En dos audiencias del 175 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) participó FundaRedes, a través de la vocería de su director general Javier Tarazona, donde se logró visibilizar una vez más la Emergencia Humanitaria Compleja que hay en Venezuela y su impacto directo en todos los ámbitos del desarrollo nacional, especialmente en lo educativo.
El 175 período de sesiones se llevó a cabo en Puerto Príncipe, Haití, el pasado 06 de marzo de 2020, y FundaRedes tuvo vocería en las dos audiencias denominadas “Afectaciones al derecho a la educación, libertad académica y autonomía universitaria en Venezuela”, y “Emergencia Humanitaria Compleja”, junto a las organizaciones Observatorio de DDHH de la Universidad de Los Andes (ODDHHULA), Aula Abierta, Gritemos con Brío, el Centro de DDHH de la UCAB, y Defiende Venezuela, la delegación de FundaRedes estuvo conformada por el Dr. Oswaldo Cáceres Gerente General; la Dra. Clara Ramírez Directora y su Director Presidente Javier Tarazona.
Como parte de la vocería FundaRedes denunció ante la CIDH los daños a niños, niñas y adolescentes en cuanto al derecho a la educación, reportando un ausentismo escolar que ya alcanza 70%; abandono escolar de 65%. Y 1 un millón 700 mil niños desescolarizados.
En su participación, Javier Tarazona destacó la altísima deserción de docentes que se estima en 50%, las deficiencias del Programa de Alimentación Escolar y la politización de los procesos pedagógicos que afecta al 80% de los planteles públicos.
Igualmente detalló ante la CIDH cómo grupos armados irregulares captan a niños venezolanos para ingresarlos a sus filas, a varias actividades relacionadas con extorsión, violencia, micro tráfico, narcotráfico, extracción de minerales, contrabando y la trata de personas en Venezuela. Así mismo denunció que los grupos armados irregulares utilizan instituciones educativas de la frontera venezolana para sus operaciones.
Por otra parte, en la audiencia de Emergencia Humanitaria Compleja, Javier Tarazona expresó a los representantes de la CIDH que los niños venezolanos se exponen a los enfrentamientos de grupos armados irregulares para asistir a clases en Colombia. Narró que, precisamente ese contexto de emergencia, trajo como consecuencia en 2019 que 130 mil niños venezolanos se hayan visto en la necesidad de mudarse a poblaciones fronterizas de Colombia, en búsqueda de una educación de calidad que no consiguen en Venezuela.
También fue propicio para denunciar la migración pendular que ha generado contexto de hostilidad, violencia, marginalidad y explotación por grupos que se disputan el control de territorios y actividades ilegales. A esto se le suman las condiciones precarias de los servicios públicos, como lo que tienen que padecer los ciudadanos de los estados Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas, quienes duran hasta 48 horas sin acceso a energía eléctrica, semanas sin agua potable, total bloqueo de conexión a internet, así como imposibilidad de tener comunicaciones telefónicas. Lo que agrava la prestación de servicios de emergencia en salud en centros hospitalarios, tratamiento de pacientes crónicos y la garantía de derechos a grupos vulnerables.
Otras situaciones que expuso FundaRedes son la elevada violencia y criminalidad que dejó 1.850 homicidios durante 2019 en seis estados fronterizos objeto de investigación por parte de la organización, y a causa de la Emergencia Humanitaria Compleja la migración forzada de venezolanos, teniendo en estos momentos documentados 91 casos de personas desaparecidas en las costas venezolanas, destacando un mismo patrón de involucrarse funcionarios de los cuerpos de seguridad y fuerzas armadas en estos procedimientos, hasta la presente el Estado venezolano tiene conducta omisiva.
Gracias a las intervenciones de las organizaciones venezolanas, entre ellas FundaRedes, el informe de la CIDH luego de estas audiencias arroja como resultado la preocupación de la comisión por la escasez de insumos y servicios básicos en Venezuela, y advierte que los Derechos Humanos reconocidos en los instrumentos interamericanos protegen a todas aquellas personas que se encuentran bajo la autoridad y control de Estado. Así mismo, exhorta a los Estados de la región que reciben migrantes venezolanos a adoptar medidas en línea con lo dispuesto en su resolución 2/18 sobre Migración Forzada de personas venezolanas.