irregulares dedicados a actividades ilícitas como el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas, cultivos para la producción de estupefacientes, sicariatos, secuestros y extorsiones.

La migración masiva es aprovechada por esas organizaciones ilegales que reclutan migrantes con ofertas engañosas para sumarlos a actividades delictivas, en muchos casos en condiciones de explotación, amenazas contra su vida y su integridad física o la de sus familiares.

Cúcuta, ciudad colombiana en frontera con Venezuela, es la principal receptora de migrantes venezolanos. Allí actúa la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos paramilitares integrados por colombianos y venezolanos, y al menos una docena de bandas delincuenciales, lo cual ha triplicado

la criminalidad en la zona. Un reportaje de la prensa extranjera señaló que allí se reporta “de manera inédita la presencia de ‘coyotes’ que se lucran con el tráfico de migrantes”.

Un docente venezolano radicado en el municipio Yumbo, del Valle del Cauca (Colombia), relató a activistas de FundaRedes cómo los migrantes captados en la frontera son llevados a otros departamentos de Colombia bajo ofertas engañosas de trabajo y luego son víctimas de redes de trata de personas, explotados sexualmente o ingresados en las filas de organizaciones criminales.

“Valle del Cauca es un departamento duro. Primero, aquí es donde se fundó el M-19 y el Cartel de los Hermanos Rodríguez Orejuela (…) Aquí a los chamos los reclutan, a los niños entre 12 y 14 años los ponen a cargar armas, a matar gente, y ya a los 18 años los están matando porque a los jefes no les interesa que esos muchachos pasen por encima de ellos (…) Aquí en todos los antros, bares de 100% de la gente 90% son venezolanas, las buscan en La Parada, les pagan el pasaje y cuando llegan aquí las ponen a trabajar y les van pagando al que las trae”, relató.

Es difícil medir la magnitud de los abusos sufridos por los migrantes venezolanos afectados por la presencia de grupos armados irregulares en la frontera debido a que muchos desconocen los procedimientos para reportar situaciones o temen ser deportados si denuncian ante las autoridades colombianas, sumado a las amenazas de los grupos armados y la poca confianza en las instituciones venezolanas pues muchas veces operan en coordinación con la guerrilla, paramilitares o con bandas criminales que operan en esos territorios. Sin embargo, las denuncias reportadas en la prensa revelan que venezolanos que se movilizaron desde diversas regiones del país hasta poblaciones de la frontera en busca de mejores condiciones de vida han sido víctimas de desplazamiento forzado, reclutamiento infantil e incluso homicidios a mano de grupos armados.Algunos han desaparecido y mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual.

En el caso de los niños, ellos son reclutados a cambio de paga o bajo amenazas. Desde 2018 FundaRedes ha denunciado que aprovechando la crisis económica en Venezuela los grupos armados que operan en la frontera ofrecen cantidades atractivas de dinero a niños y adolescentes para que se involucren, de manera directa o indirecta, en actividades criminales. Ante la disparidad cambiaria cada vez mayor entre el peso colombiano y el bolívar la remuneración que ofrecen puede representar hasta un año de salario para una familia en Venezuela, suma difícil de rechazar.

En marzo de 2019 Human Rights Watch denunció la visita de combatientes del ELN a una escuela en el Catatumbo (Colombia). FundaRedes ha denunciado en reiteradas oportunidades situaciones similares en las instituciones educativas venezolanas de la zona rural de los municipios fronterizos con Colombia. El reclutamiento de niños y niñas, además de representar un alto riesgo para sus vidas, conlleva a otra violación de derechos humanos a esta población vulnerable al privarlos del derecho a la educación y a crecer en un ambiente seguro, como establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Aunque el coronel Arnulfo Traslaviña, comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, unidad de combate de grupos armados ilegales en el Departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela, admitió que “el reclutamiento de venezolanos se presenta en los dos grupos: el ELN y en las disidencias de las FARC”, el comandante de la trigésima brigada del Ejército con sede en Cúcuta, coronel Rodolfo Morales, dijo que además de estas guerrillas los venezolanos son reclutados por otros grupos dedicados al narcotráfico para recolectar hoja de coca. “Los venezolanos son muy vulnerables para que los recluten. Ellos los ven como una solución. Les dan armas y poder, eso lo hace atractivo y puede traer más gente”.

FundaRedes ha obtenido el testimonio de víctimas de reclutamiento mediante el trabajo permanente de investigación, documentación y seguimiento de la incursión de la guerrilla y grupos armados irregulares en Venezuela. Esta labor ha permitido que las víctimas acudan a nuestros activistas para exponer sus casos y así poder ser presentados ante las instancias que correspondan. Un testigo que logró salir de un campamento de la guerrilla del ELN en la frontera colombo-venezolana relató que mientras estuvo en el lugar evidenció cómo migrantes, en su mayoría jóvenes procedentes de Barquisimeto, Maracay, Valencia y Caracas, eran reclutados para cumplir funciones de vigilancia, mantenimiento, mensajería y hacer mandados para los grupos armados, mientras que a las mujeres secuestradas las obligan a trabajar como prostitutas. La mayoría de esas personas se fueron de sus estados intentando hacer dinero en la frontera, pero terminaron trabajando para la guerrilla bajo engaño.

En algunas ocasiones miembros de estas organizaciones interceptan a los migrantes en su camino y les proponen trabajar para ellos, como lo relató un joven que tuvo la oportunidad de escapar de una de estas situaciones junto con otros compañeros de viaje. “En el camino estaba

todo oscuro y como pudimos nos lanzamos, dijimos ‘esto no nos parce bien’, nos aporreamos, no sabíamos a dónde nos llevaban, pero nos pensaban reclutar”.

Un reportaje publicado por la agencia internacional de noticias Reuters incluye declaraciones de un migrante venezolano que se negó a dar su nombre completo por razones de seguridad y dijo que después de cruzar la frontera hombres no identificados le ofrecieron dinero para ir a las selvas alrededor de Tibú, un pueblo fronterizo situado a unos 115 kilómetros al norte de Cúcuta, en la peligrosa región de Catatumbo, para recolectar hoja de coca.

Los riesgos que afrontan los migrantes venezolanos en la frontera con Colombia a manos de grupos armados irregulares han sido denunciados por FundaRedes. El 28 de septiembre de 2018 la organización interpuso una denuncia ante la Fiscalía en Norte de Santander, Colombia, y solicitó una investigación de la situación y protección a los miles de venezolanos que emprenden a pie su camino a Colombia o a otras naciones huyendo de la profunda crisis social, política y económica de su país, y que ante la precariedad de sus condiciones son presas fáciles de grupos armados irregulares.

Para finales de 2018 FundaRedes calculaba que más de 15.000 venezolanos, muchos de ellos en edad escolar, participaban en tareas ilegales como contrabando de combustibles y mercancías, narcotráfico, extorsión, sicariato y trata de personas para estas organizaciones.

Para la organización resulta imperativo que las autoridades de Colombia y Venezuela, y en general de todas las fronteras, incluso las marítimas, emprendan acciones para evitar que los migrantes sean blanco fácil para el reclutamiento, amedrentamiento y amenazas por parte de estos grupos armados irregulares.

Además, insistimos en la necesidad de ordenar operaciones de contención efectiva a las actividades que desarrollan estas organizaciones irregulares que afectan a personas en situación de vulnerabilidad y violan el derecho a la vida, a la integridad personal, el derecho a no ser sujeto de esclavitud y servidumbre, y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, todos ellos previstos en las legislaciones de ambos países, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.